El caso Montoro agrava el legado de corrupción de Mariano Rajoy. La Comunidad de Madrid y la Xunta pagaron a Equipo Económico

La investigación a su ministro de Hacienda se suma a la condena por Gürtel contra el PP que él presidía, las investigaciones en curso a la llamada ‘policía política’ creada por el Ministerio del Interior de su gobierno para espiar a rivales políticos y causas como Kitchen y Lezo

Mariano Rajoy ha presumido en sus últimas comparecencias públicas de haber actuado “contra la corrupción” durante su etapa al frente del PP (2004 – 2018) y del Gobierno (2011 – 2018). Lo dijo en el XXI Congreso Nacional de su partido, a principios de julio, entre aspavientos, mientras aseguraba que las investigaciones a la militante socialista Leire Díez o a Santos Cerdán son algo “increíble”, “alucinante” y hasta “asombroso”. “No se conocen precedentes de algo así ni parecido”, sostuvo.

Solo dos semanas después de que Rajoy pronunciara esas palabras en el congreso donde Feijóo lo puso de ejemplo, el que fue su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y todo el equipo de este durante su etapa en el Gobierno fueron imputados por un juez de Tarragona que le acusa de beneficiar presuntamente a empresas gasísticas desde el Ejecutivo. En el centro de la trama está Equipo Económico, el despacho de abogados que creó el propio Montoro, quien también fue ministro de Aznar, y al que luego habría beneficiado de forma ilegal durante su etapa al frente de Hacienda. Tal y como desveló este mismo sábado elDiario.es, organismos y empresas en manos de gobiernos del PP pagaron al menos 5,2 millones de euros entre 2008 y 2019 a Equipo Económico.

El caso, que acumula siete años de investigación, ahonda en el legado de corrupción que dejó el Gobierno de Rajoy, expulsado del poder por la moción de censura que presentó contra él el ahora presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en 2018, después de que una de las sentencias del caso Gürtel condenara al PP a título lucrativo por beneficiarse de esa trama corrupta.

Ese mismo Rajoy que hoy dice “alucinar” con las investigaciones de casos que afectan al PSOE fue el presidente de un Gobierno en el que, según los casos abiertos en los tribunales, espiaba presuntamente a rivales políticos a través de la llamada ‘policía política’ creada desde su Ministerio del Interior –con Jorge Fernández Díaz al frente–, mientras el departamento de Hacienda de Montoro también presuntamente adaptaba o aprobaba leyes para beneficiar a unas determinadas empresas a cambio de contrapartidas económicas. Y a todas esas prácticas se suman casos como Gürtel o Púnica que han implicado directamente a cargos del PP de la etapa presidida por Rajoy.

De la “policía patriótica” a Kitchen o Lezo

Según investiga la Audiencia Nacional, su gobierno organizó un grupo parapolicial a las órdenes de Fernández Díaz, que fabricó pruebas falsas contra adversarios internos y externos como dirigentes de Podemos o del independentismo catalán. Además, según la instrucción judicial, el mismo grupo parapolicial intentó destruir las pruebas del caso Gürtel que guardaba el que fuera tesorero de la formación, Luis Bárcenas. Estas operaciones ya han sido juzgadas por el Tribunal Supremo.

Además, Francisco Martínez, el ‘número dos’ de Interior con Rajoy, espera juicio por espiar a Bárcenas y ha vuelto a ser detenido en el marco de las investigaciones contra el pirata informático Alcasec. Y el propio exministro Jorge Fernández se enfrenta a una pena de hasta 15 años de cárcel.

Respecto a Gürtel, la Audiencia Nacional condenó al PP por beneficiarse de la trama bautizada así en honor al apellido del cabecilla de los empresarios, Francisco Correa. Con Rajoy al frente, el partido fue el primero señalado culpable por financiación ilegal en España. Después, el Tribunal Supremo certificó la hasta ahora única sentencia contra una formación política. Y luego llegaron otras dos. Hoy, hasta tres resoluciones judiciales condenan al PP como organización por corrupción.

