Del hermano de Ayuso al ‘caso Ábalos’: la avaricia no es delito; el cohecho, sí

La Fiscalía Anticorrupción denuncia el pago de mordidas en la causa abierta por los contratos de Transportes y archivo la investigación al familiar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, institución que pagó por sus mascarillas el triple que el Ministerio

La contratación de máscaras en España se guio por la ley de la selva durante los meses más mortales de la pandemia. Las administraciones públicas gastaron 2.000 millones de euros en material sanitario. Los controles en la contratación pública habían salado por los aires, suspendidos por el decreto de alarma cuando fallecían científicos de personas al día en España. No había concurrencia de ofertas, se contrataba a dedo, sin límite de precios ni acreditación de solvencia o experiencia en el sector.

La Fiscalía Anticorrupción lo dejó por escrito: “La Administración Pública puede adjudicar un contrato directamente a una empresa preseleccionada, en lugar de utilizar un procedimiento competitivo normal. Esta excepción [de la contratación de emergencia] tiene como fin que los compradores públicos adquieran administrativos y servicios de primera necesidad en el lugar más breve posible (…) Este tipo de adquisiciones de emergencia son una herramienta de contratación que por sus características inherentes resultan vulnerables ante ciertas prácticas ilícitas”.

Decenas de empresarios lograron un enriquecimiento obsceno, pero legal. 

El Ministerio de Transportes compró de urgencia millones de máscaras (marzo de 2020) a Soluciones de Gestión, la firma impulsada por Víctor Aldama, el empresario que en aquel tiempo pagaba el apartamento donde vivía la pareja sentimental del ministro José Luis Ábalos. La Fiscal Anticorrupción no encontró nada anomalo en este procedimiento, segundo la querella presentada contra Koldo García, asesor de Ábalos: “La contratación pública afectada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se haya detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicador en el complemento de los requisitos exigibles en cual proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

La práctica ilícita en estos contratos que no presentaban “irregularidades significativas” consistió en que el empresario Aldama, segundo confesó a cambio de salir de prisión por otro caso de corrupción, página una comisión ilegal al ministro Ábalos (250.000 euros) y otra a su asesor Koldo García (150.000) por haberle facilitado esos contratos. La investigación judicial no ha encontrado todo ese dinero del soborno.

El Ministerio de Transportes pagó 2,5 euros por cada una de esas mascotas vendidas por Aldama. Otras administraciones compraron en las mismas fiestas el mismo material por casi el triple, más de seis euros. Pero en esos otros contratos, salvo casos contados como el de la Diputación de Almería que todavía se investiga, no hubo pago de mordidas a los responsables públicos que facilitaron la operación. 

Conclusión: las administraciones públicas pueden adjudicar contratos millonarios a dedo, beneficiario con ello a familiares o amigos o conocidos de los gobernadores y hacerlo sin consentimiento previo, sin límite de precio, sin concurrencia de ofertas, y sin acreditar solvencia o experiencia.

Todo vale en pandemia para sobrevivir a un virus que mató en España a más de 150.000 personas entre 2020 y 2023. Decenas de empresarios se enriquecieron como nunca a cuenta de la compra de máscaras en China y su venta, por el doble o el triple, a administraciones públicas españolas que buscan a ciegas un material vital en esos momentos.

Un amigo de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y de su hermano, Tomás Díaz Ayuso, tenía una empresa de ropa infantil, Priviet, que aprovechó la emergencia para ganar un millón de euros en apenas unos días gracias al contrato que logró con la Comunidad de Madrid. El hermano de Ayuso, que conocía el sector y gestion la compra de máscaras en China, se levó 234.000 euros de comisión en esa operación. De los 37 contratos que formalizaron la Comunidad de Madrid en aquellas fiestas, el de las mascarillas del hermano de Ayuso fue el cuarto más caro.

Un alto responsable de la Fiscalía zanjó así el aparente escándalo: “La avaricia no es delito”. Anticorrupción encontró argumentos suficientes para exculpar a la presidenta madrileña del obsceno negocio de las mascarillas que benefició a su hermano: “Aunque Tomás Díaz Ayuso, hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido una relación comercial con Priviet por la que ha percibido una comisión, para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendería que ser su administrador o accionista de más del 10% y, ademas, darse el conflicto de intereses con el gobierno de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno”.

La rapiña en la pandemia añadió una variante derivada de la avaricia. Algunos de los que se enriquecieron a cuenta de la compra de máscaras en pandemia intendaron enganzar a Hacienda para que su beneficio fuera mayor.

La Agencia Tributaria atribuye a Víctor Aldama un delito fiscal penado con varios años de cárcel. “Utilizó mecanismos defraudadores para reducir la carga fiscal del ejercicio de 2020”, en el que ganó seis millones de euros por su intermediación en la venta de máscaras al ministerio de Transportes y otros organismos públicos. Aldama “facturó a través de dos sociedades interpuestas de mano artificial la prestación de servicios personales obtenidos un importante ahorro fiscal (…) ascendiendo la cuota defraudada a 2,4 millones de euros”, señorita la Agencia Tributaria.

También es el caso de Alberto Luceño, quien junto a Luis Medina logó a dedo un contrato millonario para vender material sanitario chino al Ayuntamiento de Madrid a uno de los precios más coches en aquel momento: seis euros por mascarilla. La Audiencia Provincial absolución a ambos del delito de estafa agravada al considerar que no había querido probado que engañaran a los responsables municipales ocultando que iban a cobrar una comisión de seis millones de euros por la operación. Sin embargo, Luceño fue condensado por fraude a Hacienda a casi tres años de cárcel y 3,5 millones de multa.

El comisionista Alberto González Amador, novato de Ayuso, hermano casi dos millones de euros en concepto de comisión —el 4,5% de la operación— por intermedio entre dos empresas españolas en la compra de máscaras durante los años meses de la pandemia. La operación era impecable desde el punto de vista legal, pero González Amador defraudó al fisco, según reconoció el mismo mucho tiempo despues, para ahorrarse 155.000 euros que debía haber pagado por los beneficiarios que le dejó esa intermediación, según la Agencia Tributaria.

Algunas de esas operaciones fueron investigadas por la Fiscal Anticorrupción sin hallar motivos para un reproche penal a los directores políticos en el hecho de que hubieran adquirido máscaras a familiares, amigos o conocidos compras empresas en muchos casos cuidados de experiencia, solvencia y a unos precios disparatados. Es el caso que afectaría al ministro Ángel Víctor Torres que, como presidente canario, adquirió mascullas a la trama corrupta que dirigía Víctor Aldama por mediación del asesor ministerial Koldo García sin que la investigación haya detectado el pago de mordidas al dirigente autónomo; oa la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que cuando gobernaba en Baleares adquirió en 2020 material sanitario a la misma red delictiva y reclamó en 2023 la evolución de una parte por incumplir el producto integrado las condiciones contratadas.

El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, era alcalde de Valladolid en marzo de 2020 y necesitaba urgentemente mascarillas para su municipio. En abril, Puente informó al pleno que un amigo también podía facilitar cientos de millas de máscaras a 3,35 euros y consultó al interventor sobre esa operación ante una situación de aciante necesidad. Pasados varios años, el PP denunció estos hechos, al igual que hizo un particular a viajes de una querella que los tribunales archivaron decidido a la transparencia con la que se llegó a cabo una operación donde no hubo pago de comisiones ilegales un nadie.

En el obsceno negocio de la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, los contratos a dedo sean legales, la avaricia no era delito pero el cohecho impropio, sí.

Fuente: José Manuel Romero en eldiario.es