Una de cada cuatro trabajadoras de hogar ha sufrido algún tipo de violencia en el trabajo

El 83% de las empleadas de hogar ha padecido consecuencias en su salud a raíz de su trabajo. Las violencias a las que están expuestas estas mujeres se producen en la oscuridad de la inviolabilidad de los hogares y ante la elevada vulnerabilidad de las trabajadoras sin contrato

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Trabajadoras de hogar durante las jornadas de presentación del informe sobre salud laboral.  / Sara Plaza Casares

Araceli Sánchez dice que ha estado tocada del túnel carpiano. Su médico de familia le preguntó que a qué se dedicaba y dijo que era trabajadora de hogar. “Me dijo que intentara guardar reposo y poco más”. Ni hablar de una baja médica por enfermedad profesional. “He estado con una muñequera puesta pero he tenido que ir a trabajar. Me quitaba la muñequera para duchar al niño y que no se mojara, pero no me pedían que lo dejara de hacer”, explica. El síndrome del túnel carpiano es una enfermedad común entre las trabajadoras de hogar y cuidados. Se genera por movimientos repetitivos de la muñeca cuando limpian. Se calcula que siete de cada diez personas afectadas son mujeres. Está reconocido como enfermedad profesional pero pocas veces se diagnostica como tal. “Lo consideran como una enfermedad común, como un desgaste físico y ya está. Te mandan una muñequera, te dicen que te tomes algo y poco más”, se queja quien es integrante de la organización Territorio Doméstico.

Según la Encuesta sobre salud laboral en el empleo de hogar y los cuidados, elaborada por la Universidad de A Coruña, a petición de la Plataforma por un Empleo de Hogar y de Cuidados con Plenos Derechos de Madrid, el 83% de las empleadas de hogar ha padecido consecuencias en su salud a raíz de su trabajo. Además, este informe, elaborado con los testimonios de casi 400 empleadas, refleja que casi una de cada cuatro trabajadoras reconoce haber sufrido varios tipos de violencia en sus jornadas laborales como faltas de respeto (31%) y tratos injustos, discriminatorios o amenazantes (25%). Un 4% de las encuestadas que trabajan sin contrato afirman haber sufrido abusos sexuales o ser víctima de abuso en la actualidad, porcentaje que desciende al 1% entre las que trabajan con contrato.

Un 4% de las empleadas que trabajan sin contrato afirman haber sufrido abusos sexuales o ser víctima de abuso en la actualidad, porcentaje que desciende al 1% entre las que trabajan con contrato

Estas situaciones reflejan que la protección de estas trabajadoras falla. Un 44% de las empleadas de hogar encuestadas reconoce que ha ido a trabajar estando enferma y sólo al 15% de las que ha acudido al médico le han reconocido la baja. Además, un 40% ha tenido accidentes o enfermedades en el trabajo y solo al 10% le han reconocido la enfermedad profesional o accidente laboral.

Estos son solo algunos de los datos presentados el pasado jueves 29 de marzo en la Fundación ONCE durante la jornada ‘¿Qué pasa con la salud laboral de las trabajadoras de hogar y cuidados’. De un lado, exponiendo resultados, avances legislativos y herramientas en la prevención de riesgos laborales, el ámbito académico y el ámbito institucional, con la presencia de representantes de tres ministerios —Trabajo, Sanidad e Igualdad—. Del otro, atentas a lo que allí acontecía, las trabajadoras de hogar y cuidados. Entre ellas Araceli Sánchez, que atiende a El Salto en un intermedio. “No nos tienen en cuenta cuando, por ejemplo, se hacen manuales sobre riesgos laborales en nuestro propio trabajo. No nos preguntan a nosotras qué está pasando en esos hogares donde ellos no pueden entrar”, se queja Sánchez tras procesar la primera parte de las jornadas.

Entrada en vigor de la nueva normativa

Estas jornadas coinciden con la entrada en vigor de la nueva normativa creada para ampliar su protección. En 2022 se ratificó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se creó el Real Decreto ley 16/2022 “gracias al esfuerzo de las trabajadoras de hogar y cuidados organizadas”, aseguraba Mariana Fombella, portavoz de la plataforma que ha organizado el informe y la jornada.

