La Reforma Laboral de este 2021, marcará un antes y un después. Para la izquierda y los trabajadores es una gran regalo, para la derecha el regalo de Navidad más triste que pueda recibir: un acuerdo entre empresarios y sindicatos. Un pacto civilizado. Son cosas que suceden en la España real, la que se resisten a aceptar Casado y Abascal
Esta es la historia de dos países llamados España. Uno de ellos está al borde del apocalipsis, por culpa de un gobierno castrochavista ilegítimo, incompetente, traidor y criminal cuyo único objetivo en este mundo es la destrucción compulsiva de todo lo que tiene a su derredor. Un gobierno al que hay que derribar a como dé lugar, por el bien de la patria, y contra el que caben insultos, mofas y descalificaciones incluso en sede parlamentaria. Es el país de Vox y de un PP irremediablemente escorado a la extrema derecha. El otro país es el que vimos este jueves: uno donde empresarios y sindicatos, coordinados por el Ejecutivo, negocian civilizadamente y se ponen de acuerdo, como no se había visto en tres décadas, para reformar una ley laboral que resultaba claramente lesiva para los trabajadores.
La artífice de este indudable éxito ha sido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La misma a la que desde las hordas de Vox se refieren despectivamente como ‘Yoli’ y a la que la portavoz de la formación ultra, Macarena Olona -la misma que se indigna cuando alguien califica a su partido de extrema derecha-, llamó “fea” en sesión parlamentaria. Más allá de lo que cada cual pueda pensar sobre los atributos de la titular de Trabajo, el hecho de introducir el aspecto físico como un elemento del debate político solo revela la fealdad intelectual y moral de quien procede de tal modo. Pues bien, esa ‘Yoli la fea’ ha hecho el regalo más triste de Navidad a una derecha empeñada en hacer lo que sea, incluso romper a pedazos la convivencia en España, con tal de llegar al poder: un acuerdo. Un pacto. Un arreglo entre dos partes con intereses habitualmente contrapuestos, como lo son la patronal y las organizaciones de trabajadores.
El PSOE y Unidas Podemos se habían comprometido alegremente a derogar por completo la ley laboral de 2012, que el Gobierno de Rajoy impuso por decretazo ante su incapacidad por poner de acuerdo a los agentes sociales. Digo alegremente, porque en realidad lo que había que tumbar de esa ley eran algunos aspectos muy concretos que perjudicaban de manera clara los intereses de los trabajadores. Por las noticias que trascendían al cierre de esta columna, los puntos más sensibles quedarán derogados: se limitará el uso de los contratos temporales para evitar abusos, los empleos estacionales previsibles se harán mediante contratación fija discontinua, los convenios sectoriales volverán a primar sobre los convenios empresariales, y los pactos colectivos mantendrán su vigencia hasta que las partes se pongan de acuerdo para renovarlos. Esto no significa que a partir de ahora tendremos un mercado laboral justo y equilibrado. Falta mucho trecho para lograr ese objetivo. Sin embargo, lo novedoso de este caso es que se han deshecho algunos atropellos perpetrados de manera unilateral contra los trabajadores por el anterior Gobierno del PP. Como bien señaló ayer la ministra Díaz, se trata de la “la primera reforma laboral que recupera y gana derechos para los trabajadores”. Hasta ahora la tradición era que las reformas –tanto las del PP como las del PSOE- recortaran sistemáticamente sus derechos en nombre de la “competitividad”, la “productividad”, la “disciplina fiscal” y la sacrosanta globalización.
Supongo que el jefe de la patronal, Antonio Garamendi, se enfrentará a la ira del PP y Vox por haber pactado con la internacional comunista cuyos hilos mueve desde desiertos lejanos George Soros. Hace seis meses, Garamendi tuvo que aguantar los desaires de ambos partidos por osar decir, en relación con los indultos a los presos del procés, que “si las cosas se normalizan, bienvenidas sean”. ¿Cómo se le ocurría a un aliado natural de la derecha bendecir la normalización del país, cuando lo que se busca es todo lo contrario: un clima de confrontación permanente en el que no caben matices e intersticios para el entendimiento? Y ahora, como diría Pablo Casado, ¿qué coño le habrá pasado por la cabeza para que permita al Gobierno anotarse el tanto de, nada más y nada menos, una reforma laboral consensuada? ¿Por qué cojones le otorga ese balón de oxígeno al enemigo?
