Denuncian a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por el abuso de contratos menores a dedo

Hasta un 99,7% de los contratos de 2017 y 2018 se adjudicaron sin concurso, por ello, la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública de Barrios y Pueblos de Madrid, junto con Audita Sanidad y la Cooperativa de abogados CAES han presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas

Trocear un gran contrato en varios mini contratos para evadir concursos públicos y poder ser concedidos “a dedo”. La Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública de Barrios y Pueblos de Madrid, junto con Audita Sanidad y la Cooperativa de abogados CAES sospechan que este es el modus operandi de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Según los dos informes de 2017 y 2018 realizados por Audita Sanidad, el 99,7% de los contratos que ha adjudicado esta consejería han sido contratos menores. Y, por ello, hoy han presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas del Estado. Una denuncia que se emitía al mismo tiempo que médicas y médicos de Atención Primaria atravesaban la calle Fuencarral en una manifestación que exhibía músculo en su cuarta semana de huelga y que ha confluido con la entrega de esta demanda.

Según la revisión realizada por esta plataforma de auditoría ciudadana durante los años 2017 y 2018 se adjudicaron un total de 1.026.323 contratos menores, frente a 3.720 adjudicados por licitación pública. Una práctica “abusiva” que pone en posición de “ventaja” a determinados proveedores. “Existen muchos tipos de contratación pero fundamentalmente hay dos figuras: la contratación mediante concurso de licitación y la figura del contrato menor”, ha explicado tras la presentación de la denuncia Vicente Losada, de Audita Sanidad. Según su denuncia, entre 2017 y 2018 la Consejería ha emitido más de un millón de contratos menores que suponen un volumen de más de 1.500 millones de euros. «No estamos hablando de una presunta comisión del hermano de la señora Ayuso, eso es una mera partícula de la punta del iceberg que se ve por la superficie”, ha avisado Losada. Así, la figura de contratación mediante concurso público tan solo representa entre el 0,3 y el 0,5 %. “Esto, desde nuestro punto de vista, es algo inadmisible porque es un despilfarro de recursos, cuanto menos”, ha zanjado.

La figura de contratación mediante concurso público tan solo representa entre el 0,3 y el 0,5 %. “Esto es algo inadmisible porque es un despilfarro de recursos”

Para Concha Pérez, integrante de la Coordinadora de Barrios y Pueblos en Defensa de la Sanidad Pública, este miércoles era un día “importante”,  para la ciudadanía en su conjunto por haber apoyado y financiado esta investigación y de “alegría y satisfacción al llegar el momento de presentar esta denuncia para que la Consejería de Sanidad rinda cuentas”. “La política sanitaria de la Comunidad de Madrid está orientada a garantizar el beneficio de las empresas privadas sean sanitarias, tecnológicas, constructoras o fondos de inversión pero no está enfocada al cuidado de las personas ni pretende garantizar nuestro derecho a la salud”, ha asegurado.

Desde Audita Sanidad insisten en que no están cuestionando la figura del contrato menor, recogida y reconocida en la legislación, “lo que estamos cuestionando es el uso abusivo y reiterado de este contrato para tratar de adjudicar un volumen del 99,7% de los contratos a dedo”.

La actual ley de contratación pública acota los contratos menores y establece un tope de 40.000 euros para contratos de obras y para el resto de los contratos, suministros y servicios, establece un tope de 15.000 euros. Todos los demás deberían de pasar por un concurso público. Sin embargo, tal y como han denunciado los colectivos hoy presentes, la sombra del fraccionamiento para eludir concursos se posa sobre el modus operandi de la Consejería de Sanidad. 

“Entre el 27 de abril y el 20 de agosto de 2018 adjudicó 229 contratos menores a la empresa Siemens Health Care para la compra de material de laboratorio por importe de 1,3 millones de euros”

Losada pone como ejemplo los contratos de suministros en el Hospital de la Paz. “Entre el 27 de abril y el 20 de agosto de 2018 adjudicó 229 contratos menores a la empresa Siemens Health Care para la compra de material de laboratorio por importe de 1,3 millones de euros. ¿Por qué tengo que hacer 229 contratos de material de laboratorio si puedo hacer un concurso de licitación por un importe de 1,3 millones?”. El integrante de Audita Sanidad ha añadido además que, cuando se hace un concurso al haber concurrencia de empresas se ahorran costes sustanciales. “Además, la consejería tiene una central de compras y a través de ella se podría centralizar las compras y se podrían obtener mayores ahorros que podrían dedicarse a la inversión en la sanidad pública que tanto necesitamos”, ha concluido.

