Justicia para las 7291 víctimas

La sociedad civil puede hacer lo que no han hecho las instituciones

A finales de abril se cumplirán cinco años de la muerte de 7291 personas sin asistencia sanitaria que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid. Este hecho, grave y doloroso en sí mismo, viene acompañado de otro no menos grave: ningún gobierno, juez o instancia oficial ha reconocido las dimensiones y profundidad de esta tragedia. Así, cinco años después, estas personas, a las que se les privó de los recursos sanitarios disponibles para cualquier otro ciudadano, no son reconocidas institucionalmente como víctimas y la responsabilidad penal y política de sus muertes no ha sido atribuida a nadie.
Sería un gran error pensar que estos hechos son cosa del pasado y que afectan al ámbito exclusivo de quienes los padecieron: residentes, trabajadoras y familias. Que unas autoridades políticas decidan dejar morir de manera indigna y sin ayuda a miles de personas muy necesitadas de ella y que tales decisiones no tengan consecuencias de ningún tipo, pone de manifiesto que vivimos en una sociedad con severas deformaciones en todos los niveles. Deformaciones que si no se corrigen volverán a reproducir el daño en situaciones similares. Su resolución, por tanto, no puede quedar exclusivamente en manos del grupo directamente afectado; ha de ser una tarea del conjunto de la sociedad.

El gobierno de Ayuso negó el derecho a las asistencia sanitaria a 7291 personas

Durante los meses de marzo y abril en la Comunidad de Madrid murieron 9470 personas que vivían en residencias: uno de cada cinco residentes y la mitad de los 20.000 que fallecieron en el total de residencias del país, a pesar de que Madrid solo contaba con el 13,5% de plazas. De las 9470 muertes, 7291 (77%) se produjeron en el propio centro debido a la prohibición de ser trasladadas a algún hospital, a pesar de que las residencias carecían de los medios sanitarios para dar un tratamiento adecuado, pues no estaban medicalizadas (1).
Esta desproporción de muertes en las residencias de Madrid es seguramente una de las causas que llevaron a que esta Comunidad fuese la región con mayor exceso de mortalidad de toda Europa en el año 2020, comparado con el periodo 2016-2019, según certificó el Comité Europeo de las Regiones.
La Comunidad de Madrid no solo destacó por el número de personas fallecidas, también por usar unos procedimientos que supusieron dejar abandonados a su suerte al sector de la población que vivía en residencias y que, para colmo, era un grupo de riesgo. Con toda seguridad tales procedimientos contribuyeron de manera decisiva en este desastre.

La Consejería de Sanidad elaboró unos protocolos que impidieron que las personas con deterioro cognitivo o dependencia física fuesen derivadas a hospitales públicos, a hospitales privados, salvo si tenían seguro privado, al hospital de campaña Ifema o a los hoteles medicalizados. Y para hacer completo el abandono se redujeron los escasos recursos sanitarios que había en estos lugares: a las bajas del personal se añadió la oferta de puestos de trabajo en Ifema u hospitales públicos.

Los datos de derivaciones de residencias a hospitales sacados del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid indican que, ya desde el día 7 de marzo, coincidiendo con la gestión centralizada de camas hospitalarias por la Consejería de Sanidad, comienza una caída notable en dichas derivaciones; caída que contra toda lógica irá a más, según avance la pandemia (2). La hipótesis más probable que se desprende de estos datos es que, si bien los protocolos de no derivación y el «nombramiento» de las «geriatrías de enlace» se hacen los días 18, 20, 24 y 25 de marzo, la no derivación comenzó antes y, posiblemente, hubo exigencias de documentos escritos que ordenasen una práctica tan inhumana e insolidaria.

Jueces y fiscales que no hacen justicia, medios que no informan, parlamentos que no investigan

Según Amnistía Internacional, con este proceder el gobierno de la Comunidad de Madrid privó a estas personas fallecidas sin asistencia sanitaria adecuada del derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y a una muerte digna. Inmediatamente surge la pregunta: ¿cómo es posible que tal vulneración de derechos quede impune?

Al repasar lo sucedido nos encontramos con un fallo multiinstitucional que pone en evidencia que vivimos en un sistema sociopolítico poblado de anomalías y apariencias. Que cinco años después de esta tragedia no se haya hecho justicia ni, por supuesto, haya habido reparación, solo se debe a que las instituciones no han cumplido con las funciones que tienen asignadas.

