Madrid, la comunidad donde más mayores en residencias murieron por COVID. Ayuso no puede esquivar una pregunta sobre los 7.291 muertos

Isabel Díaz Ayuso puede seguir vendiendo su relato de éxito, pero hay cifras que pesan como una losa y preguntas que nunca dejarán de perseguirla

7.291 personas mayores murieron en residencias sin recibir atención hospitalaria en la Comunidad de Madrid. No es una anécdota, no es un dato secundario: es la consecuencia directa de una política sanitaria que decidió quién merecía vivir y quién no.

::Pasa en Carabanchel::

Durante la pandemia, la presidenta madrileña ordenó no derivar a los mayores enfermos de COVID a los hospitales, aplicando los tristemente célebres ‘protocolos de la vergüenza’. Unas directrices que discriminaban a personas con discapacidad o deterioro cognitivo, negándoles el acceso a un sistema sanitario que se supone universal. Un crimen político que aún hoy sigue bajo el foco de la Fiscalía.

Pero Ayuso sigue en campaña. Sigue presumiendo de su gestión y repitiendo su discurso de “libertad”, sin una sola mención a las miles de familias que siguen esperando justicia. Esta vez fue en un foro en Ribadeo donde alguien decidió recordarle lo que ella y sus medios afines intentan enterrar.

UNA PREGUNTA QUE LA DESCOLOCA

En el acto, tras un nuevo ejercicio de autobombo en el que defendió la “historia de superación” de Madrid, Ayuso abrió turno de preguntas. Y entonces llegó la incomodidad. Un asistente le recordó lo que nunca podrá borrar: la orden de no trasladar a los mayores, sus propias declaraciones justificando esas muertes y la frialdad con la que defendió que “iban a morir igual”.

“¿Se arrepiente de aquella situación?”, preguntó el asistente.

La respuesta de Ayuso fue la misma de siempre: victimismo, ataque y desvío de la cuestión. No hubo una sola palabra de autocrítica, ni un atisbo de empatía con las familias que han perdido a sus seres queridos sin poder despedirse de ellos. Para Ayuso, todo lo que la incomoda es un ataque político. Y así lo dejó claro: “Muchas gracias por su pregunta, que está trufada de intenciones políticas”.

Su reacción dejó en evidencia lo que ya sabemos. No hay responsabilidad, no hay reflexión, solo hay un intento permanente de reescribir la historia. Pero la realidad es tozuda. Y 7.291 vidas no se olvidan.

Fuente: contrainformacion.es

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Fuente: corrienteroja.net

Madrid, la comunidad donde más mayores en residencias murieron por COVID

Marea de Residencias y la Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos convocó, el pasado 15 de febrero, una protesta en la Puerta del Sol

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«Queremos denunciar la tragedia de las 20.000 personas que murieron en tan solo dos meses en las residencias de mayores de toda España, de las que casi la mitad, 9.470, vivían en las residencias madrileñas. Nunca vamos a olvidar a las víctimas que están detrás de la cifra de 7.291, que son las personas que murieron abandonadas sin asistencia sanitaria en residencias», señalan desde las organizaciones convocantes.

En Marea de Residencias considera que lo sucedido fue consecuencia de «una mercantilización absoluta del sistema de cuidados de todo el estado» y lamenta que, cinco años después, no se hayan tomado medidas efectivas para impedir que algo así vuelva a ocurrir.

Por ello, exigen a las administraciones públicas que asuman directamente la gestión del sistema de cuidados, tanto en las residencias como en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

“Las privatizaciones de los servicios públicos provocan el deterioro de los servicios, el despilfarro para las arcas públicas, la precariedad laboral de las personas que esas empresas contratan”, han denunciado.

Entre l@s manifestantes se encontraba también nuestro compañero Ángel Luis Parras, del sindicato de Comisiones de Base (co.bas) y militante de Corriente Roja: “Lo peor que puede pasar cuando se comete un crimen es que haya impunidad, eso es lo más infame de todo” – ha recalcado – “Hay que hacer mucha más pedagogía y que la gente conozca las razones por las que estamos aquí”.

Denuncia ante la Fiscalía

El pasado mes de octubre, tanto Marea de Residencias como la Plataforma 7291: Verdad y Justicia, que representa a más de un centenar de familiares de fallecidos durante la pandemia, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Superior de Justicia de Madrid para que se investigue la «discriminación sufrida» por los residentes en aquellos meses.

En total, la denuncia recoge el testimonio de 109 familiares de 115 víctimas, de las cuales 111 fallecieron, en 72 centros geriátricos de la Comunidad de Madrid. La querella se dirige contra 29 personas, incluyendo a varios altos cargos del Gobierno autonómico en el momento de los hechos.

Fuente: corrienteroja.net

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No eran desechos, eran personas con todos sus der3echos.
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#NiOlvidoNiPerdon[image or embed]

— Emilio Grande (@emiliogrande20.bsky.social) 16 de febrero de 2025, 15:56
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