Plantea que la intervención pública vaya más allá de la rehabilitación física y urbanística, adoptando un enfoque integral que incluya estrategias sociales, económicas y medioambientales
Que el código postal no determine el futuro y la esperanza de sus habitantes
Engracia Rivera y Francisco Sierra presentan a Mundo Obrero una iniciativa fruto de más de un año de trabajo codo con codo con movimientos sociales y asociaciones vecinales, para lograr una propuesta que ambiciona “mejorar las condiciones de vida” de las personas que residen en estas zonas y “reducir los niveles de desigualdad” frente a otros núcleos de residencia.
“Que el código postal no determine el futuro, la esperanza y el desarrollo de los ciudadanos de este país”. Esta frase resume a la perfección la Proposición de Ley Integral para Barrios Vulnerables impulsada por Izquierda Unida y registrada formalmente en el Congreso el pasado diciembre a través del Grupo Plurinacional Sumar por sus diputado y diputada por Sevilla Francisco Sierra y Engracia Rivera.
El texto de la iniciativa, largamente trabajada por el conjunto de los/as parlamentarios andaluces de IU en la Cámara Baja, ha sido posible tras más de un año de estrecho trabajo con movimientos sociales y asociaciones vecinales. Su impulso fue decisivo para que la propuesta ambicione “mejorar las condiciones de vida” de las personas que residen en estos barrios y zonas vulnerables, además de “reducir los niveles de desigualdad” frente a otros núcleos de residencia.
Francisco Sierra destaca a Mundo Obrero que “sin que la proposición sea una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), lo cierto es que hemos escuchado con mucha atención a todo tipo de movimientos, al vecinal y a los colectivos más desfavorecidos de estos barrios. La propia configuración de la ley es fruto de ese diálogo con los actores a pie del territorio para construir este proyecto”.
Coincide con su compañera Engracia Rivera en que “han sido los vecinos y vecinas, trabajadores sociales, educadores, el conjunto de personas que actúan como portavoces del tejido asociativo quienes han aportado su experiencia de intervención y de trabajo con los grupos vulnerables a pie de calle. Nos han dado el diagnóstico de lo que falla en las políticas públicas y de lo que necesita una ley integral para resolver los problemas”.
Los habitantes en la mayoría de las ocasiones no tienen acceso en condiciones de igualdad a servicios tan esenciales como la sanidad o la educación públicas
Como expone el texto, los barrios vulnerables son lugares en los que la actuación de los poderes públicos no llega y donde sus habitantes no tienen en la mayoría de ocasiones acceso en condiciones de igualdad a servicios tan esenciales como la sanidad o la educación públicas.
Pese a estar impulsada desde el territorio andaluz, lo promotores de Izquierda Unida tienen claro que es una iniciativa “pensada para todo el Estado, porque no solo hay que atender a la realidad andaluza. La ley que planteamos es válida para Castilla-La Mancha, Extremadura o Murcia, pero también para Madrid, donde por mucha propaganda a la que recurran los dirigentes de sus administraciones más cercanas, la municipal y autonómica, existen numerosas zonas que permanecen abandonadas”.
Pobreza, desigualdad y exclusión social
Pobreza, desigualdad y exclusión social definen a estas zonas. De ahí que pueda considerarse sin rubor que los derechos humanos no se respetan cuando a cientos de miles de personas se les niega el acceso a una vivienda digna, a una cita médica o a una clase de educación en una etapa obligatoria. La gravedad del problema está en que estas violaciones de derechos básicos son el pan de cada día en los barrios vulnerables.
Más de un tercio de la población andaluza vive en riesgo de exclusión social y el 57% no llega a fin de mes. Pero esta iniciativa está pensada para todo el Estado donde hay zonas permanentemente abandonadas
Lo reflejan así informes recientes como el de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) titulado Pobreza Sur 2024: Barrios Olvidados. Este trabajo recoge los últimos datos sobre exclusión que aporta la Red Andaluza de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), que tacha el panorama de “desolador”. Más de un tercio de la población andaluza vive en riesgo de exclusión social y más de la mitad —cerca del 57%— no llega a fin de mes. Junto con Canarias y Extremadura son las comunidades con la tasa AROPE (indicador del número personas que se encuentran en riesgo de exclusión social y pobreza) más alta de todo el Estado. Se constata, además, que son las mujeres el grupo poblacional que más sufre de exclusión social y pobreza.