“Vamos a seguir el recorrido de la investigación en el Tribunal de Cuentas e instamos a las autoridades a que tomen medidas porque sino acudiremos a la Fiscalía Anticorrupción para que se fiscalice y se controle el gasto”

Carlos Castillo Solano, abogado de CAES, ha asegurado que la denuncia ante el Tribunal de Cuentas es el primer paso. “Creemos que existe un claro abuso de la figura del contrato menor dentro de la sanidad madrileña y que ese claro abuso está rompiendo los principios de publicidad y de concurso público que debería guiar todo tipo de contratación pública”, ha afirmado Castillo. “Vamos  a seguir el recorrido de la investigación en el Tribunal de Cuentas e instamos a las autoridades a que tomen medidas porque sino acudiremos a la Fiscalía Anticorrupción para que se fiscalice y se controle el gasto”, ha avisado el abogado de CAES, quien no ha cerrado la puerta a otras vías legales.

“No es que se incumpla la ley de manera ocasional, es que el incumplimiento es sistemático, permanente, continuado, consciente, consentido y promovido por las propias autoridades”

“La ley establece que el contrato menor debe de ser la excepción.— añade Javier Rubio, también abogado de CAES— Sin embargo, en la práctica de la sanidad madrileña la norma es el contrato menor. No es que se incumpla la ley de manera ocasional, es que el incumplimiento es sistemático, permanente, continuado, consciente, consentido y promovido por las propias autoridades”.

Empresas beneficiarias

La gran mayoría son contratos de suministros: 540.627 por un valor de 720.553.662 en 2017 y 438.202 por un valor de 737.746.141 en 2018. En el año 2018, 3.860 empresas fueron beneficiarias de contratos menores. De éstas, las 20 primeras suponen el 40% de dichos contratos y el 31,81% del importe total de contratos menores, lo que da señales de la concentración del reparto en manos de unos pocos proveedores.  Johnson & Johnson SA, y Medtronic Ibérica SA, las primeras empresas en la lista de beneficiarias en los años analizados.

Desde Audita Sanidad han estudiado de manera pormenorizada el caso de dos empresas por sospechas de fraccionamiento: el Grupo Siemens y Medtronic Ibérica

Desde Audita Sanidad han estudiado de manera pormenorizada el ejemplo de dos empresas por sospechas de fraccionamiento. Este es el caso, en primer lugar, del Grupo Siemens: en 2018 de los 1.308 contratos menores adjudicados, 733 se han identificado como de posible fraccionamiento, es decir el 56% del total.

En segundo lugar se ha estudiado el caso de Medtronic Ibérica, segunda en el ranking de adjudicaciones de contratos menores, con un total de 11.985 contratos, y primera según importe, por valor de 32.550.610 euros. Según el informe de Audita Sanidad, de los 11.985 contratos menores adjudicados a Medtronic Ibérica SA, 6.341 se han identificado como de posible fraccionamiento, es decir el 53% del total.

En este contexto, cabe señalar que la empresa privada sigue haciendo caja con las arcas públicas madrileñas. Según el informe El papel del sector privado en la sanidad pública madrileña de Audita Sanidad presentado hace un año, analizando el gasto sanitario en el trienio entre 2015 y 2018 (últimos datos disponibles) se descubre que en 2018 el 49,4% del presupuesto sanitario fue a parar a manos privadas.

Escenario que puede ampliarse con la nueva Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como Ley Ómnibus y aprobada el pasado 15 de diciembre. Esta ley «supone para la sanidad pública la creación de una agencia de contratación sanitaria en la Comunidad de Madrid cuya finalidad no puede ser más que la intensificación de la privatización de la sanidad pública madrileña, al mismo tiempo que llevan décadas reduciendo la inversión necesaria para garantizar una sanidad pública, universal y de calidad”, ha avisado Concha Pérez.