Aunque aún hay pendientes querellas, hasta el momento, todos los juicios celebrados se han resuelto con el archivo de las causas; es decir, sin que hayan abierto investigación ni haya culpables. La Asamblea de Madrid, en la legislatura anterior, con la mayoría del PP y Vox, cerró sin conclusiones la Comisión de Investigación, a pesar de que en bastantes declaraciones, que se hacían bajo juramento, quedó claro que se privó a estas personas de la atención sanitaria adecuada.

El Parlamento español tampoco ha considerado en estos cinco años oportuno crear una Comisión de Investigación para analizar los hechos ocurridos en todo el territorio, donde además hubo comunidades autónomas que hicieron una buena gestión a pesar de las dificultades (Canarias, Murcia, Asturias, Andalucía). Y la Presidenta del gobierno de Madrid que tomó estas decisiones sigue gobernando y con mayoría absoluta.
Las conclusiones que se desprenden de esta situación es que debemos estar ante una Justicia que no hace justicia, unos medios que no informan (al menos los más grandes y financiados por las administraciones) y unos parlamentos que no investigan políticamente las actuaciones gubernamentales.

Si el fallo de las instituciones es claro, más complicado resulta explicar las razones del apoyo mayoritario a Isabel Díaz Ayuso en dos elecciones autonómicas posteriores a la pandemia. La primera causa que suele aducirse es el edadismo (discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas), así lo entiende, por ejemplo, Miguel Ángel Vázquez, presidente en esa época de los geriatras gallegos, que se preguntaba: «Cómo es posible que no haya habido ninguna asociación profesional de médicos, de enfermeros o de geriatras que haya salido a denunciar lo que ha ocurrido? Pues porque son mayores y los mayores no importan. Porque esperamos que se mueran… El edadismo es la mayor causa de la masacre en las residencias» (3).

Personalmente, creo que a ese factor, que es muy importante, hay que añadir el desconocimiento de los hechos, al que han contribuido con sus silencios los grandes medios públicos y los financiados por las administraciones y, en el caso de la Comunidad de Madrid, de forma especial todos los medios de derechas financiados por Ayuso. En relación con este segundo factor, resulta muy sintomático que estos medios han dado voz a la permanente confusión y profusión de mentiras que sobre el asunto viene generado la Presidenta, el PP y Vox.

Sobre los esfuerzos por revestir de veracidad sus mentiras queremos recordar cuatro muy sintomáticos. Uno, los esfuerzos por desacreditar a los miembros de la Comisón Ciudadana, ante la incapacidad para desmentir el contenido de su Informe, llamándoles «tribunal bolivariano» y apelativos parecidos. Dos, los diversos intentos de impedir que se emitiese en RTVE el documental 7291. Tres, afirmar, cinco años después, que la cifra de 7291 fallecidos sin recibir asistencia era falsa, a pesar de ser una cifra oficial, proporcionada por el portal de transparencia de la propia Comunidad. Y, cuatro, y el más desvergonzado, que Miguel Ángel Rodríguez llegase a acusar a la hija de una de las fallecidas de no haber tenido nunca a su madre en una residencia.

Para lograr verdad, justicia y reparación…

Necesitamos desarrollar el proceso de autoorganización social que comenzó con familiares de fallecidos y fallecidas y trabajadoras de residencias. Ya en el año 2020, familiares agrupados en las plataformas Marea de Residencias y Pladigmare presentaron unas 400 querellas criminales contra Isabel Díaz Ayuso y Enrique RuizEscudero, entonces consejero de Sanidad, algunas de las cuales aún siguen pendientes, y otras están en espera de ser admitidas a trámite por el Tribunal Constitucional.
Pero, como hemos dicho, hasta el momento ningún juez ha encontrado culpables de estos hechos. Todo este proceso judicial se hizo gracias al activismo de las personas agrupadas en estas plataformas y a la actividad solidaria de un grupo de abogados, encabezados por Carlos Vila.
En mayo de 2022, nace la plataforma Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid, hoy legalizada bajo el nombre «7291: Verdad y Justicia para las Víctimas de las Residencias». Esta asociación está formada por familiares de los 7291 fallecidos, trabajadoras de residencias y otras personas no afectadas directamente por tal drama. Su finalidad es tratar de implicar al conjunto de la ciudadanía en la lucha para conocer qué pasó y por lograr justicia y reparación.

Este grupo de personas, visto lo sucedido a lo largo de dos años, tenía claro que sin implicación social tales hechos, a pesar de su gravedad, quedarían impunes. Se trataba de que la sociedad civil lograse hacer lo que no habían hecho las instituciones. Uno de los primeros pasos para avanzar en estos objetivos fue constituir una Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid.