No conocemos los entresijos de la negociación de nueve meses que ha parido el acuerdo. Suponemos que en el ánimo de la patronal han pesado los fondos europeos para la recuperación económica, que en últimas se destinarán a estimular el sector productivo del país. Y esa inyección de dinero –no hay que ser un lince para advertirlo- les vendrá de perlas a los empresarios. Tal como señalamos en una columna anterior, las ayudas de Bruselas explican en buena parte la desesperación de la derecha. Estamos hablando de unas sumas extraordinarias que, por esas cosas a veces molestas de la democracia llamadas elecciones, les ha correspondido gestionar a los ‘rojos irresponsables’ y no a los que ‘conocen las necesidades reales de los españoles’.
La reforma laboral no es el único regalo navideño que está recibiendo la derecha desde el país real. El Gobierno también ha logrado sacar adelante los Presupuestos, revalidando los apoyos de la investidura, lo cual indica que el mandato PSOE-UP sigue campante su curso sin que se produzca una crisis de gobierno como la portuguesa, que dos meses atrás celebraba nuestra derecha como la antesala de lo que sucedería inexorablemente en España. A ello se suma el último barómetro del CIS, en que el PSOE amplía en 7,2 puntos su ventaja sobre el PP. Y está además el resultado de la comisión parlamentaria que investigó la operación Kitchen, que ha llegado a la gravísima conclusión de que Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal conocieron la trama ilegal montada en el Ministerio del Interior para tapar los escándalos del PP.
Definitivamente, en el país real las cosas no marchan como les gustaría al PP y Vox. Se entiende que prefieran recluirse en su país virtual, ese territorio mágico que está a punto de ser destruido por las turbas bolcheviques. Fuente: Marco Schwartz en eldiario.es
Reforma laboral, una gran oportunidad
por Joan Coscubiela en eldiario.es
Para los trabajadores que pasan de perder derechos a recuperarlos y ganarlos. Para las empresas interesadas en abandonar la estrategia de la precariedad y apostar por la innovación, porque ahora tienen más incentivos para ello. Y para el conjunto del país.
Los que procedemos del mundo del Derecho sabemos que las leyes son importantes, pero no hacen milagros. Por sí solas no cambian la realidad, aunque pueden contribuir a ello.
En España se ha ido consolidando un modelo productivo caracterizado por su especialización en sectores que obtienen importantes beneficios sin mucha inversión. Ha contribuido disponer de un ejército de reserva de mano de obra desempleada, especialmente la no cualificada. Lo que ha incentivado las estrategias competitivas basadas en los costes laborales y en la precariedad –que no solo es temporalidad abusiva- y desincentivado la innovación.
Incluso, cuando a mediados de los noventa se redujo la presión sobre el empleo como consecuencia de la menor entrada de trabajadores jóvenes, se continúo abusando de esta estrategia, importando millones de personas inmigrantes de cinco continentes. Algunas con elevados niveles formativos, pero que fueron ocupados en empleos muy precarios.
Aunque conviene destacar que, en paralelo, algunas empresas -aún pocas- han emprendido otro camino. De la mano de los sectores exportadores se han ido incorporando estrategias de innovación, que requieren calidad y estabilidad en el empleo. Así ha sido cómo, durante la gran recesión, España ha mantenido su cuota de participación en las exportaciones globales y desde entonces sigue creciendo. Son precisamente estas empresas más competitivas las que apuestan por la estabilidad en el empleo, la formación y mejores salarios.
Que la legislación no es la culpable de los niveles de precariedad en el empleo lo confirma el hecho de que, con la misma ley, los índices de temporalidad son muy distintos en las CCAA y en sectores. Incluso difieren mucho en el mismo sector en función de cada Comunidad. Pero que la legislación no sea la culpable no significa que sea inocua. Durante años, la legislación laboral ha acompañado, cuando no incentivado, estas estrategias competitivas basadas en la precariedad laboral y los bajos salarios. Y ha sido un factor que la desincentivado la innovación empresarial.
En las últimas cuatro décadas, al calor de la hegemonía ideológica que hemos llamado ultraliberal a pesar de ser ultraintervencionista de clase, se ha instalado en el discurso dominante el paradigma de que nuestro modelo de relaciones de trabajo era muy rígido y que la legislación debía incorporar más flexibilidad. Bajo este bonito concepto de la flexibilidad -quién no quiere ser flexible- se han ido incorporando procesos de descausalización en la contratación, descausalización del despido, desregulación laboral e individualización de las condiciones de trabajo.
