Guerra sucia contra la jueza de la dana: un abogado grabó “subrepticiamente” a su marido y su hija menor de edad. Familiares de las víctimas apoyan a la magistrada

A la magistrada Nuria Ruiz Tobarra se le agota la paciencia: “Ha de recalcarse esto especialmente: algún letrado del procedimiento grabó a mi hija menor de edad, lo que es absolutamente repugnante”

En la causa de la dana se está produciendo una “deriva aberrante”, aceptada “sin complejos” por parte de las defensas de los investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Así lo afirma la instructora, Nuria Ruiz Tobarra, en un rotundo auto en el que se defiende, por primera vez y a capa y espada, de la descarada ofensiva que, por tierra, mar y aire, pretende darle la vuelta al procedimiento y transformar la causa en una investigación a la propia magistrada y a su marido, Jorge Martínez Ribera, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València.

La gota que ha colmado el vaso han sido las fotografías del matrimonio que circulan habitualmente en determinados medios digitales comprometidos en atacar la instrucción. Nuria Ruiz Tobarra, como la inmensa mayoría de jueces en España, cuida mucho su privacidad y evita, en la medida de lo posible, la difusión de su imagen, a pesar de instruir una de las causas judiciales de España más delicadas, con el trasfondo de 228 víctimas mortales por un presunto delito de homicidio imprudente.

Ok Diario publicó las primeras imágenes de la instructora y de su marido. En una de las fotografías aparecen ambos magistrados en la sala, charlando con la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ). ¿De dónde salieron las imágenes?

La jueza lo ha aclarado en el auto: afirma que fue uno de los letrados quien, una vez se desconectó el Arconte (el sistema que registra las declaraciones judiciales), siguió con su cámara conectada telemáticamente mediante la aplicación Webex. Así consiguió seguir viendo la imagen de la sala sin que nadie le viera, “grabando subrepticiamente a todos los que entraban”, según explica la magistrada.

El desconocido abogado consiguió grabar la escena. “No solo [me grabó] a mí y a mi marido, sino incluso a mi propia hija, menor de edad, que también entró en la sala en dicho día, tras la práctica de la declaración”. El marido estaba en la sala tras la declaración porque trabaja en la misma Ciudad de la Justicia de València en la que, hasta hace poco, tenía su sede provisional el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja.

Las imágenes del matrimonio en la sala se tomaron tras una declaración en la que no había demasiados abogados conectados. “Ha de recalcarse esto especialmente: algún letrado del procedimiento grabó a mi hija menor de edad, lo que es absolutamente repugnante”. Sin embargo, la magistrada no parece tener identificado qué letrado en concreto grabó la escena.

Por otro lado, la jueza recuerda a José María Bueno Manzanares que, al contrario de lo que insinuaba, los “fotogramas que están circulando jamás pueden corresponder a la grabación de una declaración, dado que ninguna es facilitada a las partes”.

Las “informaciones insultantes” contra la jueza

El supuesto papel del marido de la jueza en la instrucción de la causa ha sido uno de los principales argumentos de las quejas que ambas defensas han presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siempre aludiendo a las informaciones publicadas, que no siempre han sido demasiado atinadas. La Fiscalía Provincial de Valencia tuvo que desmentir, mediante un comunicado, la información de un medio digital sobre el supuesto malestar en el Ministerio Público con la supuesta “intromisión” del marido en la causa. También Jueces y Juezas para la Democracia desmintió que el magistrado Jorge Martínez Ribera formara parte de la asociación progresista, como afirmaba falsamente un medio.

Nuria Ruiz Tobarra considera que las “informaciones insultantes” y la “campaña difamatoria”, de un “machismo atroz, se han instalado en una ”burda“ estrategia de defensa que pretende apartarla del procedimiento a las bravas.

La defensa de Emilio Argüeso, que ejerce el letrado José María Bueno Manzanares, registró un escrito el pasado 31 de julio en el que solicitaba que la Letrada de la Administración de Justicia certificara si el marido de la magistrada, Jorge Martínez Ribera, había participado en interrogatorios de la causa (“si es que lo ha hecho”) o en la “redacción de resoluciones”, entre otras insinuaciones de medios digitales de derechas de los que se hacía eco.

Una “violación de todos los principios deontológicos”

La jueza lamenta que las peticiones de prueba del letrado con las insinuaciones sobre el supuesto papel de su marido en la instrucción de la causa “violan frontalmente todos los principios más elementales de deontología profesional”. Una “violación de todos los principios deontológicos”, abunda la jueza, “asumida sin ningún complejo” por parte del abogado de Emilio Argüeso en su escrito.

La magistrada instructora también considera que el escrito del letrado no es más que un “dislate procesal”. El abogado pedía, casi a modo de provocación, que la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) certificara la autoría de las resoluciones de la jueza (que, por lo demás, están todas firmadas digitalmente). “Lo que sería tanto como acusar de falsedad a las LAJ respectivas”, agrega.

Así, la jueza ha decidido abrir una pieza separada para “determinar la procedencia” de la sanción al letrado José María Bueno Manzanares, que ejerce la defensa de Argüeso, por el contenido de un escrito en el que lanzaba graves insinuaciones sobre el matrimonio de magistrados.

