Nuestras propuestas electorales para Sumar

Sólo desde lo público se puede garantizar que lo que es un derecho no sea tratado como una mercancía con la que especulan sectores inmobiliarios y financieros

Estamos en un momento crucial para el conjunto de la clase trabajadora y los sectores populares de nuestro país que deben hacer valer sus derechos e intereses en las elecciones generales convocadas para el 23 de julio. El PCE participa de una confluencia electoral amplia de izquierdas y progresistas: SUMAR. Y desde esa plataforma lanzamos nuestras reivindicaciones básicas en la conformación de un programa electoral que responda a las necesidades de nuestro pueblo frente al proyecto neofascista y liberal autoritario que conforman PP y VOX. Queremos hacer valer derechos básicos frente a la lógica capitalista que los convierte en mercancías: sanidad, educación, vivienda y energía.

Nuestras propuestas para la conformación del programa electoral devienen de la coherencia de lo que hemos defendido en las calles en amplias movilizaciones y en alianza con sindicatos, organizaciones sociales y colectivos. Todas ellas son parte de nuestra estrategia de acumulación de fuerzas para construir un horizonte democrático, que impugne el régimen del 78 y avance hacia la república democrática. Nuestro modelo republicano busca hacer valer el anhelo de pan, paz, trabajo, techo, dignidad e igualdad… Y por eso priorizamos la defensa de lo público y lo básico, junto a la agenda feminista que se encuentra en la línea de ataque frontal del capital.

«Sólo desde la intervención pública se pueden conjugar las necesidades de consumo y producción con la necesaria racionalización de explotación de recursos»

En sanidad, damos continuidad a las amplias movilizaciones que se han producido en el conjunto del estado reclamando y defendiendo servicios públicos esenciales como son la Sanidad y la Educación. En sintonía con lo que hemos defendido en la calles, toca recoger entre las medidas más urgentes del programa electoral que debe responder a una coyuntura de emergencia ante los intentos descarados del capital de mercantilizar lo que son derechos fundamentales. En Sanidad, y de manera resumida, nuestra propuesta se basa en derogar la ley 15/97 para revertir el proceso privatizador de la sanidad pública. Al mismo tiempo que comprometer no menos del 7% de todo el presupuesto público para salud, y de ése, no menos del 25% para la atención primaria. Con esa decidida consignación presupuestaria se podrán garantizar el refuerzo de plantillas, la construcción de un sistema de farmacia pública, la ampliación de la atención a especialidades (entre otras la salud mental) y elevar a categoría de derecho fundamental el acceso a la sanidad publica y universal.

En materia de educación, no vamos a transigir con derivaciones encubiertas y destructoras de la educación pública. Nuestra apuesta es por una educación pública y de calidad. Nuestras propuestas pasan por la concreción en un programa que garantice la inversión y controle su implementación en el conjunto del Estado para corregir las desigualdades; que priorice la bajada de ratio en todos los niveles educativos; que asegure las condiciones laborales del profesorado, eliminando la temporalidad; y que eliminen la segregación del alumnado en función de sus rentas.

Respecto a la garantía de vivienda, estamos ante un escenario de alarma habitacional. Los altos precios de la vivienda, tanto por el encarecimiento de las cuotas hipotecarias como por el incremento de las rentas de alquiler deniegan el acceso a una vivienda digna a gran parte de la población, en especial mujeres y jóvenes. Nuestra propuesta es clara: la vivienda es un derecho y la propiedad de la misma se debe someter a su función social. Por eso la alternativa pasa por un Parque Público de Vivienda en alquiler. Sólo desde lo público se puede garantizar que lo que es un derecho no sea tratado como una mercancía con la que especulan sectores inmobiliarios y financieros. La base del mismo no puede ser otra que el amplio parque de vivienda vacía que se ha acumulado y que con políticas de rehabilitación pueden dar respuesta a las necesidades de compatibilizar vivienda y respeto al medioambiente. Junto con lo que consideramos una apuesta estratégica lanzamos dos propuestas de respuesta a la coyuntura: tope a las cuotas hipotecarias y a las rentas de alquiler, que en ningún caso puedan sobrepasar el 30% de los ingresos de quienes las habitan; y considerar la vivienda habitual inembargable.

«Es indispensable la creación de una empresa pública de minería que controle la extracción, procesamiento y aprovechamiento de las materias primas críticas»

En la priorización de propuestas de conformación del programa electoral cobra especial relevancia en materia de energía el control público del sistema eléctrico en España. La ceración de una empresa pública de generación, transporte y distribución de electricidad es consustancial a la garantía de soberanía del país y a dar acceso al conjunto de la población a un servicio básico y fundamental. Sólo desde la intervención pública se pueden conjugar las necesidades de consumo y producción con la necesaria racionalización de explotación de recursos que transiten hacia un modelo de economía sostenible con el medio ambiente. Junto a todo esto, es indispensable abordar la creación de una empresa pública de minería que controle la extracción, procesamiento y aprovechamiento de las materias primas críticas. Sin esto no será posible las propuestas de la llamada electrificación verde. El control público de la energía es también condición para apostar por un modelo público de transporte colectivo basado en el ferrocarril para garantizar la movilidad de de personas y mercancías, con especial atención a las redes de cercanías.

Las políticas de defensa de la mayoría social trabajadora y popular sólo se pueden garantizar desde la planificación democrática de la economía. Pero para que los intereses de la mayoría social se impongan a la rapiña de las oligarquías, el primer paso es movilizar el voto para apoyar las candidaturas de SUMAR.

Fuente: Carlos Vázquez Galán, Secretario de Área Externa CC-PCE, en mundoobrero.es

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