Hitos importantes de este proceso fueron la reforma de 1984, que inició la legalización de los contratos temporales para cubrir actividades estables de la empresa, con la excusa del elevado desempleo. O la reforma de 1994 que estableció -contra la doctrina del Tribunal Supremo- que los trabajadores del transporte por carretera se presumía que eran autónomos. De esos polvos vienen los lodos actuales, un sistema logístico ineficiente, que se sustenta en la externalización de costes y riesgos de las empresas a sus trabajadores autónomos “autoexplotadores” de sí mismos y al medio ambiente.
Durante cuatro décadas, la legislación ha facilitado la contratación temporal abusiva y el despido sin causa. Más supuestos de despido no disciplinario, casi desaparición de las causas de nulidad del despido -con readmisión obligatoria- desaparición de los salarios de tramitación y reducción de las indemnizaciones. Esta facilidad para el despido ha desincentivado todos los mecanismos de flexibilidad interna de las empresas.
El punto culmen de esta estrategia legislativa fue el Decretazo del Gobierno Rajoy del 2012, aprobado en el tiempo récord de los primeros 51 días de gobierno, gracias a que fue redactado en grandes bufetes de abogados de empresa, pasó raudo por la sede de la CEOE y el Gobierno Rajoy le puso el sello del Consejo de Ministros.
El objetivo ocultado de esa reforma legal fue aprovechar la gran recesión para producir cambios en una triple dirección: devaluar de manera estructural los salarios, desequilibrar la negociación colectiva en favor de la patronal y sustituir la flexibilidad pactada por la imposición unilateral de las empresas.
Cuatro décadas en la misma dirección han dejado una legislación profundamente desequilibrada. Por eso siempre me ha parecido una ingenuidad hablar de la derogación integra de la reforma laboral, como si de golpe se pudiera desandar lo recorrido en 40 años. Por eso también me parecía un reto muy complejo reformar aspectos centrales de la actual regulación por la vía del acuerdo tripartito.
Ya tendremos tiempo de analizar con detalle el contenido detallado de un acuerdo de gran complejidad técnica. Esto no ha hecho más que comenzar, porque después de la redacción definitiva -los flecos de los acuerdos los carga el diablo- y de la aprobación del Decreto Ley viene su convalidación en el Congreso -para la que el Gobierno de coalición no tiene la mayoría asegurada- y luego la más que probable tramitación como proyecto de ley en la que, como es lógico, todos los grupos que apoyan al gobierno querrán dejar su huella.
De una primera lectura detecto cambios muy importantes en el paradigma sobre el que está construido este acuerdo. No solo de los que más se ha hablado, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, de manera que este no pueda fijar salarios más bajos que en el sectorial. O el mantenimiento de la aplicación del convenio, después de terminada su vigencia, mientras no sea sustituido por otro.
Hay ámbitos del acuerdo que van más allá de revertir la reforma del PP del 2012 y abordan problemas enquistados. Especialmente lo que hace referencia a la contratación.
De entrada, se recupera la fórmula de considerar que el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido y que los temporales son excepcionales y deben estar sometidos a causas muy estrictas. Vamos a ver cómo se resitúan las empresas y si se modifica o mantiene la práctica de usar fraudulentamente la contratación temporal. Puede ser decisivo que también se plantee la modificación de la ley de infracciones del orden social para que cada contrato hecho en fraude de ley dé lugar a una sanción, no como ahora, que una misma acta de inspección de trabajo supone una sola sanción, sean 3 o 100 los contratos fraudulentos.
Me parece importante todo lo referido al contrato de formación en alternancia dirigido a garantizar el objetivo de formación de este contrato. También la inclusión de los contratos de obra y servicio de la construcción en la lógica del contrato indefinido con causa de rescisión tasada.
Entre los aspectos más significativos se encuentra una nueva regulación para facilitar los ajustes en el trabajo sin despido, aprovechando la experiencia muy positiva de los ERTE. Eso por sí solo ya supone un cambio de orientación radical en favor de una flexibilidad pactada y controlada por la autoridad laboral.
Por supuesto, como sucede en todas las negociaciones, todas las partes han tenido que hacer concesiones en relación con sus planteamientos iniciales. En eso consiste la negociación y los acuerdos – lo recuerdo para los desmemoriados.
La CEOE ha asumido el riesgo de entrar en la lógica de condicionar los contenidos de la reforma, intuyendo que de no hacerlo sus intereses podían salir peor parados. Supongo que está arriesgada apuesta es lo que explica que cuatro organizaciones importantes de la patronal se hayan desmarcado del acuerdo, Anfac (automoción) Asaja (campo) Foment, de Catalunya, y CEIM, de Madrid.
