Sanidad pública: no hay tiempo que perder

La sanidad pública está siendo triturada de manera nada disimulada en las autonomías gobernadas por la derecha

Creo que, en política, como en otros muchos campos del quehacer humano, es imprescindible concentrar esfuerzos de cara a conseguir objetivos prioritarios. De poco sirve abrir cien frentes al mismo tiempo si se sabe que ni el tiempo ni las fuerzas dan para tanto. La derecha lo tiene muy claro y no se anda por las ramas ni en la oposición ni en el poder. Su único objetivo es desmantelar los servicios públicos para entregárselos al negocio, de manera que, la protección de los derechos fundamentales consagrados en la actual Constitución dependa casi exclusivamente del poder adquisitivo de cada ciudadano. Por el contrario, los partidos de izquierda tienen una querencia inexplicable por la dispersión, por la discusión bizantina y el narcisismo. Es lo que sucede a menudo cuando no es el interés económico personal el que marca el camino.

Los gobiernos de coalición son complicados en todos los países del mundo, más cuando no se tiene experiencia en ellos y cuando una de las partes es atacada sistemática y brutalmente por amplios sectores mediáticos, hasta el extremo de llegar a inmiscuirse de forma impúdica en la vida familiar de sus dirigentes. No obstante, hay cosas que sólo se pueden achacar a los protagonistas, a quienes tienen la obligación de poner en marcha un programa que perdure en el tiempo y sirva para acrecer los derechos de los ciudadanos. Desde el primer momento de la legislatura, empeños como el autodenominado lenguaje inclusivo no ha servido para otra cosa que para dar argumentos gratuitos a una oposición que tiene muy claros tanto sus objetivos como su nulo interés en obrar en beneficio de todos los españoles. Además de no ser una demanda social, de no preocupar a casi nadie, de entrometerse de modo muy burdo en cuestiones lingüísticas, quienes tal cosa propusieron se empeñan en desconocer que el lenguaje no se crea desde arriba salvo que se tenga una potentísima maquinaria de comunicación que impacte machacona y demoledoramente sobre la mente de la gente hasta hacerle, por ejemplo, sentir vergüenza de su propio idioma y llamar a las cosas con términos ingleses porque así creen estar más al día. Esa maquinaria hoy está en manos de los dueños de las redes sociales y de los medios de comunicación de masas, de los cuales ninguno, absolutamente ninguno, tiene vínculos estrechos con quienes tal cosa proponen.

Entre tanto, mientras se pierden horas, días, semanas, meses en hablar del lenguaje inclusivo en un debate que no llega a la inmensa mayoría de la población o que si llega lo hace creando rechazo, la derecha sigue a lo suyo desde las comunidades autónomas que controla a la espera de entrar de nuevo en el Gobierno central. La Sanidad Pública, que ha mostrado, pese a los atentados perpetrados contra ella, contra quienes en ella trabajan y contra quienes acuden a ella en busca de remedios, una capacidad de resistencia sobrenatural durante la pandemia, está siendo triturada de manera nada disimulada en las autonomías gobernadas por la derecha, dispuestas a traspasar todo el presupuesto sanitario a empresas privadas movidas por el lucro, dentro de un proceso que pasa primero por ahogar presupuestariamente a la atención primaria y a los servicios hospitalarios, de manera que no quede otro remedio a los enfermos que puedan que entregarse a quienes durante la plaga del coranavirus sólo se dedicaron a recoger pingües beneficios mientras los ambulatorios y hospitales públicos cargaban con el enorme peso de combatir la embestida masiva del virus.

Estamos ante uno de los momentos más críticos de la vida democrática de este país. La Constitución de 1978, que tanto dicen defender lo herederos del franquismo, dice en su artículo 43 del Título 1 De los derechos y deberes fundamentales: “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”. Por su parte, la Ley General de Sanidad de 1986, que promulgó la creación del Sistema Nacional de Salud, afirma en el Título primero, artículos 1, 2 y 3: “Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de enfermedades. La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva. La política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales”. Pues bien, es evidente que en las actuales circunstancias y debido a las políticas continuadas de recortes, a la pasividad política y ciudadana y a quienes desde la representación del pueblo confunden deliberadamente interés general con interés particular, casi ninguno de los preceptos prescritos por la Constitución y por la Ley General Sanitaria se cumplen, es más, se incumplen sistemáticamente.

De las diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas que conforman el Estado español, sólo el País Vasco y Navarra atienden a los pacientes en plazos que podríamos razonables, mientras que el resto han entrado en un estado de catalepsia que no hace más que retrasar la asistencia en ambulatorios y aumentar las listas de espera hospitalarias. Sin aumento sustancial de personal, sin modernización de los instrumentos tecnológicos, sin inversión regeneradora, con unos trabajadores cansados y hastiados después de más de dos años de pandemia, el Sistema Nacional de Salud se aproxima al colapso en todo el país sin que ninguna autoridad competente se digne intervenir decididamente para dar a los ciudadanos lo que la Ley les garantiza como derecho esencial. Esperar una semana para ser asistido de una bronquitis, seis meses o un año para una operación quirúrgica programada, hacer colas interminables para un servicio ordinario son síntomas que avisan del naufragio que terminará por afectar a todos los ciudadanos menos a aquellos que tienen suficiente dinero como para pagarse una asistencia a la carta.

Que nadie se engañe, tratar un cáncer, una operación de corazón, una epidemia, una intervención cerebral o una esclerosis no es rentable, no da beneficios, sino que genera enormes pérdidas, de ahí que sólo pueda ser costeado por un sistema público de salud. Ninguna compañía privada va a tratar enfermedades graves que desequilibren sus cuentas de resultados. La privatización salvaje emprendida en comunidades como la madrileña, la andaluza o la gallega sólo llevan a una asistencia sanitaria clasista totalmente prohibida por la Constitución, que como hemos visto habla de asistencia igualitaria y pública. La ofensiva lanzada por los reaccionarios españoles contra el Sistema Nacional de Salud nos aproximará a lo que ya existe en Estados Unidos, un modelo mediante el cual una minoría es tratada en buenos hospitales privados tras pagar pólizas millonarias y el resto tiene que consolarse con algo parecido a la beneficencia. El Gobierno del Estado no puede permanecer impasible ante esta situación alarmante ni perder más tiempo en discusiones barrocas ni abrir más frentes, la defensa de la Sanidad Pública, dotarla de todos los medios materiales y humanos es en este momento el gran reto que es ineludible enfrentar. Hay tiempo, todavía queda año y medio para las próximas elecciones generales, comicios que, de no actuar con claridad de objetivos y eficacia, perderá el actual gobierno dando paso a otro totalmente decidido a hacer de las conquistas sociales, de los servicios públicos esenciales, un vago recuerdo. No van a vacilar.

Fuente: Pedro Luis Angosto en nuevatribuna.es