El temor a una reforma del sistema de pensiones impulsada por Vox en un eventual Gobierno de coalición con el PP podría convertirse en un factor decisivo de movilización electoral
El temor a una eventual reforma del sistema público de pensiones bajo un Gobierno de coalición entre PP y Vox tal vez pudiera convertirse en un factor de movilización social y electoral de consecuencias difíciles de anticipar.
- CUANDO LA INCERTIDUMBRE SE CONVIERTE EN TEMOR
- EL VERDADERO ALCANCE DE UN POSIBLE TERREMOTO ELECTORAL
- LAS PENSIONES NO SON UNA CONCESIÓN DEL PODER
- EL FACTOR DECISIVO:LA CONFIANZA
- MUCHO MÁS QUE UNA CUESTIÓN ELECTORAL
Porque, no siempre son los grandes discursos, las campañas electorales o las promesas de los partidos los que provocan cambios profundos en el comportamiento político de una sociedad, ya que a veces basta con que una parte significativa de la ciudadanía perciba amenazado aquello que durante décadas ha considerado seguro, algo como por ejemplo su estabilidad económica, sus derechos sociales o la tranquilidad que tantos aspiran disfrutar en los últimos años de su vida gracias a las pensiones por la que tributaron.
Si hacemos un repaso al pasado de la historia política española es fácil constatar como determinadas circunstancias son proclives a alterar bruscamente el clima de opinión y modificar las prioridades de los electores.
Un ejemplo lo encontramos en marzo de 2004, cuando los terribles atentados del 11-M sacudieron a España. La decisión de José María Aznar de apoyar la guerra de Irak, pese al rechazo mayoritario de la sociedad, y la posterior crisis de credibilidad de su Gobierno, al insistir en atribuir la masacre a ETA cuando surgían indicios de autoría yihadista, provocaron una profunda indignación ciudadana. Aquel clima de conmoción y desconfianza contribuyó a una movilización electoral que, apenas tres días después, otorgó a José Luis Rodríguez Zapatero una victoria que pocos habían previsto.
Soy consciente de que es improcedente equiparar aquella tragedia con el debate actual sobre las pensiones, pues son acontecimientos de naturaleza muy distinta.
Sin embargo, ambos coinciden en la capacidad de que una preocupación colectiva pueda dar un cambio en el comportamiento electoral cuando afecta a cuestiones que la ciudadanía considera esenciales.
Y pocas cuestiones afectan de manera tan directa a la seguridad personal y familiar como las pensiones públicas.
CUANDO LA INCERTIDUMBRE SE CONVIERTE EN TEMOR
España atraviesa un periodo en el que la vivienda, el coste de la vida y la incertidumbre económica ocupan un lugar destacado entre las preocupaciones sociales.
Los desahucios que afectan a personas mayores, especialmente cuando intervienen fondos de inversión y grandes propietarios, constituyen una realidad que interpela directamente a la conciencia colectiva.
Pero surge además otra cuestión cuya trascendencia podría ser aún mayor por el número de ciudadanos afectados y por el significado social que supondría un incierto futuro del sistema público de pensiones.
Las recientes declaraciones de dirigentes del Partido Popular y Vox respecto a las pensiones han situado este asunto en el centro del debate político.
Desde el PP se han expresado advertencias sobre la sostenibilidad del sistema y la necesidad de introducir reformas, y si bien Alberto Núñez Feijóo ha reiterado su compromiso de mantener la revalorización de las pensiones conforme al IPC, Vox ha sido rotundo al cuestionar el funcionamiento del actual modelo de reparto y ha propuesto avanzar hacia un sistema mixto que incorpore mecanismos de capitalización y ahorro individual.
Se trata de planteamientos diferentes, aunque ambos abren interrogantes sobre el futuro de la financiación de las pensiones.
Si bien, por ahora, no existe un proyecto de reforma conjunta acordada entre PP y Vox respecto al futuro de las pensiones, no hay que olvidar que en un gobierno de coalición PP-VOX, los populares dependerían totalmente de la extrema derecha como ya estamos comprobando en varias CCAA.
Y en política, cuando lo que está en juego es la seguridad económica de millones de personas, la incertidumbre puede convertirse por sí misma en un factor de inquietud social.
EL VERDADERO ALCANCE DE UN POSIBLE TERREMOTO ELECTORAL
La eventual formación de un Gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox introduciría una incógnita que trasciende las habituales diferencias entre programas electorales y que podríamos plasmar en solo cinco preguntas:
- ¿Qué modelo de pensiones terminaría imponiéndose?
- ¿Se mantendrían íntegramente las actuales garantías de actualización conforme al coste de la vida?
- ¿Qué papel desempeñaría el ahorro privado?
- ¿Quién asumiría los riesgos derivados de una mayor vinculación de las prestaciones a los mercados financieros?
- ¿Y qué sucedería con quienes, después de una vida de trabajo, carecen de capacidad económica para complementar su pensión?
