La vivienda en España: ¿un derecho o una mercancía?

No es decir nada nuevo que es muy grave el problema de la vivienda en España. Es muy complicado el acceder tanto en propiedad como en alquiler, especialmente en determinados colectivos: inmigrantes, jóvenes, trabajadores precarios… Lo lamentable, que no es nuevo y ningún poder público es capaz de abordarlo de una manera adecuada.

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Soy consciente de que la mayor parte de la vivienda en alquiler en nuestro país forma parte del patrimonio de muchas personas que complementan sus rentas y quieren garantías y seguridad jurídica”, decía la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una entrevista reciente en el El País. Una afirmación que es contestada de forma tajante por el Grupo de Estudios Críticos Urbanos (GECU) y que firman Javier Gil, Miguel García-Duch, Lorenzo Vidal y Miguel A. Martínez en un Informe publicado el pasado 16 de abril, titulado El mercado de alquiler. Fuente de desigualdad social.

Quien se la puede pagar bien, el que no pueda que se apañe. Este el sistema perfecto que nos quieren vender

Aquí todo el mundo dice estar profundamente preocupado por la desigualdad, pero sigue incrementándose desde determinados sectores de la política y la economía, como consecuencia además de otras causas del no acceso de la vivienda. Conviene recurrir a Bobbio. Vincula democracia con libertad, lo cual quiere decir que la democracia es la forma de gobierno que de mejor manera consagra, protege y promueve la libertad de las personas en sus diferentes modalidades. Entre esas libertades: la de pensamiento, de expresión, de reunión, de empresa, de asociación. Mas, ¿qué pasa con la igualdad, en concreto con la igualdad material, esto es, con la igualdad en las condiciones de vida de las personas? ¿Es la democracia una forma de gobierno adecuada para conseguir no sólo sociedades más libres, sino también más igualitarias? Considera pertinente y posible demandar de la democracia un compromiso, a la vez que con la libertad, con una mayor igualdad en las condiciones materiales de vida de la gente, o sea, le parece adecuado pedir a la democracia no sólo la preservación y el desarrollo del régimen de libertades que la hacen posible, sino también una cierta voluntad igualitaria en el sentido de utilizar el poder del Estado para contribuir a reducir las desigualdades materiales más manifiestas e injustas, así no más sea porque la presencia en una sociedad cualquiera de tal tipo de desigualdades puede tornar enteramente ilusorio y vacío, para quienes las padecen, el disfrute y ejercicio de las propias libertades. “La libertad, pues, y a la larga, no podrá subsistir sin igualdad”. Según esa idea, la igualdad no sólo no es un ideal incompatible con la libertad, sino, todo lo contrario, una cierta igualdad material mínima, como el acceso a la vivienda, sería una condición para el ejercicio efectivo de la libertad y para la consolidación de un régimen democrático.

Pero estas palabras de Norberto Bobbio no son pura retórica, un simple brindis al sol. Miremos nuestra Carta Magna, que muchas veces algunos utilizan como simple arma arrojadiza. Artículo 1.1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Artículo 9 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Miremos el Preámbulo de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. BOE núm. 124, de 25 de mayo de 2023. Dice así: 

“La Constitución española (CE) reconoce, en su artículo 47, el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada e impone seguidamente a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales y de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el referido derecho. Todo ello como proyección de su artículo 9.2, lo que explica su ubicación sistemática en el capítulo III del título I de la norma fundamental, referido a los principios rectores de la política social y económica.

Por su objeto, el derecho constitucional así reconocido incide en el goce del contenido de otros derechos constitucionales, declarados incluso fundamentales, como los relativos a la integridad física y moral (artículo 15 CE), a la intimidad personal y familiar (artículo 18 CE), a la protección de la salud (artículo 43 CE) y a un medio ambiente adecuado (artículo 45 CE); derechos, todos ellos, que guardan una relación estrecha con los valores de la calidad de vida –de la que habla el propio preámbulo de la norma fundamental– y del libre desarrollo de la personalidad en sociedad (artículo 10.1 CE). Esta incidencia e imbricación también se deduce de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y resalta en la doctrina del Tribunal Constitucional, que es receptiva de aquella. Todo lo cual modula, tanto el derecho de propiedad, como la libertad de empresa, cuando operan en el sector de la vivienda, desde el doble punto de vista de la función social que deben cumplir y del interés general, respectivamente (artículos 33.2, 38, 128.1 y 131.1 CE). Y ello sobre el trasfondo de la igualdad de todos los españoles en cualquier parte del territorio del Estado (artículo 139.1 CE) en los términos del artículo 14 CE y, en particular, de las personas y grupos sociales en situación de especial desventaja (artículo 48 CE) y los legítimos intereses de consumidores y usuarios, de acuerdo con el artículo 51.1 de la Constitución Española”.

