La Comunidad de Madrid paga 1,5 millones al año por el alquiler de un edificio a la sociedad de un exasesor del PP condenado en el ‘caso Funeraria’

José Ignacio Rodrigo es administrador solidario de Invafi SL, la sociedad propietaria de la sede de la Consejería de Administración Local y Digitalización

Varios policías y guardias civiles armados custodian el Ministerio del Interior, uno de los lugares más vigilados de la capital española. A unos 100 metros, en el número 4 de la calle Alcalá Galiano, un cartel indica que allí se encuentra la sede de la Consejería de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid, en un edificio de cuatro plantas pintado en tonos anaranjados. Según la documentación a la que ha tenido acceso lamarea.com, por su alquiler, que comenzó en 1999, el Gobierno regional pagó 1,5 millones de euros en 2022 a la sociedad Invafi SL, propietaria del inmueble desde 2001.

Tal y como consta en la información depositada en el Registro Mercantil, el administrador solidario de la empresa es José Ignacio Rodrigo Fernándezexasesor del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y el principal implicado en el conocido como ‘caso Funeraria’, vinculado a la privatización de la Funeraria municipal de Madrid en 1992, durante la primera legislatura de José María Álvarez del Manzano al frente del consistorio de la capital.

El caso supuso una condena de dos años de inhabilitación como cargo público al entonces primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Luis María Huete, por prevaricación. José Ignacio Rodrigo, por su parte, fue condenado como cómplice de un delito de prevaricación y como autor de un delito de tráfico de influencias y a pagar casi 5 millones de euros. Una sentencia que el Tribunal Supremo ratificó en 2015.

La trama salió a la luz en 1999 tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción, el mismo año que la Comunidad de Madrid presidida por Alberto Ruiz-Gallardón, también del Partido Popular, decidió contratar el arrendamiento del citado inmueble con Metal Trade SL, una sociedad adquirida por Rodrigo dos años después, en 2001, y actualmente extinta. En el último año completo, 2022, la CAM pagó a Invafi SL, propietaria actual, 1.557.061,68 euros de alquiler, según figura entre los acuerdos del Consejo de Gobierno del 20 de abril del año pasado.

En conversación con lamarea.com, José Ignacio Rodrigo asegura que ni él ni Invafi SL participaron de la firma del primer contrato en 1999: “Nosotros compramos un centro de negocios y el inmueble en 2001, y no teníamos ni idea de los detalles del alquiler”, afirma. El empresario explica el interés en ese edificio en concreto: “Nos gustó porque había sido Premio Nacional de Arquitectura y porque tenía un gran parking en el sótano, algo que no abunda en la zona. Es un edificio espectacular”.

El 1 de agosto de 2008, la Comunidad de Madrid extinguió el contrato firmado en 1999 y firmó uno nuevo con validez hasta el 31 de diciembre de 2021, el cual se ha ido prorrogando hasta el día de hoy, una posibilidad que figuraba en el punto tercero del documento. Ese nuevo contrato ya fue firmado por Invafi, según Rodrigo, tras realizar una obra debido a “nuevas necesidades de la Comunidad de Madrid”. A partir de 2010, la renta mensual establecida fue de 84.405 euros más IVA, actualizable cada año respecto al IPC. El inmueble incluye una superficie aproximada de 2.945 metros cuadrados, entre los que se incluyen 24 plazas de aparcamiento.

La Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid no ha respondido a las preguntas enviadas por este medio a pesar de los diferentes intentos a través de correo electrónico y llamadas telefónicas.

El ‘caso Funeraria’

El 22 de diciembre de 1992, el Ayuntamiento de Madrid vendió el 49% de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid por unos 100 pesetas, es decir, unos 60 céntimos de euro, a pesar de que el valor de la compañía era de seis millones de euros. La agraciada por tamaño negocio fue Funespaña.

En 2008, la Audiencia Provincial de Madrid certificó que el concejal de Sanidad del ayuntamiento durante la privatización, Simón Viñals, contrató como asesor a José Ignacio Rodrigo, quien declaró la quiebra técnica de la sociedad. Posteriormente, el empresario entraría en el accionariado y en el Consejo de Administración de Funespaña, y llegaría a ser presidente, por lo que, según explicaba la sentencia, fue el encargado de beneficiar a la empresa adjudicataria y lucrarse de esa venta a título personal. Según explicaba El País en 2002, la Fiscalía aseguraba que Rodrigo había obtenido 10,1 millones de euros gracias a su presencia en el accionariado de Funespaña. Finalmente, fue condenado como cómplice de un delito de prevaricación y como autor de un delito de tráfico de influencias.

En conversación telefónica, Rodrigo ha señalado que el caso de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios y el alquiler del inmueble de la calle Alcalá Galiano no tienen nada que ver.

30 inmuebles con alquileres millonarios

El de Alcalá Galiano, 4, es solo uno de los más de 30 edificios que cuestan a los madrileños y madrileñas más de un millón de euros anualestal y como documentó lamarea.com el pasado julio, y que tienen usos administrativos, sanitarios y judiciales en su mayoría. Su alquiler supone un gasto que supera los 80 millones de euros anuales a las arcas públicas de la Comunidad de Madrid.

El más caro de todos ellos se sitúa en el número 5 de la céntrica calle Princesa. En su interior se ubican las dependencias de diversas consejerías, la dirección general de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), además de varios juzgados y un centenar de plazas de garaje. Por todos esos usos, la CAM paga casi ocho millones de euros al año a la inmobiliaria Merlin Properties, en cuyo Consejo de Administración se sienta Pilar Cavero Mestre, casada con José Luis Aguirre, hermano de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.

Pilar Cavero no es, sin embargo, la única persona ligada a la familia de Esperanza Aguirre que participa de este negocio inmobiliario. Según una investigación de elDiario.esdos hermanos de la expresidenta, Santiago y Piedad Aguirre, son socios de una compañía inmobiliaria a la que la Comunidad de Madrid paga 2,8 millones de euros por el alquiler de edificio que acoge la sede de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social y de la Agencia Madrileña de Atención Social, situado en la calle Agustín de Foxá, 29, en la capital española.

Fuente: Dani Domínguez en lamarea.com
Foto portada: Fachada del edificio de la calle Alcalá Galiano, sede de la Consejería de Administración Local y Digitalización | Dani Domínguez

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