Los médicos dan un ultimátum a Ayuso para que termine con la alta temporalidad de las plantillas

El porcentaje de profesionales de los hospitales con contratos temporales alcanza el 52%, una cifra que se sitúa en el 35% en la Atención Primaria y el SUMMA 112. Europa, alertada por estas cifras, condicionó los fondos europeos a que se disminuya al 8%

La temporalidad de los sanitarios del Servicio madrileño de Salud (SERMAS) se ha vuelto un tema recurrente desde que estallara la pandemia por la Covid-19. La crisis sanitaria puso de relieve las costuras de un sistema con miles de médicos que encadenan contratos precarios. Aunque la situación venía de lejos. La temporalidad de las plantillas –a la que se suma la falta de facultativos– es generalizada en todos los niveles de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Pero es más acuciante en los hospitales, donde un 52% de los médicos que trabajan lo hacen con contratos temporales ya sea de interinidad o encadenando contratos que van del día a los meses: suponen 6.215 de los 11.970 médicos que trabajan en la región, según los datos de la propia Consejería de Sanidad. En Atención Primaria y en el SUMMA 112 el porcentaje sigue siendo elevado pero disminuye hasta el 35%.

Los médicos han dicho basta a este modelo sistemático de precariedad que supone una merma de derechos para los profesionales y que acaba repercutiendo también en la atención. La novedad radica en que, en esta ocasión, incluso el Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) –cuya dirección actual es más afín a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la anterior– ha cogido las riendas de este asunto que desde los sindicatos médicos llevan reclamando durante años. El colegio profesional convocó el pasado jueves una reunión que tuvo una asistencia masiva, con 215 jefes de servicio de todos los hospitales madrileños de peso y de todas las especialidades.

De ese encuentro se consensuó un manifiesto común que ya cuenta con más de 3.000 firmas de profesionales. En el escrito ponen una fecha límite, el 1 de junio, para que la Consejería ponga en marcha convocatorias de plazas excepcionales que regularicen la situación de cientos de médicos que llevan en la sanidad pública madrileña durante años sin poder ser fijos. Si en esa fecha no se ha avanzado en una solución, amenazan con acudir a los tribunales. También se mencionan movilizaciones.

Sobre el escandaloso número de médicos temporales que también se produce en otras comunidades autónomas alertó hace unos meses la Unión Europea. La UE condicionó los fondos europeos a que se pusiera solución y daba a España hasta 2024 para que la temporalidad se situara en el 8%. El Gobierno central se puso manos a la obra aprobando una ley para que las comunidades autónomas pudieran acelerar los procesos. Pero en Madrid, denuncian sindicatos y ahora el Colegio de Médicos, no se ha hecho nada hasta la fecha.

“La aplicación de la ley 20/2021 nos ofrece una oportunidad única e irrepetible de lograr la estabilización de las plantillas”, recoge el manifiesto. “Más de la mitad de los contratos de los médicos son temporales. Es una situación disfuncional inaceptable que pone en riesgo el desarrollo profesional y el ejercicio digno de la medicina”, añade.

Desde AMYTS, el sindicato mayoritario de médicos, llevan reclamando desde hace años una solución para un problema que no es nuevo y que han encadenado los sucesivos gobiernos del PP. Por eso, el organismo social celebra que se haya sumado el Colegio profesional y también numerosos profesionales de renombre a esta petición. “Nos congratula mucho comprobar que el Colegio de médicos de Madrid se une a las propuestas que AMYTS lleva defendiendo todos estos meses ante la administración. A ver si ahora todos juntos lo conseguimos”, afirma Javier Ortega, responsable del área hospitalaria del sindicato.

En Urgencias, los médicos llevan 21 años sin oposiciones y el porcentaje de temporales alcanza el 82%. La consecuencia directa de esta situación es que no tienen derecho a cobrar la carrera profesional y otros pluses que sí reciben los profesionales que trabajan de manera fija. Entre ellos hay interinos y eventuales. Muchos reclaman en los tribunales, que acaban dándoles la razón, otros que encadenan contratos temporales de días o meses lo tienen más complicado porque la ley no les ampara pese a que llevan años trabajando en el SERMAS. 

El Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se pronunció esta semana sobre esta cuestión asegurando que la intención del Gobierno regional es “estabilizar al máximo el mayor número de profesionales”. “Para ello hemos sacado en los dos últimos años una oferta pública de empleo que son de 4.725 plazas”, defendió. El problema es que estas plazas al ser previas a la ley estatal, no tiene en cuenta los años que muchos ya llevan trabajando en la sanidad madrileña.

“Tenemos que defender que nadie pierda ninguna oportunidad en ninguno de los procesos. Tenemos que luchar por una fijeza para todos por una vía o por otra, en un proceso o en otro sobre todo los interinos de larga evolución”, defiende Ortega, responsable del área hospitalaria de AMYTS.

El despido de 6.000 sanitarios

El 1 de abril de este año el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso puso fin al contrato de más de 6.000 sanitarios entre los que hay médicos, pero también enfermeros, técnicos de laboratorio, auxiliares y celadores. Todos ellos habían firmado los llamados contratos COVID en marzo de 2020 para hacer frente a la pandemia. Muchos de ellos han vuelto a la temporalidad encadenando contratos precarios. Otros se han ido al paro.

La razón que siempre ha alegado la dirección de recursos humanos a los sindicatos presentes en la mesa sectorial es que “no hay capacidad presupuestaria” para afrontar estos contratos que en el último año y medio se han financiado con fondos que ha transferido el Gobierno central a la Comunidad de Madrid.

La realidad es que para las cuentas de 2022, el Ejecutivo de Díaz Ayuso ha aprobado un presupuesto que recoge un merma de 178 millones de euros para Sanidad respecto a lo ejecutado en 2019, un año previo a la pandemia. Todo esto, mientras el Gobierno de Ayuso rebaja impuestos que benefician principalmente a las rentas más altas y con lo que Madrid ha dejado de recaudar 334 millones de euros al año.

Fuente: Fátima Caballero en eldiario.es

Foto: nuevatribuna.es

Guerra de los médicos de la privada contra las aseguradoras: “Nos quedan entre cinco y diez euros por consulta”

Una asociación de facultativos autónomos que trabajan para los seguros (Unipromel) se quejan de que les pagan poco y acusan a las compañías de beneficiarse a su costa

En la sanidad privada se está librando una guerra poco visible para los pacientes. Un enfrentamiento soterrado que tiene que ver con el dinero que pagan las aseguradoras a los médicos y médicas autónomos que trabajan para ellas. Los facultativos se han organizado en torno a la Unión Médica Profesional (Unipromel), una especie de patronal de la privada creada hace año y medio, y acusan a las aseguradoras de hundir sus tarifas y retribuirles con condiciones “leoninas” por cada consulta, prueba diagnóstica o cirugía que practican y que se carga en la tarjeta del seguro al paciente.

“Los gastos sanitarios han ido subiendo y costeamos para las aseguradoras su buena cara frente a los pacientes. Somos el escaparate publicitario y tienen beneficios millonarios a nuestra costa”, asegura Rafael Arriaza, traumatólogo propietario de una clínica privada en A Coruña y presidente de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte.

El quid de la cuestión tiene que ver con unos baremos fijados en los años noventa por cada una de las intervenciones y consultas a través de un acuerdo entre las aseguradoras y la Organización Médica Colegial que, según Unipromel, no se han actualizado. Los colegios de médicos tienen prohibido desde 2009 participar en estas cuestiones relacionadas con los honorarios y las compañías aseguradoras siguen pagando precios muy similares a los de hace 30 años. En aquel documento bautizado como convenio igualatorio, estaban aún en pesetas. elDiario.es ha contactado con varias compañías aseguradoras para recabar su postura sin obtener respuesta. La patronal, Unespa, contesta por escrito que “la relación entre aseguradoras y sus proveedores es de carácter bilateral”.

