¿Por qué el PP se opone a la Ley de vivienda?

La derecha concibe la vivienda como una mercancía más, es decir, como un bien más de mercado, al que se accede en función de la capacidad de compra de cada cual

La derecha política y mediática ha salido en tromba contra la Ley del Derecho de Vivienda, aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

No es de extrañar y estaba previsto. Esta ley constituye un cambio de paradigma en la regulación de una materia de importancia crucial para las familias españolas.

La derecha concibe la vivienda como una mercancía más, es decir, como un bien más de mercado, al que se accede en función de la capacidad de compra de cada cual. Mientras que la ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez establece la vivienda como un derecho, y obliga a las administraciones a adoptar medidas para asegurar el acceso en condiciones dignas a todos los españoles.

Si la derecha defiende el negocio y los privilegios de unos pocos, frente a los derechos de la mayoría social, de las familias y de los jóvenes que necesitan vivienda digna y accesible, resulta lógico que se oponga a la primera ley de la democracia que consagra el derecho a la vivienda digna y accesible

Por lo tanto, resulta lógico que la derecha se revuelva contra una ley que convierte en derecho para todos lo que antes era negocio y privilegio para unos pocos.

Ahora bien, como es habitual, la derecha no esgrime contra la ley los argumentos auténticos que animan su oposición, sino que plantea excusas basadas en falsedades para justificarse.

La primera excusa falsa es la de prever que la ley limitará la oferta y elevará los precios del alquiler. Se trata de una previsión tan poco justificada como aquellas que anticipaban un paro masivo por la subida del salario mínimo o la quiebra de la Seguridad Social por la dignificación de la pensiones.

En realidad, los precios del alquiler se han elevado muchísimo sin que esta ley estuviera en vigor. El nuevo ordenamiento tan solo faculta a las administraciones a limitar la subida del precio de los alquileres donde y cuando la elevación de los precios se dispare más allá de lo aceptable.

La segunda excusa es igual de falsa. Pretenden hacer creer a los ciudadanos que la nueva ley favorece el allanamiento de sus hogares por parte de criminales a los que el “sanchismo” asegura la impunidad. Mentira, claro.

La nueva ley de vivienda no afecta al ámbito penal de los allanamientos por parte de mafias, que existen, que se combaten y que hay planes para combatirlos aún mejor. La ley recién aprobada en el Congreso ofrece nuevas garantías en el ámbito civil a las familias vulnerables que se enfrentan a un desahucio, cuando el propietario es un gran tenedor.

Se establece un procedimiento de mediación y arbitraje, para dar posibilidad a la negociación entre propietarios e inquilinos, y se faculta a la administración, incluso, a pagar el alquiler con fondos del Plan Estatal de Vivienda, si la situación de niños, mayores, personas con discapacidad o víctimas de violencia de género así lo requiere.

Muchas de estas familias vulnerables dejarán de estar protegidas el próximo 1 de julio por el escudo social levantado por el Gobierno como consecuencia de la guerra de Ucrania. La derecha pretende abandonarlos a la selva del mercado. La nueva ley les protege.

En realidad, la derecha no se opone a la ley de vivienda por los precios de los alquileres ni por los okupas. Han votado contra la ley y la recurrirán a los tribunales porque pone límites a los beneficios de la especulación inmobiliaria, que ha enriquecido a unos cuantos a costa del sufrimiento de millones. Y que ha nutrido en buena medida la corrupción de la derecha política, sobre todo en Madrid.

Promover vivienda pública limita el negocio de la vivienda privada. Si Pedro Sánchez anuncia 50.000 viviendas de la SAREB, 20.000 más en suelo de Defensa, y 43.000 más financiadas con créditos ICO, todas ellas públicas y baratas, el negocio de la vivienda privada se resiente, porque los precios bajarán en el mercado privado.

Si la ley prohíbe vender esas viviendas públicas a los fondos buitre, como ha hecho la derecha por precios irrisorios durante las últimas crisis, algunos dejarán de enriquecerse de forma ilícita e inmoral.

Si la ley faculta a los ayuntamientos para elevar impuestos a los propietarios que especulen con sus viviendas vacías, esos propietarios se verán obligados a dejar de especular, sacando sus viviendas vacías al mercado de alquiler.

Si la ley promueve la limitación de los precios del alquiler cuando los precios del alquiler se disparan, algunos fondos buitre ganarán menos de lo que ganan ahora.

Si la derecha defiende el negocio y los privilegios de unos pocos, frente a los derechos de la mayoría social, de las familias y de los jóvenes que necesitan vivienda digna y accesible, resulta lógico que se oponga a la primera ley de la democracia que consagra el derecho a la vivienda digna y accesible.

Lo que resulta menos lógico es que divulguen falsedades para justificarse.

Fuente: Rafael Simancas en nuevatribuna.es

También podría interesarte