Familiares de las residencias consiguen que se abra una investigación contra altos cargo de Ayuso [Vídeos]

Familiares de mayores que murieron sin recibir tratamiento médico son llamados a declarar ante la Fiscalía por lo ocurrido dentro de los geriátricos durante la pandemia en la Comunidad de Madrid

El pasado 10 de octubre de 2024 familiares de 115 residentes de 72 geriátricos hicieron pública una nueva querella contra la Comunidad de Madrid por la gestión de la pandemia dentro de las residencias. Lo hacían utilizando una nueva estrategia para conseguir juzgar a los altos cargos del gobierno, entre ellos la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso: denuncian que se cometió un delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios, castigado en el artículo 511 del Código Penal. El pasado 8 de enero informaban que la Fiscalía les ha llamado a declarar, el primer paso para que se abra una investigación sobre lo sucedido en los peores meses del covid, cuando fallecieron sin atención médica 7.291 mayores en función de unos protocolos firmados por altos cargos del gobierno.

Desde Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia, entidades que han preparado esta demanda colectiva, valoran “positivamente” este movimiento de la Fiscalía, que “contrasta con la pasividad mantenida ante denuncias y querellas anteriores”. Así aún no está todo dicho, pese al goteo de archivos que están viviendo las más de 300 querellas presentadas con anterioridad, estas por delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. En esta ocasión se apunta al incumplimiento de otro artículo del código penal, el 511 que estable penas de prisión para el encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho.

“Estamos contentos con que la fiscalía llame a declarar a los denunciantes pero la decisión de judicializar debe de ser rápida, nos preocupa que algunas causas comenzarán a prescribir a partir de marzo”, expresa Carmen López, portavoz de Marea de Residencias. “Es importante que se la investigación llegue a los juzgados cuanto antes”, remarca.

Para López, se trata que lo sucedido en las residencias no quede en el olvido ni impune. “Aquí ha habido muchas cosas que no se han hecho bien y hay que seguir en ello”, explica mientras confirma que ya ha habido denunciantes que han pasado a prestar declaración.

No obstante, se quejan de que la fiscal superior, Almudena Lastra, tardó un mes en declararse no competente y en remitir la denuncia a las cuatro fiscalías territoriales que han llamado a declarar a los denunciantes: la Fiscalía Provincial y las Fiscalías de Área de Alcalá de Henares, Getafe-Leganés y Móstoles-Fuenlabrada-Alcorcón. Estas han decidido abrir diligencias de investigación por cada uno de los denunciantes, de forma que en total se abrirán 109 diligencias diferentes. 

Señalan a altos cargos

La demanda señala a cargos públicos no aforados, responsables de los protocolos de exclusión sanitaria que impidieron el traslado de enfermos a hospitales, como los dos directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño durante la primera ola de la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, firmantes de estos protocolos; Pablo Busca Ostalaza, director del SUMMA 112 en aquel momento; Antonio Burgueño, autor del Plan de Choque contra la Pandemia incluía supuestamente una medicalización de las residencias “que nunca se llevó a cabo”, y los 25 geriatras de enlace en los hospitales públicos madrileños.

Pero para las organizaciones la responsabilidad no se detiene en estos cargos. “Hemos pensado que apuntando a cargos intermedios los responsables más altos tendrán que salir durante la investigación. Además, el delito por el que denunciamos ahora, es diferente, da igual el resultado de la decisión y si provocó la muerte o no, lo que está claro es que se les denegó un derecho”, explica López.

Además de la no derivación sanitaria, los denunciantes detallan en su escrito la discriminación sufrida por sus familiares en otros cuatro ámbitos: la no medicalización de las residencias, el veto a atender a los residentes en los hospitales privados, salvo que el enfermo tuviera un seguro privado, en el hospital del Ifema y en los hoteles medicalizados.

Fuente: Sara Plaza Casares en elsaltodiario.com