El gravamen se aplicará si los márgenes de beneficios de esas empresas son mayores a los que obtenían antes de la pandemia
Los carburantes y los precios energéticos han dado un respiro a la inflación que todavía sigue asfixiando a las familias, sobre todo a las de menor renta. Pero la alimentación sigue siendo el principal quebradero de cabeza del Gobierno y de los monederos de aquellos que traspasan las puertas de un supermercado.
Pese a que la inflación interanual de diciembre fue del 3,1% y la inflación media anual de 2023 cerró en un 3,55%, muy alejado del 8,4% con el que acabamos el año anterior, la inflación de los alimentos sigue estando en el 7,3% en el último mes del año. Si miramos desde antes de la pandemia, los alimentos y las bebidas no alcohólicas se ha incrementado un 31,7%. Una inflación que apunta directamente al poder adquisitivo de aquellos que menos renta tienen y destinan un mayor porcentaje de su renta a productos básicos alimentarios.
Esa inflación en la alimentación del 31,7% se encuentra entre las más altas si las comparamos con nuestros vecinos
El poder adquisitivo de las familias disminuye, pero los márgenes de beneficios de las grandes cadenas distribuidoras y de algunas empresas intermediarias no se ha movido un ápice, incluso, en algunos casos, ha aumentado. Esa inflación en la alimentación del 31,7% se encuentra entre las más altas si las comparamos con nuestros vecinos, siendo España un gran productor de alimentos dentro de la Unión Europea. Italia y Francia, donde sus gobiernos impusieron medidas públicas de control y vigilancia de precios en la cesta de la compra, han tenido una inflación en sus alimentos desde los comienzos de la pandemia del 24,6% y 27,4% respectivamente, varios puntos por debajo de la española. Nuestra vecina peninsular, Portugal, también se encuentra por debajo de España, registrando una inflación acumulada para ese periodo del 27,4%.
Es por ello que desde Sumar han propuesto un “impuesto inteligente” que apunte directamente al aumento excesivo de los márgenes empresariales y “corrija estos comportamientos abusivos y anticompetitivos”. “Planteamos un impuesto inteligente a lo largo de toda la cadena de distribución”, anunció Carlos Martín Urriza, diputado por Sumar y portavoz de economía y hacienda de la formación, en la comisión de Hacienda en la que compareció la ministra Mª Jesús Montero. “Gracias al observatorio de márgenes empresariales -explicó Urriza- hemos observado que sobre todo son los mayoristas los que están elevando los márgenes por encima de los que había antes de la pandemia”.
Desde el partido explican que el impuesto que, de la misma forma que se diseñaron los nuevos impuestos a la banca y a las grandes energéticas, el impuesto tendrá una naturaleza jurídica de prestación patrimonial de carácter público no tributario y será en cierto modo finalista, ya que desde la formación proponen que lo recaudado se destine a un fondo que financiará ayudas concedidas por la administración sin necesidad de solicitud para aliviar la situación que provoca el aumento de los precios de los alimentos en hogares vulnerables.
¿Quién lo pagaría y cómo?
Del mismo modo que con el impuesto a la banca y las energéticas, el nuevo impuesto iría dirigido a las empresas que tengan cierta cifra de facturación mínima. Serían gravados con la nueva figura las empresas que forman parte de la cadena de producción y distribución de alimentos, incluidas las de transporte frigorífico de alimentos, que hayan facturado más de 100 millones en 2023 en España, siendo la base imponible del impuesto será el importe neto de la cifra de negocios.
Sería un impuesto que se aplicaría por escalones y de manera individualizada para cada empresa, castigando más a aquellas que más han incrementado sus márgenes
¿Y por qué desde Sumar lo llaman “impuesto inteligente”? Pues porque tendrá tres distintos niveles que se acoplarán dependiendo de la diferencia entre el margen empresarial ( cociente entre el resultado bruto de explotación y el importe neto de la cifra de negocios) que se obtiene en la realidad con el que obtenían en 2019, antes de la pandemia y la crisis inflacionaria. Es decir, sería un impuesto que se aplicaría por escalones y de manera individualizada para cada empresa, castigando más a aquellas que más han incrementado sus márgenes y, por lo tanto, están produciendo una mayor subida en los precios de los alimentos y la inflación en general.
Si la diferencia entre los márgenes empresarial de 2024 y 2019 supera la diferencia entre el margen de 2023 y 2019, es decir, si ha subido los márgenes en el último año, el gravamen será del 1,2% sobre la cifra de negocio neta, de la misma forma que el impuesto a las grandes energéticas. El impuesto sería del 0,6% si el margen empresarial de 2024 supera al margen de 2019. Si dicho margen es igual o inferior al obtenido en el año base, entonces no se pagará el impuesto. El impuesto devengaría este año que comienza y se liquidaría con dos pagos en febrero y julio de 2025.
Fuente: Yago Álvarez Barba en elsaltodiario.com