La trama derivó en un puñado de piezas separadas y juicios de mayor o menor entidad, todos vinculados a la etapa de Rajoy al frente del PP. El último, hasta ahora, supuso el pasado mes de mayo condenas de hasta ocho años de cárcel. La sentencia de la Audiencia Nacional dice expresamente: “Desde al menos el año 1998 hasta 2009, Francisco Correa creó y dirigió una estructura jerárquica organizada en torno a él, conocida como ‘grupo Correa’, con la finalidad de enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a fondos públicos mediante la obtención de contratos públicos tanto a través de sus empresas como de empresas de terceros previo pago, en este último caso, de la correspondiente comisión”.

Gürtel es el contenedor que aglutina a multitud de investigaciones y juicios que salpican al PP de Rajoy. Algunos fueron zanjados con absoluciones, como el de Francisco Camps, pero la mayoría han terminado en condenas. Además, han confirmado la existencia de una contabilidad paralela que gestionaba las comisiones que entregaban empresas a cambio de contratos públicos mientras el partido lo presidía Rajoy.

La trama fue el germen de otra causa que todavía se instruye en la Audiencia Nacional: la Kitchen. Lo que se investiga es el uso del andamiaje parapolicial en el que se incrustaba el también imputado José Manuel Villarejo para intentar destruir las pruebas que guardaba como autoprotección el extesorero del PP, Luis Bárcenas. Se le llamó ‘kitchen’, “cocina” en inglés, porque la orden era entrar hasta el fondo. Se llegó incluso a recurrir a un falso cura que, según la Fiscalía, podría haber sido miembro o colaborador del CNI. Enrique Olivares García murió en 2022 sin que se hubiera desvelado la verdad.

Otros dirigentes coetáneos como Zaplana o Rato

La gran trama de corrupción juzgada en democracia todavía tiene pendiente de resolver algunos juicios en los próximos meses y la causa sobre el uso del Estado contra otros políticos no ha finalizado aún la instrucción. Además, se espera que a la vuelta del verano el PP enfrente en los tribunales los juicios de otros casos vinculados a la etapa de Rajoy.

El caso Lezo señala al PP de Madrid y a la corrupción generalizada en el Gobierno autonómico. El expresidente Ignacio González, heredero de Esperanza Aguirre, espera sentencia. Y uno de sus más duros rivales internos, el exvicepresidente Alfredo de Prada, ha sido condenado a siete años de cárcel por el fiasco de la Ciudad de la Justicia que dilapidó decenas de millones de euros. También está pendiente de resolverse el llamado ‘caso Erial’, que en octubre supuso una condena de 10 años de cárcel para el que fue presidente valenciano y exministro Eduardo Zaplana, quien dijo que recurriría la sentencia.

En diciembre se conoció la condena para el que fue uno de los más estrechos colaboradores de Rajoy cuando era vicepresidente del Gobierno de José María Aznar. Se trata de Rodrigo Rato, otro de los vicepresidentes de Aznar y al que el propio Rajoy considera como autor de un “milagro económico” cuando estaba al frente del Ministerio de Economía.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Rato a cuatro años, nueve meses y un día de cárcel en la causa por el origen de su fortuna, la última que tenía pendiente. Los magistrados de la Sección Séptima consideraron al que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares. Fue su segunda condena tras la que recibió por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid.

Fuente: Iñigo Aduriz en eldiario.es

Foto portada: Archivo de tercerainformacion.es

Fuente: Antonio M. Vélez en eldiario.es

Organismos y empresas en manos del PP pagaron al menos 5,2 millones al despacho que fundó Cristóbal Montoro

Destacan la Comunidad de Madrid, la Red Eléctrica del popular José Folgado o la Xunta de Galicia que entonces presidía Alberto Núñez Feijóo; el propio Partido Popular pagó 42.120 euros a Equipo Económico

Organismos y empresas en manos de gobiernos del PP pagaron al menos 5,2 millones de euros entre 2008 y 2019 a Equipo Económico, el despacho fundado en 2006 por el exministro popular Cristóbal Montoro y envuelto en un escándalo de presunta corrupción y tráfico de influencias.

