El ‘número dos’ de Emergencias advirtió a Salomé Pradas de la alerta hidrológica en el barranco del Poyo a mediodía
Emilio Argüeso, investigado en la causa, reconoció en varios mensajes que el 112 de la Generalitat no atendía llamadas en plena emergencia: “No admite llamadas porque están saturados”.
El exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, informó el pasado 29 de octubre a la consellera Salomé Pradas de la situación en el barranco del Poyo. A las 12.58, el alto cargo le escribió a la consellera: “Se solicita a BCV movilización de Bomberos Forestales por alerta hidrológica en zonas: Río Magro, area (sic) puente de Carlet y Barranco Poyo, areas (sic) Torrent, Picanya, Paiporta. Confirman movilización, pendiente de que confirmen unidades asignadas”.
Los mensajes figuran detallados en el informe pericial, al que ha tenido acceso elDiario.es, que la defensa del exalto cargo del Gobierno de Mazón ha remitido a la jueza de la DANA.
En otro mensaje enviado al grupo de WhatsApp de la Conselleria de Igualdad (el anterior destino de Argüeso), el alto cargo de Emergencias escribe a las 14.44 sobre Carlet: “Estoy aquí se está poniendo la cosa muy fea. Está lloviendo con gran intensidad y con mucho aparato eléctrico”. Y agrega: “Los barrancos están a punto de colapsar”. A lo que una usuaria identificada como “Consellera Igualdad” responde: “Jope. Si necesitas algo nos dices”.
En el informe también destacan los problemas de comunicación con el 112. Argüeso reconoció el pasado 29 de octubre la saturación del teléfono de emergencias de la Generalitat ante la avalancha de llamadas pidiendo auxilio. “Me he tenido que venir a la sala porque el 112 no admite llamadas porque están saturados”, escribió Argüeso, a las 20.33, por WhatsApp a un interlocutor de Alaquàs (aparentemente de la Policía Local) que solicitaba ayuda.
Pradas: “Hay cientos de atrapados por toda la provincia”
En otro intercambio de mensajes con E. N., que le comunicaba a Argüeso la delicada situación en una nave industrial y las dificultades para comunicarse con el teléfono de emergencias, el secretario autonómico confiesa a las 20.42: “Estamos pasando los avisos al 112 pero están saturados”.
La dantesca situación que se vivía a aquellas horas queda retratada por quien ostentaba el mando único de la respuesta a la catástrofe. Ya de madrugada, a la 01.08 del 30 de noviembre, la consellera Pradas escribe: “Hay decenas, cientos de atrapados por toda la provincia. Se va actuando según se puede acceder”
Una directora general: “El 112 está colapsado”
Beatriz Simón, directora general de Dependencia y de las Personas Mayores, le escribió a Emilio Argüeso a las 23.28 para alertarle de la situación de una de las residencias afectadas por la barrancada. “El 112 está colapsado”, dice Simón, que le envía fotos. “Paso la incidencia pero están con rescates extremos”, contesta el responsable de Emergencias.
En el informe pericial figuran varios mensajes que muestran que Argüeso pasó directamente a la sala del 112 las incidencias que le iban llegando a su móvil personal.
Mensaje a Pradas: “Catalá no cierra colegios”
En el chat de la misma aplicación, Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior, le pregunta a primera hora de la mañana a su ‘número dos’ si ha hablado con la alcaldesa de València, María José Catalá. “No cierra colegios”, responde Argüeso a las 9.25. Pradas contesta: “Okk perfecto”.
En el informe, no figura ninguna referencia ni mensaje al president Carlos Mazón.
Fuente: Lucas Marco en eldiario.es
Fuente: Carlos Navarro Castelló en eldiario.es
13 correos que desmienten a Mazón: el Gobierno le informó al día siguiente de la DANA de la petición de ayudas europeas
Compromís revela documentación que incluye un primer mail remitido por el Ministerio a la Conselleria de Hacienda el pasado 30 octubre con el asunto “Activación del Fondo de Solidaridad DANA” sobre el procedimiento para solicitarlo: “Te adjunto a este correo el formulario que hay que preparar, estamos todos horrorizados con la tragedia”
Lejos de la confrontación política entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno que fue en aumento a medida que se fueron conociendo los detalles de la gestión de la DANA por parte del Consell del presidente Carlos Mazón, lo cierto es que a nivel técnico hubo plena sintonía y coordinación entre administraciones en lo que a la solicitud de ayudas europeas se refiere. Pese a todo, desde el PP también trató de utilizarse este asunto para atacar el ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusó falsamente de retrasar la solicitud de las ayudas, así como de opacidad.
