El Gobierno de Martínez-Almeida, con una mirada cortoplacista, ha renunciado a erradicar la pobreza y la desigualdad con políticas que afrontan limitadamente la emergencia social
En Madrid hay hambre, personas que pasan hambre porque el Gobierno del Ayuntamiento, del PP y Ciudadanos apoyado por Vox, no ha puesto en marcha políticas públicas eficaces que consigan solucionar el problema.
Durante los últimos meses, hemos oído que la COVID-19 no entendía de ideologías y que afectaba a todas las personas por igual, sin diferenciar entre ricos o pobres. No puedo estar más en desacuerdo con esta afirmación, porque lo que vemos es que el impacto de la pandemia es profundamente desigual y agrava la desigualdad. El distrito en el que vivas, tu renta o tus responsabilidades familiares, definen las opciones de una persona para sobrevivir al virus y a la crisis económica que lo acompaña. Además, como señala Save the Children, las familias más afectadas por el hambre son aquellas que tienen niños y niñas.
Desde marzo, hemos visto en Madrid colas con miles de personas que recogían productos de primera necesidad de entidades, personas y colectivos, rápidos en dar respuesta a la emergencia alimentaria ante el colapso de los Servicios Sociales municipales. En la segunda ola de la pandemia, ese colchón de solidaridad y apoyo mutuo empieza a resquebrajarse. Solo hay recursos vecinales para las familias en situación más desesperada y los colectivos derivan a los servicios sociales, que son los responsables de dar una solución. Sin embargo, muchas familias afirman no haber sido atendidas o tardanza en recibir la prestación que les corresponde.
En este contexto, el Gobierno de Martínez-Almeida, con una mirada cortoplacista, ha renunciado a erradicar la pobreza y la desigualdad con políticas que afrontan limitadamente la emergencia social. Además, desoye las recomendaciones expertas, como la del relator de extrema pobreza y derechos humanos de la ONU, que afirma que las medidas de protección social de varios países están “llenas de agujeros” e insta a un replanteamiento global.
Una de ellas es la ‘Tarjeta Familias’ anunciada por Martínez-Almeida y Villacís el 28 de agosto como una solución eficaz para combatir el hambre en Madrid. A día de hoy no se ha entregado ni una sola de las 1.994 solicitudes que ha recibido el Ayuntamiento, un 7% de la previsión del Gobierno municipal, que era de 27.000.
Esta tarjeta monedero, alejada de la propuesta recogida en los Pactos de Cibeles, excluye a las personas que perciben la Renta Mínima o el Ingreso Mínimo Vital, cuando debería ser compatible, y también concurrir con otras prestaciones por niños o personas mayores a cargo o ayudas a la vivienda, por ejemplo.
Esta forma de hacer política en materia de protección social, centrada en anuncios publicitarios, genera una quiebra social y rompe la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes. Más aún la confianza en los propios servicios sociales, cuyos profesionales deben explicar a vecinos y vecinas de Madrid que la política publicitada realmente no se ha puesto en marcha y que no han recibido las instrucciones para su implantación.
La tarjeta, tal y como ha sido diseñada, es una medida insensible a las realidades de las personas que necesitan la prestación de forma urgente. Las mete por un incomprensible enredo burocrático agravado por las dificultades que conlleva el presentar la solicitud por web para personas que no tienen herramientas digitales o conexión; pedir cita por teléfono es una odisea y cuando lo consiguen, reciben cita para dentro de dos o tres meses. Una vez tiene lugar la entrevista, los documentos que hay que presentar también ralentizan el proceso. La dignidad de las personas debe estar en el centro, es necesario simplificar los trámites y que se puedan presentar declaraciones juradas o una autorización para consultar los datos que ya están en poder de la administración.
Estamos en el momento clave para impulsar políticas públicas que reduzcan e incluso erradiquen la desigualdad. El modelo imperante de integración social está en crisis, exige ser repensado. Eso implica definir la protección social, no como una respuesta de emergencia a una situación de crisis, ni como una concesión graciosa de los gobiernos, sino como un conjunto de derechos permanentes protegidos por ley que establezcan mecanismos eficaces y accesibles de reclamación si se les deniegan las prestaciones.
Porque lo que importa, en palabras del poeta León Felipe,
“no es llegar pronto ni solo, sino llegar con todos y a tiempo”.
Fuente: María Pilar Sánchez en eldiario.es
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