Las Comunidades que no apliquen el plan de vivienda estatal, no tendrán ayuda al alquiler de 30.000 euros para jóvenes

El Ministerio defiende, frente a las críticas de Sumar, que las ayudas de 30.000 euros para jóvenes de hasta 35 años son una medida contra la especulación porque blindan los pisos de protección pública y topan los precios a perpetuidad y condiciona su distribución a que las autonomías tripliquen su inversión en vivienda, entre otras medidas

El Ministerio de Vivienda continúa con su estrategia del palo y la zanahoria para atraerse a las comunidades autónomas al plan estatal en el que lleva meses trabajando y en el que ha puesto buena parte de sus esperanzas para atajar la actual crisis de acceso a la vivienda a medio y largo plazo. El último cebo ha sido el anuncio de una nueva ayuda al alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para jóvenes de hasta 35 años, de la que se quedarán fuera aquellas comunidades, y sus ciudadanos, que no acepten los requisitos que el Gobierno considera “de sentido común”: triplicar la inversión en políticas de vivienda, proteger de forma permanente las que se construyan con dinero público y ofrecer datos de forma transparente.

El objetivo de la medida, anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en una reunión del grupo parlamentario socialista en el Congreso, es que los jóvenes “puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminar adquiriéndola”. Pero sin que esta pierda su protección. Es decir, “si en el futuro se quiere vender esa vivienda, (el beneficiario de la ayuda) lo tendrá que hacer a un precio tasado y a una persona que cumpla los mismos requisitos que el anterior propietario”, explican fuentes ministeriales.

La clave está en que la mayoría de competencias en materia de vivienda están en manos de las comunidades. El Ministerio tiene la capacidad de regar con fondos a las autonomías para que apliquen determinadas políticas. Y es esa palanca de financiación la que quiere activar el Ejecutivo, que ha avanzado que el futuro plan estatal “triplica la inversión”. En concreto, según sus datos, pasará de 2.300 millones entre 2022 y 2025 a 7.000 para los próximos cinco años. Pero solo abarcará a aquellas comunidades que acepten sus requisitos, lo que deja fuera a la mayoría de las gobernadas por el Partido Popular.

A principios de este año, el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, descartó blindar la vivienda pública a perpetuidad porque, a su juicio, “la protección pública debe garantizarse durante unas décadas, pero no eternizarse porque eso es señalar que habrá ciudadanos de categorías y que las clases bajas nunca podrán ser clase media”.

El pasado mes de junio, en la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona, el Gobierno no logró ningún acuerdo por unanimidad. Los presidentes autonómicos del PP llegaron en tromba a reclamar un adelanto electoral, mientras Sánchez planteó los requisitos para el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2025-2027 y se comprometió a ponerse a trabajar de inmediato con quien los aceptase. Entre ellos, estaba aumentar la cofinanciación para la construcción de vivienda pública y protegida: el estado central se haría cargo del 60%, mientras las comunidades debían ocuparse del otro 40%. En aquel momento, solo Catalunya, Canarias, y Asturias aceptaron, además de Euskadi y Navarra, que se financian al margen del plan estatal con recursos propios.

En total, el Ejecutivo comprometió con Catalunya, Canarias y Asturias un total de 1.500 millones de euros para construir vivienda pública y protegida bajo la vigencia de este nuevo plan. Según ha podido saber elDiario.es esas nuevas viviendas serán las que ofrezcan a sus inquilinos esa posibilidad de alquiler con opción a compra lo que, en la práctica, puede aplazar la puesta en marcha de la medida, por el decalaje entre la planificación de las viviendas y la entrega de las llaves. A finales de julio, desde el Ministerio de Vivienda trasladaban que se habían mantenido “unos primeros contactos” también con Galicia y Aragón.

En cualquier caso, el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez quiere evitar que se repita lo ocurrido con los 2,4 millones de viviendas públicas levantadas en España en democracia que, calculan, acabaron pasando a manos de particulares privados, en unos casos, y a fondos de inversión, en otros, pero siempre a precio de un mercado libre que se ha ido recalentando en los últimos años al calor de la especulación, las viviendas de uso turístico y la inversión extranjera. Por eso, defienden que esta es “una medida que va en contra de la especulación”. “De este modo, blindamos las viviendas pagadas con recursos estatales frente a la especulación”, insisten estas fuentes.