La realidad, sin embargo, es que tan solo un día después de la fatídica riada, esto es el 30 de octubre, el Ministerio de Hacienda se puso en contacto por teléfono y por mail con la Conselleria del ramo que dirige Ruth Merino para informarle del procedimiento a realizar para activar el Fondo de Solidaridad Europeo. Este fue tan solo el primer correo de los 13 que intercambiaron los técnicos de ambas administraciones en los cuales se evidencia plena sintonía y colaboración para acceder a las ayudas, según se desprende de la documentación facilitada por el departamento de Merino a preguntas de la portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro (documento al final de la información).
En este primer correo, con el asunto “Activación del Fondo de Solidaridad DANA”, el Ministerio traslada a la Conselleria “el formulario de solicitud que hay que preparar” y añade, entre otros detalles: “Como puntos clave tenemos que a nivel regional hay que acreditar que los daños directos ocasionados por la catástrofe superan el umbral del 1,5% del PIB de la Región, y que se disponen de 12 semanas para hacer la solicitud desde la fecha de la catástrofe. La solicitud la tenemos que realizar desde la DG de Fondos Europeos. No dudes en contactarnos para resolver cualquier duda y ayudaros en lo que podamos. Estamos todos horrorizados con la tragedia”.
A partir de ahí, se inicia un intercambio de comunicaciones y documentación siempre en un tono de respeto y de colaboración. Sin embargo, el buen trabajo que se estaba desarrollando a nivel técnico con el fin de obtener la máxima cuantía económica de ayudas europeas se vio empañado cuando la alcaldesa de València, María José Catalá, lanzó el bulo el pasado 13 de enero en una visita a Bruselas: “La primera sorpresa y la hemos recibido con muchísima preocupación es que el Gobierno de España aún no ha solicitado oficialmente el Fondo de Solidaridad, más de dos meses después de la DANA. Exigimos que lo soliciten cuanto antes porque el plazo termina el 21 de enero y ya hemos perdido un tiempo básico e importantísimo para obtener estos fondos que ayuden a la reconstrucción, a las familias y a los municipios” dijo.
Cuando Catalá realizó esas declaraciones, el Ministerio y la Conselleria ya habían intercambiado nueve correos. Además, como avanzó este diario, el 4 de noviembre el Gobierno comunicó por carta a la Comisión Europea la solicitud de las ayudas del Fondo de Solidaridad. Al día siguiente, el 14 de enero, la vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, urgió al Gobierno a aclarar si había pedido o no la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.
El argumento sobre el que se sostenía el bulo era que no se había producido “la solicitud formal” de las ayudas, una cuestión normal en estos casos en los que se apuran los plazos para recabar la mayor documentación posible y poder optar a la máxima cuantía posible. Así lo explicó, de hecho, el 15 de enero, el vicepresidente del Gobierno valenciano y conseller de la Recuperación Económica, Francisco José Gan Pampols.
El intercambio de correos siguió de forma fluida hasta el pasado 28 de enero, cuando el Ministerio confirma oficialmente a la Conselleria la presentación de toda la documentación ante la Comisión Europea para la solicitud de ayudas: “Podemos confirmaros que efectivamente la solicitud fue remitida el 20 de enero y que en ella se incluyeron las cifras e información trasladada por la Generalitat. Por supuesto que en el caso de que haya novedades, o la Comisión nos solicite aclaraciones, os las trasladaremos. Muchas Gracias por vuestra colaboración”.
En concreto, España justificó que la catástrofe ocasionada por la DANA reunía los requisitos para ser calificada como de naturaleza grave, cumpliendo con las condiciones para beneficiarse del Fondo de Solidaridad de ayuda comunitaria y cifró los gastos susceptibles de financiación en 4.404 millones. Aunque la estimación presentada por la Generalitat Valenciana fue de unos 1.300 millones de euros, se complementó con la realizada por la Administración General del Estado y la recabada por las Entidades Locales afectadas.
Al respecto, la portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha criticado que “estos mails ponen en evidencia que de lo que diga Camarero como portavoz en las ruedas de prensa de después de los Plenos del Consell no puede fiarse nadie, ni los medios de comunicación ni la ciudadanía, se dedica a mentir a conciencia y a destajo para tapar las vergüenzas de este Gobierno de incompetentes y de una alcaldesa de València que no sabía ni de qué hablaba”.
Para Navarro, “queda en evidencia que se estaba tramitando todo en comunicación mientras Camarero hablaba de opacidad, mintiendo a la ciudadanía y haciendo creer a las personas afectadas por la DANA que no iban a llegar las ayudas europeas, generando incertidumbre a quienes más desesperados estaban, demostrando una vez más su falta de humanidad”.
Fuente: Carlos Navarro Castelló en eldiario.es
Fuente: Lucas Marco en eldiario.es
Amnistía Internacional acusa al Gobierno de Mazón de vulnerar derechos humanos con su actuación “negligente” en la DANA
Un informe elaborado por la ONG concluye que la Generalitat Valenciana “ni reaccionó con celeridad ni proporcionó información necesaria para la protección de la población”
Amnistía Internacional (AI) ha investigado la “negligente” gestión de la DANA en Valencia del pasado 29 de octubre, que ha dejado 228 víctimas mortales. Y sus conclusiones apuntan directamente a vulneraciones de derechos humanos por parte del Gobierno autonómico de Carlos Mazón, que ostentaba el mando único de la respuesta a la catástrofe. La ONG considera que la “respuesta institucional” ante las inundaciones fue “deficiente” y “vulneró derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, ya que la Generalitat Valenciana, responsable de la dirección de la emergencia, ni reaccionó con celeridad ni proporcionó información necesaria para la protección de la población”, según indica el informe. A pesar de “contar con datos relevantes de diversas fuentes”, el Ejecutivo de Mazón no emitió un “aviso generalizado con instrucciones claras a la población” ni facilitó a los ayuntamientos “información adecuada y suficiente para evaluar el riesgo y advertir” a los vecinos del peligro letal. Así, la “falta de información” por parte de la Generalitat “vulneró el derecho de numerosas personas a recibir datos precisos sobre la emergencia, poniendo en riesgo su vida e integridad física”.
La ONG ha mantenido entrevistas con personas afectadas por la barrancada y con instituciones públicas como la Conselleria de Emergencias e Interior, el Ministerio del Interior, la Confederación Hidrográfica del Júcar o varios ayuntamientos, entre otras.
El informe considera que la alerta automática a los móviles, enviada por la Generalitat a las 20.11 del 29 de octubre, fue una “mera información a destiempo de la evidencia del desastre”. Y recuerda que, según la legislación y la jurisprudencia internacional, “todas las personas y comunidades afectadas por desastres naturales tienen derecho a recibir información fácil, accesible, oportuna y significativa sobre la naturaleza y el nivel de la catástrofe, los riesgos previsibles y las posibles medidas a adoptar para mitigar los riesgos, como comportamientos adecuados, rutas de evacuación, zonas seguras o refugios de emergencia e información de alerta temprana sobre posibles consecuencias futuras”.
AI afirma que la “totalidad” de los testimonios que ha recabado para la elaboración del informe “mencionan expresamente” que el mensaje de alerta “llegó demasiado tarde”. La Conselleria de Emergencias e Interior, que dirige Juan Carlos Valderrama, adujo ante la ONG que la herramienta Es-Alert “no está protocolarizada en el marco normativo o regulador autonómico”. Sin embargo, el informe recuerda que el protocolo del Ministerio del Interior adjudica a los centros de emergencias de las comunidades autónomas el envío del mensaje de alerta si urge comunicar a la población medidas de autoprotección, tal como informó este diario.
También reseña los dos ensayos del sistema Es-Alert en 2022 en l’Eliana y al año siguiente en la comarca de la Vega Baja. El departamento autonómico de Emergencias aseguró a AI que el pasado 29 de octubre se temía que el envío del aviso a los móviles pudiera movilizar a la gente (provocando más desplazamientos) y que “surgieron muchas dudas precisamente por no estar procedimentado”.
El informe alude al Plan de Inundaciones de la Comunitat Valenciana y al seguimiento de los caudales en ríos y barrancos, que corresponde a una gran variedad de actores: la Confederación Hidrográfica correspondiente (en este caso, la del Júcar), los municipios y los “servicios de intervención” (Guardia Civil, brigadas de emergencia de la Generalitat y de la Diputación, Policía autonómica y agentes medioambientales).
