La necesidad de un programa político contra la burguesía

1.- Algunos debates en torno a las ayudas sociales.

Con la reforma del subsidio de desempleo llevado a cabo por el gobierno, algunos empresarios endurecen su posición política y si no se atreven a pedir claramente la eliminación de todos los subsidios como quiere hacer el fascista de Milei en Argentina, insisten en que el gobierno debe castigar a quienes cobrando subsidios de desempleo u otro tipo de ayudas sociales, cuando se les contrata no aceptan los puestos de trabajo que se les ofrecen, y consideran que la sociedad no puede permitirlo y la administración pública debe perseguir estos comportamientos de fraude a la sociedad.

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Sin embargo, detrás de las palabras está la práctica empresarial que propicia la economía sumergida que en nuestra región se extiende a un 30 % de la población activa. La opinión pública suele poner el acento en los trabajadores y trabajadoras sin tener en cuenta que en muchas ocasiones se ven obligados a aceptar determinados trabajos ante la necesidad de comer, pagar el alquiler, la luz y el agua, etc.; no obstante, la economía ilegal no se daría si el empresario no fuera quien realmente sale más beneficiado con un tipo de contratación por la que no paga impuestos, no cotiza a la seguridad social, salarios en negro y a la baja, y horas de trabajo fuera de convenios.

Así visto, en apariencia, los dos actores del contrato de trabajo salen ganando, el obrero ingresa más cantidad de dinero (a la ayuda social suma el salario en negro) y el patrón se ahorra salarios y gastos fiscales. Sin embargo, la economía informal siempre posibilita una bajada de salarios generalizada, un aumento de las condiciones de explotación y opresión laboral, y la disminución del montante global de la caja de pensiones con efectos futuros en las pensiones individuales de la clase obrera. La clase dominante utiliza una propaganda negativa, centrada en la idea de que los trabajadores/as prefieren vivir de ayudas sociales al trabajo físico o mental; el objetivo es doble, por un lado, quieren mostrar su integridad moral y de servicio a la sociedad y por otro, desprestigiar a la clase obrera para así justificar y facilitar la aceptación por la opinión pública de recortes en los salarios, subsidios y ayudas sociales, como los realizados en la reforma laboral  y ahora por Yolanda Díaz para satisfacer a las organizaciones patronales y a la UE, Unión Europea.

2.- La visión desde el punto de vista burgués

Mucha gente confía en que las soluciones a este tipo de circunstancias vienen de la intervención de la administración pública disponiendo los suficientes medios humanos y materiales con los que llevar a cabo una vigilancia exhaustiva que evite fraudes laborales.  Hay quien apunta que si el salario fuera mayor el obrero aceptaría sin problemas el trabajo que se le ofrece y renunciaría al subsidio que cobra; otros, consideran que las personas deben tener la necesaria moral y ética para actuar en el marco de la legalidad vigente y por el bien social.

La burguesía siempre se ha opuesto a las prestaciones y ayudas sociales, y si las acepta es por su interés, para que haya un consumo social de las familias que le permita vender los bienes y servicios que producen sus empresas, pero sin dejar de subrayar que aquellas sean lo suficientemente raquíticas para que el Estado gaste poco en ellas. Es decir, a veces según las circunstancias económicas es imprescindible un gasto público para asegurar la reproducción del capital.

En este orden de cosas, para que el gasto público fuera diminuto y satisfacer a los propietarios del capital, se creó en 2004, con el gobierno del PSOE, siendo Zapatero presidente, el denominado IPREM. El IPREM es un porcentaje del salario mínimo que sirve de base para establecer subsidios y ayudas sociales. Ahora el gobierno “más progresista” de la historia de España ha introducido una serie de modificaciones en la percepción del subsidio de desempleo que aparentan una subida pero que no dejan de ser unos ingresos mínimos para la subsistencia, de tal modo que hasta los propios sindicatos del régimen no dan su plena conformidad a la norma aprobada.

Resulta vergonzoso que diputados y diputadas que cobran 4000, 5000 o más euros mensuales aplaudan que se haya subido el subsidio un promedio de 30 euros al mes en el tiempo máximo de cobro (30 meses) sobre los 480 euros actuales. Pocas familias pueden vivir con esas cantidades del subsidio, si bien habrá gente que cobrará mucho menos al tenerse en cuenta las horas realmente trabajadas y no las horas cotizadas. A efectos de la cotización a la seguridad social una jornada parcial de 4 horas tiene los mismos efectos que una jornada completa, pero eso no valdrá para el cobro del subsidio.