Araceli Sánchez durante la presentación de la jornada.  / Sara Plaza Casares

La nueva norma recoge avances en temas fundamentales como el reconocimiento de la prestación por desempleo, la incorporación del colectivo en el Fondo de Garantía Salarial o mejoras en cuanto a la extinción del despido libre, “aunque este punto no ha sido totalmente garantizado”, avisan desde la Plataforma. Y lo que todavía se encuentra sin desarrollar es un reglamento sobre la protección de la seguridad y la salud en el trabajo de las personas trabajadoras en el ámbito de la relación “y sin este desarrollo normativo y sin mecanismos eficaces para su control, la reforma en este punto puede quedar en papel mojado”, avisan desde la plataforma.

“Todavía queda mucho por hacer, como es por ejemplo la prevención de riesgos laborales, que todavía no ha sido desarrollada”, asegura Fombella, aspecto que quedó pendiente en la legislatura anterior. “La nueva reforma incluye que por fin las trabajadoras sociales entren en la ley de prevención de riesgos laborales aunque esto por sí solo no supone un gran cambio ya que la inspección de trabajo no puede entrar en los hogares”, avisa Fombella. Y con el objetivo de recoger lo que pasa en estos lugares de trabajo opacos encargaron esta encuesta a investigadoras de la Universidad de A Coruña.

Factores de vulnerabilidad

Antía Pérez, del equipo de investigación Sociedades en Movimiento de la Universidad de A Coruña, explica que el perfil de las encuestadas en el informe responde a la realidad: el 98% son mujeres, la mayoría de mediana edad y más de la mitad trabajan de forma informal sin contrato y alta en la seguridad social o bien con un alta por un número inferior de las horas realizadas. Además, la modalidad interna representa el 40% de las empleadas en este sector. “La participación de mujeres migrantes en este sector es mayoritaria y a medida que se consigue residir de forma regular en España se accede a tener la nacionalidad. En esta encuesta nos hemos dado cuenta en qué medida el asentamiento y el arraigo da acceso al conocimiento de sus derechos y esto protege. Pero no debiera de ser así, la protección de las trabajadoras debiera ser independiente a la nacionalidad que se tiene”, expresa Domínguez. “El 60% de las mujeres que han conseguido la nacionalidad española trabajan de manera formal  y solo un tercio de las que no tienen la nacionalidad española trabaja de esta manera”, ejemplifica. Lo mismo ocurre con el trabajo interno, mucho más frecuente entre las que no tienen la nacionalidad española.

Un 74% trabaja más de las 40 horas semanales un 36% lo hace sin contrato de trabajo y un 50% cobra menos del Salario Mínimo Interprofesional. “Solo un tercio alcanza el salario mínimo y a pesar de esto la gran mayoría son cabezas de sus familias aquí o allá. Más de la mitad son o bien la única fuente de ingresos de sus familias o bien la fuente más importante”, explica la investigadora. “Desde una perspectiva de la salud laboral, es importante ver las tareas que realizan. Según la encuesta el 70% realizan dos o más tareas. Es un trabajo diverso en funciones y esto acaba teniendo más repercusiones en lo que respecta a la salud”, destaca.

Sarah Lamas, integrante de este equipo de investigación explica que la informalidad y el trabajo de interna son los principales factores de vulnerabilidad. Como ejemplo un dato: “casi un 40% no cuenta con ningún elemento de apoyo a la hora de realizar su trabajo. Aquellas con contrato informal están menos protegidas: casi 12 puntos de distancia con respecto a aquellas que tienen un contrato formal”.

