La afirmación del magistrado de que la Fiscalía siguió “indicaciones” de Presidencia del Gobierno para difundir el documento a la prensa ha provocado que el PP solicite la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, pero nunca antes había aparecido esa acusación en la investigación del Tribunal Supremo
Álvaro García Ortiz se sentará previsiblemente en el banquillo acusado de filtrar un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez Ángel Hurtado entiende que hay pruebas suficientes para que el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, sean juzgados por revelar a la prensa el email con el que Alberto González Amador confesaba su fraude fiscal de 350.000 euros. Un auto en el que el magistrado del Tribunal Supremo añade una acusación inédita en ocho meses de investigación: que el fiscal general del Estado perpetró esta filtración siguiendo “indicaciones” llegadas directamente desde el Palacio de la Moncloa.
Es la frase con la que arranca el relato de hechos definitivo de Hurtado después de escuchar a 22 testigos e imputados, leer media docena de informes de la Guardia Civil y analizar más de un centenar de documentos que constan en la causa. “A raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”. Hasta ahora, el magistrado había atribuido esta filtración al empeño de García Ortiz y su equipo en ganar “el relato” y desmentir informaciones falsas sobre el caso. Este auto, que tiene el poder de condicionar el desarrollo del juicio, va un paso más allá y añade, sin explicar cómo llega a esa conclusión, que todo se hizo siguiendo órdenes de Moncloa.
La frase ha sido recibida con entusiasmo por el Partido Popular, que con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza lleva un año denunciando una “operación de Estado” para perjudicar a la presidenta madrileña a través de los problemas fiscales de su pareja. “Es el momento de que se vaya el Fiscal General del Estado y quien le daba las indicaciones”, ha dicho Alberto Núñez Feijóo mientras compartía en la red social X la primera página del auto. Afirmación que han desarrollado otros dirigentes del partido como Cuca Gamarra pero que no se corresponde con ninguna prueba reunida a lo largo de la causa. El partido ha pedido hoy que Sánchez comparezca en el Congreso para informar “sobre las indicaciones recibidas” por García Ortiz.
El propio magistrado lanza esa bomba política en el primer párrafo de su descripción de los hechos pero rebaja la intensidad de esa acusación a medida que avanza su texto. En el tramo final del auto, el juez reconoce que el “detonante” de esa actuación del fiscal general –recabar la información del caso de Alberto González Amador y el correo con su confesión para desmentir bulos y noticias falsas del caso– fue “la información publicada en el diario El Mundo” que ofrecía una versión manipulada de los hechos. Todo “al margen de las indicaciones que pudiera haber recibido de Presidencia del Gobierno”, que en esta fase del auto ya pierde la categoría de teoría principal, pero se mantiene.
La frase de Hurtado mete de lleno a Moncloa en el futuro juicio contra el fiscal general pero no se sostiene en ninguna prueba recabada a lo largo de más de medio año de investigación. El magistrado dedicó varias semanas de diligencias a descubrir cómo llegó la confesión de Alberto González Amador al teléfono de Pilar Sánchez Acera –en aquellas fechas subordinada del jefe de Gabinete de Sánchez– en la mañana del 14 de marzo y antes de que su contenido íntegro fuera publicado por los medios, pero la posibilidad de que Presidencia del Gobierno hubiera orquestado la filtración nunca había estado sobre la mesa.
Esa parte de las pesquisas arrancó cuando Juan Lobato, entonces líder de los socialistas madrileños, acudió a un notario y consignó los mensajes que había cruzado con Sánchez Acera, entonces asesora en Moncloa y hoy dirigente del PSOE regional, en la mañana del 14 de marzo de 2024. Esa mañana Isabel Díaz Ayuso comparecía por primera vez ante el pleno de la Asamblea después de que elDiario.es revelara que su pareja había sido denunciada por fraude fiscal y falsedad documental, pero la noche anterior una novedad había hecho tambalear los cimientos de su estrategia de defensa: no solo no era una conspiración del Estado contra ella, sino que su pareja había reconocido los hechos un mes antes.
Tal y como demuestran los mensajes aportados por Lobato al Supremo, Sánchez Acera le mandó la confesión del abogado de González Amador a su WhatsApp a las ocho y media de la mañana. Media hora antes de que lo publicara de forma íntegra El Plural, primer medio en difundir el documento. Lobato desconfió y prefirió esperar a que algún periódico lo publicara antes de esgrimirlo en la Asamblea ante Ayuso, como finalmente hizo. Sánchez Acera le dijo entonces que ese documento llegaba porque “lo tienen los medios” y ante el juez no especificó quién se lo hizo llegar, pero negó que fuera la Fiscalía.