Intuyo que en la posición de la patronal puede haber influido la percepción de que también en el mercado de trabajo están cambiando cosas. En España no se ha producido la gran dimisión de EUA, pero comienza a haber indicios de que una menor presión del desempleo puede promover dinámicas de mejora de salarios y condiciones de trabajo.
De la misma manera que los sindicatos habrán tenido que ceder en algunas de sus posiciones iniciales, por ejemplo, en no taponar suficientemente las formas del despido sin causa con la recuperación del despido nulo en estos casos. Una reforma acordada tripartitamente igual parece menos ambiciosa –está por ver cómo hubiera acabado sin acuerdo- pero es más estable social y políticamente.
En todo caso, parece evidente que este acuerdo es una buena noticia para el conjunto del país. Consolida el factor de estabilidad que está aportando la concertación social frente a la crispación interesada que alimentan las derechas. Además, rompe con el discurso catastrofista de Pablo Casado y sitúa a España como referencia del diálogo social en la Unión Europea, cuando hasta hace poco éramos referencia de todo lo contrario.
Este acuerdo nos ofrece una múltiple oportunidad. Para los trabajadores que pasan de perder derechos a recuperarlos y ganarlos. Para las empresas interesadas en abandonar la estrategia de la precariedad y apostar por la innovación, porque ahora tienen más incentivos para ello. Y para el conjunto del país que tiene una oportunidad de acompañar las grandes inversiones que suponen los fondos de la Unión Europea con reformas de calado, y además pactadas.
Cómo afectan a trabajadores y empresas los cambios en la nueva reforma laboral
Laura Olías en eldiario.es
Fin a las empresas que compiten con convenios a la baja en sus sectores para obtener ventajas gracias a devaluar salarios. Adiós a la maniobra del empresario que hace desaparecer los salarios y derechos conseguidos por los trabajadores en el pasado simplemente dejando caer un convenio colectivo. Hasta nunca al contrato de obra y servicio por el que millones de trabajadores encadenan continuamente contratos temporales ficticios en todo el país. Son algunas de las novedades de la reforma laboral que ha pactado el Gobierno con los sindicatos y las patronales mayoritarias del país en el primer gran acuerdo social para cambiar en profundidad la legislación del mercado de trabajo.
Como en el plano de una película, nada está en su sitio por casualidad. Alguien ha pensado y elegido que sea ese el cuadro en la pared y no otro, por ejemplo. Las fotos, la ropa de la protagonista. Todo tiene un objetivo. Estos días de debate ‘in extremis’ de la reforma laboral, los negociadores del texto cuidaban “hasta la última coma”. Porque detrás del amplio articulado pactado que puede resultar algo técnico, se plasman derechos para los trabajadores, nuevas condiciones y oportunidades para las empresas. También algunas herramientas que buscan acabar con graves problemas del mercado laboral en España, como la alta temporalidad y los despidos masivos ante situaciones de crisis.
Tras desgranar las materias más destacadas del acuerdo, a continuación vamos a explicar la aplicación práctica para empresas y trabajadores de algunas de esas medidas. Y, sobre todo, qué han pretendido los negociadores conseguir con ellas. Aunque ahora el Gobierno aprobará la legislación como un real decreto ley, el próximo 28 de diciembre, la norma todavía debe conseguir los apoyos parlamentarios para su aplicación en el futuro.
El sector vuelve a fijar los salarios
Se trata de lo que se conoce como la “primacía del convenio sectorial sobre el de empresa”. Una compañía no puede fijar en un convenio propio salarios por debajo de los que marque el del sector de actividad. La medida trata de evitar las prácticas de devaluación salarial de algunas empresas, que en ocasiones logran incluso pactos con una representación de la plantilla algo dudosa. En cualquier caso, en muchas ocasiones el poder de negociación del conjunto de un sector es mayor que el que existe dentro de una sola empresa.
A nivel práctico, lo podía hacer cualquier empresa, pero se daba sobre todo en compañías multiservicios, por ejemplo, que tienen personal de muchas actividades distintas, como de mantenimiento y limpieza. También ha sido problemático en el sector de la seguridad. Con estas maniobras basadas en la reducción de costes salariales las empresas que tiraban precios a la baja lograban imponerse a otros competidores y hacerse con contratas.
El convenio caducado no decae, se queda
Se trata de la “ultraactividad” de los convenios colectivos, que vuelve a ser indefinida. Es decir, que cuando concluye la vigencia de un convenio colectivo este no decae cuando concluye la negociación sin un nuevo acuerdo. El Gobierno de Rajoy puso un límite de un año a la ultraactividad.