Al 62% de trabajadoras de hogar no le han reconocido un accidente laboral o enfermedad profesional y estos porcentajes de reconocimiento son más bajos entre las trabajadoras internas y sin nacionalidad

En cuanto a salud mental, Antía Domínguez, del mismo equipo de investigación, explica que ocho de cada diez trabajadoras del hogar declaran que han padecido alguna consecuencia en su salud mental por el trabajo. W”Hay una fuerte asociación entre la salud física, la salud mental y el consumo de fármacos”, explica. “El 70% ha consumido algún tipo de fármacos, porcentaje que aumenta hasta un 77% cuando han tenido un problema de salud”, explica Domínguez. El 63% ha consumido antiinflamatorios o analgésicos, un 17% sedantes y somníferos y un 12% antidepresivos. Por otro lado, al 62% no le han reconocido un accidente laboral o enfermedad profesional y estos porcentajes de reconocimiento son más bajos entre las trabajadoras internas y sin nacionalidad.

“Hay cinco factores que son claros elementos de desigualdad: la situación administrativa, la nacionalidad, la edad, la regularidad del empleo y la modalidad del empleo. Son ejes que están marcando unas desigualdades en estas condiciones laborales y tienen consecuencias en la salud tanto física como mental”, explica Domínguez. Las investigadores ponen el foco en un aspecto esencial: el bajo reconocimiento de las bajas. “Hay que reconocer sus enfermedades como profesionales y desarrollar una normativa de prevención de riesgos laborales”, inciden.

Demandas en el aire

Desde el público, las trabajadoras asistentes al evento se ofrecieron para intervenir en el proceso de la creación de ese nuevo reglamento de prevención de riesgos laborales así como de las guías que irán asociadas. “A nosotras como asociaciones de trabajadoras del hogar nos gustaría reunirnos con las administraciones que son las que después construyen las guías de prevención de riesgos laborales porque nosotras somos conocedoras de todo lo que pasa en nuestros cuerpos”, expresaba Edith Espínola de la organización Sedoac.

Los colectivos de trabajadoras de hogar y cuidados acabaron el acto con una performance representando sus problemas de salud / Sara Plaza Casares

Opinión que acuerpo Rafael Pimental, de Territorio Doméstico quien incidió en el peligro de la ausencia de inspecciones por la inviolabilidad de los hogares. “Hay que sacar este trabajo de las casas. En las inspecciones siempre nos ponen como excusa que no se puede entrar en los domicilios. Si los empleadores y empleadoras no tienen nada que esconder, ¿por qué no dejan entrar en las casas?”, se pregunta Pimental. “En las casas sí que se deja entrar a un trabajador que vaya a revisar la caldera de gas para saber si no vamos a tener un accidente. Esto es clave y es de las cuestiones que venimos demandando. Hay una violencia contra muchísimas trabajadoras de hogar, hay una falta de cuidado hacia nosotras y una recarga de tareas que no se ven”, exponía.

“Las que más sufren y tienen su salud menos protegida son las que no tienen permiso de residencia y esto hay que recordarlo”

Otra demanda quedó en el aire que atañe a un ministerio que no se encontraba ese día en el acto y las trabajadoras se encargaron de recordarla: la reforma de la ley de Extranjería que consideran la llave para acabar con gran parte de las vulnerabilidades, especialmente para el colectivo con menos derechos, las mujeres en situación irregular que trabajan de una forma informal. Porque, por mucha legislación nueva que surja para reforzar los derechos de las trabajadoras de hogar, si no se reforma esa ley, estos avances no llegarán a todas. “La ley de Extranjería nos obliga a estar tres años de forma permanente en España para pedir el permiso de arraigo y luego tienes que tener un contrato de trabajo. Si no tienes contrato de trabajo, no tienes permiso de residencia, si no tienes permiso de residencia tu empleador te dice que no tienes contrato de trabajo”, explica Araceli Sánchez. “Hay mujeres que llegan aquí y desde antes de venir desde su país ya tienen un trabajo pactado. ¿Cómo es posible que una ley no contemple eso y que si tu ya tienes un trabajo te den un permiso de residencia para que no tengas que aguantar todo este tipo de violencias?. Que las que más sufren y tienen su salud menos protegida son las que no tienen permiso de residencia y esto hay que recordarlo”, sentencia Sánchez.

Fuente: Sara Plaza Casares en elsaltodiario.com

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