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¿Por qué estamos peor que los demás?

La presidencia de la Comunidad de Madrid ha considerado oportuno erigirse en la oposición frontal al Gobierno de España, emulando así a la Generalitat de Cataluña y a su recién depuesto presidente

En las grandes crisis o convulsiones es cuando se manifiesta con mayor nitidez el mejor o peor funcionamiento de las instituciones y el mejor o peor comportamiento de la ciudadanía. El duro impacto de la COVID-19 ha puesto a prueba al conjunto de las sociedades del planeta, entre ellas a la nuestra. Muchos se preguntan por qué España es uno de los países europeos que sale peor parado del envite, en infectados, en fallecidos y en términos económico-sociales. También, nos interrogamos por qué Madrid y Cataluña son las autonomías que ofrecen peores resultados. Quizá sea todavía pronto para poder avanzar una respuesta concluyente. Pero sí se pueden adelantar, a mi juicio, las razones de estas deficiencias. Aparte de causas objetivas sobre las cuales es difícil incidir a corto plazo, como pueden ser el exceso de concentración de la población en ciertas áreas; un determinado urbanismo muy deficiente y unas costumbres sociales peculiares, hay otras causas sobre las que sí se puede y se debe intervenir. Porque la actitud de la ciudadanía ha sido en general correcta, salvo quizá excesivas excepciones que han perjudicado al conjunto. Causas que, en todo caso, explican buena parte de lo sucedido y de lo que continúa sucediendo.

Cuando brotó con fuerza la pandemia en nuestro país en marzo de 2020 -anteriormente en China e Italia-, España estaba saliendo renqueante de una crisis económico-social muy grave y de una no menos importante convulsión política, con sucesivas elecciones generales y la caída del gobierno del PP el 1 de junio de 2018. Pues bien, con anterioridad, durante los años de la crisis de 2008/9, los gobiernos de la derecha, tanto a nivel nacional como autonómico, en especial en Madrid y Cataluña, habían realizado una severa poda en el Estado de bienestar, una reducción significativa de los salarios y una precarización del mercado laboral. Todo ello se tradujo en recortes abundantes en sanidad y educación, una bajada de los salarios en torno al 10% y un aumento exponencial de los contratos temporales como consecuencia de la Reforma Laboral llevada a cabo por el gobierno del PP. En una palabra, la confluencia o coyunda entre crisis económica y las políticas de ‘austericidio’ de las derechas a nivel europeo y nacional habían dejado a nuestro nunca boyante Estado de bienestar hecho unos zorros. Y con especial deterioro en ciertas comunidades autónomas y en el Sistema Nacional de Salud.

La memoria es corta, aparte de selectiva, y ya no nos acordamos de las numerosas manifestaciones, o mareas blancas o verdes, que recorrieron nuestras calles en protesta por el desmantelamiento que se estaba produciendo en el hasta entonces alabado sistema sanitario y educativo. Privatización de una parte creciente de los servicios hospitalarios, continuados recortes en gastos e inversiones en equipamiento y personal, deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios, con la consiguiente emigración de profesionales a latitudes más amables. Era cierto que teníamos uno de los mejores planteles de profesionales sanitarios del mundo, pero era incierto que contáramos con los mejores equipamientos, cuando una parte considerable de los mismos -en torno al 40%- son hoy en día obsoletos. 

La prueba de lo que decimos es que cuando estalla la pandemia y se extiende como reguero de pólvora, el personal sanitario no cuenta con los instrumentos de protección adecuados, muchos de ellos se infectan y algunos mueren. Así, en reciente sentencia del Tribunal Supremo, se deja constancia de la responsabilidad de las autonomías -a las que está transferida la Sanidad- en la desprotección en que quedaron los sanitarios cuando llegó la pandemia. El Alto Tribunal también señala que dicha responsabilidad también recayó, a partir del 14 de marzo del 2020, en el Gobierno de la nación, sin por ello eliminar la de las comunidades. Sin embargo, hay que reconocer que no era fácil recoser en el plazo de pocos meses lo que se había deteriorado en años de incuria y abandono. 

Lo cierto es que en el Gobierno de la nación y, muy especialmente, en Cataluña y Madrid, desde hace demasiados años en manos de las derechas, se apostó durante los años previos a la pandemia por la privatización, por la reducción de inversiones en equipos y personal, con la finalidad de abrir camino al goloso negocio de la salud privada. Incluso en estos momentos, de segunda oleada de pandemia, se realizan prácticas que van en la misma dirección. Por ejemplo, en Madrid se están derivando atenciones quirúrgicas -las que dejan más dinero- a la sanidad privada bajo el subterfugio de que hay que hacer hueco en los hospitales a la COVID-19. O también, ante la insuficiencia de personal, la tardanza en proporcionar el resultado de los PCR en los servicios públicos -a veces una semana- empuja a los pacientes a acudir a entidades privadas que los proporcionan en 48 horas o menos, previo pago de alrededor de 100 euros, que la mayoría no puede permitirse.

