El Congreso aprueba de manera definitiva la ley de libertad sexual

La norma iba a ser aprobada antes del verano pero se retrasó al aprobar el Senado una enmienda. La ministra de Igualdad celebra lo que considera una victoria y espera que antes de que acabe el año haya avances significativos sobre la ley LGTB y la reforma de la ley del aborto

El Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno definitivo a la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como “ley del solo sí es sí”, cuya aprobación se vio frustrada el 19 de julio, cuando estaba previsto que el Senado diera su visto bueno sin cambios al texto. La aprobación de una enmienda de manera inesperada en un pleno extraordinario obligó a devolver el texto al Congreso que este jueves y, esta vez sí, de manera definitiva, ha aprobado la norma con 205 votos a favor, 141 en contra y 3 abstenciones.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se pronunciaba en las puertas del Congreso antes del debate: “Hoy es un día de victoria”. Montero celebra que “por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales”, lo que va a suponer que “ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerada como tal”. “El grito feminista del ‘solo sí es sí’, del ‘hermana, yo sí te creo’, se convierte en ley en nuestro país y el país feminista que somos se abre paso también en la arquitectura del Estado”, ha asegurado.

La enmienda aprobada por sorpresa en el Senado y que el Congreso ha aprobado pide “dar respuesta a las violencias sexuales más ocultas” con una redacción alude a los “casos de aborto y esterilizaciones forzosos”, algo que solo difiere en una letra de la redacción del texto que llegó al Senado y que hablaba de “casos de aborto y esterilizaciones forzosas”, lo que de facto dejaba fuera los abortos forzosos.

“Esta no es mi ley, es de todas las mujeres”

El debate ha comenzado poco antes de las tres de la tarde con la intervención de la diputada de la CUP Mireia Vehí, para cuyo grupo la ley de libertad sexual presenta dos problemas. El primero, ha dicho, es que lo fía todo al Código Penal. Para Vehí, la ley no sale del paradigma actual, que transfiere a las mujeres la responsabilidad de hacer frente a la violencia sexual sin garantizarles que en ese proceso vayan a encontrarse con un proceso justo: “Podemos denunciar hasta los piropos, pero los jueces españoles no se caracterizan por ser feministas”.

El segundo problema entra de lleno en un debate de calado como es el del posicionamiento de los grupos en torno al asunto de la prostitución. Vehí ha denunciado que el texto convierta en ilícita la publicidad sobre prostitución: “Hay mujeres que ejercen la prostitución y por tanto el feminismo debe luchar por sus derechos. Si se persigue la publicidad se las lleva a buscar vías alternativas donde son más vulnerables”.

Sara Giménez, de Ciudadanos, ha lamentado que la ley no esté ya en vigor y ha pedido apoyo para un texto que, asegura, abordará de manera efectiva la violencia sexual y ha incorporado recomendaciones del Consejo de estado y del Consejo General del Poder Judicial que la hacen más solvente.

Por su parte Sofía Castañón (Unidas Podemos) ha mencionado las palabras de la mujer víctima de la violación grupal en los sanfermines de 2016, que hoy se pronunciaba así en una declaraciones a El País: “Esta no es mi ley, es de todas las mujeres”. Castañón ha pedido que el cansancio que se arrastra debido a la prolongación de la tramitación del texto —que empezó a comienzos de 2020— no ensombrezca el logro que supone la ley del solo sí es sí: “Poner negro sobre blanco lo peleado en las luchas cambia la percepción social”.

Vox ha aprovechado su intervención de su diputada Carla Toscano para lanzar sus habituales mensajes racistas —“a ver si lo feminista es reconocer que hay que cerrar la puerta a los que vienen a agredir a las mujeres”— y machistas —“esta ley es otro ladrillo del muro del apartheid sexual que sufren los hombres en España”—, algo que no ha querido pasar la diputada María Dantas (ERC), que ha pedido que las declaraciones falsas que retratan a los hombres migrantes como agresores sexuales sean retiradas.

Desde el PP, Marta González ha pedido que no se culpe a su partido del retraso que ha supuesto la aprobación de la enmienda que hoy ha tenido que votar el Congreso. En primer lugar, la enmienda fue propuesta por Junts. En segundo lugar, fue aprobada por otros partidos, entre ellos ERC, Ciudadanos, Adelante Andalucía, Más Madrid y Coalición Canaria. El PP, que ya vetó la ley en el Senado, ha explicado su voto en contra porque “no va a servir para impedir que recaiga en la víctima la investigación y que puede traer inseguridad”.

La diputada socialista Laura Berja también ha hecho mención a las palabras de la mujer que sufrió la agresión de La Manada. En su opinión, la ley es coherente con la ratificación del Convenio de Estambul, convenio internacional en materia de violencia machista ratificado por España en 2014. Además, supone un cambio de paradigma en lo relativo a la definición de consentimiento y “hace de nuestro país un país mejor”.

Casi la mitad de las mujeres

Cerca de la mitad de las mujeres, el 44 %, ha sufrido algún tipo de violencia sexual, según un estudio de la Escuela Andaluza de Salud Pública citado por Berja. Este estudio también indica que una de cada trece mujeres, el 7,8 % del total, ha sido violada por su propia pareja, un porcentaje más de tres veces superior al del que sufrieron fuera de su pareja: el 2,2 %.

Castañón también ha compartido algunos datos en su intervención. En concreto, ha destacado los motivos por los que ls mujeres no denuncian la violencia sexual. 

Según la  Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, tan solo el 8% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja ha denunciado alguna de estas agresiones en la Policía, la Guardia Civil o el Juzgado. Este porcentaje se eleva al 11,1% si se tienen en cuenta también las denuncias interpuestas por otra persona o institución.

El motivo más citado para no de denunciar es que “era menor, era una niña”, que es mencionado por el 35,4% de las mujeres. Le siguen no conceder importancia a lo sucedido (30,5%), la vergüenza (25,9%), que la agresión haya sucedido “en otros tiempos en los que no se hablaba de estas cosas” (22,1%) y el temor a no ser creída (20,8%).

En el caso de las mujeres que han sufrido una violación, los motivos más citados son la vergüenza (40,3%) y el haber sido menor cuando tuvo lugar la violencia sexual (40,2%). El 36,5% cita el temor a no ser creída y el 23,5% el miedo al agresor.

Fuente: Patricia Reguero Ríos en elsaltodiario.com
Foto: Irene Montero a su entrada al Congreso | Dani Gago

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