Moncloa habla directamente de decisiones “díficiles de entender” y acusa al Supremo de apuntar sin pruebas a un complot del Ejecutivo para filtrar los correos de la pareja de Ayuso: “Negamos rotundamente haber dado instrucciones”
El Gobierno considera el auto de procesamiento del fiscal general del Estado un salto sin precedentes en la ofensiva que, en su opinión, ejerce una parte de la judicatura hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En ese auto, el magistrado del Supremo e instructor de la causa, Ángel Hurtado, afirma que la filtración de los correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso se produjo por órdenes de Presidencia. Algo que no había apuntado nunca antes. En las 51 páginas de su escrito Hurtado no explica cómo llega a esa conclusión, ni imputa a nadie por ello, ni continúa adelante con la investigación para intentar dilucidar quién habría dado instrucciones al fiscal general para que cometiese un delito. Con esa ausencia de indicios, la acusación se interpreta en la Moncloa como un pulso político recibido directamente desde el Tribunal Supremo. Algo a lo que le otorgan la máxima gravedad.
“Quiero negar rotundamente que Presidencia del Gobierno diese instrucciones para filtrar documentación. Y lamentamos mucho que el Supremo haga estas afirmaciones sin ninguna prueba”, valoró la ministra portavoz, Pilar Alegría. Preguntada por si el Gobierno piensa que Hurtado prevarica, es decir, que toma decisiones injustas a sabiendas, la ministra prefirió dar un rodeo. “Hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender. Y creo que mi respuesta es lo suficientemente prudente, pero también explícita como para que se entienda lo que quiero decir. No hay ninguna prueba de que el fiscal general cometiera ninguna irregularidad y sí hay pruebas de lo contrario, pero son testimonios que no se han tenido en cuenta”, zanjó.
En realidad, la opinión más sincera que expresa el Gobierno en privado es justo la que no tiene reparos en expandir a bombo y platillo el ministro Óscar Puente, que, en cuanto supo del procesamiento de Álvaro García Ortiz, acusó en sus redes al Supremo de actuar con motivaciones no solo políticas, sino partidistas. “La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer, tiene que haberles sentado fatal”, dijo este lunes desde su permiso de paternidad.
La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer, tiene que haberles sentado fatal. https://t.co/8rdSArlJfe
— Oscar Puente (@oscar_puente_) June 9, 2025
Según todos los ministros consultados, el convencimiento que se ha instalado en el conjunto del Gobierno, incluido su presidente, es que afrontan desde el principio de la legislatura un desafío desde una parte de la judicatura a raíz del pacto de investidura con Carles Puigdemont y el impulso a la ley de amnistía. Es en ese contexto donde enmarcan instrucciones “un tanto anómalas, por no decir estrambóticas”, entre las que citan las del fiscal general, el hermano del propio Pedro Sánchez o a su pareja, Begoña Gómez.
En mitad de la tormenta perfecta que han conformado episodios como la investigación del caso Koldo, los audios de la militante Leire Díez, los mensajes privados del presidente o el procesamiento de García Ortiz, la postura del Gobierno es cerrar filas con el Fiscal General sin dejar resquicio a la interpretación. Y, según el propio Ejecutivo, eso no cambiará cuando si el tribunal decide abrir juicio oral. “Este Gobierno mantiene su total confianza en el fiscal y en la fiscalía en su conjunto por la magnífica labor que hacen en la persecución del delito”, remarcó Alegría.
El PP llama a Sánchez “forajido”
En el PP la noticia ha servido para elevar más si cabe, el tono contra el Gobierno tras el procesamiento de García Ortiz. El portavoz parlamentario, Miguel Tellado, calificó este martes de “forajido” a Pedro Sánchez. Según el diccionario de la RAE, “forajido” es un “delincuente que anda fuera de poblado, huyendo de la justicia”. Tellado hizo esta afirmación durante una rueda de prensa en el Congreso en la que aseveró que no tienen “una sola explicación sobre qué órdenes le dio Moncloa al fiscal general del Estado”.
El dirigente, mano derecha de Feijóo, acusó a Sánchez de “huir” y vaticinó que el presidente “no volverá por el Congreso” hasta septiembre una vez pase la sesión de control de este miércoles. Unos minutos después, el Gobierno anunció una comparecencia parlamentaria del presidente en julio.
Tellado marcó el camino del PP. “Han pasado ya 24 horas y ni el Fiscal general ha dimitido ni el gobierno lo cesa”, dijo. Y el resto de portavoces del día recitaron el mantra indicado una y otra vez. La sesión de control al Gobierno en el Senado se convirtió en una retahíla de peticiones de dimisión al fiscal general, precedido de una mención de la hora exacta a la que se decía. Uno tras otro, en cada intervención, todos los senadores teatralizaron el acto de mirarse el reloj y pedir la dimisión de Álvaro García Ortiz. Una estrategia que ya pusieron en marcha en febrero de 2009 cuando tras las primeras detenciones del caso Gürtel, el partido de Mariano Rajoy exigía la dimisión del ministro de Justicia, Mariano Bermejo, por haber coincidido en una cacería con el primer magistrado del caso, Baltasar Garzón. Bermejo acabó dimitiendo y aquello le sirvió a la dirección de Rajoy que Gürtel era una “trama contra el PP”.
