Banco de ¿alimentos?

Todo este entramado alrededor de la caridad alimentaria evita que abordemos el verdadero debate, que es el derecho a la alimentación de las personas con menos recursos económicos

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Decía el filósofo escocés David Hume, en su Ley de la contigüidad, que aquellas ideas que se han vivido juntas tienden a aparecer juntas. Por eso, cuando nos viene una idea a la cabeza sin hacer uso del pensamiento voluntario, dejando que espontáneamente las distintas ideas acumuladas fluyan una tras otra, a esa idea le sucederá otra con la que está vinculada o unida. 

Esta Ley de la contigüidad explica que cuando decimos Navidad, a la mayoría de nosotras acuden a nuestras cabezas palabras como villancicos, frío, comilonas, regalos o caridad. Otra idea asociada a estas fechas es que es la de las “buenas obras”, de dar a los que menos tienen, para que todas puedan celebrar la Navidad.

Bajo este espíritu navideño surgen las campañas de recogida de alimentos, los maratones “solidarios”, las donaciones y venta de loterías por parte de multitud de asociaciones, colegios y clubes deportivos, porque parece que todas tenemos el bolsillo más suelto y, además, porque está mal negarse a colaborar “por causas benéficas”.

Comer a base de las sobras de la opulencia de esta sociedad no es solidaridad

Hace pocos días se pusieron en marcha las campañas navideñas de recogida de comida de los distintos Bancos de Alimentos que hay en cada localidad, con la inestimable colaboración de las personalidades y famosos locales. No hay campaña de recogida en la que no haya deportistas, periodistas y políticos locales. Todos deseosos de aportar en esta acción caritativa.

Sin embargo, ¿qué hay detrás de cada campaña? ¿Quiénes son los verdaderos beneficiados? ¿Se está haciendo dejación de responsabilidad por parte de las políticas públicas? ¿Estamos dejando un derecho básico en manos de la acción popular?

Las dinámicas de estas campañas de recogida de alimentos son muy sencillas: solamente puede hacerse en determinadas cadenas alimentarias (Eroski, Carrefour, BM, etc.); participa una cantidad enorme de personal voluntario; los bancos de alimentos guardan todo lo recogido para repartirlo el resto del año a las familias que lo necesiten.

En esas campañas también operan una serie de sencillos, pero efectivos mecanismos de presión social: en los días de “gran recogida”, las personas consumidoras nos encontramos un ejército de personas voluntarias taponando las salidas de los supermercados, pidiéndonos que depositemos parte de nuestra compra en las cestas habilitadas. Así que gastamos más de lo habitual para aportar a la causa. Un negocio redondo para los supermercados.

También están los céntimos solidarios de los supermercados, que te piden, como impuesto (contra)revolucionario al momento de ir a pagar. Céntimos que aportas voluntariamente tú, pero de cuyos beneficios fiscales por donación se benefician las grandes empresas alimentarias.

Y luego están las narrativas, que impiden el discurso crítico a este modelo de caridad a la vez que dicen que “mejor eso que nada” o que las personas pobres no tienen derechos a comer bien (sano), a través de discursos como “si no lo como yo, lo van a comer ellos”, acentuando la exclusión social desde el lenguaje.

Todo este entramado alrededor de la caridad alimentaria evita que abordemos el verdadero debate, que es el derecho a la alimentación de las personas con menos recursos económicos, de las personas usuarias de recursos sociales y bajo la tutela de instituciones públicas (escuelas, hospitales, centros de menores, centros penitenciarios, etc.). 

En centros de menores, residencias y otros espacios donde las personas están obligadas a “comer” allí, los menús atienden a lógicas de cantidad de calorías en lugar de al valor nutricional

¿Se está garantizando este derecho desde las administraciones responsables? Desde nuestra opinión no. No, porque no es lo mismo producto comestible que alimento. Y en las grandes recogidas, en los centros de menores, residencias y otros espacios donde las personas están obligadas a “comer” allí, los menús atienden a lógicas de cantidad de calorías en lugar de al valor nutricional. Saciar el hambre no es alimentarse.

No, porque, además, la responsabilidad de esta compra alimentaria es de las administraciones públicas titulares de esos servicios, pagados con el dinero de todas. Queremos un uso responsable de nuestros impuestos: alimentar adecuadamente a las personas y generar un impacto positivo en nuestro sector primario.

No, porque el modelo de asistencia alimentaria impone un modelo de comida, vulnerando así la capacidad para decidir sobre su alimentación a las personas.

No, porque comer a base de las sobras de la opulencia de esta sociedad no es solidaridad.

No, porque mientras quienes cultivan y cuidan la tierra y producen alimentos sobreviven a duras penas con sueldos precarios, las grandes superficies se llenan los bolsillos, nos enferman con su modelo alimentaria y calientan el planeta moviendo productos por todo el planeta. 

No, porque una alimentación social deficiente significa una sociedad enferma, con menor calidad de vida y con un impacto negativo en el resto de los sistemas públicos, como ya se está viendo en el de salud, educación y empleo.

Para garantizar el derecho a la alimentación, creemos que es necesario un cambio de modelo y paradigma en la gestión y dirección de los servicios sociales y de las políticas alimentarias.

Para garantizar el derecho a la alimentación, creemos que es necesario un cambio de modelo y paradigma en la gestión y dirección de los servicios sociales y de las políticas alimentarias. Las personas usuarias de estos servicios tienen derecho a alimentos de calidad, de cercanía, de temporada, culturalmente adecuados. 

Un sistema que funcione bajo estas claves estará teniendo no solamente un impacto positivo directo sobre la salud y la vida de las personas usuarias, sino que también lo hará en el territorio cercano, generando empleo y riqueza desde el impulso público, generando empleo en el primer y tercer sector, revitalizando las economías locales.

Esto no es una quimera, es posible y es viable económicamente, tal y como demuestran experiencias en países de Europa y Latinoamérica. Y aquí lo estamos demostrando, con una experiencia piloto que se está llevando a cabo en Bizkaia.

Es posible. Es viable. Es necesario. Hagámoslo ya

Fuente: David Lopategi y Inurri Oianko en elsaltodiario.com
Foto: Una mujer de compras en un supermercado | David F. Sabadell

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