La Xunta pagó sobreprecios del 37% a la empresa que propició la comisión de dos millones a la pareja de Ayuso

Mape Asesores, administrada por el jefe de Alberto González Amador en Quirón, se embolsó 4,7 millones por vender batas desechables a 2,52 euros la unidad en lo peor de la pandemia, un 37% más caras que la media, según el tribunal de cuentas gallego

galegosaude

La Xunta de Galicia pagó en 2020 sobreprecios de hasta el 37% por la compra de material sanitario a Mape Asesores, la empresa gallega que propició ese año la comisión de 2 millones de euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por intermediar en la compraventa de ese tipo de material en lo peor de la pandemia.

Ese sobreprecio está recogido en un informe publicado en 2023 por el Consello de Contas, equivalente gallego al Tribunal de Cuentas, sobre los contratos de emergencia realizados por el Servicio Gallego de Salud (Sergas) durante el Estado de alarma. El organismo analizó, entre otros aspectos, el precio medio de los 2,567 millones de batas EPI impermeables que la Xunta adquirió entre marzo y diciembre de 2020 por un total de 4,7 millones de euros.

El 53,3% de ese importe, 2,517 millones, fue a parar a Mape, que suministró a la Xunta un millón de batas EPI PB86 impermeables. En esta empresa es consejero desde 2019 Fernando Camino, el jefe de Alberto González Amador en el grupo sanitario Quirón, principal pagador de la pareja de la presidenta madrileña. Mape suministró el 38,9% de los EPI que adquirió ese año el Servicio Gallego de Salud. 

El precio medio que cobró a la Xunta, según el informe, fue de 2,52 euros, uno de los más elevados de los ocho proveedores analizados y un 37% superior a la media de las compras en esos meses del Sergas, que fue de 1,84 euros por unidad.

El informe del organismo fiscalizador concluye que más del 86% de los pagos y el 92% de las batas adquiridas “se concentra en dos proveedores, produciéndose precios medios por unidad muy desiguales”: si Mape cobró esos 2,52 euros, de media, el segundo proveedor, Hortas Suministros SL (que suministró casi el 53% de las batas) lo hizo a un precio muy inferior, de 1,156 euros. 

“Dicha circunstancia tiene su explicación en que el principal proveedor a nivel de importe”, Mape Asesores, “acaparó las compras en el período abril-julio, mientras que el segundo, con una mayor cantidad de producto suministrado, pasa a ser proveedor mayoritario a partir de agosto, cuando los precios unitarios ya habían descendido considerablemente”, indica el informe.

En ese ejercicio, con el mundo entero en una desenfrenada carrera por comprar guantes, mascarillas o EPIs para tratar de frenar la expansión del coronavirus, las compras de ese tipo de batas por parte del Sergas se dispararon un 1.383% por la emergencia sanitaria, según expuso este organismo en sus alegaciones. 

Mape también suministró a la Xunta 8,8 millones de mascarillas entre marzo y diciembre de 2020 por un importe de 4,5 millones. En este caso, fue también el primer proveedor, con el 18,9% del total de unidades suministradas ese año al Sergas y el 19,2% del importe destinado por la Xunta mediante contratos de emergencia. El precio medio por unidad que cobró Mape fue de 0,51 euros, solo ligeramente por encima de la media analizada entre los 21 proveedores que tuvo el Sergas ese año. De los diez principales proveedores de mascarillas en ese ejercicio, Mape ofreció el sexto precio más alto. Las más caras se vendieron a 78 céntimos la unidad.

El informe destaca que “el precio medio de compra del Sergas fue superior al promedio estatal”, que ascendió a 0,43 euros, según un análisis de 150 expedientes en los que la Administración central adquirió 757 millones de unidades por 328 millones de euros. No obstante, en comparación con otras trece comunidades autónomas analizadas, “se sitúa entre los cuatro mejores”, según la Cámara de Cuentas gallega.

Mape concentró el 18,9% de las mascarillas que el Sergas adquirió en 2020. Fue el mayor proveedor de este tipo de materiales y concentró el 19,2% de los 23,4 millones de euros que el servicio gallego de Salud destinó a comprar mascarillas en 2020.

En 2020, la facturación total de Mape prácticamente se cuadruplicó, hasta un récord de 113,2 millones. Esta empresa fue en el año del estallido de la pandemia el mayor proveedor del Sergas mediante contratos de emergencia, con un total de 10.004.510 euros adjudicados en 2020, tal y como avanzó Infolibre, basándose en un informe de la Cámara de Cuentas gallega publicado este año que, con carácter general, advirtió de “deficiencias en algunas de las memorias justificativas, falta de un mínimo de concurrencia y de comprobación de la aptitud y capacidad del adjudicatario” en estos contratos de emergencias o “falta de publicidad de una parte de las adjudicaciones”, entre otras “incidencias” relacionadas con estos contratos de emergencia.

Ese informe se basaba en el análisis exhaustivo publicado en 2023, en el que la Cámara de Cuentas apuntaba “una escasa planificación de las compras, o la fragmentación de pedidos para no superar los límites establecidos en la normativa para el contrato menor”. Una muestra que ilustraba “perfectamente” esta práctica fue cómo “en la misma fecha se hacen hasta 15 pedidos del mismo artículo, con la consiguiente e innecesaria carga de trabajo”.

