Audita Sanidad inicia acción pública por presuntas irregularidades en los contratos menores firmados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante 2016.
En junio pasado, el colectivo Auditoría Ciudadana de la Deuda en
Sanidad (“Audita Sanidad”) presentó una denuncia ante el Tribunal de
Cuentas, contra la Consejería de Sanidad y los directivos de la mayor
parte de los hospitales de la Comunidad de Madrid. Se señalaban delitos
de fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia y
prevaricación.
El procedimiento pasaba por fraccionar los contratos en múltiples piezas separadas, con el objetivo de camuflar el valor total anual de la operación
La acción legal se basó en indicios consistentes de que se habría cometido fraude en la asignación de numerosos contratos menores, firmados por la Consejería de Sanidad durante 2016. El procedimiento utilizado para consumarlo pasaba por fraccionar los contratos en múltiples piezas separadas, con el objetivo de camuflar el valor total anual de la operación. Con la maniobra se habría favorecido a algunas empresas elegidas, utilizando ese ardid procedimental para sortear la ley que obliga —tratándose de esas cantidades— a convocar a licitación pública.En los últimos días de septiembre, el Tribunal de Cuentas notificaba a Audita Sanidad la apertura de una acción pública, dada “la presunta existencia de irregularidades en la contratación de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid”. Ante esto, el 18 de noviembre el colectivo se ha personado en la causa a través de su representante legal, la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA).
En declaraciones a El Salto, Vicente Losada, integrante de Audita Sanidad, conmemoró que el tribunal haya abierto procedimiento legal. Y señala que hasta 2015 ningún órgano de la administración hizo pública cualquier información sobre los Contratos Menores que asignaba, solo a partir de julio de ese año se empezó a cumplir con esa exigencia, en cumplimiento a la Ley 19/2013.
El número de contratos menores que la Consejería de Sanidad adjudicó en ese año fue de 485.119, una cifra que constituye el 99,7% de las contrataciones. Relata que, por carecer de datos sobre la primera mitad del año 2015, recién a partir de 2016 Audita Sanidad tuvo condiciones de efectuar un análisis en profundidad que abarcase el período anual completo. Al culminarlo verificaron que el número de contratos menores que la Consejería de Sanidad adjudicó en ese año fue de 485.119, una cifra que constituye el 99,7% de las contrataciones. Un porcentaje a todas luces descomunal, más si comparado con el irrisorio 0,3% que se canalizó a través de licitación pública. El importe total anual del concepto “contratos menores” en ese año fue de 632 millones –sin IVA- equivalente al 49,8% del valor total invertido.
Según Losada, su reacción fue casi de incredulidad, supusieron que habían cometido errores en la contabilización, o que quizás habría un fallo en la información oficial. Al no tener cómo despejar esta duda, decidieron aguardar al año 2017, para ver cuál era el comportamiento en los mismos ítems.
“Hemos visto que se generan contratos que no tienen sentido, se repiten muchos para un mismo objeto”, comentan desde Audita Sanidad
Al terminar este nuevo análisis, su asombro aumentó en proporción parecida al número de contratos asignados. Había subido exponencialmente: casi 100.000 más que en 2016. Se contabilizaron 570.031 piezas bajo la modalidad de “contrato menor”, es decir, sin obligación de ser objeto de licitación. “Así —afirma Losada— pudimos confirmar que la anomalía de 2016 no era atribuible a un error, sino el comportamiento habitual de la Consejería de Sanidad. Y eso implica la asignación de un voluminoso número de contratos “a dedo”.
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