La foto es incompleta, porque no incluye los dos primeros años de la consultora que creó el exministro de Hacienda, que Montoro supuestamente abandonó en 2008 (los investigadores lo ponen en duda), y que creó junto a buena parte de los imputados en este caso y otros ex altos cargos de Aznar, como el luego ministro y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos.

Pero esos 5,2 millones dan idea de los millonarios ingresos que recibió la firma del exministro y muchos de sus colaboradores en época de Aznar de entidades de la órbita del PP. La cifra está calculada a partir de un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) incluido en el sumario del ‘caso Montoro’ que recopila los clientes de Equipo Económico con operaciones superiores a 60.000 euros en el periodo 2008-2019 y detalla sus relaciones comerciales y las de sus socios con empresas, asociaciones y organismos públicos, entre otras entidades.

El documento incluye también el detalle de los cobros de Global Afteli, la sociedad a la que (como reveló elDiario.es en 2018) los socios de Equipo Económico traspasaron su actividad en 2015, tras trascender que Anticorrupción estaba investigando al bufete por un contrato a dedo de las Cámaras de Comercio, un asunto distinto al que ha llevado a la imputación del exministro por parte de un juez de Tarragona.

El informe de la AEAT incluido en el sumario, cuyo secreto ha levantado este verano el juez que investiga estos hechos desde 2018, señala como uno de los principales clientes del despacho a Red Eléctrica de España (REE), cuyo mayor accionista (20%) es el Estado y que en julio, tras estallar el escándalo, anunció la ruptura del contrato que todavía tenía con Equipo Económico para asesoramiento fiscal. REE pagó a la firma y a su sucesora 2,34 millones entre 2018 y 2019: 1,56 millones a Equipo Económico y otros 778.635 euros, a Global Afteli.

El informe de la AEAT no precisa las cantidades abonadas cada año. Otro informe de los Mossos d´Esquadra cifra los pagos en 1,394 millones entre 2010 y 2015. Entonces la dueña de la red de alta tensión la presidía otra figura del aznarismo cercana a Montoro, el fallecido José Folgado.

Los Mossos relacionan esos pagos, por un lado, con estudios sobre las ventajas fiscales que reportaría a REE contar con su propia fundación, y por otro, con la reforma energética del Gobierno de Mariano Rajoy a partir de 2012, que enfrentó a Montoro con el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, por un supuesto trato favorable de Hacienda a Abengoa, otro gran cliente de Equipo Económico, y en la que era consejero su presidente, Ricardo Martínez Rico.

elDiario.es informó a finales de 2015 de los trámites para crear esa fundación, que no llegó a constituirse y se concibió como un vehículo para recolocar a Folgado, entonces presidente ejecutivo de REE, y que ya tenía 71 años. Finalmente Folgado renunció a sus funciones ejecutivas en 2016 y se mantuvo como presidente de REE hasta 2018. En su etapa la empresa se convirtió en una suerte de agencia de colocación de afines del PP: de ex diputados y altos cargos a la ex secretaria de Alberto Nadal, artífice de la reforma energética como secretario de Estado de Energía, luego a cargo de Presupuestos con Montoro y ahora recuperado para el área económica de Alberto Núñez Feijóo.

Nadal llegó a ser nombrado en 2012 consejero de REE junto a Ignacio López del Hierro, entonces marido de María Dolores de Cospedal, aunque dimitieron a las pocas horas de anunciarse sus nombramientos por el escándalo generado. Folgado, fallecido en 2020 por coronavirus, fue clave para la entrada de Montoro en el primer Gobierno de Aznar. En aquel momento él era director de Economía de CEOE y Montoro dirigía el ‘think tank’ de la patronal, el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Hasta su nombramiento como presidente de REE, Folgado fue alcalde de Tres Cantos, municipio que el PP gobierna desde 2007 y que pagó 84.544 euros a Equipo Económico entre 2008 y 2019, según el informe de Hacienda. Parte de esos pagos se hicieron en 2008, con Folgado como alcalde.