Los meses de fortuna de Alberto González

El material que proporcionó Mape a la Xunta se entregó en las fechas en que Alberto González Amador pactó una comisión del 4,5% por la que se embolsó dos millones de uros, a cambio de intermediar en la compraventa de material sanitario procedente de China que suministró una empresa catalana (FCS) a Mape Asesores, la empresa de la que ya era consejero su jefe en Quirón, Fernando Camino. 

González Amador pactó con FCS embolsarse ese porcentaje por “la comercialización de los productos sanitarios y /o equipos de protección individual, como guantes o mascarillas, necesarios para la protección de los trabajadores ante la exposición al riesgo de contraer la enfermedad de coronavirus”, según el contrato que el empresario aportó a la Agencia Tributaria que ha derivado en su imputación por fraude fiscal y falsedad documental.

Tal y como figura en el informe de Hacienda que dio lugar a la denuncia, González Amador percibió esos pagos bajo el concepto “comercialización de clientes”. El comisionista y defraudador confeso explicó a la Agencia Tributaria que se trató de una comisión por lograr compradores de material sanitario a la firma FCS Select Products SL, con quien, siempre según el relato de González Amador, había firmado un contrato de intermediación en enero de 2020, muchas semanas antes de que se detectase en España el primer positivo por coronavirus.

La Inspección de Hacienda describió a Maxwell Cremona, la empresa propiedad de la pareja de Díaz Ayuso que recibió las comisiones, y que ese año multiplicó su facturación por seis, como “un mero intermediario que se limitará a poner en contacto las dos partes que vayan a formalizar la compraventa de los productos”. Hacienda destacó en su informe que la sociedad de González Amador “en ningún caso aparecerá ni como comprador ni como vendedor ni como parte del acuerdo”.

En aquel momento la compradora de esas mascarillas, Mape Asesores, ya tenía como consejero a Fernando Camino, directivo de Quirón y persona clave para entender el enriquecimiento de González Amador que se inició en 2020, cuando empezó su fraude confeso a Hacienda mediante una trama de facturas falsas y sociedades pantalla que ya investiga un Juzgado de Madrid.

Camino fue uno de los creadores de la empresa en el paraíso fiscal de Panamá que Alberto González Amador administró mientras defraudaba a Hacienda. Y el directivo de Quirón fue también uno de los creadores de la empresa pantalla que la pareja de Ayuso compró a finales de 2020 para canalizar parte de su fraude al Fisco. Camino está muy vinculado a León, donde tiene su despacho el asesor fiscal de Alberto González Amador, Javier Gómez Fidalgo. Este economista y abogado administra la sociedad que figura como propietaria del ático del que disfrutan la presidenta y su pareja, en la planta superior al piso que González Amador puso a su nombre en julio de 2022. El propietario formal de ese ático es un empresario hostelero de León.

Quien acabó pagando los sobreprecios del material que sufragaron las comisiones de la pareja de Ayuso es una incógnita. Mape no ha explicado a qué clientes revendió los pedidos por 42 millones de euros que hizo a FCS y que permitieron a Alberto González Amador el pelotazo de los dos millones. En su apartado de clientes la firma gallega cita a administraciones como la Xunta, la Comunidad de Madrid o el Ministerio de Industria, empresas públicas como la Casa de la Moneda, y multinacionales como Inditex, Renault o Iberdrola, entre otros.

Años sin publicarse

En las alegaciones al informe de la Cámara gallega de Cuentas sobre los contratos de emergencia durante la pandemia, el Sergas expuso que Mape estuvo entre los “proveedores no habituales del Servizo Galego de Saúde” que luego fueron seleccionados por la Administración central. El Gobierno de España estableció un acuerdo marco valorado de más de 2.000 millones que fue licitado en agosto de 2020 por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). 

Uno de los puntos que destacó el órgano fiscalizador fue el incumplimiento del deber de dar publicidad a estos contratos. Tardaron más de dos años en aparecer en la plataforma de contratación de la Xunta de Galicia. En el portal de contratación del Estado figuran hoy una decena de contratos de emergencia del Sergas a Mape por un importe de 9,77 millones (sin incluir IVA), adjudicados a dedo entre el 2 de abril y el 10 de junio de 2020. De esos casi diez millones, unos 4,34 millones corresponden a contratos de compra de mascarillas; otros 4,19 millones, a equipos de protección, como batas; y 1,2 millones, a otros productos como test de antígenos y gafas de protección.

Estos contratos no se hicieron públicos en las plataformas habituales en España hasta el 11 de octubre de 2022. En el Diario Oficial de la UE no se publicaron hasta febrero de 2023. Ese retraso fue una tendencia generalizada en los contratos de emergencia del Sergas, que incumplió la obligación legal de dar publicidad a esas adjudicaciones, y así lo destacó la Cámara de Cuentas en su informe. El Gobierno gallego argumentó en las alegaciones que “en un principio los expedientes se publicaron en el portal de transparencia, dado que los sistemas informáticos no estaban preparados para la publicación de los contratos de emergencia”.

Fuente: Antonio M. Vélez / Pedro Águeda en eldiario.es

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