La mayoría de pacientes que acuden a la sanidad privada ya lo hacen a través de un seguro. El crecimiento de las pólizas es imparable desde hace años, aunque el mayor impulso en la última década se registró en 2020, el año que estalló el coronavirus. Una de cada cuatro personas en España pagan a una aseguradora privada para servicios sanitarios, según los últimos datos de Unespa, y el sector tiene una facturación superior a los 9.000 millones de euros al año mientras la sanidad pública sigue sufriendo un problema crónico de listas de espera, agudizado por la crisis. Compañías como Sanitas, la segunda aseguradora del ramo sanitario con más de un 20% del mercado, hablan en su último balance de un “récord de ventas en el negocio asegurador” que ha impulsado hacia arriba sus beneficios anuales.

Un mercado de clientes

“Las compañías se han quedado con millones de potenciales clientes. Si quieres trabajar en la privada, debes tragar con las aseguradoras o con un determinado grupo hospitalario”, se queja el presidente de Unipromel, el oftalmólogo Ignacio Guerrero, que lamenta que la capacidad negociadora a nivel individual es nula y advierte que ya “hasta el más rico de Sevilla” paga a una aseguradora privada. La organización que lidera Guerrero agrupa a 4.000 médicos, aunque según Unipromel hay unos 30.000 en España en esta misma situación.

Algunos médicos reconocen que empiezan a apretar las agendas para meter a más pacientes y sumar más honorarios. Guerrero justifica que “para cubrir gastos” se dedica menos tiempo y se trabaja “a destajo”. “Nos fuerzan a eso por el fraude de los seguros baratos”, insiste. Las tarifas varían un poco según la compañía, sostiene Manuel Carmona, vocal de los médicos de ejercicio privado de la Organización Médica Colegial. Tampoco han cambiado con la COVID-19.

El radiólogo pone el ejemplo de una ecografía de hombro, por la que Sanitas le paga nueve euros y DKV, unos 30. “Estamos en negociaciones tensas y me he planteado dejar algunas compañías. El criterio de las aseguradoras es económico, pero el médico no puede atender mal al paciente, trato igual por el que me pagan nueve que por el que recibo 30”, expone Carmona, que por las mañanas trabaja en la sanidad pública.

¿Cuánto vale una consulta?

La petición de Unipromel es elevar los precios de las consultas de medicina general de los siete euros, en los peores casos, a los 25 o 30 euros; y en medicina especializada hasta 40. Actualmente se pagan unos 16, según la organización. “Todo el mundo sabe que en Madrid la consulta privada está a 100 euros y a nosotros nos quedan entre 5 y 10 euros netos por consulta”, justifica Guerrero. Asisa, compañía a la que varios médicos consultados se refiere por sus bajas tarifas, responde, preguntada por elDiario.es, que no suelen hacer comentarios sobre este asunto. Sanitas tampoco ha ofrecido una contestación a la consulta.

“Comprendemos que esto tiene una parte de negocio, pero si lo hacemos bien permite hacer la medicina que quieres. Si pierdes esa parte puede traer problemas de graves de calidad asistencial. Si la presión de los costes obliga a ajustar mucho los límites es fácil caer al lado oscuro”, admite Arriaza poniendo como ejemplo a compañías de prótesis que vendieron productos de calidad cuestionable. Hay casos juzgados: la justicia francesa condenó a la empresa PIP (Poly Implant Prothèse) el año pasado tras vender un millón de prótesis mamarias entre 2001 y 2010 fabricadas con rellenos industriales baratos que con el tiempo se rompieron en el interior del cuerpo de muchas mujeres. Entre las compañías y la OMC hay abierta negociación lenta para actualizar el nomenclátor, el listado de actos médicos, pero no de las tarifas, según Arriaza.

Fuente: Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es