La presión popular logra parar un desahucio en Carabanchel y otro en Lavapiés al borde del confinamiento

Una familia sin recursos de Carabanchel y un vecino histórico de Lavapiés conservarán de momento sus viviendas tras negociaciones a pie de calle

Hay actividades económicas que no se paran por mucho que en Madrid haya 37 zonas sanitarias con restricciones de movimientos y la posibilidad de que en pocos días los confinamientos se extiendan por otros barrios más. Es el caso de los procedimientos de desahucio, que siguen con una inercia administrativa inasequible al virus. En la capital había hoy martes previstos dos lanzamientos, uno de una familia de Carabanchel sin recursos, a dos calles de un barrio confinado, y otro en Lavapiés, de un hombre octogenario y enfermo, antiguo dueño de un bar con solera. La presencia de voluntarios en defensa de la vivienda y la negociación de última hora logró paralizar ambas expulsiones, en las que estaban implicadas, respectivamente, La Sareb (el ‘banco malo’ creado para liquidar el excedente inmobiliario rescatado tras la crisis), y una empresa vinculada a la familia Franco.
Ninguno de ellos quería haber estado este miércoles, a las 9.30 horas, en la Plaza Conde de Benavente de Carabanchel, justo por debajo de la calle que marca la linde entre las zonas de Puerta Bonita y Abrantes, de los que solo la primera está recluida. Ni la veintena de activistas que hacían guardia en el portal, ni Adoración, que cumplirá en la casa dos años el mes que viene, con su hijo, su nuera y sus cuatro nietos pequeños. Tampoco los funcionarios de la comisión judicial, ni la procuradora de la Sareb, ni probablemente la mediadora social que intentaba buscar una salida para la familia.

La sociedad de gestión de activos, cuyo mayor accionista es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, de carácter público, se había avenido a pactar un alquiler social con la familia, pero la falta de ingresos estables –a Adoración se le acabó un subsidio que percibía y el ingreso mínimo vital aún no lo recibe, mientras que su hijo se dedica a la venta ambulante– enfriaron la solución. El juzgado había suspendido el desahucio, pero finalmente le dio salida.
Ente los que acudieron había cierto consenso en que la culpa era de todos y de nadie. Elisa Riquelme, de la plataforma por la vivienda de Carabanchel, entendía que “los juzgados están hartos de procedimientos que se suspenden una tercera y una cuarta vez”. La procuradora de la sociedad gestora estaba colgada del teléfono, esperando por la orden de si pactar o no. «Tenía un juicio a las 10.30 y ya no voy a llegar”, lamentaba. Adoración, hijo y nuera esperaban a unos metros. «¿Vosotros cómo lo veis?», inquiría el hijo a los voluntarios sobre sus posibilidades.
Finalmente, no hubo acuerdo, pero ante la presencia del grupo que esperaba en el portal, el funcionario del juzgado le explicó a Adoración que iban a suspender el desahucio hasta otra fecha, cuando ya vendrán los antidisturbios, acordonarán la zona y no habrá forma de montar una barrera humana para impedir el paso. «En el plazo que se les va a dar, pueden ustedes seguir negociando. A ver si hay suerte», aseguró el funcionario, tratando de consolar a la familia.
La Sareb y la familia, que no tiene contrato de alquiler, tienen un mes para llegar a un arreglo. Riquelme es optimista ante esta bola extra: «El alquiler social no serán más de 200 euros, y parece ser que valdrá con una declaración jurada de ingresos».

«Paco se queda»

En Lavapiés, un poco más al norte, la tasa de contagios por COVID dejó al barrio al límite de ser confinado. Pero el interés urbanístico no da cuartel, y el piso donde vive alquilado Paco Rodríguez es ahora propiedad de una sociedad de inversión vinculada a la familia Franco (la mujer de un bisnieto figura en el registro como administradora) y desde hace dos años ha intentado que los inquilinos se marchasen, una vez sus contratos fueron expirando. Paco es un monumento vivo de Lavapiés, pues durante décadas regentó el bar FM.
A mediodía, debían ser casi un centenar de personas las que coreaban consignas en la calle como «No estás solo, estamos contigo», «Paco no se va» o «Este desahucio lo vamos a parar». La mayoría eran jóvenes, pero apoyadas contra el portal de enfrente, tres veteranas ácratas recordaban: «Esto es historia del barrio. Aquí veníamos a conspirar en los 80 después de las manifestaciones, cuando este era un bario anarquista, no como ahora».
En la puerta del bar, ahora clausurado, está pintada la imagen de Paco, con el puño levantado en gesto de victoria. Desde abajo, pedían al modelo que saliese a saludar. Paco cumplió y se asomó al balcón, apoyado en una muleta. Fernando Bardera, portavoz del sindicato de Inquilinos, afirma que el juzgado pidió al ayuntamiento que buscase un alojamiento alternativo para Paco, que tiene 85 años y un cáncer avanzado.

Una portavoz municipal traslada: «Desde los servicios sociales se le ha ofrecido una plaza en una residencia al afectado desde 2018, la cual ha rechazado alegando que él quiere una vivienda en el mismo edificio en el que vive». Bardera replica que los ofrecimientos fueron informales y a cargo del gobierno anterior, y que el último requerimiento del juez al consistorio, en julio, es clave y no obtuvo respuesta. «La comisión social ha llamado hoy a servicios sociales y ha confirmado que no se ha ofrecido alternativa habitacional», insiste.
Al final de la calle, los policias esperaban a que los abogados de las partes se pusiesen de acuerdo. Cuando ya pasaba una hora del momento fijado para el lanzamiento, se llegó a un pacto: ese día no habría expulsión y no se fijará, de momento, una nueva fecha. «El procurador ha firmado el documento según el cual no se daban condiciones para el desahucio», anunció Rebeca Tolosa, del sindicato, que recordó que, precisamente ayer, Paco estaba pendiente del resultado de una PCR. A Rebeca casi no se la oía entre los gritos de la gente. «Paco se queda», celebraban. Él y Jackie, su cuidadora, volvieron a salir al balcón a dar las gracias.

Fuente: Víctor Honorato en eldiario.es
Fotos: Olmo Calvo


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