Cerca de una veintena de altos cargos han pasado por los consejos del grupo OMI, que nuclea los operadores del mercado eléctrico de España y Portugal y que avisa de los “importantes y relevantes impactos” de la solución ibérica
Las empresas eléctricas están redoblando la presión en Bruselas para tumbar el tope a la generación eléctrica con gas natural que han propuesto España y Portugal para abaratar la factura eléctrica. Este martes la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y el ministro portugués de Transición Ecológica, Duarte Cordeiro van a reunirse en la capital comunitaria con la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager “para seguir trabajando en la definición del mecanismo ibérico”, según el Ministerio para la Transición Ecológica.
A la espera de lo que depare esa reunión, los operadores de los mercados eléctricos de ambos países, controlados por las eléctricas y por varias entidades financieras, se han sumado a la ofensiva de las compañías del sector contra esa intervención temporal del mercado, que Ribera confió la semana pasada en que esté en funcionamiento a principios de mayo y que, según dijo hace unas semanas la ministra, las compañías están intentando hacer “descarrilar”.
En una misiva remitida a las secretarías de Estado de Energía de España y Portugal y a los supervisores bursátiles de los dos países, la CNMV y la CMMV, los operadores del mercado eléctrico han advertido de los “importantes y relevantes impactos” que, aseguran, puede ocasionar en los mercados a plazo de electricidad implantar la denominada excepción ibérica.
“La potencial intervención del mercado no alineada con el resto de la UE originará un fuerte riesgo regulatorio, comprometiendo la necesaria credibilidad del proceso de formación de precios”, afirman. “La ausencia de un régimen regulatorio claro, inequívoco e incuestionable de determinación del precio y con un periodo de aplicación limitado, provocaría una gran inseguridad y riesgo jurídico, en especial en lo que respecta a todos los contratos de derivados ya transaccionados”, añaden los operadores.
Pero, ¿qué es el grupo OMI? Este conglomerado tiene capital privado pero está fuertemente regulado. Sus ingresos dependen de la factura eléctrica. Y está integrado por casi todos los grandes grupos energéticos del país, incluyendo a todas las eléctricas, además de los dos principales bancos (Banco Santander y BBVA) y otros como Bolsas y Mercados Españoles (BME).
En total, las compañías energéticas controlan más del 50% de las acciones del Operador del Mercado Eléctrico (Omie). Las cinco mayores eléctricas del mercado español y la patronal Aelec suman más del 28%, al que se suman los paquetes de otras como Abengoa, Acciona, Samca o Repsol. El mayor accionista individual es la portuguesa REN, equivalente luso a Red Eléctrica, con un 10%.
REN, que tiene como mayor accionista (25%) a la china estatal State Grid y en la que participan la española REE, con un 5%, y Pontegadea, de Amancio Ortega, con un 12%, es a su vez el principal accionista de la pata portuguesa de OMI, denominada Omip. En esta última participan también las grandes eléctricas (30%, sumando un 5% en manos de Aelec, la patronal del sector) y otras como Abengoa, Caixa Geral o BME, con paquetes del 5%.
Omel y Omip se reparten al 50% el accionariado de Omie, el mercado donde se negocian los precios de la luz en cada momento (el denominado mercado spot). En la lusa Omip se negocian los contratos a plazo, los llamados futuros de la luz. Además, el grupo Omi tiene el 32% del Mibgas, que es el operador ibérico en el que se negocian precios del gas.
Desfile de cargos
OMI tiene sus detractores: sus funciones (basadas en un algoritmo europeo que se llama Euphemia) se podrían cubrir “con un PC de baja gama”, según ironizaba hace unos días en un tuit José Luis de la Fuente O`Connor, que fue miembro de la Comisión de Sabios que asesoró al Gobierno de Mariano Rajoy en materia energética en 2017. Una de sus particularidades es la gran cantidad de ex altos cargos, cerca de una veintena, a los que ha dado cobijo a lo largo de los años. Tanto en su principal sociedad como en sus diferentes direcciones, consejos y filiales, tanto en España como en Portugal.
En el caso de la española Omel, su presidenta desde 2018 es Carmen Becerril, ex directiva de Acciona y ex directora general de Energía y Minas con José María Aznar. Becerril sucedió en ese puesto a Ignacio Grangel, un abogado del Estado en excedencia que fue director de gabinete de los dos primeros secretarios de Estado de Energía de Rajoy. Tras un fugaz paso por Red Eléctrica, Grangel recaló en Omel con un breve y polémico mandato en el que colocó al que había sido su sucesor en el ministerio.