Cabe preguntarse con esta normativa jurídica, ¿cómo es posible la no accesibilidad a la vivienda por parte de muchos españoles, sea en propiedad o en alquiler? Me viene a la memoria un hecho ocurrido en la ciudad de Madrid hace unos años, Se vendieron 18 promociones de vivienda pública protegida por 128 millones de euros a Fidere, filial de Blackstone en España. En aquel entonces, ante los temores de que algunos de los inquilinos de estas viviendas fueran desahuciados –extremo que después se confirmó– la entonces alcaldesa de Madrid aseguró que con este tipo de operaciones” sólo cambia el casero”, de modo que los inquilinos mantenían “sus derechos y obligaciones”. Insistió que el proceso de venta no afectaba a los contratos de los inquilinos, “que tienen los mismos derechos y obligaciones, en unas viviendas que siguen siendo protegidas y que se rigen por la normativa de las viviendas de protección pública”. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones y valoren la catadura moral de aquellos que toman estas decisiones. ¿Cuántos artículos de nuestra Carta Magna se incumplieron al desahuciar a muchos inquilinos? Pues, ¿no vamos alardeando de constitucionalistas por tierra, mar y aire?

Retorno al Informe citado al principio. El mercado de alquiler. Fuente de desigualdad social. Los autores han documentado el trasvase de rentas de los inquilinos a los caseros. El alquiler, dicen, se ha convertido en una de las principales vías de empobrecimiento de la población inquilina. En la última década, el aumento del precio de los alquileres ha sido 2,3 veces superior al aumento de la renta de los hogares, lo que ha generado “un notable aumento de la desigualdad entre caseros e inquilinos”. Desde 2014, los alquileres han crecido un 77%, según el portal Idealista, una espiral que no estuvo acompañada por un aumento de la renta media disponible, que solo creció un 33% en este periodo. Mientras, los cambios en las políticas de concesión de hipotecas y los altos precios de compra han hecho que cada vez más población viva de alquiler. Los hogares inquilinos han pasado de representar el 11% en 2011 al 19% en 2020. Esta nueva “generación inquilina” tuvo su contraparte en una renovada y hormonada “generación casera”, un sector de la población que no ha dejado de crecer desde el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 hasta representar hoy entre el 9% y el 9,8% de los hogares, según la Agencia Tributaria, la Encuesta de Condiciones de Vida y la Encuesta Financiera de la Familias. Otros estudios llegan a elevar el porcentaje de hogares propietarios entre el 15% y el 17% si se tiene en cuenta el fraude fiscal.

Me parece muy interesante y pertinente sobre el problema de la vivienda en España, otro Informe de C.J Cristianisme i Justicia. titulado Mercancías ficticias. Recuperando a Polanyi para el siglo XXI, publicado en el cuaderno 216, de noviembre de 2019, cuyo editor es Guillermo Casanovas, y los autores, Miriam Feu, David Murillo, Inma Naranjo.

La entradilla es muy clara sobre le objetivo del Informe: “A nadie se le escapa que el mercado como mecanismo de distribución de recursos ha colonizado numerosas parcelas de nuestra sociedad. Desde el cuidado de los niños y las personas mayores hasta su presencia en campos como la educación y la sanidad, la sensación es que la expansión del mercado es difícil de parar. Esta situación ya fue prevista a mediados del siglo pasado por Karl Polanyi, mientras advertía de las consecuencias sociales de esta creciente mercantilización. Recuperamos en estas páginas su pensamiento para que nos ayude a entender hasta qué punto afecta a nuestras vidas el haber convertido en mercancías bienes como el trabajo, la vivienda o el mismo dinero”. Por ello el Informe tiene un capítulo dedicado a la vivienda.

Antes de conocer este Informe, ya había pensado en Polanyi en relación al problema de la vivienda, al que he citado en algunas ocasiones, en concreto su libro, La gran transformación de 1944Decía ya en algún artículo anterior. lo que concierne al trabajo, la tierra y el dinero, las llama mercancías ficticias, son mercancías “ficticias” porque a diferencia de las verdaderas mercancías ellas no son producidas para la venta. Los recursos naturales, incluida la tierra, son un don para beneficio de todos. La gente no tiene hijos para suministrar trabajadores al mercado laboral. Y el dinero es una convención social. Permitir que el mecanismo del mercado los dirija por su propia cuenta y decida la suerte de los seres humanos y de su medio natural, e incluso que de hecho decida acerca del nivel y de la utilización del poder adquisitivo, conduce necesariamente a la destrucción de la sociedad. Y esto es así porque la pretendida mercancía denominada «fuerza de trabajo» no puede ser zarandeada, utilizada sin ton ni son, o incluso ser inutilizada, sin que se vean inevitablemente afectados los individuos humanos portadores de esta mercancía peculiar. Desprovistos de la protectora cobertura institucional, los seres humanos perecerían, al ser abandonados en la sociedad: morirían convirtiéndose en víctimas de una desorganización social aguda. La naturaleza se vería reducida a sus elementos, el entorno natural y los paisajes serían saqueados, los ríos polucionados, el poder de producir alimentos y materias primas destruido.