Como se aprecia en el siguiente gráfico, la construcción de vivienda protegida se desplomó tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008, pero de los cientos de miles que se produjeron los años previos, la mayoría salieron del circuito público, lo que ha situado a España a las últimas posiciones de stock de vivienda pública sobre el parque total de Europa. Si en el continente la media ronda el 9%, en España apenas supone el 3% del total.

Así se ha desplomado la construcción de viviendas protegidas

Evolución del número anual de viviendas protegidas iniciadas según las calificaciones provisionales

El Gobierno ya trató de blindar a perpetuidad la titularidad pública de las viviendas protegidas que se construyan sobre suelos cuyo destinados a este tipo de viviendas y a no permitir la desclasificación del resto hasta, como mínimo, el transcurso de 30 años. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló el grueso de la Ley Estatal de Vivienda tumbó este apartado, al considerar que invadía competencias autonómicas. Fue la Junta de Andalucía quien había llevado esta norma ante el alto tribunal.

Al margen de este pronunciamiento, el delegado del Gobierno en esa región, Pedro Fernández, ha criticado este mismo lunes que “en lugar de aportar, [el Gobierno andaluz] bloquea y obstaculiza los programas del Estado” y ha reclamado que, con el Plan Estatal en elaboración, tiene por delante una “nueva oportunidad” para mostrarse “dispuesta a demostrar que realmente entiende la vivienda como un derecho” en lugar de “cruzarse de brazos y mantenerla en la situación actual”. En concreto, Fernández ha señalado que “en los años del actual Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, la Junta de Andalucía destina 74 millones de euros frente a los 246 invertidos por el Gobierno de España” en la comunidad.

Sumar: “No estamos para medidas estéticas”

El anuncio de este lunes ha sido recibido con tibieza por el socio minoritario del Gobierno. La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, se ha referido a la medida señalando que “los brindis al sol son contraproducentes” y que para frenar el problema de la vivienda es necesario “limitar los precios de los alquileres”. “No estamos para medidas estéticas que no impliquen un cambio real y estructural”, ha criticado, para plantear a la ministra Rodríguez “si quieres sentarse frente a esos intereses económicos que están poniendo en peligro que podamos tener derecho a una vivienda digna”. No es la primera vez que los socios tienen desavenencias en torno a las políticas de vivienda. De hecho, los de Yolanda Díaz también se han opuesto al paquete fiscal con el que los socialistas quieren incentivar la salida al mercado de viviendas vacías, por incluir bonificaciones fiscales para los propietarios.

Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO han emitido un comunicado en el que afirman que, “sin perjuicio de la utilidad de cada una de estas medidas, orientadas a facilitar el acceso a la vivienda, son por sí mismas insuficientes para abordar el verdadero problema económico y social en el que se ha convertido el acceso a la vivienda para cada vez más personas”. En este sentido, indican que “el problema de la vivienda ya no solo afecta a las personas jóvenes” porque “hoy las dificultades para acceder a una vivienda se han generalizado independientemente de la edad”.

El alquiler con opción a compra de vivienda de protección oficial manteniendo la perpetuidad pública de la misma no es algo nuevo. Euskadi impuso en 2003 la calificación permanente de este tipo de inmuebles para combatir la especulación a costa del dinero público. Por eso, el servicio vasco de vivienda, Etxebide, ya aclara que en los casos de alquiler de VPO con opción a compra, “la vivienda está sujeta a las prohibiciones y limitaciones derivadas del régimen de viviendas de protección oficial y las condiciones de utilización serán las señaladas en la calificación definitiva y los precios de venta no podrán exceder de los límites establecidos”. Además, advierten que “no dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente, manteniéndola habitualmente desocupada o dedicarla a segunda residencia o a otros usos no autorizados” podrá implicar sanciones por “infracción muy grave” e, incluso, “la expropiación por interés social”.

A falta de conocer el detalle de la redacción del Plan Estatal de Vivienda, el anuncio de Sánchez implicaría una ayuda de casi 30.000 euros para el pago del alquiler antes de la compra de la vivienda. Esta cantidad sería descontada del futuro precio de la compraventa. Además, el presidente del Gobierno ha avanzado una ayuda de 10.800 euros, sin superar el 20% del coste de adquisición, para la compra de inmuebles en municipios de 10.000 habitantes o menos para emancipación de personas jóvenes.

Fuente: David Noriega en eldiario.es
Foto archivo de : madridinforma.eldiario.es