La incertidumbre protagoniza un curso universitario a punto de arrancar

Alumnado universitario, sindicatos y representantes estudiantiles lamentan la desinformación que se cierne sobre el curso universitario a pocas semanas de su comienzo. Subrayan el problema de los pisos de alquiler entre el estudiantado desplazado, piden una revisión de los precios de la matrícula por la docencia semipresencial y consideran que falta planificación para un curso tan atípico.

Las redes sociales llevan varios días inundándose con mensajes de estudiantes universitarios que lamentan la desinformación sobre el nuevo curso. La rueda de prensa sobre la vuelta al cole dio que hablar, pero para la educación superior aún reina el silencio. Algunos todavía no saben cómo y cuándo será su primer día de clase, a pesar de que en muchos casos quedan apenas dos semanas para ello. Mientras la situación sanitaria arrasa —al menos de momento— con la posibilidad de ir a la universidad y hacer vida universitaria, la falta de concreción lo hace, lamenta el alumnado, con la posibilidad —para muchos necesidad— de planificarse el año académico. 

El ministro de Universidades, Manuel Castells, se reunirá hoy lunes con la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) para abordar, entre otras cuestiones, el nuevo curso universitario. El encuentro, sin embargo, llega tarde para muchos: “Vemos que hasta el último día de agosto no se debatirán lo que esperamos que sean unas disposiciones generales que, por otra parte, podrán ser adaptadas con un alto grado de autonomía por cada una de las universidades, como vimos con el final del anterior curso”, apunta Alfonso Armesto, responsable de Políticas educativas y acción estudiantil del sindicato Estudiantes en Movimiento (EeM). El complejo asunto de las competencias recae en varias cuestiones que, en cualquier caso, perjudican a un mismo colectivo: el alumnado.

PISOS DE ESTUDIANTES

Nuria Ibáñez se mudó desde Murcia a Madrid cuando comenzó sus estudios en doble grado en Periodismo y Comunidad Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). En junio se le acababa el contrato de alquiler en la capital y aunque no tenía claro qué hacer, renovó. “Unos cuatro días antes de matricularnos, a finales de julio, en mi carrera y en mi curso supimos que habría una opción de hacerlo 100% online”, relata la joven. “Yo me matriculé en esa opción porque me venía bien para compaginarlo con el trabajo, pero de haberlo sabido quizás no hubiera renovado el piso”, explica.

No son pocos quienes esperaron lo máximo posible para saber qué iba a suceder con la docencia presencial antes de mover ficha en el tema de la vivienda. El motivo es simple: “Hay barrios como Getafe en los que desde que está la universidad no han hecho más que subir los precios de alquiler porque ha habido gente que ha comprado pisos aprovechándose de la necesidad del alumnado”, resume Alia Ramos, miembro de Dele Crítica, un grupo de representantes estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UC3M. 

“No me parece lógico que se nos informe una semana antes de las medidas que se van a tomar cuando hay gente que tiene que buscar piso, que creo que es lo más preocupante porque es donde se te va el dinero, sobre todo en ciudades como Madrid”, apunta Muñoz

Si ya estaban “poco contentas” con la situación de los alquileres estudiantiles, expone la también estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, la pandemia solo ha servido para agravar el problema: “Han empezado a poner cláusulas totalmente abusivas a la hora de firmar un contrato, a pedir nóminas de 1.300 euros mensuales o contratos de al menos seis meses, aparte de fianzas o depósitos y pagos por adelantado”, enumera la delegada, que lamenta la falta de medidas al respecto de la vivienda y defiende que la incertidumbre sobre si alquilar o no “se podría haber gestionado mucho mejor”. 

“No me parece muy lógico que se nos informe una semana antes de las medidas que se van a tomar cuando hay gente que tiene que buscar piso, que creo que es lo más preocupante porque es donde se te va el dinero, sobre todo en ciudades como Madrid”, apunta Verónica Muñoz. “Entiendo que es difícil conocer la evolución de la pandemia, pero creo que se deberían haber planteado escenarios o dado opciones que te permitieran saber qué hacer y qué no”, añade. Armesto apunta en este sentido y añade que “los rectorados no se han posicionado antes para no perjudicar a un sector inmobiliaro que quiere hacer su verano, y que para ello necesitaba que las estudiantes desplazadas siguiéramos alquilando un piso como si fuéramos a tener una educación 100% presencial”.

¿PEOR DOCENCIA AL MISMO PRECIO?

La Generalitat Valenciana se adelantó en la decisión de un “modelo híbrido” para las universidades del territorio. Verónica Muñoz, estudiante de pedagogía en la Universitat de València, valora positivamente que el anuncio se hiciera al principio de junio, pero asegura que, desde entonces, no han tenido mucha más información sobre el inicio del curso. “Empiezo las clases el día 14 y sabemos que una semana irá la mitad de la clase y a la siguiente la otra mitad y se combinará con la docencia online, pero no nos han dicho nada más. ¿Quiénes tenemos que ir el primer día? No tenemos ni idea”, expresa. 

“Es muy injusto pasar a una modalidad semipresencial y no cambiar el coste de los créditos”, apunta Salomé García, estudiante cubana que eligió la Universitat Politécnica de València por “un programa que ha sido totalmente modificado”

Tanto Verónica Muñoz, que cursará sus estudios semipresencialmente, como Nuria Ibáñez, que ha optado por una modalidad totalmente online, tienen algo en común: los precios de sus matrículas no han variado con respecto al año anterior a pesar de que la docencia no será la misma ni el uso de materiales o instalaciones tan acusado. Es una de las demandas que los sindicatos y órganos de representación estudiantil, y el propio alumnado, arrastran desde el inicio del estado de alarma. “Estoy pagando una carrera sin tener acceso a lo que vine buscando”, apunta Salomé García Bacallao, que eligió la Universitat Politécnica de València para cursar sus estudios en Bellas Artes. “Es muy injusto pasar a una modalidad semipresencial y no cambiar el coste de los créditos”. Especialmente en su caso: esta estudiante extracomunitaria llegó desde Cuba atraída “por un programa que ha sido totalmente modificado” y por unas instalaciones de las que no está pudiendo disfrutar.

LA LUCHA POR LA EXCELENCIA

Para Adhik Arrilucea, estudiante de periodismo, señalar culpables no es tan fácil como puede parecer. “A veces se podría llegar a decisiones como la de bajar el precio de la matrícula de las clases online, pero las agencias de calidad entienden que dar una clase en directo de manera telemática equivale a una clase presencial normal, y si la calidad teóricamente es la misma no hay ningún criterio para bajar el precio”, explica. “No se pueden acometer medidas de este tipo porque las agencias que evalúan a las universidades lo impiden, y al final las universidades lo que buscan es eso: el mito de la excelencia, de ser siempre la mejor”. 

“No se pueden acometer ciertas medidas porque las agencias de evaluación lo impiden, y al final las universidades buscan el mito de la excelencia, de ser siempre las mejores”, defiende Arrilucea

El universitario lo ilustra con un ejemplo: ninguna universidad se habría atrevido a un “aprobado general” como el que se propuso en otros niveles educativos por el riesgo de que las notas de su alumnado bajara, y con eso la media de la institución y su posición en los rankings: peor fama y menos excelencia, teoriza Arrilucea. “Parece que cada cosa que haga la universidad deba llevar el membrete de excelencia, para que quede muy aparente, pero luego esa excelencia no se ve reflejada en la posibilidades que nos oferta a las estudiantes: nos encontramos con problemas que no se solucionan porque no lo son de cara al exterior”, apoya Ramos. “Nos dicen que no vamos a pagar menos por los créditos online pero que la calidad docente no se va a reducir, cuando nuestra experiencia nos dice que sí que lo hará”, añade.

El documento de recomendaciones que el Ministerio de Universidades envió a la comunidad universitaria a principios de junio hace mención a ello cuando se refiere a los planes de contingencia que debía plantear cada institución antes del inicio de curso: “Las Agencias de Evaluación competentes (…) deberán acreditar la calidad de las modalidades de enseñanza adoptadas”. Por eso Arrilucea considera que hay que presionar por diferentes vías, y añadir a la que ya se hace hacia rectorados y Ministerio una tercera “por la cuestión de las agencias de calidad y de las empresas que están detrás, y que financian esa forma de educación donde se intenta potenciar la ciencia, la innovación y el emprendimiento, en especial esta última bajo la idea liberal de que es siempre el individuo quien se tiene que sacar las castañas del fuego”.