Feijóo no apareció el martes por el Congreso, sino que hizo campaña interna de cara al congreso sin rivales de julio. La parada, Alicante. Y su compañero de discurso, el presidente valenciano, Carlos Mazón. El líder del PP optó por centrarse en el registro policial de la casa de José Luis Ábalos. “Lo fue todo gracias a Sánchez”, dijo del exministro y ex número tres del PSOE. “Son lo mismo”, añadió, para concluir que “lo que le ocurre” a Ábalos “le incumbe a los dos”.
En un nuevo ejercicio del principio de transposición por parte del PP, Feijóo aseguró que García Ortiz “se sienta en el banquillo por delinquir contra rivales del presidente siguiendo las órdenes de la Presidencia”. La definición exacta de las operaciones parapoliciales puestas en marcha desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra independentistas, Podemos y Luis Bárcenas.
Mientras, los principales socios del PSOE se desmarcan de la campaña de desprestigio de la derecha hacia el fiscal general. La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder Sumar, Yolanda Díaz, mostró su “confianza absoluta, completa y radical con la actuación del fiscal general del Estado”. Y arremetió también contra el Tribunal Supremo. “En mi vida he visto un auto semejante”, dijo sobre el texto del juez Ángel Hurtado. “Muestro mi perplejidad”, insistió antes de exigir “respetar el resultado de las urnas el 23 de julio” de 2023“, en otra referencia implícita a la intencionalidad política de algunos jueces.
“Le digo a los poderes fácticos y al PP, que está en la oposición, que tiene una herramienta en democracia a su disposición, la moción de censura. Si cree que goza de la mayoría para conseguirla, que la presente y que la debata en el Congreso de los Diputados. Pero basta ya de torpedear todas las instituciones en nuestro país”, zanjó Díaz.
En Podemos, por su parte, definen el procesamiento del fiscal general como un “ataque frontal a la democracia”, aunque reprochan al PSOE que solo lamente actuaciones de este tipo cuando le afectan en primera persona y no antes. “Creo que se ha dicho mucho en estos días que el hecho de que un fiscal se vaya a sentar en el banquillo es un hecho sin precedentes. Cuando se metía en la cárcel a los líderes catalanes por hacer política, cuando se condenaba sin pruebas por hacer política o se retiraba el escaño a Alberto Rodríguez, el PSOE miraba para otro lado porque pensaban que a ellos no les iba a tocar”, valoró la secretaria general Ione Belarra.
De puertas hacia adentro, en el Gobierno creen que la instrucción en torno a García Ortiz es un pulso que no se puede “dar por perdido”. Y fundamentan su apoyo sin fisuras en el convencimiento de que será “imposible” condenarlo con los elementos que existen en la causa. Y el día de su absolución, entienden, será también un éxito político del Gobierno.
Fuente: José Enrique Monrosi / Aitor Riveiro en eldiario.es
Fuente: Alberto Pozas en eldiario.es
Recursos, escritos de acusación y juicio tras el verano: los posibles horizontes de la causa contra el fiscal general
El estatuto de la carrera fiscal no obliga a dimitir a Álvaro García Ortiz tras ser procesado, pero sí fuerza el cese de Pilar Rodríguez como fiscal provincial a la espera de que la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el resto de acusaciones presenten sus escritos de acusación
La causa por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha terminado tras ocho meses de investigación y el juez Ángel Hurtado ha mostrado el camino del banquillo a los dos imputados: el fiscal general, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Todavía quedan varios pasos hasta que el proceso llegue a un futuro juicio y, por el camino, el debate sobre quién debe dejar su puesto tras la apertura de juicio oral: la normativa de la Fiscalía no obliga a dimitir a García Ortiz, pero sí fuerza la suspensión de Rodríguez en el Ministerio Público madrileño.
El auto de procedimiento abreviado de Hurtado supuso el punto final de la investigación. Después de ocho meses de pesquisas, el magistrado entiende que hay indicios suficientes para sostener que el fiscal general se apoyó en la fiscal provincial para obtener todos los datos del caso de fraude fiscal de la pareja de Ayuso y después filtrarlos a la prensa. Concretamente, el correo con el que su abogado había confesado esos delitos, material que la Fiscalía necesitaba para ganar el “relato” y desmentir varias noticias falsas que algunos medios y el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, estaban difundiendo en la tarde del 13 de marzo de 2024.
El magistrado, además de sus sospechas y las deducciones de la Guardia Civil, no aporta ninguna prueba concreta que demuestre que el fiscal general o la fiscal madrileña filtraron ese material a los medios. Tampoco pruebas que sostengan la frase con la que abre su relato de hechos: que García Ortiz actuó siguiendo “indicaciones” de la Presidencia del Gobierno, algo que hasta ahora no había afirmado en esta causa y que no ha sido una línea de investigación.