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Esta sociedad mercado, en la que todo está en venta si hay beneficio, nos dice Polanyi no es el fin de la historia. En general, a todo avance indiscriminado del proceso de mercantilización de la vida social, de pretensión de desligar la economía del resto de la vida social, política o moral, ha surgido a lo largo de la historia un movimiento defensivo. Una sociedad digna, no puede renunciar a que haya algún control moral o político ante el desenvolvimiento voraz e inhumano del mercado. No podemos seguir viviendo así. El crac de 2008 es una advertencia de que el capitalismo no regulado es el peor enemigo de sí mismo: más pronto o más tarde está abocado a ser presa de sus propios excesos. Por ello es razonable esperar una reacción, como las hubo en el pasado. Como la de los campesinos ingleses contra la liberalización del mercado de granos en el siglo XVIII. O las luchas encarnizadas en el siglo XIX por los sindicatos y partidos obreros que supusieron la legislación protectora del mundo laboral. O todas las reformas que propiciaron el Estado de bienestar tras la II Guerra Mundial.

Como señala el Informe Mercancías Ficticias, la misma argumentación aplicada al trabajo, la naturaleza y el dinero, como “mercancías ficticias” se puede aplicar a la viviendaNos dice: “Una mirada a la evolución del sector de la vivienda en los últimos años nos conecta de lleno con las tesis de Polanyi: por un lado, la expansión del mercado (hipotecas de alto riesgo, fondos buitre, gentrificación…) y, por otro, la respuesta de la sociedad (Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Sindicato de Inquilinos, apoyo a partidos que promueven la compra de vivienda pública…). En el fondo del debate está la concepción que tenemos de la vivienda: un bien de intercambio como otro cualquiera (una commodity, en lenguaje polanyiano) o un hogar que genera relaciones de vecindad, lazos familiares y sentido de pertenencia a una comunidad”.

Y ante el problema de la vivienda hay dos opciones intervenir y regular, o no hacer nada, dejarlo todo al libre juego de la oferta y la demanda. Esta segunda opción es hegemónica, porque detrás de ella hay poderosos sectores económicos. Las consecuencias las tenemos delante. No obstante, esta ha sido una tendencia desde la derecha no hacer nada para mantener los intereses de los grupos privilegiados. En el caso de la vivienda grandes fondos de inversión, poseedores de muchas viviendas, así como el sector de los caseros, Siempre las clases dominantes han encontrado argumentos para justificar el inmovilismo, y mantener su dominio sobre el pueblo dominado. A esta tarea han contribuido los intelectuales orgánicos, por lo que son ampliamente recompensados con cargos y prestaciones económicas. A tal efecto resulta pertinente recordar el libro de Albert O. Hirschman Retórica reaccionaria, donde podemos observar los discursos empleados por los conservadores a lo largo de los últimos 200 años para evitar cualquier progreso social, político y económico. Según el libro, a cualquier avance social o político (ya sea de prestaciones sociales o derechos políticos) el conservador suele recurrir a tres tesis o argumentos para neutralizarlos: el de la perversidad, el de la futilidad o el del riesgo. Pondré ejemplos en la España actual. “Según la tesis de la perversidad —escribe Hirschman— toda acción deliberada para mejorar algún rasgo del orden político, social o económico sólo sirve para exacerbar la condición que se desea remediar (subir el salario mínimo interprofesional destruye empleo, por lo que los trabajadores acabarán estado peor). La tesis de la futilidad sostiene que las tentativas de transformación social serán inválidas, que simplemente no logran ‘hacer mella” (es fútil o inútil poner un tope a los alquileres, pues el precio del mercado acabará imponiéndose por otras vías). Finalmente, la tesis del riesgo arguye que el costo del cambio o reforma propuesto es demasiado alto, dado que pone en peligro algún logro previo y apreciado.” (la Ley Trans pone en riesgo muchas de las conquistas de la lucha feminista). En definitiva, no hay que hacer nada en el tema de la vivienda. Quien se la puede pagar bien, el que no pueda que se apañe. Este el sistema perfecto que nos quieren vender.

Fuente: Cándido Marquesán Millán en nuevatribuna.es

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