La burguesía, quiere todo para sí, pagar pocos impuestos, un Estado con poco gasto público social y un importante ejército de parados que presionen a la baja sobre el salario. En Extremadura, los últimos datos indican más del 16 % de parados, unas 78.000 personas, con una economía de baja productividad (región digital 21 de diciembre. Extremadura, entre las CCAA con bajo nivel de competitividad económica, muy inferior a la del resto del país y a la de Europa, la competencia y los beneficios empresariales se aseguran sobre todo a base de los bajos salarios.

El gobierno regional con unos presupuestos muy limitados está ofreciendo financiación y ayudas, a la burguesía extremeña y nacional para que vengan a invertir en nuevas fábricas y negocios; se declaran subvenciones y ventajas a los autónomos y comerciantes que a pesar de todo sufren un declive económico y sobreviven a base de una auto explotación bestial. Estas cuestiones (prestaciones, salarios, cotizaciones a la seguridad social, economía sumergida, gasto mínimo, etc.) que ponen el acento en el trabajador son propicias a debates, confusos y contradictorios, que imponen las clases dominantes. Por ejemplo, no se discute sobre la reforma agraria que es un tema tabú, prohibido.

3.- La visión de las cosas desde el punto de vista de la clase obrera

Sin embargo, hay una necesidad de la clase trabajadora de intensificar el combate cultural e ideológico contra el discurso del capital que cala y aliena a sectores importantes de la población. En este sentido, es imprescindible dar la batalla para acabar con la explotación laboral, y requisar las ganancias y las propiedades de los miles de parásitos, dueños del dinero y de los medios materiales de producción de bienes y servicios, imperativos para mejorar el bienestar de la sociedad,  Esta ralea de chupópteros, rentistas de toda calaña, directivos dueños de grandes empresas y bancos, terratenientes propietarios de grandes extensiones de cultivos, viven sin dar un palo al agua a costa del trabajo del obrero. El mayor esfuerzo que realizan: dedicar muchas horas del día a fiestas, jugar al póker y al tenis, recoger las ganancias millonarias que les aportan sus bonos y acciones, y exigir a sus representantes políticos en las instituciones públicas leyes que extraigan toda la plusvalía más posible al trabajador.

La codicia y avaricia por el dinero no tiene límites para estos grandes empresarios, dueños de entidades financieras y grandes fortunas, que se burlan de la pobreza y la precariedad ocultando miles de millones de euros en los paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos a la hacienda pública.  Este desprecio de la burguesía al pueblo es posible, gracias al cobijo que le proporciona una monarquía, anacrónica, que mantiene una parafernalia de siglos pasados, situada por encima y al margen de la sociedad y que manda en los aparatos del estado. La Monarquía es incompatible con la democracia, no puede haber ni estamos en una democracia.

La monarquía y la burguesía se necesitan mutuamente para mantener la propiedad privada de los medios de producción, la clase obrera debe acabar con ese estado de cosas como la condición para caminar hacia una sociedad verdaderamente libre y democrática. La semilla del proceso revolucionario está presente en cada pequeño acto que realizamos en defensa de la vivienda, de la sanidad pública, de los alimentos, en apoyo a Palestina, en la denuncia de los abusos laborales y sociales y en la solidaridad con las luchas de otros compañeros del estado español u otros países del mundo.

La construcción de un programa político contra la burguesía tiene que partir de la eliminación de la explotación salarial y de todo tipo de opresión social. El derecho y la necesidad de una vida más justa y de mayor bienestar exigen un Estado en el que todos los medios de producción, fabricas, tierras, bancos, dinero, estén en manos del pueblo y que todo el mundo en condiciones de salud y edad tenga que trabajar para ganar un salario digno.

En este punto, traemos un pequeño apartado de un artículo de Iñaki Gil de San Vicente (Derechos inhumanos contra Palestina) que no borra el paso del tiempo, porque nos enseña en la línea política para el avance hacia el socialismo. Se trata de la carta escrita a su familia por un soldado ruso en el frente de batalla contra los alemanes en el verano de 1917, antes de producirse la revolución socialista rusa:

  •  «Querido compadre, seguramente también allí han oído hablar de bolcheviques, de mencheviques, de social-revolucionarios. Bueno, compadre, le explicaré qué son los bolcheviques. Los bolcheviques, compadre, somos nosotros, el proletariado más explotado, simplemente nosotros, los obreros y los campesinos más pobres. Este es su programa: todo el poder hay que dárselo a los diputados obreros, campesinos y soldados; mandar a todos los burgueses al servicio militar; todas las fábricas y las tierras al pueblo. Así es que nosotros, nuestro pelotón, estamos por este programa».

Fuente: Juan Viera Benítez en kaosenlared.net

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