La formación de Más Madrid se persona como acusación popular y pide al órgano fiscalizador que determine si la operación provocó un perjuicio a las arcas públicas
Más Madrid ha abierto una doble vía, judicial y contable, en torno a la compra por parte de la Comunidad de Madrid del ático de Chamberí adquirido por la empresa pública Planifica Madrid por 6,3 millones de euros, al personarse como acusación popular en la causa penal abierta en los juzgados de Madrid y solicitar al Tribunal de Cuentas que investigue el posible perjuicio causado a los fondos públicos.
La formación ha solicitado personarse como acusación popular en las diligencias que investiga la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 8, después de las denuncias presentadas por Iustitia Europa y la Fiscalía de Madrid.
En su escrito, Más Madrid sostiene que deben esclarecerse tanto las actuaciones previas como las posteriores a la adquisición del inmueble y apunta a posibles indicios de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y administración desleal del patrimonio público.
El partido cuestiona, entre otros aspectos, el procedimiento empleado para adquirir el inmueble, la existencia de una justificación suficiente del interés público de la operación y las circunstancias en las que se habría decidido realizar la compra a través de Planifica Madrid.
La formación reclama así tener acceso al procedimiento y poder participar activamente en la investigación para conocer cómo se adoptaron las decisiones relacionadas con una operación que ha situado en el centro de su ofensiva política contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
En paralelo a la vía penal, el Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea ha presentado una acción pública ante el Tribunal de Cuentas para que investigue si la adquisición pudo ocasionar un menoscabo a las arcas públicas y, en su caso, determine su cuantía y las personas responsables.
El inmueble, situado en el Paseo del General Martínez Campos, fue adquirido el pasado 14 de abril por Planifica Madrid por 6,3 millones de euros. La operación se justificó por la necesidad de contar temporalmente con dependencias para la Presidencia regional durante las obras previstas en la Real Casa de Correos.
Más Madrid cuestiona, sin embargo, que se acreditase suficientemente la necesidad de comprar un inmueble en propiedad frente a otras alternativas y pide que se determine si el ático era adecuado para el uso administrativo anunciado.
Entre las cuestiones que solicita aclarar figura la situación urbanística del inmueble, que consta con uso catastral principal residencial, así como la existencia de informes jurídicos, técnicos y económicos, tasaciones y estudios de alternativas realizados antes de cerrar la operación.
La formación también pone el foco en el coste total para las arcas públicas. A los 6,3 millones abonados por la compra añade provisionalmente 378.000 euros correspondientes al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y otros gastos de notaría y gestoría, con lo que calcula que el desembolso de adquisición podría situarse entre 6,682 y 6,687 millones de euros.
Más Madrid pide además al Tribunal de Cuentas que analice las consecuencias económicas de la decisión posterior del Gobierno regional de poner a la venta el ático apenas cuatro meses después de adquirirlo.
La formación realiza en su escrito una estimación según la cual una venta por los 6,7 millones de euros anunciados podría traducirse finalmente en una pérdida cercana a los 364.500 euros una vez descontados impuestos, gastos asociados a la operación, una eventual intermediación y los costes derivados del mantenimiento del inmueble.
Se trata, según precisa el propio escrito, de cálculos provisionales que deberán ser sustituidos por las cantidades efectivamente acreditadas mediante la documentación oficial.
Por ello, Más Madrid solicita al Tribunal de Cuentas que recabe el expediente completo de adquisición, los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de Planifica Madrid, las tasaciones, informes técnicos y jurídicos, ofertas, documentación de la negociación, justificantes de pago y toda la información relacionada con la posterior decisión de vender el inmueble.
También reclama que se determine la participación concreta de los responsables públicos que intervinieron en las distintas fases de la operación.
Fuente: masmadrid.org
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