La nueva ley de suelo de Madrid “es la versión autonómica de la de Aznar que llevó a la burbuja y la crisis”

Asociaciones vecinales y ecologistas alegan contra una futura norma que se vende para facilitar el acceso a la vivienda y evitar burocracia pero “vuelve al todo urbanizable” e invade competencias municipales y del Estado

La nueva ley de suelo de la Comunidad de Madrid acelera su tramitación. La futura Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) se enfrenta a un proceso de alegaciones en el que tiene el rechazo de la oposición de izquierdas —PSOE y Más Madrid— y las organizaciones vecinales y ecologistas. Frente a un texto que la actual presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso (PP) resumió en “más suelo, más vivienda, más agilidad burocrática y, por tanto, más oportunidades”, las organizaciones acusan al documento de ser “una versión autonómica” de la Ley de Suelo de 1998 que llevó a la burbuja inmobiliaria y a la crisis.

La LIDER se presenta como una ley que deberá simplificar procedimientos —algo en lo que coinciden como necesario sus críticos— y que permitirá acelerar procesos para construir más vivienda y, por tanto, mejorar el acceso. El PSOE ya la ha calificado de “la ley del pelotazo de Ayuso” mientras que organizaciones como Ecologistas en Acción creen que su objetivo es “impedir que determinados proyectos no se puedan paralizar en los juzgados”.

“La Comunidad de Madrid lo vende como si estuviera sacando una ley para agilizar la creación de vivienda, pero lo que hacen es actualizar el ‘todo urbanizable’ de la Ley del Suelo de Aznar de 1998”, resume Quique Villalobos, responsable de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). “Hay párrafos que están copiados directamente de aquella ley”. Para la federación vecinal “esta ley no está pensada para mejorar las condiciones de acceso a la vivienda, sino para que los promotores y constructores puedan construir donde les dé la gana. Y hasta la fecha, cuando ha pasado eso, no se ha solucionado el problema de la vivienda”.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior comenzó el pasado noviembre un proceso de consultas en el que ha paseado el nuevo texto por foros profesionales como el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) o el Colegio de Economistas —una práctica habitual en cualquier tramitación de nuevas leyes—, pero también por foros de estrategias de inversión donde se presentaba en paralelo al proyecto de Madrid Nuevo Norte.

La nueva ley supuestamente reducirá los trámites de aprobación de planes urbanísticos municipales de 10 a 4 años y de planeamientos de desarrollo concretos de 7 a 4 años. Unificaría las normativas de suelo y territorio para simplificar, e incluye regulaciones específicas para los municipios más pequeños. Entre otros extremos presume de “lectura más sencilla y criterios más homogéneos”, “menos ‘zonas grises’ y menor litigiosidad” y “ahorro de tiempo para técnicos municipales, promotores y consultores”.

Planes estratégicos “privatizados”

“Creemos que la ley está mal planteada a nivel jurídico, con errores graves que van a tener que cambiar”, opina Quique Villalobos. “Colisionan con competencias estatales o municipales en cuestiones de ordenación del suelo o el concepto de lo que es suelo rural o protegido, y etcétera. Incluso han metido cuestiones de la Ley de Espectáculos que contradicen el propio Estatuto de Autonomía de Madrid. Algún ayuntamiento se meterá en un Contencioso, incluso el Estado podría alegar”.

Uno de los elementos más controvertidos de la nueva norma es la eliminación de la figura del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), repartiendo sus competencias entre el Plan Estratégico Municipal y Plan Ejecutivo. Esta medida se vende como una “simplificación administrativa”, al separar supuestamente competencias que se superponían. El Plan Ejecutivo quedaría en manos del promotor, y no de la administración, lo que los críticos de la ley califican de “privatización” de facto. A efectos prácticos serían estos planes los que decidirían los usos del suelo —rural, urbanizable, etcétera— o la edificabilidad de cada proyecto.

