Just Eat reclama 295 millones por competencia desleal y la Fiscalía investiga a su fundador por no regularizar a los repartidores pese a sentencias firmes
Glovo vuelve a enfrentarse a los tribunales en medio de una creciente presión legal y sindical por su modelo de negocio. El próximo 17 de junio, el Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona iniciará un juicio clave contra la empresa de reparto a domicilio, fruto de la demanda presentada por su competidora Just Eat. La compañía británica exige una indemnización de 295 millones de euros por lo que considera una estrategia de competencia desleal basada en la vulneración sistemática de la legislación laboral.
Durante cuatro días, hasta el 20 de junio, el tribunal deberá analizar si Glovo ha generado una ventaja indebida sobre otras empresas del sector al mantener a sus repartidores como autónomos —o falsos autónomos—, incumpliendo la conocida como ley Rider. Para Just Eat, que sí contrata a sus repartidores por cuenta ajena (aunque a menudo bajo un modelo de subcontratación), el modelo de Glovo representa una distorsión del mercado: mientras unos cumplen con sus obligaciones salariales, de cotización y derechos laborales, otros se desentienden de ellas y ofrecen tarifas más baratas a restaurantes y usuarios.
Según los cálculos de Just Eat, este esquema habría permitido a Glovo ahorrarse más de 645 millones de euros en costes laborales en los últimos años. Parte de ese margen se habría destinado a captar cuota de mercado con precios más bajos, perjudicando gravemente a competidores que sí cumplen la normativa. La demanda, que podría sentar un precedente judicial, es la primera en abordar la competencia desleal desde la óptica del incumplimiento de la legislación laboral.
Pero el frente abierto por Just Eat no es el único que enfrenta la empresa dirigida por Óscar Pierre. La Fiscalía mantiene activa una causa penal contra el CEO por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. El juzgado de instrucción número 31 de Barcelona investiga si Glovo mantuvo su estructura de falsos autónomos incluso después de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal este modelo. Cinco inspectoras de trabajo de distintas comunidades autónomas han testificado ya que la empresa ignoró las resoluciones judiciales firmes que le obligaban a regularizar a sus repartidores.
La realidad de estos trabajadores sigue siendo precaria. De acuerdo con datos recopilados por la cadena SER, dos de cada tres repartidores de Glovo han nacido fuera de España y muchos carecen de permiso de trabajo. Esta situación ha provocado nuevas sanciones a la empresa por parte de la Inspección de Trabajo. Además, se han documentado prácticas como el realquiler de cuentas entre repartidores y jornadas extenuantes coordinadas por algoritmos opacos, sin protección legal ni derechos básicos garantizados.
A pesar de las promesas públicas de reformar su modelo, Glovo sigue sin integrar plenamente a sus riders en plantilla. En 2023, su fundador anunció que comenzaría a contratar a los repartidores de forma progresiva, alineándose con la ley, pero los sindicatos denuncian que esa transición es incompleta y, en algunos casos, aparentemente fraudulenta. CC.OO. ha advertido que la empresa estaría recurriendo a estrategias para evitar sus responsabilidades, como la creación de una sociedad interpuesta, Noriega Logistics SL, en Zaragoza. Esta entidad habría empezado a contratar repartidores que anteriormente trabajaban para Glovo como autónomos, pero sin modificar sus condiciones reales de trabajo ni su dependencia funcional de la app.
Para los sindicatos, esto constituye una cesión ilegal de trabajadores, ya que los riders continúan usando los mismos medios (mochilas, aplicación, rutas) y bajo las mismas condiciones que cuando trabajaban directamente con Glovo. CC.OO. de Aragón ha denunciado el caso ante la Inspección de Trabajo, y situaciones similares han sido identificadas en otras regiones como Navarra.
La desconfianza hacia las intenciones de la compañía persiste. CC.OO. ha habilitado una plataforma específica para informar a los trabajadores de sus derechos y seguir recogiendo denuncias. Desde el sindicato se insiste en que el alta en la Seguridad Social no garantiza por sí sola el acceso a todos los derechos laborales: vacaciones, cotización por desempleo, antigüedad y bajas médicas deben reconocerse de forma íntegra, con un contrato laboral formal y transparente.
A esta cadena de procesos se suma una nueva sanción por parte de la Comisión Europea. Este lunes, Bruselas multó a Glovo y a Delivery Hero por repartirse el mercado y compartir información comercial durante cuatro años, hasta 2022, lo que ha sido calificado como comportamiento de cártel. Esta infracción de la normativa de competencia añade más presión a una empresa cuyo modelo de negocio se tambalea bajo el peso de las sanciones, las denuncias judiciales y la pérdida de credibilidad pública.
Glovo, que durante años ha liderado el sector en España gracias a su flexibilidad operativa, afronta ahora un dilema de fondo: adaptar su estructura a las normas laborales vigentes o seguir asumiendo los costes legales, reputacionales y económicos de operar al margen de la ley.
Fuente: mundoobrero.es
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