El PP vuelve al banquillo por beneficiarse de la corrupción Gürtel: 200.000 euros para su bastión de Boadilla

Una docena de acusados han presentado un escrito de conformidad en el que reconocen los hechos que les señalan a ellos y a la formación que preside Pablo Casado con el fin de obtener una rebaja en las penas que solicita la Fiscalía.

El Partido Popular tiene una cita judicial con su pasado más incómodo el próximo martes. Ese día arranca en la Audiencia Nacional un nuevo juicio por el caso Gürtel en el que volverán a aflorar los vínculos entre el trama de corrupción liderada por Francisco Correa y la formación política que hoy lidera Pablo Casado. Esta vez, los hechos juzgados se sitúan en un bastión del PP en la Comunidad de Madrid, Boadilla del Monte, la quinta ciudad española con mayor renta bruta. El PP se sentará en el banquillo de los acusados ​​por tercera vez, la segunda que lo hace por beneficiarse del dinero de la corrupción.

El juicio por la trama Gürtel en Boadilla del Monte presentará una característica que le diferencia de otras piezas anteriores y que complica su desenlace para el PP: una docena de acusados ​​ha remitido sendos escritos al tribunal reconociendo los hechos enviados en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y tratando así de obtener una rebaja en la condena. 

En esos escritos, los empresarios y políticos reconocieron los amaños en las adjudicaciones con dinero público. En el auto de apertura de juicio oral, el juez José de la Mata, de acuerdo con Anticorrupción, escribió: “El PP se benefició de algunas de estas operaciones consiguiendo que las empresas de la organización abonaran los costes de distintos actos políticos organizados por y para el partido (…) Todo ello ha generado, en el ámbito de esta pieza, unos beneficios indebidos para el PP que ascienden a 204.198,54 euros ”.

La primera vez que el Partido Popular fue juzgado como beneficiario a título lucrativo del dinero recibido por sus ayuntamientos terminó perdiendo el Gobierno de la Nación. Ocurrió con la sentencia del primer gran juicio del caso Gürtel. Las referencias a la existencia de una caja B en el seno del Partido Popular durante al menos veinte años dieron pie a una moción de censura, la primera que ha triunfado en democracia. 

En aquella ocasión, la Audiencia Nacional resolvió que la formación política se había beneficiado de 245.000 euros que obtuvo el partido en otras dos localidades de mayor renta de la Comunidad de Madrid, Pozuelo y Majadahonda, en un fallo confirmado posteriormente por el Tribunal Supremo. El argumento de la defensa del PP de que el partido no era responsable de aquellos delitos de cohecho y malversación y sí sus grupos municipales fracasó ante la tesis de la Fiscalía Anticorrupción. En esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió entonces, los argumentos del Ministerio Público no podrán ser defendidos en la vista por Concha Sabadell, destinada ahora en la Fiscalía europea.  

En el banquillo de los acusados ​​se sentarán 27 personas físicas, 11 jurídicas como responsables civiles y el PP en su condición de presunto beneficiario a título lucrativo. De las personas físicas, una docena han alcanzado ya un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes del caso. Esos acuerdos, que se escenificarán durante sus declaraciones en el juicio, cuentan con un escrito de asunción de responsabilidades de cada uno de esos acusados.

El más llamativo de esos escritos de reconocimiento de hechos es el del que fue alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero,  tal y como adelantó elDiario.es la pasada semana . En su confesión, ‘El Albondiguilla’, según se referían al alcalde de Boadilla Correa y otros miembros de la trama, afirma que las adjudicaciones a una constructora a cambio de dinero, fueron destinar a financiar las campañas autonómica de 2003 y nacional de 2004 ” según las instrucciones recibidas por parte de la dirección regional y nacional del PP ”.

La pieza del caso Gürtel conocida como Boadilla investiga la actividad desarrollada por el grupo de Francisco Correa en la localidad madrileña entre 2001 y febrero de 2009 “de forma ininterrumpida”, según el auto de apertura de juicio oral. En esos años, las personas y sociedades que formaron el grupo delictivo se enriquecieron “de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de la localidad”.

Según ha determinado la investigación de forma indiciaria, la actividad de la trama Gürtel consistía tanto en la obtención de contratos públicos para sus empresas, a cambio de mordidas, como para terceros, caso éste en el que Correa y los suyos pactaban una comisión. Solamente el alcalde de la localidad durante aquella década, Arturo González Panero, habría cobrado 1,8 millones de euros por las concesiones amañadas. Con su reconocimiento de los hechos, González Panero busca rebajar considerablemente la petición de pena formulada por la Fiscalía Anticorrupción en su escrito provisional y que alcanza los 40 años y 7 meses de cárcel. 

Entre los que han entregado al tribunal un escrito de asunción de los hechos están los dos líderes de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo; constructores que participaron en los amaños, y que figuran como donantes de la caja B, caso de Alfonso García Pozuelo o José Luis Ulibarri, u otros ya condenados en Gürtel con anterioridad como Jacobo Gordon, antiguo socio de Antonio Agag, yerno de José María Aznar , o Ramón Blanco Balín, el exconsejero de Repsol y amigo personal de Aznar, presunto ‘blanqueador’ del dinero de la corrupción en paraísos fiscales.

Algunos escritos se limitan a reconocer los hechos del escrito de acusación de la Fiscalía y otros entran a describir cómo se produjeron los amaños. En este sentido tiene valor especial el de un técnico del Ayuntamiento, Antonio de Miguel Reyes, para quien Anticorrupción solicita 3 años y 6 meses de prisión por cohecho y fraude en la Administración Pública. 

“Existía una práctica que consistía en que las ofertas que presentaban los licitadores a concursos, se pasaban a mi representado, el señor De Miguel Reyes, para que éste las valorase desde el punto de vista técnico (no económico) y emitiese informes con las puntuaciones correspondientes. Era habitual que a mi mandante le facilitasen una plantilla con los diferentes aspectos técnicos a valorar de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras (…) Aunque no existe una instrucción expresa de valorar mejor la propuesta de una empresa en concreto, se le daba a entender que había empresas en las que había especial interés, mediante algún comentario como ‘valora bien una buena presentación’, etc ”, recoge el escrito presentado por su defensa.

En el mismo, el abogado de Antonio de Miguel pone un ejemplo: “El 16 de noviembre de 2014, y por indicación del Gerente D. Alfonso Bosch [otro de los acusados ​​que ha presentado escrito de conformidad], mi representado emitió un informe técnico en el que -sin justificación alguna- incluyó baremaciones que no se recogían en los pliegos del concurso, por lo que eran desconocidos por otros licitadores, y de ese modo, resultó que Teconsa obtuvo la mejor valoración ”. 

En otro escrito de confesión, el exgerente de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla César Tomás Martín Morales asegura que “Guillermo Ortega en 2003 y Cristina Cifuentes en 2007, siempre ponían de manifiesto que las campañas no debían pasar oficialmente los límites, sugiriendo que se llevaran a cabo en efectivo “, cuenta. Además, señala directamente al ex dirigente del PP madrileño Pío García Escudero: “Correa presumía de ser su amigo y decía que los adjudicatarios de las obras eran recomendadas por el señor García Escudero y que se financiaba así al partido regional”. Martín Morales afirma que Correa le dijo que García Escudero le pidió que se contratase en la EMSV a un arquitecto pariente suyo – “Miguel Ángel, creo recordar” – y que así se hizo.

Fuente: Pedro Águeda en eldiario.es

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