Gran cantidad de entornos enfrentan profundas contradicciones sociales a causa de un modelo de desarrollo urbano inadecuado y una planificación deficiente en sus asentamientos. La segregación social, producto de la institucionalización de desigualdades económicas y de la mercantilización de la vivienda, genera que los grupos más desfavorecidos se concentren en barrios vulnerables, caracterizados por la marginación, la desestructuración y la falta de servicios y recursos.
Medidas para transformar la vida en los barrios
La Proposición de Ley Integral para Barrios Vulnerables se desarrolla a través de 7 títulos. Como pilar fundamental, contempla la creación del Fondo de Recuperación Ambiental, Urbana y Social de barrios y zonas vulnerables del Estado (FRAUS) destinado a las entidades locales. Es un instrumento de colaboración institucional cuyos principales beneficiarios serán los municipios, diputaciones y cabildos, que deberán desarrollar los proyectos con la participación ciudadana y vecinal de dichos barrios.
Su dotación económica saldrá, básicamente, de los Presupuestos Generales del Estado de cada año, aunque puede completarse con dinero autonómico, de fondos europeos y de otras fuentes. A nivel práctico, Francisco Sierra especifica que “retomando algunas iniciativas que están en la Agenda 2030 para la lucha contra la pobreza, creemos que sería necesario en torno al 1% del Producto Interior Bruto (PIB), porque son muchos barrios y las medidas necesitan un paquete presupuestario mayor”.
La política pública tendrá un seguimiento constante para verificar que se cumplen los objetivos planteados. Entre ellos está mejorar las condiciones de vida de las personas residentes en estas áreas vulnerables y reducir sus niveles de desigualdad mediante la transformación de las condiciones urbanas, sociales, económicas y ambientales.
Esta es otra novedad que aporta la propuesta, puesto que en anteriores políticas públicas que incidían en esta cuestión no se requería de una evaluación del impacto que estas medidas tenían en la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía.
También se regulan los planes de actuación integral. Para ello se establece un marco general de transformación con un horizonte temporal de 20 años y hasta 4 programas de intervención integral que pueden desarrollarse en el marco de esta proposición de ley.
Engracia Rivera detalla que la propuesta es crear “comisiones de gestión de los fondos para controlar cómo se determinan sus beneficiarios en función de los proyectos integrales presentados”. Igualmente, se establecen unos “comités de zona dirigidos por cada ayuntamiento, pero donde participen representantes de la subdelegación del Gobierno de cada zona, los consejeros, consejeras o personas representantes de la Comunidad donde se actúa, así como de los propios entes locales. También la creación de una oficina técnica de asesoramiento para los entes que pongan en marcha esos proyectos”. Las zonas que se establezcan podrán agrupar a diversos barrios o áreas vulnerables para alcanzar la mejor coordinación que se busca.
En paralelo, la nueva ley planteada busca fomentar la igualdad de género, la erradicación de cualquier forma de discriminación, especialmente por origen, etnia, edad y diversidad funcional. Otra de sus prioridades es la rehabilitación de viviendas, la regularización de la titularidad y la mejora del espacio urbano, así como de los servicios públicos y colectivos.
Además, se estimula la actividad económica en los barrios al fomentar el empleo estable y de calidad, la promoción de la economía local y la reducción de la brecha digital. En cuanto a la sostenibilidad, se avanza hacia un modelo ambiental y energético más eficiente, con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático, especialmente en las zonas más vulnerables.
El texto impulsado por Izquierda Unida incide de manera especial en la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido comunitario, garantizando que los habitantes de estos barrios tengan voz en los medios reforzando, además, la seguridad ciudadana. Se trabaja para mejorar el acceso a la educación y fomentar la movilidad sostenible, al mismo tiempo que se reducen las inequidades sanitarias actuando sobre los determinantes sociales de la salud.
La aceleración del crecimiento urbano desde el pasado siglo y la falta de una planificación adecuada están en el origen de los problemas detectados, provocando un envejecimiento de las infraestructuras y la marginalización de amplios sectores de la población. Por ello, esta proposición de ley plantea que la intervención pública en los barrios vulnerables vaya más allá de la rehabilitación física y urbanística, debiendo adoptar un enfoque integral que incluya estrategias sociales, económicas y medioambientales.
Fuente: Moisés Torres Sara Quijada, Graduada en Derecho y Ciencias Políticas; Moisés Torres, Graduado en Ciencias Políticas en mundoobrero.es
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