Este proyecto fue presentado por Verdad y Justicia a Marea de Residencias, y, al aceptarlo esta, fue puesto en marcha por ambas organizaciones. La Comisión la formaron 7 personas de gran prestigio profesional: José Antonio Martín Pallín, Fernando Flores Giménez, María Victoria Zunzunegui Pastor, Fernando Lamata Cotanda, Anna Freixas Farré, Cristina Monge Lasierra y Eduardo Ranz Alonso: 3 juristas, 2 médicos, una psicóloga y una socióloga y politóloga. Dicha Comisión, a lo largo de dos jornadas (14 y 15 de septiembre de 2023), escuchó los testimonios de residentes, familiares, trabajadoras y personas con especiales conocimientos del mundo de las residencias, de una representante de Amnistía Internacional y otra de Médicos Sin Fronteras y del ex consejero Alberto Reyero; el resto de autoridades relacionadas con la emisión de los «protocolos de la vergüenza», así como los «geriatras de enlace», fueron invitadas pero no asistieron. Posteriormente emitió un Informe, que fue presentado en marzo de 2024 (ya citado).

Marea de Residencias y Verdad y Justicia hicieron difusión de dicho Informe en diversos lugares de la Comunidad varios ayuntamientos gobernados por partidos de izquierda, asociaciones de vecinos, centros sociales y locales de movimientos sociales, y lo entregaron en diversas instituciones como Asamblea de Madrid, Fiscalía, Defensor del Pueblo, Delegado del gobierno, Ministerio de Justicia…
Recogiendo testimonios de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, de las Jornadas organizadas por la Comisión Ciudadana, más algunas entrevistas, el director Juan José Castro, motivado por el libro Morirán de forma indigna (5) del exconsejero de Asuntos Sociales, Alberto Reyero, elaboró el documental 7291. Este ha sido emitido en cines de ayuntamientos de la Comunidad gobernados por la izquierda, en locales de partidos y movimientos sociales y, después, en RTVE. Todo ello ha permitido que una población cercana a los dos millones se haya enterado con bastante exactitud de que en la Comunidad de Madrid murieron abandonadas a su suerte 7291 personas.

El 10 de octubre de 2024 fueron presentadas 109 denuncias ante la Fiscalía Superior de Madrid, por un delito continuado de denegación de atención sanitaria por motivos discriminatorios (artículo 511 del Código Penal). Estas denuncias están basadas en un intenso trabajo del periodista y abogado Manuel Rico. La solvencia técnica de dichas denuncias y el hecho de que estén reforzadas por la indignación de varios millones de personas, que han visto el documental, ha dado esperanzas de lograr avances en el terreno judicial. Especialmente después del trabajo encomiable que han hecho cuatro fiscalías (Provincial, Alcalá, Getafe-Leganés y FuenlabradaAlcorcón), que supone una ruptura con la falta de interés mostrada por múltiples fiscales durante toda la etapa anterior y que, tal vez, es reflejo de la mayor sensibilización social existente sobre esta tragedia.

Este largo camino, que empezó hace cinco años con la implicación de algunos familiares, que siguió con el trabajo de los profesionales que conformaron la Comisión Ciudadana, con la implicación de los abogados que están trabajando para las víctimas de manera altruista y que cada día se refuerza más con miembros de movimientos sociales y vecinas y vecinos de esta Comunidad, puede dar un salto en la autoorganización social después de que una parte importante de la ciudadanía sabe que «no iban a morir igual». Ahora se trata de poner el esfuerzo en lograr que esta posibilidad se convierta en una realidad.

Estamos muy cerca de que una mayoría social conozca la Verdad sobre estos hechos. Ahora falta conseguir que las instituciones, que durante cinco años han mirado para otro lado, hagan oficial esa Verdad, hagan Justicia y apliquen medidas de Reparación. La implicación social para lograrlo merece la pena. Se trata de resarcir a las 7291 víctimas, lo que es de justicia y, además, condición imprescindible para avanzar hacia una sociedad más humana, equitativa, solidaria y democrática.

Notas
(1) Informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, p. 11, 12 y13.
(2) Ibid, p. 69.
(3) Citado por Manuel Rico en su libro ¡Vergüenza! El escándalo en las residencias, p. 6
(4) Informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid
(5) Morirán de forma indigna. Alberto Reyero. Madrid, 2022.

Fuente: Javier Cordón, miembro de la asociación 7291: Verdad y Justicia para las Víctimas de las Residencias en mats-sanidad.com