Hasta dentro de un mes no se puede intervenir el precio de la electricidad, y debería estar por debajo de 70 euros, Teresa Ribera

El Ejecutivo no aclara en qué consiste el plan para intervenir el precio de la electricidad que ahoga a millones de familias. La ministra Teresa Ribera reconoce que hasta dentro de un mes no se podría aplicar y que un precio superior a 70 euros “no sería razonable”.

El gran “éxito” del Gobierno español en el Consejo Europeo del pasado viernes y de todo el plan para hacer frente al impacto de la guerra, aprobado en el Consejo de Ministros de este martes 29 de marzo, depende de una cifra de la que apenas se tienen pistas: el precio máximo del gas con el que el Gobierno planea contener el aumento de la factura de la luz.

Así lo afirmó la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra: “El precio tope que le pongamos al gas es la clave ahora mismo de que la medida funcione y, por tanto, de proteger mejor a la gente bajando la factura de la luz a costa de los beneficios de las grandes empresas eléctricas”.

De esa cifra dependen las posibilidades de contener el aumento del precio de la luz y de la efectividad de muchas de las medidas incluidas en el Real Decreto aprobado hoy, un plan que incluye rebajas fiscales, subvenciones a los combustibles, ayudas al sector del transporte y una limitación de las subidas del alquiler al 2%, así como la renovación de muchas de las ayudas ya contempladas desde el plan de choque de septiembre de 2021.

Este nuevo plan supone, según señaló Nadia Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una “movilización extraordinaria de recursos públicos” de 16.000 millones de euros: 6.000 para ayudas y otros 10.000 para créditos ICO. Pero poco se ha desvelado sobre cuál es el plan para evitar que la escalada del precio del gas empuje al resto de energías y, con ellas, a la inflación y al coste de la vida.

El gran “éxito” del Gobierno en el Consejo Europeo y de todo el plan para hacer frente al impacto de la guerra depende de una cifra de la que apenas se tienen pistas: el precio máximo del gas

Después de meses de presión en el marco de las instituciones europeas, los países del sur, encabezados por España, consiguieron arrancar al Consejo una “excepción ibérica” a las políticas energéticas comunitarias, que se traduce en un permiso temporal para intervenir en el mercado energético para evitar que un gas disparado marque el precio de instalaciones que no utilizan este combustible.

Para ello, la opción favorita del Gobierno es establecer un precio máximo para las centrales que usan gas. El analista y director de Próxima Energía, Jorge Morales de Labra, lo explicaba en directo en TVE1: “Por fin una buena noticia, por fin se rompe esta barbaridad que llevamos denunciando diez años de que todas las energías cobren el precio de la más cara a pesar de que muchas de ellas tienen costes muy inferiores”.

Según este analista, en términos anuales, el 70% de la energía consumida en España es renovable o nuclear, “cuyos costes son los mismos que el año pasado, pero están cobrando cinco veces más que el año pasado”. Esta propuesta del Gobierno, señala, supone un cambio radical. Las centrales que queman gas para producir electricidad, explica, no van a poder superar ese precio de referencia marcado por el Gobierno en sus ofertas. Y todas las energías cobrarán, como máximo, ese precio de referencia. Pero luego, cuenta este integrante de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, las centrales de gas acudirán a un “segundo mercado”, a una especie de “repesca”, donde pedirán la diferencia entre el precio de referencia y el precio de mercado. La reducción del recibo de la luz debería ser inmediato. Por eso el precio máximo elegido es tan importante.

La ministra Belarra sostenía este 28 de marzo que ese tope máximo debería situarse en los 30 euros, una intervención que fue contestada por la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien criticó que la líder de Unidas Podemos se meta en “cuestiones muy complejas” y eminentemente “técnicas”. “Me sorprende mucho que alguien tenga una opinión al respecto, la verdad. Es un trabajo que se está haciendo desde el punto de vista técnico para afinar los números”, aseguró la vicepresidenta a la cadena Ser. La conversación no se quedó allí y Belarra le contestó que no se trataba de una cuestión meramente “técnica” sino también “política”.

El portavoz de UP, Pablo Echenique, señalaba algunos precios orientativos “ahora que la UE ha dicho que podemos intervenir en el mercado eléctrico”: 40 euros la producción de un mw/h de energía nuclear; 10 euros, un mw/h de energía eléctrica y entre 50/60 euros la media que se pagaba antes de la escalada. 