El plazo permitía deshacerse de convenios simplemente esperando, lo que dejaba las conquistas laborales del pasado en una posición bastante débil.
Las condiciones de los subcontratados
Este punto está más en disputa sobre su aplicación. Las partes han concluido el convenio colectivo sectorial de referencia en las empresas subcontratadas “será el de la actividad desarrollada, con independencia de su objeto social y forma jurídica”. Se suponía que esta era la fórmula para garantizar unas condiciones mínimas para el personal externalizado, para que al menos se cumplan las condiciones del trabajo que realicen (limpieza, seguridad, jardinería, etc.).
En el pacto alcanzado este jueves, se añade que cuando la empresa contratista cuente con un convenio propio, se aplicará este. Eso sí, siempre debe cumplir con la prevalencia den convenio del sector en cuanto a los salarios. De nuevo, el objetivo práctico de la medida marcada por el Ejecutivo era evitar las empresas más ‘piratas’ que ganan a sus competidores rebajando salarios de las plantillas.
Dígame la causa de ese contrato temporal
La legislación hace un esfuerzo por “causalizar” los contratos temporales. Es decir, reforzar el vínculo del contrato con la causa temporal que lo justifica. La empresa deberá especificar “con precisión” en el contrato “la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista”.
Se crean dos tipos de contrato temporal: para sustituir a trabajadores y por “circunstancias de la producción”. Estos últimos pueden responder a dos tipos de causas. Unas, son las “imprevisibles” por las que las empresas necesiten más personal de manera temporal ante picos inesperados de producción, por ejemplo. Las segundas, por causas “previsibles” pero de muy corta duración (los llamados contratos “ocasionales”), que sirven para contrataciones excepcionales que se pueden prever y que son de muy escasa duración, como pueden ser las de apoyo en el comercio en el Black Friday.
Los temporales fraudulentos salen más caros
Las empresas que contraten temporales de manera irregular deben saber que se expondrán a mayores sanciones si sale la legislación adelante en el Parlamento. El bolsillo les dolerá más porque no solo se incrementan las cuantías de las sanciones hasta los 10.000 euros en los casos más graves, sino que se aplicarán por cada trabajador. Ahora solo se impone por una infracción detectada.
Por ejemplo, si el Bar Juan tiene cinco empleados temporales fraudulentos, la Inspección de Trabajo hoy le impondría una sanción. Con esta legislación serían cinco las infracciones.
Antes que los despidos, aquí están los futuros ERTE
Otro de los retos de la norma ha sido ofrecer a las empresas un instrumento similar a los ERTE durante la pandemia. Un mecanismo de flexibilidad interna que actúe como colchón del empleo ante futuras crisis, ya sean de la economía (cíclicas) o de sectores en particular. El objetivo es dar alternativas a las compañías para no despedir ante estos momentos de incertidumbres.
La herramienta, denominada Mecanismo Red, reconoce ayudas a las empresas que se acojan a ella en la cotización a la Seguridad Social, así como de dinero público para formación de su plantilla. El ahorro que se plantea es de distinta cuantía según el caso (desde el 20% al 90%). Los empleadores a cambio tienen que ofrecer planes de formación a los trabajadores y compromisos de mantenimiento del empleo de seis meses, como ha ocurrido con los ERTE por el coronavirus. Los trabajadores afectados por el Mecanismo Red recibirán una prestación específica, similar a la de desempleo (70% de la base de cotización) sin que le consuma el paro generado hasta la fecha.
Contrato formativo hasta los 30 años
Se aborda la revisión de los contratos formativos, que son de dos tipos: formativo “en alternancia”, mientras se están cursando estudios; y “para la obtención de la práctica profesional”, destinado a quienes ya tienen un título y están aprendiendo la profesión. Entre las novedades, se aumenta en cinco años la edad hasta la que se puede suscribir un contrato “en alternancia” (30 años) y se rebaja la duración mínima de este, que va a poder ser de tres meses y la máxima (hasta dos años en lugar de los tres actuales).
Disminuye también la duración máxima del contrato “para la obtención de la práctica profesional”, hasta un año en lugar de dos. Entre el resto de cambios, la retribución será la que marque el convenio colectivo, cuando ahora podía ser del 60 y 75% de lo que este fijara.
Foto Portada: Yolanda Díaz, con la patronal y los sindicatos, para anunciar el nuevo SMI. (Archivo) eldiario.es
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