Diarreas, caídas y escasez de alimentos: familiares denuncian el abandono de los mayores en una residencia de Leganés

Un brote de gastroenteritis pone en el foco a una residencia de Leganés en la que familiares llevan seis años batallando contra su gestión. Primero, contra la empresa Aralia, fundada por el empresario José Luis Ulibarri. Y ahora, contra la empresa Centenari, quienes han empeorado la gestión, según denuncian.

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid informaba este jueves que había recibido una comunicación de la empresa Centenari Salud. En la residencia de titularidad pública Parque de los Frailes de Leganés, gestionada por esta entidad desde hace menos de un año, se había desatado un brote de gastroenteritis que ya afecta a 43 residentes, casi el 20% del total. Antes de esto, los familiares de este geriátrico habían convocado una protesta para este domingo 26 de junio a las 11 horas por las condiciones “precarias” en las que se encuentran los mayores que residen en este centro. Convocatoria que aseguran que mantienen, hoy por más motivos si cabe. Y, al mismo tiempo y de manera paralela, los residentes organizaban un motín en el comedor porque el guiso de ese día no llegaba a las últimas filas. La cocinera no tuvo más remedio que improvisar una ensalada con tomates y cebolla como menú para una parte de los mayores, según relatan los familiares.

Las costuras de esta residencia han saltado con el reconocimiento de este brote de gastroenteritis, posiblemente relacionado con la mala calidad del agua de grifo que consumen los usuarios, y su publicación en varios medios, pero los familiares llevan desde 2018 luchando por las condiciones que se dan dentro de sus paredes. En 2017, la empresa Aralia, fundada por el empresario José Luis Ulibarri, conseguía la gestión de este centro. Y lo hacía gracias a una puja a la baja. De los más de 14 millones de euros que aparecían en el pliego de convocatoria, el servicio pasó a adjudicarse por 12,5. Y esto fue en detrimento de su calidad, denunciada en varias ocasiones por las familias. “Llevamos hasta a la Fiscalía a que investigara”, explica Carmen López, presidenta de la Asociación por los Derechos de los Mayores y sus Familias, ADEMAF.

El grupo Centenari Salud conseguía la gestión de esta residencia, bajando el precio de salida del pliego de licitación en más de 300.000 euros

En 2020, mientras la concesión con Aralia se ampliaba por un tiempo de manera forzada a causa de la pandemia y el coronavirus dejaba decenas de muertos entre los residentes (muchos sin ser trasladados al hospital por las órdenes de no derivación firmadas por el gobierno de Ayuso), la licitación salió a concurso. Se ofrecían 15.671.038,24 euros. El grupo Centenari Salud lo conseguía por 15.357.617,48, es decir, bajando el precio de salida en más de 300.000 euros. El 22 de septiembre de 2021 se formalizaba el contrato. “Ahora la situación es peor, parece increíble pero todo es susceptible de empeorar”, expresa López.

La foto de una botella con agua grisácea publicada por los familiares en Facebook es sólo el símbolo de ello. Detrás de esto, los familiares denuncian escasez de alimentos, material de higiene y mal mantenimiento de las grúas que sirven para levantar a los mayores. Pero, sobre todo, falta de personal.

“No hay enfermeras suficientes, no hay médicos, no hay fisioterapeutas. En cocina están bajo mínimos, en limpieza, lo mismo”, se queja la presidenta de ADEMAF, quien añade que, por la falta de personal todo lo demás va en cascada. “Como no hay personal, hay caídas de los residentes. Les tienen que atar a la silla y dejarles durante horas. Si se les olvida atarles porque van corriendo a hacer otra cosa, esas personas se caen”, expresa. ”Además —prosigue— ha habido una persona que se ha escapado de la residencia y nadie se enteró. Tuvo una caída y ha estado en el hospital bastante grave”.

“Es una dejación de funciones de la administración. La mal llamada colaboración público-privada solo esconde dejación de funciones de la administración que se traduce en maltrato institucional”

López culpa de esta situación principalmente a las instituciones públicas. “Es una dejación de funciones de la administración. La mal llamada colaboración público-privada solo esconde dejación de funciones de la administración que se traduce en maltrato institucional”, expresa.

Mientras tanto, desde la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia se afanan por precintar todas las fuentes de agua de las instalaciones. También han pedido un análisis de toxicidad de las aguas y el suministro de agua embotellada. Para las familias, parches y más parches ante una situación insostenible que ya habían denunciado previamente. Aseguran que fueron ellos quienes avisaron del posible mal estado del agua y pidieron el análisis toxicológico, y no se intervino hasta que la noticia saltó a los medios.

“El agua es solo una cosa más. Esta es la clara evidencia de que el deterioro del sistema aboca a familiares, residentes y trabajadores a una situación que no es sostenible, y más después de la situación de la que venimos”, expresa Carmen López en referencia a la pandemia. “El sistema tiene que cambiar pero a nadie en la administración le interesa cambiarlo. Pero a la sociedad sí le interesa; todos vamos a llegar a la vejez y necesitamos un final de vida digno con cuidados centrados en las personas y no en las ganancias”, sentencia.

Fuente: Sara Plaza Casares en elsaltodiario.com
Foto: Residencia Parque de Los Frailes en Leganés.