Una instrucción “amplia”, según el Tribunal Supremo

La ofensiva contra la magistrada arrecia, además, después de que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia avalara unánimemente las principales decisiones de la jueza instructora, especialmente la imputación de Pradas y de Argüeso.

La jueza también recuerda que, tal como informó elDiario.es, el Tribunal Supremo consideraba en un auto del pasado mes de julio que la investigación de la jueza de Catarroja era “amplia”. “Esta instrucción calificada como amplia por el Tribunal Supremo, adjetivo que agradezco, y que por supuesto ignora el letrado [de Argüeso], como ignora dicho letrado los sucesivos autos de la Audiencia Provincial, no es asumida por el letrado Sr. Bueno, como tampoco por el letrado de la otra defensa [de la exconsellera Pradas, el abogado Eduardo de Urbano]”, concluye la magistrada.

Bueno Manzanares ha protagonizado algunos de los dislates más sonados en la causa. Incluso ha llegado a pedir, varias veces, que se sometiera a un examen psiquiátrico al jefe de Climatología de la Aemet en València, José Ángel Núñez, uno de los principales testigos del procedimiento.

Querella de Manos Limpias aderezada con bulos de Miguel Bernad

El mismo letrado propició la expulsión de Manos Limpias de la causa. Bueno Manzanares se definió en una entrevista en La Razón el pasado 15 de abril como el “jefe de los servicios jurídicos” del pseudosindicato. La magistrada detectó una incompatibilidad entre la personación como acusación popular de Manos Limpias con el ejercicio de la defensa de Argüeso por parte de Bueno Manzanares, lo cual propició la expulsión de la causa del pseudosindicato.

Manos Limpias presentó posteriormente una querella contra la magistrada por los presuntos delitos de prevaricación y coacciones. El secretario general del pseudosindicato, Miguel Bernad, aprovechó la rueda de prensa de presentación de su primer escrito (que fue inadmitido por un error formal) para ventilar un grave bulo sobre el número de fallecidos (228, entre ellos una mujer embarazada de ocho meses). Bernad reconoció en el mismo acto que se lo había inventado.

Fuente: Lucas Marco en eldiario.es
Foto portada: Los asistentes a la concentración ante los juzgados de Catarroja de este lunes / S.P.S.

Fuente: Sergi Pitarch en eldiario.es

Los familiares de las víctimas de la dana muestran su apoyo a la jueza instructora: “Solo pedimos que la dejen trabajar

Rosa Álvarez sobre el funeral de Estado para las víctimas: “Le pediríamos al presidente de la Generalitat que no acudiera, que tuviera la sensibilidad que hasta ahora no ha demostrado. Y, sobre todo, que no sonriera ese día, porque nuestras familias siguen rotas”

Miembros de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana del 29 de octubre se han concentrado este lunes frente a los juzgados de Catarroja para mostrar su apoyo al regreso de la instrucción penal a su lugar de origen, y en concreto a la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, con carteles con la frase ‘bienvenida a su casa, señoría’. Tras el parón estival de agosto, el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja reanuda este primer día de septiembre la instrucción sobre la dana en cuyas inundaciones murieron en Valencia 228 personas, y lo hace en las instalaciones judiciales rehabilitadas en Catarroja, cercanas al barranco del Poyo y que quedaron totalmente arrasadas tras su desbordamiento, tras meses de trabajo en la Ciudad de la Justicia de València.

Representantes de esa asociación de víctimas han acudido a primera hora de esta mañana a las puertas de los juzgados de Catarroja, donde han mostrado carteles con frases como ‘Verdad y justicia para las víctimas de la dana 29 de octubre’, ‘En memoria de las víctimas de la Dana 29 de octubre, Justicia’ y ‘Bienvenida a su casa, señoría’, y han aplaudido.

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA, Rosa María Álvarez, ha manifestado el apoyo de las familias a la jueza que instruye la causa. Álvarez ha subrayado que la instructora “siempre ha mostrado empatía, escucha activa y humanidad”, y ha defendido su papel frente a las críticas de algunas acusaciones populares que, según ha dicho, intentan “desviar la investigación”. “Lo que necesitamos las familias es claridad y confianza en la justicia. Los autos son claros y nos aportan información que de otro modo nunca habríamos conocido”, señaló.

La presidenta ha recordado que la asociación mantiene sus reclamaciones ante la Generalitat, a la que reprocha la falta de respuestas. “Pensamos que la vía judicial es nuestra última esperanza”, insistió, convencida de que el proceso permitirá “cerrar el círculo” de responsabilidades.

En vísperas del primer aniversario de la catástrofe, los familiares esperan la convocatoria de un funeral de Estado, aunque rechazan la presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. “Le pediríamos que no acudiera, que tuviera la sensibilidad que hasta ahora no ha demostrado. Y, sobre todo, que no sonriera ese día, porque nuestras familias siguen rotas”, afirmó Álvarez.

Sobre las quejas presentadas ante la CGPJ contra la instructora por parte de las defensas de los dos investigados, la exconsellera de Justicia Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, Álvarez se mostró tranquila: “No creemos que tengan mucho recorrido. Lo importante es la contundencia de los escritos judiciales, porque estamos hablando de 228 —y pronto 229— personas que murieron por una negligencia”.

Fuente: Sergi Pitarch en eldiario.es

ES PROBABLE HAYA VIDEOS CARGÁNDOSE ESPERA UN POCO