Europa endurece las sanciones para los delitos ambientales: multas millonarias y hasta diez años de prisión

La nueva Directiva amplía el número de conductas delictivas de nueve a veinte e incluye una cláusula similar al ecocidio. Para las empresas, las multas serán de hasta 40 millones de euros para las infracciones más graves

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Hace un mes fue el Parlamento Europeo quien aprobó endurecer la respuesta penal a los delitos ambientalesEl martes pasado, fue el Consejo Europeo el que adoptó formalmente lo que acordaron ambos organismos en noviembre de 2023: un listado más largo de delitos ambientales y penas más duras por destruir ecosistemas.

La nueva directiva sustituye a la ley anterior, la de 2008, y amplía el número de conductas consideradas delito de este tipo de nueve a veinte. Entre los nuevos delitos figuran el tráfico de madera, el reciclaje ilegal de componentes contaminantes de buques y las infracciones graves de la legislación sobre productos químicos. Ellas se suman a otros delitos que ya figuraban en la lista como los vertidos procedentes de buques, las talas ilegales y la introducción o comercialización de especies invasora.

Además, la ley introduce una cláusula de “delito cualificado“, similar al ecocidio, que se aplicará cuando un delito contemplado en la directiva se comete intencionadamente y cause la destrucción del medio ambiente o un daño irreversible o duradero.

Por otro lado, las sanciones dependerán, claramente, de la duración, la gravedad o la reversibilidad de los daños. La pena máxima de prisión por delitos cualificados será de al menos ocho años. Para el resto de delitos, la pena de prisión llega hasta los cinco años. No obstante, los delitos intencionados que causen la muerte de una persona se castigarán con una pena máxima de prisión de al menos diez años, aunque los Estados miembro podrán decidir establecer penas aún más duras en su legislación nacional.

Multas de hasta 40 millones de euros para empresas

Cuando la responsabilidad del delito la tenga alguna empresa, también se contemplarán multas, que serán de al menos el 5% de su facturación mundial anual para las infracciones más graves o, alternativamente, 40 millones de euros. Para todas las demás infracciones, la multa máxima será de al menos el 3% del volumen de negocios o, alternativamente, 24 millones de euros.

“Los Estados miembro también tendrán que asegurarse de que las personas físicas y las empresas puedan ser sancionadas con medidas adicionales, como la obligación para el infractor de restituir el medio ambiente o compensar los daños, la exclusión del acceso a financiación pública o la retirada de sus permisos o autorizaciones”, añade el comunicado del Consejo Europeo.

Según datos del organismo, el crimen medioambiental es la tercera mayor actividad criminal en el mundo y crece entre un 5 y un 7% cada año, con pérdidas de entre 1.100 y 2.810 millones de dólares anuales. Entre 2018 y 2021, hubo 829 personas detenidas en la Unión Europea por cometer este tipo de delitos.

El acuerdo provisional alcanzado en noviembre del año pasado planteaba aumentar el número de delitos existes en el Derecho penal de la UE de 9 a 18, así como introducir el “delito cualificado”. Era la primera vez que se proponía armonizar las sanciones tanto para personas físicas y jurídicas en todos los Estados miembros de la UE.

Los países europeos disponen dos años a partir de la entrada en vigor de la directiva para adaptar sus normas nacionales a la misma. Aunque la directiva solo se aplicará a los delitos cometidos dentro de la UE, los Estados podrán decidir si ampliar su jurisdicción a delitos cometidos fuera de su territorio.

Fuente: Aida Cuenca en climatica.coop

Foto: La playa de Ventanilla, Perú, en enero de 2022, afectada por el derrame de hidrocarburos cerca de la refinería La Pampilla de Repsol | ULAN/Pool / Latin America News Agency vía Reuters

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