Este auto de procedimiento abreviado todavía no es firme. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y el abogado Daniel Campos, que defiende a la fiscal provincial, pueden recurrir primero en reforma ante el propio juez –con pocos visos de prosperar– y posteriormente ante la Sala de Apelaciones. Esta última es una sala de tres magistrados que, salvo pocas excepciones, ha avalado los movimientos principales del juez Hurtado en esta causa, desde los registros en el despacho del fiscal general hasta su imputación, respaldando siempre sus sospechas.
En paralelo a estos recursos las partes tienen ahora diez días para informar sobre el movimiento clave de Hurtado: si se debe abrir juicio oral contra los dos fiscales imputados o si la causa debe archivarse. Lo previsible es que tanto la Fiscalía como las defensas pidan el sobreseimiento, como han hecho sin éxito hace tan solo unos días. E igual de previsible es que González Amador y el resto de acusaciones populares pidan la apertura de juicio oral y presenten sus escritos de acusación con peticiones de multa y cárcel.
Hurtado ha mostrado celeridad a la hora de responder a los recursos que los dos acusados y la Fiscalía han presentado a lo largo del caso, pero los tiempos de la Sala de Apelaciones se han dilatado más y no es previsible que las alegaciones que se presenten sean resueltas antes de, al menos, unas semanas. Una vez Hurtado dicte la apertura de juicio oral es el turno del calendario: la Sala de lo Penal, cuya presidencia está pendiente de renovación, tendrá que poner fecha al hipotético juicio.
Ninguna de las fuentes consultadas por elDiario.es ubica el comienzo de este proceso público, en los cálculos más optimistas, antes del próximo mes de octubre. A lo largo de la fase de instrucción han comparecido más de 20 personas entre imputados, testigos y peritos así que, en caso de repetirse la lista para el juicio, abarcaría varias sesiones en los salones del Supremo, ante un tribunal cuya composición todavía se desconoce.
Los motivos para cesar a un fiscal general
El auto de procesamiento del juez Hurtado dio paso a la petición unánime de la oposición, con el PP a la cabeza, para que Álvaro García Ortiz sea apartado de la Fiscalía General del Estado, una exigencia que ha tenido una respuesta igualmente unánime del Gobierno y sus socios, que creen que no debe dimitir y conservan la confianza en él y su inocencia. La normativa que regula el funcionamiento interno de la Fiscalía no recoge que una apertura de juicio sea motivo de cese para un fiscal general, pero sí conduce a la suspensión cautelar de Pilar Rodríguez en su puesto como fiscal provincial de Madrid.
El artículo 145 del Estatuto de la carrera fiscal explica que será misión del fiscal general acordar “la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal”. Y cita varios supuestos que encajan con la situación de Rodríguez: cuando se dicte auto de procesamiento por cualquier delito doloso o cuando se abra juicio oral por un delito cometido “en el ejercicio de sus funciones”.
Pilar Rodríguez es fiscal desde 1993 y jefa provincial de Madrid desde 2018, cuando fue designada para el cargo por la entonces fiscal general, María José Segarra. Si es finalmente suspendida de forma cautelar tras la apertura de juicio oral o tras el reciente auto de procesamiento se mantendría en esa situación hasta que el Supremo dicte sentencia y solo si es absolutoria. La normativa no recoge, sin embargo, ningún supuesto para que un fiscal general sea apartado del cargo si se ve en una situación similar, como es el caso actual de Álvaro García Ortiz.
El Estatuto del Ministerio Fiscal explica en su artículo número 31 las “únicas” razones por las que un fiscal general puede ser cesado antes de que termine su mandato de cuatro años: a petición propia, por incurrir en alguna incompatibilidad, por algún tipo de enfermedad incapacitante, por el cese del Gobierno que lo nombró o, finalmente, por “incumplimiento grave o reiterado de sus funciones”. Pero no recoge ninguna previsión concreta sobre un procesamiento en una causa penal.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), con representación en el Consejo Fiscal y acusación en este proceso contra García Ortiz y Rodríguez ya solicitó al principio del caso que el Supremo suspendiera al fiscal general de forma cautelar mientras estuviera imputado. En ese caso, para evitar que pudiera dar órdenes, como superior jerárquico, a la teniente fiscal del Supremo. El juez se negó, también cuando esta asociación pidió que se aplicasen al fiscal general los mismos motivos de cese de jueces y fiscales. “No cabe hacer una aplicación ni extensiva ni analógica de un sistema previsto en otra norma”, dijo Hurtado.
Las próximas semanas, por tanto, servirán de termómetro para un futuro juicio que el fiscal general tiene difícil evitar a tenor de lo dicho por el juez y por la Sala de Apelaciones en los últimos meses. Las acusaciones presentarán sus propios escritos pidiendo condenas y está por ver si incorporan la novedad de Hurtado sobre cómo Moncloa impartía “indicaciones” para que la Fiscalía filtrara la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. También cuál será la fecha del juicio y si se acerca a la apertura del año judicial de principios de septiembre.
Fuente: Alberto Pozas en eldiario.es
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