La teoría de Hurtado siempre ha sido que ese documento llegó al teléfono de la asesora de Moncloa desde la Fiscalía y que tanto ella como otros encargados de la comunicación en el PSOE buscaron su “uso político” para atacar a Ayuso. Pero no aporta prueba ninguna para sostener esa teoría: no hay mensajes, llamadas o emails que sustenten ni siquiera de manera indiciaria que Acera recibió el correo de parte del Ministerio Fiscal.
El magistrado ha llegado a acusar abiertamente a la exasesora de Presidencia de mentir en su testifical y de poder enfrentarse a una acusación de falso testimonio si repite sus palabras en el juicio. Pero hasta ahora nunca había afirmado, ni tampoco deslizado o sugerido, que detrás de la filtración que atribuye a García Ortiz hubiera una orden de Moncloa.
Una bomba política a las puertas del juicio
El juez Hurtado no hizo ninguna alusión a esta posibilidad cuando, el pasado mes de enero, rechazó imputar a Sánchez Acera y desechó la posibilidad de seguir investigando si el correo de González Amador había pasado o no por Presidencia del Gobierno. Según su teoría de entonces, que puso punto final a esa parte de la investigación, esta asesora de Óscar López no pudo incurrir en un delito de revelación de secretos porque antes había sido “filtrada, aparentemente, por la Fiscalía” y por tanto “no era novedoso lo que transmitía”.
Esa ramificación del caso, explicó entonces Hurtado, servía para apuntalar que la filtración del correo “sale, presumiblemente, de Fiscalía”, pero sin mencionar la posibilidad de que hubiera detrás una orden de Presidencia del Gobierno. Una posibilidad por la que no ha preguntado a ninguno de los testigos relacionados con esta parte del caso: ni a Juan Lobato, ni a Pilar Sánchez Acera ni tampoco a Francesc Vallès, entonces secretario de Estado de Comunicación.
El juez nunca ha ocultado su interés por esta ramificación del caso surgida a raíz de la visita de Lobato a un notario. “Me parece un elemento clave para el esclarecimiento de los hechos”, dijo el magistrado cuando el ya expolítico fue a declarar y a reconocer, entre otras cosas, que había consignado los mensajes para “cubrirse las espaldas”. Pero no ha preguntado, tampoco al fiscal general o la fiscal provincial de Madrid, si además de querer ganar el “relato” estaban siguiendo “indicaciones” del gabinete más cercano a Pedro Sánchez.
Esta posibilidad tampoco ha sido sugerida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, autora de los informes clave del caso. Los agentes son claros al atribuir una “información certera sobre la filtración” a Sánchez Acera, así como un “cierto dominio” sobre la publicación del documento en El Plural poco después de su charla con Lobato en la mañana del 14 de marzo, pero no mencionan la posibilidad de que detrás haya algún tipo de directriz gubernamental. Ni siquiera Alberto González Amador, en sus múltiples escritos, ha ido más allá de explicar que el Gobierno y el PSOE usaron esa información procedente de la Fiscalía para atacar a Ayuso.
Ni Álvaro García Ortiz ni Pilar Rodríguez han tenido que enfrentarse, hasta ahora, a la acusación de seguir órdenes de Presidencia del Gobierno en el marco de esta causa, lo que condiciona el peso que esta afirmación de Hurtado pueda tener en el futuro juicio. Tampoco hay ningún cargo de Moncloa imputado y el juez nunca ha puesto diligencias en marcha para descubrir si el departamento que dirigía Óscar López era el que dirigía los movimientos para filtrar esa información. Pero el terremoto político de esta frase inédita de Hurtado ya ha comenzado y el Partido Popular, además de las declaraciones públicas de sus líderes, ha solicitado que Pedro Sánchez comparezca ante el pleno del Congreso para quién dio “indicaciones” al fiscal general.
“Confianza plena” en García Ortiz
No tardó el Gobierno en cerrar filas con el Fiscal General del Estado tras su procesamiento. Desde el Ejecutivo ya daban por hecho desde hace semanas que este punto de la causa llegaría a pesar de los argumentos con los que, a su juicio, cuenta el Supremo para el archivo. Así que los mensajes de defensa a ultranza de la figura de García Ortiz estaban ya bastante ensayados.
“Desde luego que el Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está siempre con los fiscales que persiguen el delito”, reaccionó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante un acto en el que coincidió precisamente con el Fiscal General. Respecto a la novedad que introduce el juez del Supremo en su auto, con la atribución a la Moncloa de instrucciones a la Fiscalía, Bolaños asegura que tal extremo “no sucedió nunca” y lamenta que el alto tribunal haga esa afirmación “sin ninguna base probatoria”.