Grangel, actual socio de CMS, el bufete que fichó a Dolores de Cospedal, tomó el relevo en Omel de Pedro Mejía, ex secretario de Turismo y Comercio con José Luis Rodríguez Zapatero. Mejía, que fichó en 2020 por el fondo Cerberus para una filial inmobiliaria, es técnico comercial del Estado, el mismo cuerpo al que pertenecía su antecesora, la primera presidenta de Omel, María Luisa Huidobro. Directora desde hace más de una década del área de Energía del Grupo Villar Mir, Huidobro ingresó en el cuerpo de ‘tecos’ en la misma promoción que los exministros Luis de Guindos y José Manuel Soria.
Obviando sus presidentes, por el consejo de las empresas del grupo OMI han desfilado tradicionalmente varias personalidades con un pasado en la Administración pública. Entre ellos, varios ‘tecos’ que han pasado por el consejo de Omel: el exministro y ex vicepresidente de Banco Santander Juan Rodríguez Inciarte; y otro ex compañero de promoción de Guindos y Soria, Eduardo Aguilar Fernández-Hontoria.
Actual consejero de la Sareb (el denominado banco malo) y ex director general de BNP Paribas (uno de los accionistas del operador del mercado), Aguilar Fernández-Hontoria fue, además de director financiero de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE), director general de Seguros y Fondos de Pensiones y responsable de deuda externa en el Tesoro.
En la actual cúpula del Grupo OMI hay otra técnico comercial que fue alto cargo del gobierno Rajoy: su actual directora de Planificación y Gestión Corporativa, María del Coriseo Fernández-Izquierdo, que fue presidenta del Instituto de Comercio Exterior (Icex) entre 2012 y 2014 y que ya entre 2010 y 2011 fue adjunta al presidente de Omie.
Fernández Izquierdo pertenece al comité de dirección de OMI junto a Becerril y la responsable jurídica del grupo desde enero, Alba Taboada, otra abogada del Estado en excedencia que fue directora jurídica del FROB (el fondo de rescate bancario). También pertenecían a ese cuerpo de élite los dos antecesores de Taboada en Omel: Rafael Ramos e Ignacio Blasco. Este último fue en los 90 consejero de Justicia de España en la representación permanente ante la UE (conocida como la REPER). En Omel y Omip es consejera la presidenta de la patronal Aelec, Marina Serrano, también abogada del Estado en excedencia que fue consejera y máxima responsable legal de la CNE.
La pata portuguesa
En una de las filiales de Omi en Portugal, Omiclear (que presta servicios de compensación y liquidación en el mercado eléctrico), es consejero y vicepresidente de su comité de Riesgos Gonzalo Solana, ex presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia que, hasta febrero, fue consejero de Enagás, otra empresa con habituales de la política en la que fue designado por el Gobierno de Rajoy junto a otros como el citado Grangel.
En Omiclear también es consejero el ex portavoz del PP en la Comisión de Energía del Congreso, Antonio Erias, al que su amigo Mariano Rajoy colocó como presidente de Mibgas. Este catedrático gallego salió del operador gasista con una suculenta indemnización y dejando en herencia un contencioso fiscal pendiente de resolverse, como contó este medio.
Por la parte portuguesa, el presidente de Omip desde enero es Martim Vasconellos e Sá, un antiguo responsable del banco francés Societé Générale en el país. Antes, varias figuras con pasado político al otro lado de la frontera han ocupado ese puesto. Es el caso del anterior presidente de Omip, Artur Trindade. Secretario de Estado de Energía en el Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho, tuvo que abandonar Omip tras abrir el año pasado una investigación la Fiscalía lusa por la contratación de su padre por parte de la mayor eléctrica del país, EdP, cuando él estaba en el gobierno luso.
Antes, fueron presidentes de Omip el ex ministro socialista de Economía Luis Braga da Cruz o el ex secretario del Tesoro e histórico directivo de EdP António de Almeida, ya fallecido. En esa filial es actualmente consejero otro secretario de Energía luso, Nuno Ribeiro da Silva, que es el máximo responsable del negocio portugués de Endesa. Y entre sus ex administradores está Jorge Manuel Martins Borrego, ex directivo de REN o Galp que también fue secretario de Estado en el Gobierno de Pedro Santana Lopes. Por parte española, entre los ex consejeros de Omip figura Germán Bejarano, otro ‘teco’ que antes de ser directivo de Abengoa fue embajador de España y director general de Relaciones Económicas Internacionales en el Gobierno Aznar.
En Omel han sido consejeros, entre otros, el ex presidente de Abengoa, ex cargo de la Junta andaluza y primer secretario de Estado de Energía con Pedro Sánchez, José Domínguez Abascal; Ramón Pérez Simarro, que fue secretario de Energía con Felipe González y, posteriormente, consejero de Enagás; o Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex presidente de la extinta CNSE y, a la postre, gobernador del Banco de España. También estuvo en Omel como consejero el técnico comercial Luis Valero, ex director general de la patronal de automoción Anfac que luego fue secretario general de Energía con José Manuel Soria y, más tarde, consejero de Enagás.
Fuente: Antonio M. Vélez en eldiario.es
Foto: Steven Lek, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons