La pareja de Ayuso enfila el banquillo por fraude a Hacienda después de 18 meses de excusas para culpar al aparato del Estado | Vídeos

La investigación al empresario y comisionista Alberto González Amador se acerca al juicio sostenida por un informe de Hacienda que le acusa de engañar al fisco en dos declaraciones con facturas falsas

La jueza envía al banquillo a la pareja de Ayuso por defraudar 350.000 euros con facturas falsas

El caso por el presunto fraude a Hacienda de Alberto González Amador avanza en su recta final, ajeno a la reciente jubilación de la jueza de la causa que lo instruyó desde el principio. Una magistrada sustituta ha decidido que el periodo de tiempo hasta que llegue el nuevo titular del Juzgado, ya elegido, no suponga una dilación y este lunes dictó el auto de apertura de juicio oral contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Si la Audiencia Provincial no lo evita en el último momento, Alberto González Amador se sentará en el banquillo acusado de cinco delitos, incluido el de grupo criminal, incorporado recientemente en su escrito por la acusación popular que ejercen PSOE y Más Madrid. 

El argumento más poderoso de las acusaciones es el mismo que dio origen al caso: un informe de 187 páginas en el que la Agencia Tributaria expone las conclusiones de 19 meses de investigación. Las pesquisas arrancaron cuando los técnicos de Hacienda se percataron de que el empresario había disparado sus ingresos sin incrementar la parte que debía pagar a la Administración pública. 

Las dos peritos que investigaron a González Amador comparecieron el 21 de marzo pasado en el juzgado para ratificar el contenido y las conclusiones de su informe, como ocurre en estos casos. Durante dos horas y media, una de ellas fue didáctica y rotunda: “El hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo. Lo que es llamativo es que baja la tributación, es decir, incrementando de forma tan considerable los ingresos no nos resulta lógico que baje la tributación. En 2019 tuvo unos ingresos de 375.000 euros aproximadamente. Si paso a tener 2.330.000 tendré que incrementar la cuota ante la Hacienda Pública… y nos damos cuenta de que no”.

Alberto González Amador hizo el negocio de su vida en 2020, en los inicios de la pandemia de la COVID-19, cuando ingresó una cifra muy cercana a los dos millones de euros por una sola operación: poner en contacto a dos empresas españolas para que una vendiera y otra comprara material sanitario de protección por valor de 42 millones de euros. No conforme con incrementar tan exponencialmente sus ingresos, Alberto González Amador habría decidido que Hacienda no se llevaría lo que correspondía. Y para ello puso en marcha una trama de facturas falsas con las que aparentar que había tenido tantos gastos que apenas le había compensado la comisión de las mascarillas. 

La pareja de Ayuso se habría ahorrado de forma irregular 155.000 euros en el Impuesto de Sociedades en 2020 con unas facturas falsas que no tardaron en descubrir las inspectoras de la Agencia Tributaria. Las técnicas siguieron tirando del hilo y este les llevó al siguiente ejercicio, el de 2021, en el que Alberto González Amador habría dejado de ingresar a Hacienda un total de 195.951,41 euros, una cantidad todavía mayor que en el ejercicio anterior. 

La Agencia Tributaria establece como plazo para la presentación del Impuesto de Sociedades los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo. Eso significa que la declaración del año 2020 se debe presentar en los 25 primeros días de julio de 2021. La primera noticia de la relación sentimental entre Ayuso y el empresario se remonta a mayo de 2021, cuando una revista del corazón documentó un reciente viaje a Ibiza de la pareja. Esto implica que ya cuando presentó la primera declaración falseada, Alberto González Amador mantenía una relación estable con la presidenta madrileña.

Las tripas del informe de Hacienda revelan otro dato en este sentido. Las inspectoras tiraron del hilo y se adentraron en 2021. De junio de ese año data la factura de más de 900.000 euros por un trabajo en Costa de Marfil que nunca se realizó. La presunta factura falsa es de después del viaje de la pareja que confirmó su relación. 

Los pisos de lujo tras el fraude

Alberto González Amador compró en julio de 2022 la vivienda en una acaudalada zona de la capital donde vive con la presidenta madrileña. Fue en fechas próximas a la segunda declaración fraudulenta. De entrada ingresó a los propietarios 350.000 euros, una cantidad casi idéntica a la que había defraudado por los dos ejercicios fiscales anteriores. Tres años después pareja continúa viviendo en esa casa, con una hipoteca suscrita por González Amador de 500.000 euros. Al menos hasta el 31 de agosto pasado, la pareja ha disfrutado también de un ático situado en el piso de arriba por el que el empresario y comisionista desembolsaba 5.000 euros al mes con un derecho a compra que se debería haber ejecutado antes del último día del mes pasado. 

Cuando estalló el escándalo, elDiario.es preguntó a la Comunidad de Madrid por el desembolso de la presidenta para vivir en dos viviendas de lujo, situadas una encima de la otra. La única respuesta fue que Isabel Díaz Ayuso no pagaba ningún alquiler. 

La jueza Inmaculada Iglesias dictó el auto de fin de la instrucción, en el que proponía juzgar a Alberto González Amador, el pasado mayo, después de escuchar a las peritos de Hacienda. La defensa del empresario ha recurrido su procesamiento ante la Audiencia Provincial y solo un pronunciamiento de los jueces de la segunda instancia favorable a su petición podría salvarle del banquillo. Mientras tanto, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular han presentado sus peticiones de condena.

González Amador asegura que no se ha llamado a los testigos que demostrarían que los trabajos supuestamente inexistentes en realidad se hicieron y que, incluso con independencia de esta consideración de la Agencia Tributaria, la supuesta defraudación no llega a delito. En el caso de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado la petición de condena es de tres años y nueve meses por dos delitos de fraude fiscal en concurso con falsificación de documentos. 

El escrito del PSOE y Más Madrid no incluye la acusación por dos fraudes fiscales porque el Tribunal Constitucional resolvió un recurso de González Amador y estableció que la acusación popular no puede acusar por un delito del que es perjudicada la Hacienda Pública, que ya está representada por la Abogacía del Estado. Los partidos aportan dos delitos que no aparecen en los otros escritos de las acusaciones, el delito contable y el de grupo criminal. 

PSOE y Más Madrid creen que González Amador conformaba un grupo criminal junto al resto de los acusados, un socio del empresario, Maximiliano Niederer, y tres individuos de un pueblo de Sevilla que prestaron sus nombres y sociedades pantalla para las facturas falsas. 

Un caso poco frecuente

El caso de González Amador pertenece al 1% de los fraudes fiscales que encuentra la Agencia Tributaria y acaban en un juzgado, ya sea porque la cuota defraudada supera los 120.000 euros por ejercicio o porque se ha producido en concurso con otros delitos. Con todo, la prioridad de la Fiscalía y la Abogacía del Estado es siempre recuperar el dinero hurtado a Hacienda y recabar la correspondiente multa. Así fue durante la investigación judicial a Alberto González Amador después de que su abogado ofreciera un pacto a la Fiscalía para asumir el fraude, ser condenado a ocho meses de cárcel –lo que implicaría que nunca entraría en prisión–, devolver lo defraudado y pagar la multa correspondiente.

La iniciativa de la acusación popular encontró posibles nuevos delitos excavando en los documentos recabados por Hacienda y evitó que se alcanzara ese acuerdo. PSOE y Más Madrid lograron la apertura de una pieza separada que se instruye a día de hoy por corrupción en los negocios y administración desleal y que supondría, de prosperar, un segundo juicio a González Amador. Por orden de la anterior jueza, y a propuesta de la Fiscalía, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya investiga los hechos.

Fuente: Pedro Águeda en eldiario.es

Fuente: Elena Herrera en eldiario.es

El fraude fiscal de la pareja de Ayuso: una exclusiva de elDiario.es y 18 meses de excusas para culpar al aparato del Estado

La presidenta y su entorno han tratado de situar al empresario y comisionista en el centro de una confabulación institucional comandada por el Gobierno de Pedro Sánchez

La jueza envía al banquillo a la pareja de Ayuso por defraudar 350.000 euros con facturas falsas

“Ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo años (…). Aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa”. Fue la primera reacción de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, horas después de que elDiario.es publicara en exclusiva el 12 de marzo de 2024 que la Fiscalía había denunciado a su pareja por fraude fiscal. Este lunes, un año y medio después, una jueza de Madrid envió al banquillo al empresario Alberto González Amador por defraudar a Hacienda 350.951 euros valiéndose de una trama de facturas falsas. 

En todo este tiempo, Ayuso, el PP y el Gobierno de la Comunidad de Madrid han tratado de situar a González Amador en el centro de una supuesta confabulación institucional contra la presidenta regional comandada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y su prensa afín. “Mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje (…). Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantalla ni nada (…). Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja”, abundó Ayuso el 13 de marzo de 2024, un día después de la primera revelación sobre el fraude fiscal del empresario.

En realidad, la Agencia Tributaria abrió a su pareja una inspección que acabó derivando en una querella de la Fiscalía y en una causa judicial que se acerca a la fase de juicio al considerar “sumamente llamativo” que en 2020 su facturación creciera en casi dos millones —hasta los 2,3 millones— y, sin embargo, pagase la mitad de impuestos que en 2019. 

La investigación reveló que el empresario disparó sus ingresos durante la pandemia: ganó cerca de dos millones de euros haciendo de intermediario con una empresa sin empleados. Y que cuando tuvo que pagar impuestos usó un entramado de facturas falsas y empresas pantalla para imputar gastos inexistentes a su empresa, Maxwell Cremona. Lo que consiguió, en la práctica, fue reducir drásticamente su factura del Impuesto de Sociedades. El empresario presentó facturas falsas de ocho compañías sin trabajadores, reflejó gastos por negocios que nunca se produjeron —como la venta de vacunas a Costa de Marfil— y usó sus dos sociedades para traspasar ingresos y pagar menos impuestos.

Después de ese pelotazo, se compró el piso del centro de Madrid en el que vive con Ayuso. En 2022 entregó 350.000 euros de entrada, una cantidad casi idéntica a la que había defraudado a Hacienda por los dos ejercicios anteriores. elDiario.es también reveló después que ambos también disfrutan del ático de lujo que está justo encima de su vivienda. Ese ático está a nombre de una sociedad del abogado del empresario, al que paga un alquiler de 5.000 euros al mes, según han reconocido ambos en sede judicial. 

Un “ciudadano particular”

A pesar de los claros indicios que recogía la querella de la Fiscalía y el informe tributario, Ayuso, el PP y altos cargos de la Comunidad de Madrid asumieron la defensa del empresario. Y lo hicieron mintiendo durante varias semanas, en las que insistieron en la teoría de que todo era una persecución del Estado contra un “ciudadano particular” que no había cometido ninguna ilegalidad. 

Intentaron, incluso, instalar la idea de que era Hacienda la que le debía “casi 600.000 euros”. En realidad, González Amador intentó remediar su engaño de 2020 y 2021 a Hacienda ingresando a las arcas públicas las cantidades adeudadas en 2022, cuando ya era investigado. Ese dinero, que la pareja de Ayuso pagó sin que nadie se lo pidiera, es lo que explica esa supuesta “deuda” de Hacienda de la que presume la presidenta. Cuando González Amador comprobó que no iba a conseguir aminorar el castigo, solicitó la devolución. De ahí salen los “casi 600.000 euros”. 

En esa estrategia de señalamiento tuvo un papel relevante Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso en la Comunidad y figura histórica de la comunicación política del PP desde los primeros años de José María Aznar. El asesor asumió de manera personal la tarea de defender a González Amador, a quien tenía guardado en la agenda como “Alberto Quirón”.

Y lo hizo recurriendo incluso a la amenaza contra el periódico que había desvelado el fraude de la pareja de su jefa. “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”, escribió a una de las periodistas de elDiario.es después de que este medio publicara la segunda exclusiva sobre González Amador, que desvelaba que el empresario había cobrado dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. 

Rodríguez también difundió información del caso en forma de bulo para manipular a la opinión pública a favor de González Amador. Contó a decenas de periodistas que el fiscal del caso había ofrecido un pacto al empresario, pero que después lo había retirado por “órdenes” de la cúpula. Otra vez la misma estrategia: la supuesta operación de Estado. Ese bulo está, además, en el origen de la causa por la que se sentará en el banquillo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de filtrar información de la pareja de la presidenta cuando el Ministerio Público trató de desmentir esa información. 

La realidad es que la pareja de Ayuso había asumido ante la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, una semana antes de que la Fiscalía lo denunciara en los juzgados, que había defraudado impuestos. Lo había hecho en un escrito donde se comprometía a pagar más de medio millón de euros y proponía una condena de ocho meses de cárcel, siempre que no implicase su entrada en prisión. 

Fiscales y peritos

Después de que descarrilara en pocas horas la defensa inicial que hizo de su pareja tras trascender que él mismo había reconocido los delitos, Ayuso recuperó la estrategia del ataque a las instituciones. “Una trama se fabrica con dos de pipas y si quieren, le hago una trama ahora mismo”, dijo la presidenta en abril de 2024. Fraudes como el de González Amador no son tan habituales: menos del 1% de los contribuyentes investigados por Hacienda acaban denunciados ante la Justicia como él. Eso sólo ocurre con los casos más graves y los que pueden comportar blanqueo, contrabando o delito fiscal. 

No sólo son los indicios que figuran en la inspección inicial de Hacienda y los que aparecieron durante la investigación judicial. Las declaraciones en sede judicial de las funcionarias de Hacienda y los fiscales que investigaron a González Amador también han puesto en cuestión la teoría de la conspiración de Ayuso. Dos fiscales directamente implicados en el caso, Julián Salto y Almudena Lastra, testificaron el pasado enero en el Tribunal Supremo y explicaron el detalle que tira por tierra esa teoría: ni en la Fiscalía de Madrid ni en la Fiscalía General sabían quién era González Amador hasta días después de que el caso ya estuviera en manos de los jueces.

Tampoco sabían que, a lo largo del proceso fiscal y penal, su abogado reconoció varias veces su culpabilidad en busca de un pacto o una vía de escape que evitase la cárcel. Todo mientras Ayuso y su entorno difundían falsedades como que no había fraude y en realidad, era Hacienda quien debía dinero al empresario.

La publicación de la declaración en el juzgado de las peritos de Hacienda que descubrieron el fraude apunta en la misma dirección. “Eso es un tema personal. Yo ahí no me meto”, afirmó la inspectora cuando el abogado de la empresa de González Amador le preguntó sobre cuándo se tuvo “conocimiento” de que su cliente era pareja de la presidenta. A pesar de las advertencias de la jueza de que no debía tratarse esa cuestión, el letrado insistió. “No me meto en la vida personal de nadie (…). No es un hecho que viene dentro de nuestro informe”, acabó diciendo la funcionaria de Hacienda. 

Hace menos de dos semanas, un día después de que trascendieran los audios de la declaración en la que las peritos ratificaron el informe que dio origen a la causa judicial, Ayuso optó por no dar explicaciones. Y se abonó, de nuevo, a una teoría de la conspiración que pone entredicho el último auto judicial. La presidenta acusó al Gobierno central de “utilizar” la Agencia Tributaria para “perseguir” a quien “triunfa, prospera o le va un poco mejor”. A su juicio, el organismo del que salió el informe que acabará llevando a su pareja al banquillo es una “máquina de expulsar fortunas, inversiones y propiedad”. 

Fuente: Elena Herrera en eldiario.es

Fuente: Antón Losada en eldiario.es

Hacienda somos todos, también usted y su novio, presidenta

La única conspiración que ha habido aquí fue aquella urdida desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid para engañarnos a todos haciéndonos creer que se le había ofrecido un acuerdo. Todo lo demás, el estado de derecho funcionando a pleno rendimiento

La inspectora de Hacienda, ante la jueza sobre la pareja de Ayuso: “Como tenía muchos beneficios hizo facturas falsas”

No ganamos para desgracias, Isabel. Todo lo que va mal puede ir a peor. Tanto apuro y tanto desvelo para dilatar la causa a base de recursos extemporáneos, para ver si se jubilaba la magistrada instructora, Inmaculada Rodríguez, y la causa se perdía en el sueño de los justos de la justicia española, y llega la juez sustituta, Carmen García Medel, y abre juicio oral aún más rápido y con mayor contundencia a tu compañero de ático. 

El auto de apertura viene, además, con la pedrea de rechazar sin contemplaciones la enésima petición sin más base legal que porque él lo vale: que no se abriera juicio hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resolviese el recurso de apelación presentado por el mismo encausado, que hizo todo lo posible para retrasar el proceso y ahora pide que se practiquen más pruebas y diligencias.

Al ciudadano Alberto González Amador se le abre juicio oral por todos los delitos posibles tras una extensa instrucción -fraude fiscal, falsificación en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal- y eso supone añadir hasta dos años más de cárcel a la petición de la Fiscalía de tres años y nueve meses. Definitivamente va a ser que no era Hacienda quien debía dinero al novio, tal y como nos contó la novia en una comparecencia oficial como presidenta de la Comunidad de Madrid. 

De todos los escenarios judiciales posibles, a la espera de qué suceda con la causa separada por corrupción en los negocios, se ha concretado el peor posible; un auténtico Sarajevo judicial, si fuéramos del mismo gusto por las metáforas que la presidenta y no tuviéramos respeto alguno por la memoria de los miles de víctimas de aquel asedio criminal. Pero tenemos ese respeto. Por eso sólo contemplamos el último acto de un proceso diáfanamente garantista, donde la Hacienda Pública y la Administración de Justicia han examinado con las máximas cauciones y una encomiable paciencia el cumplimiento de sus obligaciones como ciudadano. 

La única conspiración que ha habido aquí fue aquella urdida desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid para engañarnos a todos haciéndonos creer que se le había ofrecido un acuerdo y luego se había retirado por orden del malvado Pedro Sánchez y, de paso, inducir la nulidad del proceso. Todo lo demás, el estado de derecho funcionando a pleno rendimiento.

Ambas juezas consideran que existen pruebas más que suficientes de cómo el encausado urdió y fabricó una trama delictiva con socios y testaferros para defraudar conscientemente al erario público. No fue un accidente, ni un error, ni una desgracia, ni un malentendido, ni una discrepancia contable. Se trata de un plan presuntamente delictivo ejecutado a través de una trama diseñada para hacer posible la comisión del fraude fiscal.

Al ciudadano Alberto González Amador aún le quedan el recurso presentado ante la Audiencia y una vista oral donde las acusaciones deberán demostrar sus cargos con pruebas. Mucho más de lo que Isabel Díaz Ayuso concedió a todos los ejemplares servidores públicos, a quienes condenó y difamó repetidamente en juicio sumarísimo sin más pruebas que su desparpajo y su impunidad como persona poderosa, frente a funcionarios públicos que únicamente pueden defenderse con la honestidad de su trabajo. 

Del daño económico a la Hacienda Pública deberá responder, en su caso, el ciudadano Alberto González Amador. Del daño moral y político infligido a la Hacienda Pública y a la administración de Justicia aún debe responder la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Hacienda somos todos, también usted, presidenta.

Fuente: Antón Losada en eldiario.es