Todo el mundo sabía que era previsible la llegada, en el otoño, de una segunda ola de COVID-19 y que, en consecuencia, era esencial tomar medidas y prepararse para lo peor. Por lo tanto, la gente tiene derecho a preguntarse: ¿qué se ha hecho en este sentido en las comunidades autónomas cuando han recobrado todas sus responsabilidades? ¿Cuántos rastreadores se han contratado; qué medidas se han tomado para fortalecer la atención primaria, cuántos contratos nuevos se han suscrito? ¿Por qué no se han mejorado las condiciones laborales del personal sanitario y evitar así que se tengan que buscar la vida en otros países?

Y también habrá que explicar por qué hay autonomías que han tomado medidas adecuadas, como los casos de Asturias o el País Valenciano, entre otras y, sin embargo, algunas no lo han hecho. Cómo es posible que los médicos catalanes denuncien que se han perdido 900 profesionales desde 2018 o que el gasto sanitario con relación al PIB sea de los más escasos, un 4,5% en ese mismo año. Cómo justificar que Madrid sea una de las comunidades que menos gasta/invierte en salud por persona y que su gasto en relación con el PIB sea tan solo del 3,6%, cuando Asturias gastaba el 7,4%, Valencia el 6,3%, Extremadura el 8,4% o Murcia el 7,4%, en el mencionado año del 2018. No nos debe extrañar que, en el momento de escribir estas líneas, de los 888.000 infectados la mitad sean de las comunidades autónomas de Cataluña y Madrid (161.000 la primera y 270.000 la segunda), que los fallecidos sean 9.800 en Madrid y 5.900 en Cataluña, en total 15.700, es decir en ambos casos casi el 50% de los infectados y más del 50% de los fallecidos (33.124 en todo el país). Cuando, por el contrario, la suma de la población de ambos es el 30% del total, Cataluña el 16,3% y Madrid el 14,17%. 

Si a las anteriores carencias añadimos determinadas condiciones sociales, el resultado puede ser explosivo. España es el país con una de las más extensas economías sumergidas de Europa, el doble que en las economías avanzadas. Igualmente, es el que cuenta con una proporción mayor de contratos temporales y ello no deja de influir en la pandemia. ¿Ustedes creen que los millones de personas que trabajan en la economía irregular o que tienen un contrato basura pueden permitirse el lujo de guardar cuarentena? Tienen que ir a trabajar sí o sí, pues de lo contrario no comen y nadie les paga por no hacerlo.

Ante esta lamentable y peligrosa situación, hay quien ha decidido lanzarse a ‘maniobras de distracción’. La presidencia de la Comunidad de Madrid ha considerado oportuno erigirse en la oposición frontal al Gobierno de España, emulando así a la Generalitat de Cataluña y su recién depuesto presidente. Ha concluido que su interés está en la confrontación con el Ejecutivo, como su antítesis, marginando a la propia oposición en la Comunidad de Madrid, que queda bastante desvaída, y al mismo tiempo desgastar al Gobierno de coalición, que es de lo que se trata. Por eso no comparto la idea de que la actitud de la presidenta madrileña sea producto de la tontuna que pueda emerger de su persona, sino que obedece a intereses económicos y sociales muy arraigados en el modelo productivo de la autonomía madrileña. Así, la confrontación sanitaria persigue un doble objetivo. Por un lado, al resistirse a tomar las medidas adecuadas ante la muy seria situación epidemiológica, ha forzado al Gobierno a declarar el Estado de alarma y asumir el coste electoral que ello pueda comportar, que está por ver. Y, de otra parte, mientras el personal político y mediático está inmerso en la bronca permanente, tomar las decisiones que realmente convienen a los intereses que representa. Es decir, las recetas de siempre: bajar impuestos, aunque las necesidades de gasto e inversión hayan aumentado, y producir una legislación que acabe convirtiendo a la totalidad de la Comunidad de Madrid en urbanizable o ‘alicatable’; en una palabra: menos tributos a los pudientes y más ladrillo.

Hay que reconocer que no es tarea fácil hacer frente a una crisis de esta envergadura con dos comunidades de las más pobladas y ricas del país haciendo una oposición frontal y practicando una deslealtad institucional que da para meditar. En todo caso, convendría no caer en las provocaciones o distraerse del objetivo principal: proteger a la población de la pandemia y tomar medidas eficaces para superar la temible crisis económica y social.

Fuente : Opinión de Nicolás Sartorius en eldiario.es

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