Sin embargo, los ayuntamientos consultados para la elaboración del informe (Catarroja, Benetússser, Massanassa, Alfafar, Picanya y Paiporta) aseguraron que no dispusieron de “información suficiente ni precisa” y que la Generalitat “no les informó de la rápida y cuantiosa crecida del caudal” del barranco del Poyo. Los consistorios consideran que no fueron informados por parte de la “autoridad competente en la dirección de la emergencia para haber reaccionado con mayor margen de tiempo frente al desastre”.
El Ministerio del Interior afirmó ante AI que la posibilidad de asumir la dirección de la emergencia “solo sería posible si así lo solicitara la comunidad autónoma”, algo que Carlos Mazón no hizo. Por el contrario, la ONG recuerda que la “responsabilidad internacional del Estado es unitaria” y que la normativa del Sistema Nacional de Protección Civil “indica expresamente” que Interior puede declarar una emergencia de interés nacional “por iniciativa propia”.
“La falta de coordinación entre los distintos niveles del Sistema Nacional de Protección Civil agravó las consecuencias del desastre”, afirma AI, que recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que la pasividad institucional ante riesgos naturales “constituye una violación del derecho a la vida” y “puede ser constitutiva de responsabilidad estatal”. Sin embargo, el informe descarta “deficiencias” en la legislación de emergencias y protección civil “respecto de lo que indican los estándares internacionales en materia de respuestas frente a catástrofes naturales”. La ONG detecta, por el contrario, fallos en “aspectos clave como la adopción de decisiones adecuadas, en tiempo real, para la protección de la población”.
La “lenta y descoordinada respuesta a la crisis”
Sobre la “lenta y descoordinada respuesta a la crisis”, el informe afirma que los primeros servicios de emergencia y ayuda “llegaron a los municipios afectados en momentos dispares” y destaca la percepción de “gran descoordinación” entre los niveles de la administración en las tareas de recuperación“. ”La información recabada por Amnistía Internacional sugiere que la fase de recuperación ha carecido de un enfoque participativo y no ha contado con el punto de vista y opinión de las personas afectadas“, indica el informe, que también alude a la misma percepción por parte de los ayuntamientos consultados.
El comisionado especial para la reconstrucción designado por el Gobierno central, José María Ángel, detalló a la ONG las dificultades durante los primeros días de la emergencia: la caída de la red de comunicaciones que dejó a numerosas zonas sin cobertura y la falta de medios como maquinaria pesada, tractores y camiones cuba. Ángel destacó la necesidad de contar con una red de comunicación “robusta” como “lección aprendida”.
Por su parte, la Conselleria de Emergencias e Interior adujo que la prioridad en los primeros días fue la búsqueda de personas desaparecidas: “La magnitud de los frentes que se tuvieron que abordar fue muy grande” y “el sistema no estaba dimensionado para la situación vivida”, argumentaron.
Sobre el “elevado número” de bulos y ‘fake new’, el informe destaca su “impacto negativo” y el “desasosiego y temor” que causaron, en un contexto en que el acceso a información “precisa y rigurosa” era “vital”.
AI destaca la situación de las personas con discapacidad, que “se enfrentan a menudo a riesgos elevados” en contextos de catástrofes. También el hecho, investigado en tragedias como el ciclón de Bangladesh en 1991, de que niños y personas mayores (especialmente mujeres) “tienen más probabilidades de ahogarse que otros grupos de edad”. En el huracán Katrina, de las casi 1.000 muertes identificadas en un estudio, 103 eran personas mayores que vivían en residencias y 168, residentes hospitalizados.
El informe recuerda que, según la Organización Meteorológica Mundial, el número de desastres naturales se multiplicó por cinco entre 1970 y 2019. Se registraron casi 12.000 desastres relacionados con las condiciones meteorológicas, que causaron más de dos millones de muertes y pérdidas económicas por valor de 4,3 billones de dólares.
“Se prevé que, para 2030, el número de catástrofes de mediana o gran magnitud alcanzará los 560 sucesos al año en el mundo”, alerta AI.
Informe de Aministía Internacional
sobre vulneraciones de derechos humanos en la DANA
Fuente: Lucas Marco en eldiario.es
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