Todas ellas son preguntas legítimas que merecen respuestas concretas, al tiempo que la cuestión política más relevante es que una percepción extendida de inseguridad respecto al futuro de las pensiones podría provocar una reacción social y electoral muy superior a la que inicialmente cabría esperar de un debate económico.
Y no sería necesario que existiera un recorte efectivo para que surgiera esa preocupación, ya que bastaría con que una parte de la población llegara a considerar insuficientes las garantías ofrecidas sobre la continuidad del sistema.
Una reacción que podría expresarse de distintas maneras. A saber: una mayor exigencia de explicaciones a los partidos; movilizaciones sociales; un cambio en las prioridades del debate público; o una modificación de los comportamientos electorales retirando el apoyo a las derechas que ahora pronostican las encuestas.
LAS PENSIONES NO SON UNA CONCESIÓN DEL PODER
Las pensiones públicas representan uno de los pilares fundamentales del Estado social.
No constituyen una dádiva de los gobiernos ni una concesión graciable de quienes ejercen temporalmente el poder, sino son el resultado de un sistema de solidaridad intergeneracional construido durante décadas, sostenido por las cotizaciones de trabajadores y empresas y también por los recursos públicos necesarios para garantizar su funcionamiento.
Detrás de cada pensión existe una historia personal en la que se solapan años de trabajo, obligaciones familiares, esfuerzo y una expectativa legítima de protección al alcanzar la jubilación.
Es por ello que cualquier transformación profunda del sistema exige algo más que las declaraciones que en esta precampaña se han hecho sobre su sostenibilidad.
Es indudable que el envejecimiento demográfico, la evolución del empleo y el aumento del gasto plantean desafíos importantes para el futuro de las pensiones y negarlo sería tan irresponsable como presentar su eventual deterioro como un destino inevitable.
EL FACTOR DECISIVO:LA CONFIANZA
En democracia, la confianza constituye un elemento esencial de la relación entre gobernantes y ciudadanos.
Un Gobierno puede defender legítimamente la necesidad de reformar determinadas instituciones. Pero lo que no puede esperar es que transformaciones de semblante trascendencia sean aceptadas sin explicaciones precisas.
Si PP y Vox aspiran a gobernar conjuntamente, deberán aclarar qué compromisos asumirían respecto al sistema público de pensiones y cuáles serían los límites de cualquier posible reforma.
Las garantías expresadas por Feijóo y las propuestas defendidas por Vox deberán confrontarse con la realidad de un eventual acuerdo de gobierno.
Porque una cosa es formular compromisos desde posiciones políticas separadas y otra muy distinta concretar una política común.
Y es precisamente en ese espacio de incertidumbre donde puede surgir el conflicto político y el temor a perder derechos que se consideraban consolidados puede convertirse en una poderosa fuente de movilización ciudadana, aunque el alcance electoral de esa reacción resulte imposible de anticipar con certeza.
MUCHO MÁS QUE UNA CUESTIÓN ELECTORAL
Reducir este debate a una confrontación entre partidos sería un error.
La discusión sobre las pensiones afecta al modelo de sociedad que España desea preservar y a la distribución de responsabilidades entre el Estado, las empresas y los ciudadanos.
Afecta a quienes ya están jubilados, pero también a quienes trabajan hoy y esperan disponer mañana de una protección suficiente.
Afecta, en definitiva, al contrato social entre generaciones.
Por eso, cualquier proyecto de reforma de las pensiones debería explicar con claridad no solo cómo se financiará el sistema, sino también qué garantías ofrecerá, quién asumirá los riesgos y cómo se protegerá a los ciudadanos más vulnerables.
Son respuestas que deberían conocerse antes de las elecciones, no quedar pendientes de negociaciones posteriores.
Porque sería un grave error político subestimar la capacidad de movilización de millones de pensionistas y futuros pensionistas, especialmente si llegaran a percibir amenazada su seguridad económica.
Su participación masiva en las urnas podría introducir un factor decisivo de incertidumbre y alterar sustancialmente el escenario que hoy dibujan las encuestas de opinión.
Y es que las pensiones no representan únicamente una partida de los Presupuestos Generales del Estado, pues constituyen uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar y una garantía de seguridad sobre la que millones de ciudadanos han construido su proyecto de vida.
Por eso, el debate que se avecina no debería limitarse a discutir cuánto cuestan las pensiones, sino qué modelo de sociedad queremos preservar, qué protección debe garantizar el Estado y hasta dónde puede trasladar los riesgos a sus ciudadanos.
Porque cuando millones de personas comienzan a temer por aquello que consideraban un derecho conquistado, la preocupación puede transformarse en movilización y la movilización, en una fuerza política de consecuencias imprevisibles.
Y quizá, quienes hoy confían en las encuestas, deberían recordar que las elecciones no las deciden los sondeos, sino los ciudadanos.
También aquellos que, llegado el momento, pueden convertir la defensa de sus pensiones en una razón decisiva para acudir a las urnas.
Fuente: Alberto Soler Montagud en nuevatribuna.es
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