Fuente: Sara Plaza Casares en elsaltodiario.com
Foto portada: David F. Sabadell

Fuente: Isabel García en nuevatribuna.es

El 99,7% de la contratación sanitaria en Madrid entre 2017 y 2018 se adjudicó sin salir a concurso público

La Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid, integrada por más de medio centenar de colectivos y entidades en defensa de la sanidad pública, se ha sumado a la denuncia presentada este miércoles por Audita Sanidad y la Cooperativa de Abogados CAES ante el Tribunal de Cuentas por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos menores que no salen a concurso público por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

En los informes presentados se constata que entre los años 2016 y 2018 se adjudicaron un millón y medio de contratos menores (1.511.000) por un volumen de 2.343 millones de euros, lo que supone el 99,7% de toda la contratación pública sanitaria de ese periodo.

Ante la sede del Tribunal de Cuentas en la calle Fuencarral de Madrid, portavoces de estas organizaciones han denunciado la “utilización abusiva de la figura del contrato menor” que permite a determinados proveedores partir con una posición de ventaja “falseando el acceso al mercado libre y practicando la llamada contratación a dedo” para evitar la licitación y su publicidad. Johnson & Johnson SA, y Medtronic Ibérica SA, figuran como las primeras empresas en la lista de beneficiarias en los años analizados.

En 2017, Johnson & Johnson SA obtuvo 43 contratos por licitación y 26.032 a dedo y se embolsó más de 41 millones de euros por estos contratos menores, o sea un aumento del 0,42% en contratos y un aumento del 24,38% en valor respecto a 2016. En 2018 firmó 12.264 contratos menores por valor de casi 19 millones de euros.

Por su parte, en 2017, Medtronic Ibérica SA ganó la licitación de 60 contratos por 6.563.468 euros y 18.995 contratos menores por cerca de 43 millones de euros, lo que arroja un aumento del 40,18% en contratos, y un 67,31% en valor respecto a 2016. En 2018, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid adjudicó a Medtronic Ibérica SA 11.985 contratos menores por un importe de 32,5 millones de euros.

Las cifras en el menudeo de contratos reflejan que en 2017 se adjudicaron 570.031 contratos menores y solo 1.695 contratos licitados, y en 2018 se adjudicaron 456.292 contratos menores, frente a 2.025 adjudicados por licitación pública. Es decir, la Consejería de Sanidad adjudicó una media de 1.406 contratos menores al día durante los años 2017 y 2018.

“Observamos indicios claros de fraccionamiento y presuntas ilegalidades en los contratos adjudicados mediante la figura del contrato menor que suponen, entre otras cosas, un despilfarro de recursos públicos que podrían ser utilizados en la mejora de la sanidad pública madrileña, desvío de dinero público, sobrecostes y mala gestión”, aseguran las organizaciones denunciantes.

Vicente Losada, portavoz de Audita Sanidad, aclara que “no se está cuestionando” la figura del contrato menor que está regulada por ley “sino el uso abusivo y reiterado de este contrato para tratar de adjudicar un volumen del 99,7% de contratos absolutamente a dedo”, mientras que la figura del concurso de licitación que también recoge la Ley de Contratos del Sector Público, solo es usada entre el 0,3%-0,5% de los casos, “algo inadmisible” y una muestra del “despilfarro de recursos”, afirma.

“No estamos hablando de una comisión o presunta comisión del hermano de la Sra. Ayuso sino del millón y medio de contratos de adjudicación directa”, asegura Losada que pone como ejemplo la contratación efectuada en 2018 por el Hospital de la Paz con la empresa Siemens a la que se adjudicaron 229 contratos por un importe de 1,6 millones de euros. “¿Por qué tengo que hacer 229 contratos si se puede hacer un concurso de licitación por 1.600.000 euros?, que al haber competencia se ahorrarían costes sustanciales”, asegura.

Otro caso llamativo que recoge el informe presentado en la denuncia al Tribunal de Cuentas lo vemos en el Hospital Clínico San Carlos que en el periodo de un año adjudicó hasta 700 contratos menores. Audita Sanidad recuerda que la propia Cámara de Cuentas de Madrid detectó y denunció el fraccionamiento en la contratación de 2017 por parte de la Consejería de Sanidad.

“Creemos que hay claros indicios de fraccionamiento y de presuntas irregularidades en el cumplimiento de la ley que supone unos sobrecostes de dinero público que se podía invertir en el sistema. Creemos que este tipo de actuaciones generan procesos de corrupción claros y evidentes a lo largo de los últimos 27 años del PP en el Gobierno de la Comunidad de Madrid”, subraya el portavoz de Audita Sanidad que no descarta llevar este asunto a la Fiscalía Anticorrupción.

Fuente: Isabel García en nuevatribuna.es