Gobierno, CCOO, UGT y CEOE acuerdan retrasar una reforma jubilatoria que promueve las jubilaciones tardías, mientras crece el desempleo juvenil
La reforma de las pensiones del Gobierno logra la aprobación de la CEOE y los sindicatos. El contenido del acuerdo: alargar la edad de jubilación. Todo un ataque al conjunto de los trabajadores con la firma de los principales sindicatos mientras crece el desempleo. Hay que pelear por la reducción de la edad jubilatoria y el reparto de las horas de trabajo sin merma salarial, para trabajar todos y trabajar menos.
El neoliberal Escrivá, que ya propuso hace unos meses aumentar el periodo de cómputo hasta los 35 años cotizados en el cálculo de las pensiones, impulsa esta nueva reforma. Bajo el pretexto de la “sostenibilidad” del sistema de pensiones el ministro propone retrasar la edad real de jubilación, que se situaba en los 64,6 años, para acercarla a la edad legal, de este modo: el sistema paga la prestación más tarde y el trabajador contribuirá más tiempo. El contenido de la reforma es el mismo que el de las medidas neoliberales durante la crisis de 2008: hacer caer el peso de la sostenibilidad del sistema sobre los hombros de los trabajadores. Otros aspectos aún más problemáticos sobre pensiones no se aprobarán hasta 2022.
El País, comparando la reforma con las realizadas en la crisis de 2008, ha afirmado que “esta vez es diferente: sobre el papel, reforma ya no es sinónimo de tijeretazo”. La CEOE comunica que “hay consenso en las líneas generales”, UGT afirma que “hay acuerdo” y por su parte CCOO celebra que “el pacto político está cerrado”. Prensa, sindicatos y patronal todos cierran filas en torno a una reforma que, contrariamente a las afirmaciones de El País, es todo un recorte a las condiciones de vida de los y las trabajadores.
En aras de retrasar la edad de jubilación el ministro propone una serie de incentivos como un cheque que oscilaría entre los 12.000 euros por año de demora para quienes tengan derecho a una pensión máxima (37.567 euros) y haya cotizado al menos 44,5 años; y los 4.786,27 euros en el caso de la pensión mínima (9,569 euros) con 44,5 años cotizados. Asimismo, se plantea elevar la pensión un 4% por cada año de demora. Todo ello irá acompañado de un endurecimiento de las penalizaciones para todos aquellos trabajadores que recurran a la jubilación anticipada voluntaria, la cual hasta ahora permite retirarse dos años antes de lo que corresponde legalmente al trabajador. Este sistema que aplica una reducción creciente con cada trimestre de anticipo sería transformado para que la reducción se aplicase cada mes recrudeciendo la penalización entre los 24 meses previos.
En el Estado español a lo largo de 2020 la tasa de desempleo alcanzó el 16,1%, tasa que asciende al 40% de desempleo entre los menores de 25 años. El gasto en pensiones contributivas roza el 11% del PIB mientras incrementa el número de ancianos. El ministro de Seguridad Social considera que la mejor forma de asegurar la “sostenibilidad del sistema” es aumentar el tiempo de trabajo de quienes llevan toda la vida trabajando, mientras se mantienen niveles de paro juvenil del 40%, y el poco empleo al que acceden es mal pagado, precario e inestable. Es decir que nuestros mayores trabajen hasta que su cuerpo aguante y los jóvenes sigan viviendo en la precariedad.
Los menores de 25 años cobran un 50% menos que en 1980 y el precio de los alquileres, indicador del coste de la vida, se ha incrementado un 52% en 2020, alcanzando la media de 866 euros al mes, frente a la media de 570 euros al mes en 2015. Los jóvenes de hoy son, precisamente, los que mas complicado lo tienen para reunir las condiciones precisas para cotizar lo suficiente como para llegar jubilarse con unas pensiones dignas.
La respuesta del gobierno del PSOE-Unidas Podemos viene a plantear que el quid de la cuestión es que los trabajadores no cotizamos los suficiente, en vez de plantear que el problema reside en las alarmantes cifras de desempleo y en que la mayoría del trabajo, fruto de las reformas laborales anteriores y de los intereses empresariales, es trabajo temporal y precario. Por otro lado, este gobierno habla de sostenibilidad de las pensiones cuando no ha dudado en destinar 30.000 millones de euros en rescatar a empresas con beneficios por medio de los ERTES. Empresas que son las principales beneficiadas de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos. Los requisitos para acceder al fondo europeo son, precisamente, reformas en el mercado laboral y en el sistema de pensiones.
Frente a esta medida criminal por parte del ministro del gobierno PSOE-Unidas Podemos, es necesario lanzar una campaña por rebajar la edad de jubilación, por derogar las reformas laborales y por un reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial entre ocupados y parados, con planes de empleo que sirvan para atajar el grave problema de paro juvenil. Esta es la única salida para que sigamos pagando la crisis los de siempre.
Fuente: Izquierda Diario en kaosenlared.net
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