En la Moncloa, donde admiten que daban “por descontado” el procesamiento, aseguran que este nuevo paso en el procedimiento no cambia un ápice su respaldo a García Ortiz. “Nuestra confianza en el Fiscal General es plena, y también en el que proceso acabará por aflorar la verdad, que es que no hizo nada reprobable”, aseguran fuentes del equipo de Pedro Sánchez, que solo deslizan en privado y de manera velada un reproche al Supremo que el ministro Óscar Puente sí hizo público este lunes.
“La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer, tiene que haberles sentado fatal”, arremetió Puente en sus redes sociales atribuyéndole una finalidad política a la actuación del alto tribunal.
Fuente: Alberto Pozas / José Enrique Monrosi en eldiario.es
El Gobierno y la Fiscalía descartan la dimisión de García Ortiz tras su procesamiento por el Supremo
“Entre los fiscales y los defraudadores confesos, estamos con los fiscales”, afirma Bolaños, mientras el PP exige la renuncia del fiscal general y Feijóo dice que “es el momento de que se vayan él y quien le daba las indicaciones”
El Gobierno y la Fiscalía descartan la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado lo haya dejado este lunes al borde del banquillo por la difusión de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, indican a elDiario.es fuentes del Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido su renuncia. “Es el momento de que se vayan él y quien le daba las indicaciones”, ha dicho en un mensaje en redes sociales.
En su resolución, el juez asegura que el email difundido tenía “información sensible” y afirma que García Ortiz actuó siguiendo “indicaciones recibidas de presidencia del Gobierno” para “ganar el relato”. El auto, en más de medio centenar de folios, no aporta ninguna prueba concreta sobre esas “indicaciones” llegadas supuestamente desde la Moncloa.
En el ejecutivo venían reiterando en las últimas semanas su apoyo al máximo representante del Ministerio Público y mantienen que la situación no ha cambiado tras dictarse este auto. “Lo dábamos por descontado. Nuestra confianza en el fiscal general y en que el proceso acabará por dilucidar la verdad permanece intacta”, han dicho fuentes del Ejecutivo. El Consejo de Ministros confirmó a García Ortiz en el cargo en diciembre de 2023, tras el adelanto electoral de ese verano. Venía ocupando ese puesto desde septiembre de 2022, tras la dimisión de Dolores Delgado.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que el Gobierno mantiene su “confianza absoluta y plena” en el fiscal general. “Entre los fiscales y los defraudadores confesos, estamos con los fiscales”, ha dicho el ministro, que ha insistido en que García Ortiz es “un servidor público ejemplar” que está sufriendo un “coste personal” debido a su situación judicial.
Por otro lado, Bolaños ha lamentado que el auto del juez Hurtado afirme que García Ortiz actuó siguiendo “indicaciones recibidas de presidencia del Gobierno” para “ganar el relato”. “Lamento que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sobre algo que no ocurrió nunca”, ha dicho el ministro. El titular de Justicia ha recordado también que el auto no es firme y ha dicho que el Gobierno va a “estar al sistema de garantías y de recursos”. “Sin duda, al final la verdad prevalecerá”, ha aseverado.
También en la Fiscalía General del Estado afirman que García Ortiz seguirá en su puesto. Consideran que no ha cometido ninguna ilegalidad y reiteran que sería un mal precedente descabezar la institución tras una denuncia de este tipo. Las fuentes consultadas indican que García Ortiz se defenderá durante el juicio que se celebrará en el Supremo. Al mediodía, la Fiscalía ha hecho público un comunicado en el que descarta dimitir y asegura que es inocente.
“No me aferro a ningún cargo”
“Conocido el auto de incoación de procedimiento abreviado dictado en la causa especial 20557/24, que supone la finalización de la fase de instrucción del procedimiento, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se reafirma en su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma. Asimismo, reitera su inocencia sobre los hechos que son objeto de imputación en este auto”, zanja.
El pasado febrero, ante la comisión de Justicia de Senado, García Ortiz reconoció que estaba en “una situación procesal bastante incómoda” y, ante las reiteradas peticiones de dimisión por parte de PP y Vox, dijo que le sería “mucho más cómodo” dimitir. “Desde el punto de vista personal, para mí sería más cómodo marcharme. Yo no me aferro a ningún cargo. Yo creo en la institución que defiendo y por eso me quedo en ella”, afirmó.
Pero aseguró que no se marcha porque eso dejaría en una situación de “debilidad” a la Fiscalía y a quien le suceda en el cargo. Y advirtió, además, de que esta brecha sería utilizada por fenómenos criminales como el terrorismo o el narcotráfico. “Estaría haciendo una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas (…). Y eso sí podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad”, aseveró.
Fuente: José Enrique Monrosi / Elena Herrera en eldiario.es
Tu Barrio