Banca y aseguradoras tras la privatización del sistema público de pensiones

En España la banca y las compañías aseguradoras presionan para llevar a cabo una reforma que supondría el punto de partida de un proceso de privatización del sistema público de pensiones.

Los partidos políticos con representación en el llamado “Pacto de Toledo” debaten la reforma del sistema público de pensiones argumentando que el actual resulta insostenible. Es una premisa falsa. La realidad es que tras este razonamiento se esconden, como siempre, enormes intereses económicos. El capital privado quiere hacerse con el enorme negocio que supondría la privatización de las pensiones. De cara a la opinión pública esto es más complicado de justificar y por ello el mensaje es muy distinto. Se habla de un sistema mixto, manteniendo pensiones públicas que serían complementadas con pensiones privadas de empresa. Es lo que llaman los Planes de Pensiones de Empresa (PPE). La patronal y sus ramificaciones políticas, con amplia presencia en el Pacto de Toledo, están ideando un “caballo de Troya” para dinamitar el sistema público. Los PPE son tan solo un instrumento para comenzar con una privatización parcial.

Se trata de un jugoso mercado. Actualmente en España un 26 por ciento de los trabajadores tienen contratado un plan de pensiones privado de carácter individual (no PPE) y hay más de 2 millones de trabajadores que ya disponen de PPE ya que grandes compañías como CaixaBankBBVA, Endesa o Telefónica ofrecen este tipo de planes a su plantilla. Ahora con la reforma que se estudia se legislaría para implantarlos y generalizarlos en todas las empresas. Podemos imaginarnos el volumen de negocio que conllevaría esto para los gestores de los PPE: grupos bancarios como el Santander, BBVA o Caixabank y grandes aseguradoras.

El mensaje que lanzan desde el Pacto de Toledo, que coincide con el planteamiento de la banca y las aseguradoras, es que este nuevo sistema permitiría completar la pensión pública, pero lo cierto es que lo que se pretende es que las pensiones públicas terminen siendo puramente asistenciales, de manera que los trabajadores se vean obligados a recurrir incluso a planes de pensiones privados individuales y otros productos bancarios complementarios a los propios PPE. Las posibilidades de lucro que se abrirían con un derecho tan fundamental son alarmantes.

Como decíamos, los PPE son, en realidad un “caballo de Troya”. Un pretexto para comenzar a recortar de manera gradual las pensiones públicas y avanzar en el proceso de privatización hasta llevar lo público a lo marginal.

En esta línea están trabajando Inverco, la asociación de las gestoras de fondos y planes de pensiones privados o Unespa (la patronal de las aseguradoras), mediante conferencias, seminarios, estudios, elaboración de informes y publicaciones en los medios de comunicación de masas que tratan de convencer a la opinión pública sobre lo maravilloso y eficiente del sistema de pensiones privado.

Para que nos hagamos una idea de los intereses que hay detrás de estas organizaciones, en Inverco hay miembros como Abanca, Aegon, Allianz, Axa, Bankinter, Banco Sabadell, BBVA Pensiones, Caser Seguros, Deutsche Bank, Fiatc Seguros, Banco Santander, VidaCaixa (Caixabank), Mutua Madrileña o Mapfre, mientras que Unespa forma parte directamente de la CEOE, es decir, la patronal española.

Una reforma que se inspira en el modelo inglés

En Reino Unido, los PPE se implantaron en el año 2012, donde se creó un organismo de tutela pública que centraliza los ahorros de los trabajadores pero la gestión del dinero está subcontratada con varios bancos y aseguradoras.

Los empresarios están obligados a dar de alta a sus trabajadores en un plan de pensiones privado pero aquellos empleados que disponen de sueldos muy bajos no son admitidos. Es decir, existe una clara discriminación. Estos trabajadores más precarios que quedan fuera del sistema tienen opción de solicitar una pensión pública de carácter totalmente insuficiente y asistencialista. Es decir, se crean dos sistemas en función del poder adquisitivo de cada trabajador, de manera que aquel más pobre y explotado recibe la limosna del Estado.

En España lo que se pretende es fomentar los PPE frente a los planes de pensiones privados individuales. De esta manera, el jugoso negocio no solo se mantiene en manos de grandes empresas sino que se amplia notablemente ya que se busca su implantación generalizada en el sector laboral.

José Luís Escrivá, ministro de Seguridad Social del Gobierno de España, apuntaba en los medios que están trabajando para tener una nueva legislación sobre pensiones antes de que finalice 2020.

La clase trabajadora debe ser consciente de la importancia de esta reforma. Si se implanta este nuevo modelo, no estará garantizado el derecho a una jubilación digna y supondrá el comienzo de una penetración progresiva del gran capital sobre el sistema público. La respuesta a este nuevo ataque deberá darse en las calles, con organización y movilización popular para defender un sistema 100% público y de calidad que garantice la jubilación que se merecen los trabajadores.

Fuente: Oriol Sabata en nuevarevolucion.es
Foto: dimitrisvetsikas1969 en pixabay


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