Todo lo que esté por encima de 67 o 70 euros, refleja el “precio desorbitado del gas”, dijo la ministra Ribera sobre otra medida para reducir los beneficios caídos del cielo

La única pista dada por Teresa Ribera sobre precios máximos y topes al gas en la rueda de prensa estuvo vinculada a otra medida del plan destinada a reducir los beneficios extraordinarios de las eléctricas producidos por el “precio desorbitado del gas”. Esta reducción de los “beneficios caídos del cielo” solo afectaría a los nuevos contratos o a la renovación de contratos que superen el precio establecido “como razonable” en octubre de 2021, entre 67 y 70 euros el mw/h, según afirmó la ministra. Todo lo que está por encima de esa cifra “puede ser imputando al desorbitado crecimiento del precio del gas”, añadió en una declaración orientativa sobre los planes que prepara el Gobierno para Bruselas.

Estos planes, explicó Ribera, están “en fase de discusión” y serán presentados por los gobiernos de España y Portugal a lo largo de esta semana. La propuesta para fijar un tope temporal al precio del gas será estudiada por la Comisión Europea, que debería dar una respuesta en las siguientes “tres o cuatro semanas”. 

Para evitar la censura de la Comisión Europea, cuyo mayor temor es el efecto contagio y la “distorsión” del mercado europeo, el Gobierno trabajará en una doble subasta. La primera afectaría a la energía destinada a la exportación a Francia, donde se mantendrían las normas del mercado energético, que son comunes a toda la Unión, y una segunda, para el mercado español, donde se aplicaría un precio máximo todavía sin definir. 

Hasta julio de 2021, en el mercado español existía un tope de 180 euros el mw/h, un máximo que fue ampliado hasta los 3.000 euros el mw/h por presiones de la UE. La intención de recuperar ese límite de 180 euros, soltado por el Gobierno la semana pasada a modo de globo sonda, fue duramente criticado por diversas organizaciones de la sociedad civil y muchos de los socios de Gobierno. El Gobierno se vio obligado a aclarar que ese no era su plan y a descartar su presentación.

Mientras tanto

Mientras llega esta reforma de calado —puede tardar más de un mes en poder aplicarse—, el Gobierno ha incluido otras medidas menores para atajar las crisis energética y los altos precios de la energía y los combustibles. La principal es una subvención de 20 céntimos por litro de combustible a todos los consumidores, una medida que será asumida en su gran mayoría por las arcas del Estado, ya que las petroleras solo aportarán cinco céntimos por litro. La medida ha sido criticada por organizaciones de consumo, ya que no impide que las compañías aumenten los precios y se anule la ayuda del Estado, engrosando los beneficios de las petroleras. “En menos de una semana las petroleras han inflado otros 8 céntimos el precio del gasóleo. Hoy el presidente Sánchez anuncia que las obligará a reducir sus márgenes 5 céntimos. Un plan sin fisuras”, critica el portavoz de Facua, Rubén Sánchez.

El hecho de que la subvención al combustible sea universal no ha gustado a las organizaciones ecologistas. El portavoz de Movilidad de Greenpeace, Adrián Fernández, señala el carácter “regresivo” de la medida: “Existe una correlación directa entre uso del coche y nivel de renta. Subvencionar carburante de forma indiscriminada es una transferencia de rentas a quienes más tienen”. Para este ambientalista, “subvencionar el carburante sin aplicar criterios de renta o uso es una mala solución”. El problema no es el precio, añade, “sino la brutal dependencia que tenemos de los combustibles fósiles, resultado de un modelo cochecéntrico fomentado durante años”.

El portavoz de Movilidad de Greenpeace, Adrián Fernández, señala el carácter “regresivo” de la medida: “Existe una correlación directa entre uso del coche y nivel de renta. Subvencionar carburante de forma indiscriminada es una transferencia de rentas a quienes más tienen”

Las ayudas al transporte —unos 1.000 millones de euros— se complementan con transferencias de 1.250 euros por camión, 900 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 400 para vehículos ligeros dedicados al transporte. 

Además, la batería incluye una serie de medidas sociales que apuntalan el “escudo social y verde”, según palabras de Ione Belarra. Aunque reconoce que le gustaría haber ido más allá, se alegra de que “el sello de Unidas Podemos esté visible en este decreto”. La intervención “sin precedentes” en el mercado del alquiler para limitar las subidas interanuales del alquiler al 2%, la flexibilización de los criterios de acceso al bono social eléctrico para que medio millón más de personas puedan acceder a él o la ampliación en un 15% del Ingreso Mínimo Vital son algunas de las medidas destacadas por Belarra. 

El Decreto también incluye la renovación de las rebajas fiscales vinculadas con la energía: el IVA de la electricidad se mantendrá en el 10% y el Impuesto a la generación eléctrica se quedará en 0,5%. Para mejorar la situación de las industrias electrointensivas el Gobierno destinará 500 millones de euros para rebajar los peajes eléctricos y compensar los derechos de emisión de estas empresas.

Fuente: Martín Cúneo en elsaltodiario.com
Foto: lamoncloa.gob.es

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