Otros municipios madrileños gobernados por el PP en esos años que pagaron a Equipo Económico fueron el Ayuntamiento de Madrid, con 103.154 euros a través del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid (61.364 euros) y el propio consistorio (41.790 euros); Alcalá de Henares, desde el Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo (21.240 euros), y Alcobendas (12.000 euros).

Entre los mayores clientes de Equipo Económico sobresale la asociación empresarial sin ánimo de lucro Madrid Network, creada en 2007 para promover (con dinero público) la innovación empresarial en la Comunidad de Madrid. Esta entidad la impulsó junto a la patronal madrileña CEIM y la Cámara de Comercio regional el Gobierno de Esperanza Aguirre, que hace unas semanas arremetía contra Montoro por la filtración de sus datos fiscales cuando aspiraba a la alcaldía de Madrid.

Madrid Network pagó a Equipo Económico cifras superiores a las de la inmensa mayoría de empresas del Ibex: 1,86 millones en cuatro pagos por dos contratos adjudicados entre 2008 y 2011 sin concurso público, al regirse por derecho privado, por asesoría en materia de i+D+i.

Madrid Network la presidía entonces el histórico del PP Antonio Beteta, alto cargo de Montoro antes y después de esos encargos. Secretario de Estado de Administraciones públicas de 2011 a 2016, Beteta llegó a estar en la lista de investigados del juez. Un auto de finales de 2021 le acusaba de favorecer al despacho fundado por Montoro “mediante su contratación por organismos autonómicos y entidades vinculadas a estos”, citando expresamente a Madrid Network. La denuncia anónima que dio origen al procedimiento aseguraba que fue él quien invitó a Ferrovial a contratar a Equipo Económico para conseguir cambios legales favorables. Actualmente Beteta no está imputado.

Cuando Madrid Network adjudicó esos contratos a Equipo Económico, en esta entidad redactaba notas de prensa la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con un sueldo neto de 4.219 euros mensuales. “Estuve hace casi 20 años trabajando como redactora, porque soy periodista”, dijo en julio Ayuso, que aseguró que su Gobierno “no ha firmado nada” con Equipo Económico. Solo desde 2023, su Ejecutivo ha subvencionado a Madrid Network con 336.851,62 euros, según datos de Hacienda y la propia Comunidad de Madrid.

La Xunta de Feijóo

Entre las comunidades autónomas gobernadas por el PP que pagaron a Equipo Económico destaca la de Madrid, con 342.780 euros adicionales a los 1,8 millones abonados por Madrid Network. De esa cifra, 314.360 euros se pagaron a esa mercantil y otros 28.420 euros, a Centro para la Reforma Económica y el Desarrollo Social SL, que Equipo Económico adquirió en octubre de 2007.

Por su parte, la Xunta de Galicia de Feijóo pagó a Equipo Económico otros 207.638 euros: 172.838 euros de forma directa y otros 34.800 euros a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), dedicado a apoyar el desarrollo económico y empresarial de Galicia, especialmente a las pymes. Según El Plural, entre los encargos de la Xunta a Equipo Económico figuró un informe “sobre las cuestiones a valorar de cara a la creación de una agencia tributaria en Galicia”.

Otros clientes públicos de Equipo Económico controlados en esos años por el PP fueron la Autoridad Portuaria de Melilla (90.678,24 euros), la Excelentísima Diputación de Lugo (34.220 euros) y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), con 20.880 euros. El informe de la AEAT recoge pagos del propio Partido Popular a Equipo Económico por importe de 42.120 euros. Este medio contactó con el partido para preguntar en qué fechas se hicieron esos pagos y por qué, sin obtener respuesta.

Otros pagos de gobiernos del PP a Equipo Económico en esos años son los del Gobierno de Murcia (42.185 euros) y La Rioja (39.544,4 euros). En Murcia, se hicieron de forma directa (21.181 euros) y a través de un organismo con funciones similares al Igape gallego, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (21.004 euros). En el listado de clientes también aparece la Junta de Castilla y León, con otros 21.240 euros.

Fuente: Antonio M. Vélez en eldiario.es

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