El proveedor de Tomás Díaz Ayuso en China: una empresa de cables eléctricos que falsificó certificados sanitarios

El hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue el encargado de la compra de estas mascarillas a China, según declaró la propia Ayuso, que fabricó una empresa que no había hecho material sanitario hasta cuatro semanas antes del contrato de la Comunidad a Priviet Sportive

El proveedor de Tomás Díaz Ayuso en China, donde el hermano de la presidenta madrileña adquirió 250.000 mascarillas que luego vendió a la Comunidad de Madrid por 1,5 a millones de euros, era una empresa que hasta cuatro semanas antes de que el hermano de Isabel Díaz Ayuso comprara el material, no había fabricado nunca mascarillas, sino cables eléctricos. Así lo publica este martes El País que además detalla que la empresa aportó certificados falsos o no homologados para justificar la calidad del producto.

Esos certificados fueron aportados por Priviet Sportive a la Comunidad de Madrid, la empresa que se llevó a dedo el contrato y que es propiedad de Daniel Alcázar amigo personal de la familia Ayuso. Según declaró la presidenta madrileña cuando estalló el escándalo que derivó en una crisis en el PP y la salida de Pablo Casado, su hermano cobró una comisión de al menos 55.850 euros más IVA por traer el material de China, por tanto, fue Tomás Díaz Ayuso el encargado de contactar con la empresa China, de ahí el dinero cobrado.

Según publica el diario El País, el fabricante de las mascarillas, la empresa Jiaxing Yinuo Busway Co. Ltd., se dedicaba antes de la pandemia a hacer cableado eléctrico. No modificó su objeto social hasta el 3 de marzo de 2020 para incluir la elaboración de productos sanitarios, un mes antes de que Priviet Sportive firmara el contrato con el Gobierno de Ayuso. La compañía de la que se desconoce si hasta entonces había elaborado material sanitario, aportó tres certificados de laboratorios para demostrar su calidad.

Uno de ellos es una falsificación del documento de un ente italiano de homologaciones y los otros dos son de centros chinos que no estaban autorizados por el Gobierno de ese país para evaluar material sanitario de protección, asegura este diario. Uno de esos certificadores irregulares, que aseguraba que las mascarillas compradas por la Comunidad cumplían con las normas estadounidenses, fue posteriormente advertido de fraude por la Administración de Alimentos y Medicamentos del Gobierno de EEUU. En el caso de las mascarillas de Alberto Luceño y Luis Medina para el Ayuntamiento de Madrid, también se usó el mismo certificado italiano falso por parte de la empresa malaya que las fabricó. “Ya sabes que en China pasa de todo, cosas muy raras”, ha asegurado Tomás Díaz Ayuso sobre la información.

La Comunidad de Madrid pagó por cada una de estas mascarillas 5 euros, más IVA (6,05 euros en total). Un precio muy superior al de mercado y al que pagó el Gobierno de Ayuso por mascarillas similares durante esas mismas fechas. Las mascarillas aunque el contrato aseguraba que eran FFP-2 y FFP3, eran KN95 un estándar de calidad inferior.

“Esta noticia es falsa”, ha sido la reacción del Gobierno de la Comunidad de Madrid a través la cuenta institucional de Twitter a la información que publica El País.

La misma cuenta oficial, ha publicado poco después otro tuit en el que alude a otra información de El Español. “Hasta donde sabe la Comunidad de Madrid, esto es cierto”, aseguran. Según publica este medio, Priviet Sportive cambió de proveedor tras detectar certificados falsos. La empresa de Daniel Alcázar habría presentado la oferta con documentación de la empresa china que aportó certificados falsos, pero finalmente utilizó otra empresa que proporcionó un certificado de conformidad que sí es correcto al detectar la falsedad, según indicó la Comunidad de Madrid a El Español.

::Pasa en Carabanchel::

Las mascarillas, según la Comunidad de Madrid, fueron suministradas por otra empresa, Zhangjiagang, que aportó un certificado de cumplimiento firmado por ECM. Ese documento que aporta el Español en su información y que ha sido facilitado por la Comunidad de Madrid, no figura en el expediente que el Gobierno regional aportó por Transparencia a los medios de comunicación.

Fuente: elDiario.es Madrid

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