Ecologistas denuncian la ilegalidad del permiso concedido para la subida a la Bola del Mundo en la Vuelta Ciclista | ‘La propaganda de un genocidio’

Desde Ecologistas en Acción Sierras de la Comunidad de Madrid manifiestan una profunda preocupación y rechazo ante la decisión de la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Comunidad de Madrid de autorizar el ascenso al Alto de Guarramillas (Bola del Mundo) como final de la vigésima etapa de la Vuelta Ciclista a España el próximo sábado 13 de septiembre

Esta autorización incumple de forma flagrante la legislación vigente, concretamente lo establecido en el Anexo XII del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que exige que la Vuelta Ciclista tenga inicio y final en núcleos urbanos, como indicó también el Organismo Autónomo de Parques Nacionales. El Alto de la Bola del Mundo (2.257 metros de altitud), como es evidente, no constituye un núcleo urbano, sino un enclave de alta montaña de gran valor ecológico.

Ecologistas en Acción no ha recibido respuesta de la Comunidad de Madrid a la solicitud formal enviada hace más de un mes, en la que se pedía la emisión del informe preceptivo por parte de la administración gestora del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, conforme al artículo 92 del PRUG, relativo a la posible afección negativa de dicha actividad sobre los valores a conservar en el interior del parque, incumpliéndose por lo tanto los plazos administrativos de respuesta.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha registrado un escrito dirigido al Organismo Autónomo de Parques Nacionales para que actúe con urgencia, como organismo competente en el cumplimiento de los objetivos del Plan Director de Parques Nacionales y suspenda el final de la vigésima etapa de la Vuelta ciclista a España previsto fuera de enclave urbano, garantizando la protección efectiva de este espacio natural frente a intereses ajenos a su conservación.

La organización ecologista considera que la actuación de la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal no solo es ilegal, sino que refleja una grave irresponsabilidad institucional y dejación de funciones en cuanto a la protección de los ecosistemas de alta montaña y una preocupante forma de negacionismo ante la crisis ecológica que atravesamos.

El menosprecio a la conservación del espacio natural en beneficio de la búsqueda del lucro no es nuevo en el Parque Nacional de la sierra de Gudarrama: la exclusión de los terrenos protegidos de las estaciones de esquí y su mantenimiento (con una nueva concesión de terrenos públicos a la empresa privada del Puerto de Navacerrada estación de Esquí SA), el proyecto privado de Navacerrada 365 apoyado por los alcaldes de Navacerrada y Cercedilla (que propone instalar innivación artificial tipo Xanadú en 30.000 m²) o la supeditación de la conservación a intereses turísticos o de deportes masivos (Gran Trail Peñalara) son ejemplos de lo que no debe ocurrir en un Parque Nacional.

En consecuencia, como acto de protesta y defensa del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Ecologistas en Acción convoca una concentración ciudadana en la zona de las taquillas del Puerto de Navacerrada (entre la M-601 y la pista de subida a La Bola) el próximo 13 de septiembre de 16 a 18 horas. La concentración fue comunicada a Delegación de Gobierno el pasado 24 de agosto y para llegar al Puerto, ante el no funcionamiento del tren y los cortes de carretera, los ecologistas han organizado una caminata por el camino del Calvario que saldrá de la estación de Cercanías de Cercedilla a las 11:30 horas.

Fuente: ecologistasenaccion.org

Fuente: Patricia Simón en lamarea.com

La Vuelta: un negocio que se lucra con la propaganda del genocidio

«Cualquier dirigente, comunicador, deportista o persona de bien debería sentirse profundamente orgulloso de vivir en una sociedad donde miles de personas, en lugar de limitarse a sobrevivir, se esfuerzan por recordarnos cómo ser mejores», escribe Patricia Simón sobre los activistas que consiguieron detener la Vuelta a España

«No se agota en la lista de torturados, asesinados y desaparecidos la denuncia de los crímenes de una dictadura. La máquina te amaestra para el egoísmo y la mentira. La solidaridad es un delito. Para salvarte, enseña la máquina, tenés que hacerte hipócrita y jodedor».

En estos días de estupor ante la determinación de Israel de demostrarnos que no sólo puede cometer un genocidio, sino que puede socavar todos los límites imaginables de la atrocidad, vuelvo a la raíz, vuelvo a Eduardo Galeano. El periodista y escritor uruguayo nos ungió a muchos con su urgencia por entender los mecanismos del odio para preservarnos humanos. Escucho y leo las furibundas críticas a las movilizaciones ciudadanas contra la participación del equipo israelí en La Vuelta y pienso en su capacidad para desvelar cómo nos hemos acostumbrado a vivir en el mundo al revés sin apenas despeinarnos.