Luis Suárez-Carreño, de Ecologistas en Acción —organización que ha presentado más de 100 alegaciones— considera que “el anteproyecto es bastante chapucero. Pone patas arriba el sistema de planeamiento que tenemos desde la Transición y que tenía una lógica: mantener la definición del modelo urbano y territorial en manos públicas, puesto que esto es lo que señala la Constitución”.

Para los ecologistas “lo que va a traer es incertidumbre, confusión y arbitrariedad”, al dejar en manos de los promotores o las inmobiliarias el planeamiento. “Ahora cada proyecto tiene un marco acotado de lo que puede hacer o no que deciden los ayuntamientos, es decir, los ciudadanos”, insiste Suárez-Carreño. “Con esta normativa, sería una decisión privada”.

Intervención judicial y ambiental

Otra medida polémica es la eliminación del principio de jerarquía, sustituido por el de “competencia”. La propia Comunidad de Madrid anuncia que se trata de acabar con las “nulidades en cascada”. Por ejemplo, cuando un tribunal anula un plan urbanístico por incumplir la normativa medioambiental, lo envía a ‘la casilla de salida’, obligando a que todo el trámite de su aprobación se realice desde cero. 

Supuestamente con la LIDER los planes podrían seguir aplicándose en las parte no anuladas por el juez. Las alegaciones tanto ecologistas como vecinales entienden que este cambio intenta “acotar lo que un juzgado puede decidir o no”, de manera que “invade competencias judiciales”. Algunas de estas normas, especulan, podrían ser directamente anticonstitucionales.

Para la FRAVM esta última medida demuestra que “el objetivo principal es eliminar la jurisprudencia que está parando todo tipo de proyectos en los juzgados. Si cambias el texto íntegro de la Ley, se hace más difícil recurrir a la jurisprudencia que se ha acumulado y que es la base de cómo enfrentar muchos de los conflictos urbanísticos que hay en la región. Ese es el principal objetivo de esta reforma, y es muy grave”.

La LIDER también reorganiza la clasificación del suelo en tres grandes bloques: urbano, rural protegido y rural no protegido, con el objetivo de “evitar que grandes bolsas de terreno queden bloqueadas”, y abre la mano a una mayor flexibilidad en los usos del suelo para “adaptarse a nuevas necesidades económicas y sociales sin reabrir constantemente el planeamiento general”.

Para Más Madrid, que ha alegado en todos los municipios donde tiene presencia en el ayuntamiento, apunta a la “pérdida de autonomía municipal”. Señalan, por ejemplo, la creación de la figura las Entidades Privadas Colaboradoras Urbanísticas y Ambientales, que pondrían la supervisión de determinados trámites en manos de entidades privadas.

Prisas electorales

Desde la FRAVM piden directamente la retirada del texto completo: “una ley como esta tendría que debatirse con diálogo”. Los plazos de consulta pública del texto para las alegaciones “han sido insuficientes: 30 días para analizar un texto de más 600 páginas, con la Semana Santa de por medio. O no entienden que para que la ciudadanía pueda participar de sus derechos constitucionales necesita de tiempo y recursos, o no quieren que lo hagan”, denuncia Villalobos.

Parte de las prisas partirían de que la LIDER sería el proyecto estrella de cara a la campaña de las autonómicas de 2027 del actual gobierno regional. Un supuesto impulso al acceso a la vivienda que, si es recurrida ante el Constitucional como se especula, incluso podría servir de argumento de choque contra el gobierno central de Pedro Sánchez.

Para que los plazos se cumplan, el texto, que se encuentra aún en fase de anteproyecto, debería llegar a la Asamblea de Madrid para aprobarse en diciembre o, como muy tarde, enero de 2027. Si por cualquier recurso o error administrativo se alarga hasta marzo, el fin de la legislatura podría hacerla decaer y quedar en un limbo normativo.

Tantos los partidos como las organizaciones sociales han anunciado movilizaciones en los próximos meses para hacer frente a la nueva norma. Algunas de las fuentes consultadas apuntan a un texto que “seguramente acabará en los tribunales por parte de otras administraciones” y desean que estas “sepan que tienen el respaldo ciudadano”.

Fuente: Jose A. Cano – IG @caniferus en elsaltodiario.com