LA CUESTIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Sin embargo, es hacia las instituciones académicas, y sobre todo hacia el Ministerio de Universidades, donde se concentran las quejas. Entre meme y meme, la cuestión de la autonomía: “Es verdad que las competencias del Ministerio dejan un grado de autonomía bastante amplio a los rectorados, pero esto es algo que ha agrandado este Ministerio en concreto, y realmente sí tienen capacidad para establecer unos marcos legislativos mucho más concretos a los que se tengan que atener las universidades, adaptándolos a sus propios condicionantes”, asume Armesto. “En un momento de excepcionalidad como este convendría que se pudieran establecer unas pautas a nivel estatal lo antes posible”, agrega.

“El Ministerio podría haber tomado cartas en el asunto para que haya una política educativa clara y sólida y para que las estudiantes cerráramos al menos lo que más nos va a afectar a nivel material, como es la vivienda”, defiende Armesto

Desde el Ministerio de Universidades aseguran que las instituciones han trabajado lo más rápido posible en sus propios protocolos de adaptación, ajustándose a la evolución de la pandemia, y que estos son resultado de un trabajo realizado durante los meses de verano que además parten de las recomendaciones enviadas por el Ministerio a principios de junio. Para EeM no es suficiente con esto: “No valen patadas adelante con una cuestión tan importante. El Ministerio podría haber tomado cartas en el asunto para que haya una política educativa clara y sólida y para que al menos las estudiantes conociéramos las opciones y cerráramos lo que más nos va a afectar a nivel material, como es la política de vivienda, los precios de las matrículas y el inicio de curso”, defiende Armesto. 

PROBLEMAS AÑADIDOS

Estudiantes en Movimiento aboga por una docencia presencial: “La situación sanitaria sigue siendo preocupante, pero estamos en disposición de exigir que se vuelva a las aulas de manera totalmente presencial siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para blindar la salud de las estudiantes”, defiende el portavoz del sindicato, que añade que para eso es imprescindible una inversión considerable. La propuesta del sindicato pasa por evitar que la modalidad online vuelva a perjudicar a estudiantes con dificultades para seguir este tipo de docencia por determinadas limitaciones, ya sean materiales, vinculadas al espacio de estudio o relacionadas con las tareas reproductivas.

El grupo para la modalidad 100% online habilitado en cursos de la UC3M, pensado inicialmente para casos excepcionales, contó como uno más, así que los últimos estudiantes en matricularse —va por nota— no pudieron optar a la opción semipresencial

Que la modalidad online no es la preferida lo demuestra lo sucedido en la UC3M. En varias asignaturas, la universidad habilitó un grupo de modalidad enteramente telemática, inicialmente planteada para grupos de riesgos o estudiantado con imposibilidad de desplazamiento, exponen desde Dele Crítica. Explican que la realidad fue distinta: en el momento de la matriculación, el grupo totalmente online contaba como uno más, y como las matriculaciones se hacen por expediente académico, aquellos estudiantes que habían suspendido alguna asignatura o tenían peores notas fueron los últimos en elegir. Algunos llegaron cuando los grupos semipresenciales se habían llenado. “No se avisó que para algunas personas sería una obligación y no una opción”, lamenta Alia Ramos. 

UN COLECTIVO INVISIBILIZADO

A todos los problemas que acechan al curso universitario se suman otros añadidos para una parte del estudiantado: el extracomunitario. Salomé García ha pasado los últimos meses en situación irregular por el exceso de burocracia, la paralización de servicios como el de Extranjería durante el estado de alarma y una situación sanitaria que le impide tanto volver a Cuba para renovar su permiso como saber si podrá regresar después a España. 
Aunque ella sí ha conseguido matricularse para el curso venidero, García conoce a estudiantes extracomunitarias que han tenido que abandonar sus estudios porque la pandemia les ha dejado sin recursos y su situación legal sin acceso a prestaciones. La estudiante de Bellas Arteslamenta la falta de soluciones y de ayuda tanto por parte de universidades como de administraciones, y pide que se atienda a la situación de esta fracción del alumnado que, aunque quizás no tan numeroso, forma igualmente parte de la comunidad universitaria.
“Quizás se nos ve como un grupo privilegiado dentro de la migración, pero nos resulta complicado sostenernos porque para estar empleadas debemos tener un permiso de trabajo que es muy difícil de conseguir, igual que tampoco tenemos acceso a becas u otros programas de las universidades”, recuerda. “Aunque pagamos el 100% de la tasas, somos un sector invisibilizado”. 
Fuente: Lis Gaibar en elsaltodiario.com
Foto: David F. Sabadell