Cualquier dirigente, comunicador, deportista o persona de bien debería sentirse profundamente orgulloso de vivir en una sociedad donde miles de personas, en lugar de limitarse a sobrevivir, se esfuerzan por recordarnos cómo ser mejores. Gente que después de trabajar, se reúne con sus vecinas y vecinos, hacen una colecta para imprimir carteles y comprar banderas, consensúan dónde y cuándo las van a ondear, acuerdan una consigna y cuando ven cómo la columna blanca y azul se acerca, alzan la voz para gritar «¡Genocidio!» a quienes trabajan para normalizar el peor crimen del que es capaz el ser humano, y «¡Palestina Libre!» contra quienes representan a los que quieren exterminarla mientras se enriquecen con su ocupación.

La participación del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta es la mayor decisión política que puede adoptar un organismo deportivo: permitir, previo pago, que mediante el deporte pueda lavar su imagen un Estado que viola sistemáticamente el derecho internacional. No oculta que este es su objetivo ni siquiera el copropietario del equipo, el multimillonario Sylvan Adams, amigo de Netanyahu que se define a sí mismo como un «embajador global de Israel».

Pero La Vuelta ni siquiera es un organismo deportivo: es una rama de negocio de la empresa privada francesa Unipublic, la misma que organiza el Tour de Francia. Aunque también recibe patrocinios privados, la mayoría de sus ingresos provienen de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas por acoger alguna de sus etapas. En 2023, el Ayuntamiento de Barcelona y su Diputación pagaron más de un millón de euros por la salida y las primeras jornadas. En 2024, Madrid pagó 350.000 euros por la etapa final. 

Cabría preguntarse cómo hemos permitido que la organización de un evento histórico financiado con dinero público, que congrega la atención de decenas de millones de personas y que se basa en la territorialidad de un Estado, pueda estar en manos de propietarios privados a los que, además, les hemos dado la potestad de tomar decisiones sobre cuestiones que afectan a nuestras relaciones con otros países e, incluso, con la Corte Internacional de Justicia. 

Sin embargo, la responsabilidad de permitir que un Estado que está cometiendo un genocidio intente llevar a cabo esta operación propagandística no es exclusiva de una empresa que no tiene otra motivación que el lucro. El derecho internacional insta a los Estados a adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir un genocidio y sancionar a quien lo está cometiendo. El Gobierno de España, al mantener las relaciones con Israel y no aprobar sanciones como sí hizo con Rusia por la invasión de Ucrania, lanza un mensaje claro al resto de instituciones, entidades y empresas: es legítimo mantener los lazos con el actual Gobierno de Israel y reforzar así su impunidad.

Lo han entendido bien algunos de los alcaldes que han pagado con nuestros impuestos a Unipublic para que La Vuelta pase por sus ciudades –sin exigir antes la expulsión del equipo israelí– y que en lugar de felicitar a sus vecinos por reparar su error al denunciar la infamia, los han acusado de ser ellos los que cometen actos «incívicos, violentos e imprudentes», como ha declarado el regidor de Bilbao, Juan Mari Aburto. «El mundo al revés», le respondería Galeano. 

Los grandes eventos deportivos han sido siempre un escenario en el que se han escenificado las luchas por los derechos civiles, así como los enfrentamientos geoestratégicos. Israel lleva décadas instrumentalizando estos eventos para que olvidemos que es un proyecto colonial cuya economía se basa en la ocupación, en la explotación y el desplazamiento del pueblo palestino; un Estado que practica un régimen de apartheid, que ejecuta limpiezas étnicas periódicamente y que ostenta el récord de incumplimiento de resoluciones de las Naciones Unidas. Y lo hace gracias a la cooperación de los países europeos, que lo incluyeron en la década de 1990 en sus competiciones deportivas tras ser expulsado en los setenta de las de Asia –donde se encuentra geográficamente– por el rechazo de sus países a legitimar así la ocupación y los crímenes de un Estado colonial.Mientras nuestras instituciones se degradan al consentir sin restricciones el lavado de imagen de un Estado genocida, lo que está haciendo la ciudadanía movilizada contra la aniquilación de Gaza es preservar nuestra democracia.

Fuente: Patricia Simón en lamarea.com