Ayuso limita la fiscalización a su gobierno con cambios en 15 leyes sin debate parlamentario

Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid alerta de una inminente dictadura por la ley de amnistía, promueve una ley para hacerse con el control absoluto de la Cámara de Cuentas, Telemadrid y el Consejo de Transparencia

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El poder total en Telemadrid. El control absoluto de la Cámara de Cuentas, el órgano que fiscaliza la gestión de las administraciones madrileñas. También del Consejo de Transparencia. De un plumazo, Isabel Díaz Ayuso quiere pasar el rodillo de su mayoría absoluta para aprobar una ley que modificará de golpe hasta 15 textos legislativos. Cada una de estas reformas legales va en la línea de limitar la labor de fiscalización a su gobierno por parte de la oposición y de otros organismos públicos. Le quita también a la Asamblea de Madrid, en la práctica, cualquier poder de control al Ejecutivo. La norma, además, se tramitará por la vía de urgencia, lo que acorta los plazos e impide el debate parlamentario y la aportación del resto de grupos de la Asamblea de Madrid.

No es la primera vez que la presidenta regional utiliza este mecanismo para modificar de golpe leyes de diferente naturaleza. Ya lo hizo la pasada legislatura con la conocida como ley ómnibus, que modificó hasta 40 textos legislativos, entre otros, de la ley del suelo, para que las promotoras no tengan la obligación de ceder suelo para la construcción de dotaciones públicas, o la ley de ordenación sanitaria autonómica de 2001, para permitir, entre otras cuestiones, que la sanidad pública y la privada compartan datos clínicos de los pacientes, que reclamaba el sector privado desde hace tiempo.

Ahora, con la ley de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos, la filosofía es la misma que la de hace dos años. La gran diferencia con este texto que el PP registró el pasado viernes, en pleno puente de la Almudena y mientras la presidenta madrileña alertaba de que España va camino de convertirse en una “dictadura” por la ley de amnistía, es que se van a reformar leyes para terminar con cualquier poder de control de la Asamblea de Madrid y hacerse con el mando de entidades tan sensibles para la fiscalización del Gobierno como es la televisión pública, la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia. Los nombramientos de estas entidades dependerán directamente del Gobierno.

Nombrar al director general de Telemadrid

La primera medida de Ayuso tras el adelanto electoral de 2021 –que supuso la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid, hasta entonces su socio de gobierno– fue una ley para cargarse a la dirección de Telemadrid y hacerse con el control del ente público tras dos años de quejas sobre la independencia de la cadena regional, una purga declarada recientemente ilegal por el Tribunal Supremo. Un año después, de nuevo con la connivencia de Vox, la dirigente del PP sacó adelante otra ley para poder nombrar por mayoría simple de la Asamblea al director general, que hasta entonces requería una mayoría reforzada.

Con la nueva reforma que plantean en el PP, Ayuso da un nueva vuelta de tuerca para que el control sea absoluto y la fiscalización por parte de la oposición sea mínima. De entrada, plantea que el consejo de administración pase de cinco a siete consejeros. Actualmente, como todos los grupos deben estar representados en el mismo, el PP cuenta con dos consejeros, Más Madrid con uno, el PSOE con uno y Vox con otro. Si se pasa a siete, el PP con su mayoría absoluta tendrá cuatro, lo que le otorgará mayoría absoluta. De esta forma, la ley cambia el sistema de elección de la figura del director general “para evitar situaciones de interinidad prolongadas en el tiempo” y establece que será “la Junta General de Accionistas de Radio Televisión Madrid a propuesta del Consejo de Administración de la sociedad” quien lo nombre. Es decir, la nueva mayoría del PP sin que tenga que pasar por una votación por la Asamblea de Madrid.

Control de la Cámara de Cuentas

No es la única forma que ha encontrado Ayuso para quitarle al parlamento regional cualquier poder de control al Gobierno. El PP ha planteado una reforma de la ley que regula la Cámara de Cuentas que no solo elimina la mayoría reforzada de dos tercios para elegir a los consejeros, sino que plantea que sea el Gobierno directamente el que nombre a los tres componentes.

La Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad en 2019 una propuesta de Podemos para modificar la norma, que llevaba desde 1999 sin tocarse, que redujo el número de consejeros de siete a tres y reforzó las mayorías para elegirlos con el fin de que fueran más independientes, con tests de idoneidad. Aquella ley tenía algunos desajustes que había que modificar, según reconocieron todos los grupos, pero el PP de Ayuso lo ha aprovechado para eliminar el sistema de elección parlamentario y que sea el Gobierno regional quien elija directamente a los consejeros que luego tendrán que fiscalizarlo.

El Gobierno elige el Consejo de Transparencia

Para el Consejo de Transparencia, la propuesta del PP es la misma: “Se elimina su dependencia de la Asamblea”. Si hasta ahora estaba formado por tres personas, la propuesta del PP es que lo integre una única persona que sea designada directamente por el Gobierno regional. La reforma legislativa, además, contempla la eliminación del régimen sancionador, que establecía multas para la administración si no respondía a tiempo o no lo hacía con el mínimo rigor.

La ley, que modifica hasta 15 textos legislativos, también incluye “devolver al Consejo de administración del Sermas la posibilidad de ejercer las competencias que le son propias y poder elegir, de entre los mejores, a los gestores de los hospitales, agilizando los nombramientos y ofrecer así una respuesta más rápida y eficiente a las necesidades de cada centro hospitalario”. Esto implica que los gerentes ya no tendrán que presentarse a un concurso público y su nombramiento será indefinido.

La oposición critica la ley

La oposición, también Vox, ha salido este lunes en tromba a criticar la ley por su contenido y por la manera de tramitarla. El portavoz de los socialistas, Juan Lobato, ha acusado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de calificar de “dictadura” la situación nacional el jueves y el viernes registrar esta norma que va “contra la fiscalización, la transparencia y los derechos consolidados del colectivo LGTBI”. “Esto es colar por la puerta de atrás el desmantelamiento de la Cámara de Cuentas o la posibilidad de un Telemadrid plural”, ha lamentado Lobato.

Por su parte, la líder de Más Madrid, Mónica García, ha alertado de que la ley incluye el “asalto definitivo” a Telemadrid, modifica la fiscalización de la Cámara de Cuentas y afecta al Consejo de Transparencia, por el que la oposición “consigue más información de la que da la Comunidad”. “También hacen una modificación del suelo, que supongo que es para lo de siempre, para volver a liberalizar suelo y que sea para los de siempre. En definitiva, la dictadura por la puerta de atrás, la presidenta que ha hablado de las dictaduras por la puerta atrás, lo que nos ha colado son 15 modificaciones legislativas todas por procedimiento de urgencia y algunas de lectura única”, ha rematado.

También Vox ha salido duramente a criticar una ley que su portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha calificado de “absolutista”. “Si viéramos esas reformas de la televisión pública, de la Cámara de Cuentas, de la Cámara de Comercio, hechas por Sánchez, nos parecería mal”, ha enfatizado Monasterio. “La señora Ayuso aquí quizás ha equivocado la mayoría absoluta con el absolutismo”, ha concluido Monasterio.

Ayuso no solo aprovechaba el puente y el revuelo de la amnistía para colar esta ley que limita la fiscalización a su gobierno por la vía de urgencia, el PP también registraba el viernes otras dos reformas para modificar las leyes trans y LGTBI autonómicas que recortarán derechos al colectivo. La modificación patrocinada por los conservadores busca “devolver al Consejo de administración del Sermas la posibilidad de ejercer las competencias que le son propias y poder elegir, de entre los mejores, a los gestores de los hospitales, agilizando los nombramientos y ofrecer así una respuesta más rápida y eficiente a las necesidades de cada centro hospitalario”. Así lo interpreta el exdiputado del PSOE y exconsejero de Sanidad del País Vasco José Manuel Freire: “Es volver al dedazo sin dar cuentas. Dejará de haber una convocatoria pública, para que se presente quien quiere y la ciudadanía pueda ver quién quería el puesto y a quién se lo han dado. Es un golpe de mano contra la tendencia universal hacia la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción”.

Fuente: Fátima Caballero en eldiario.es
Foto portada: Ayuso en la Pta. del Sol el 12-12-2023

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