Vacaciones sin vacaciones

Mar, montaña, ciudad o trabajo porque a la fuerza ahorcan. Aunque el derecho a las vacaciones pagadas está legalmente blindado, en muchos casos las actuaciones fraudulentas de las empresas dificultan la desconexión y el descanso de la clase trabajadora.

La imagen se repite al comienzo de cada mes de julio, fotografiando uno de los momentos más esperados por millones de personas: el inicio de las vacaciones. El maletero del coche se llena con destino a unos pocos días en la costa; las bicicletas suben al tren para llegar a la montaña donde harán algunos kilómetros de ruta; se produce el breve reencuentro anual con los parientes que aún viven en el pueblo; o se disfruta de la gran ciudad —la cartera no da para salir más allá del parque— en unas semanas durante las que el ritmo parece diferente al del resto del año. El objetivo: tratar de olvidar la cara del jefe y hasta la contraseña del correo electrónico del trabajo, si es posible. Todo ello siempre con un presupuesto limitado y con la permanente sensación de que hace falta más tiempo de descanso. 

Consagradas en la legislación española, las vacaciones anuales retribuidas —en ningún caso inferiores a 30 días naturales, según el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores— son un derecho vigente, de efectivo cumplimiento y, de momento, sin las amenazas en el horizonte que acechan a las conquistas históricas logradas en materia laboral. ¿Seguro? “Mis últimas vacaciones fueron un fin de semana en enero de 2014”, cuenta Rubén Markina, propietario de una pequeña explotación ganadera en la localidad vizcaína de Mallabia que actualmente está reorientando su actividad profesional. “Para tener vacaciones tenía que perder dinero y jugarme la salud de los animales. Si tengo que buscar a alguien que me sustituya para ordeñar, por ejemplo, si no tiene experiencia puede dañar a los animales. Y la gente con experiencia está contratada por las grandes granjas”, lamenta. Markina explica cómo el derecho a las vacaciones pagadas se convierte en papel mojado en casos como el suyo: “Hay una especie de ayuda del Gobierno vasco para que dos personas intercambien sus puestos de trabajo durante un par de semanas, oficialmente esas son las vacaciones que tenemos”. Y pronostica que el de 2022 será, para él, otro verano sin vacaciones.

“En Europa se está empezando a discutir e introducir en los convenios el derecho a la desconexión”

Carlos Gutiérrez, responsable de Estudios y Formación Sindical de Comisiones Obreras, entiende que el derecho a las vacaciones está “formalmente consolidado”, protegido por la legislación y vinculado a la protección de la salud y el derecho al descanso de los trabajadores, pero advierte que hay discursos políticos que lo emborronan. “La efectividad del derecho es compleja y hay situaciones en las que este derecho no se puede ejercer, o se puede ejercer pero no disfrutar plenamente”. Junto a las actuaciones fraudulentas por parte de las empresas, Gutiérrez señala una causa relativamente reciente que afecta a este derecho: “El móvil puede ser un elemento que impide el disfrute y la desconexión del trabajo, que es para lo que sirven las vacaciones. En Europa se está empezando a discutir e introducir en los convenios el derecho a la desconexión”.

Entre 2015 y 2020, J.A. trabajó empleado por una empresa puntera en el sector de trabajos verticales de la provincia de Alicante. En ese periodo no pudo disfrutar de vacaciones ningún año. “Nos despedían en julio y nos volvían a contratar en septiembre. Se ahorraban las vacaciones y la paga extra, también los 800 euros de Seguridad Social —recuerda—, los contratos eran por obra y servicio, lo que hacían era cambiar el nombre de la obra como si fuera una nueva”.

No fue esa la única irregularidad sufrida en su paso por la empresa, que le contrató como falso autónomo durante los primeros dos años y medio. Así lo vivió él: “Tuve que sacarme un curso privado no reglado de trabajos verticales que me costó 750 euros, una formación que tendría que haberme pagado la empresa. Cuando tenía el curso me dijeron que no me podían contratar y que me hiciera autónomo. Facturaba siempre el mismo importe. A los dos años y medio les dije que me contrataran o me marchaba. Y me hicieron un contrato de estos basurillas”.

Durante el confinamiento en 2020, sin avisar, la empresa le despidió. “Llamé y me dijeron que no nos podían pagar la parte del ERTE de la que se tenían que hacer cargo. Me liquidaron con una indemnización muy baja. A los tres meses me llamaron para decirme que querían que volviera y que mi jefe se comprometía a hacerme fijo. Pero no volví, desde entonces estoy en el paro”. Denunció la indemnización y, en la mediación, consiguió que la cantidad que la empresa le ofrecía se multiplicara por tres. “Lo único que he hecho, sin querer, es enriquecer a una empresa que no juega legalmente”, lamenta este trabajador a modo de conclusión.

“Me consta que todavía siguen haciendo esto en contratos de sustitución por enfermedad: te despiden cuando llega el verano aunque el titular no esté de alta”

Una experiencia similar sufrió durante algunos años Paco Navamuel, en su caso en el sector público. Trabajó varios cursos como profesor asociado en la Universidad de Barcelona, donde le despedían en junio y le volvían a contratar en octubre para la misma plaza. “El profesor asociado está, pero no forma parte de la plantilla”, puntualiza Navamuel, quien empezó a trabajar en la universidad por sustitución de una baja por enfermedad en 2014. “A partir de 2017 fui enlazando contratos. Los contratos que tuve en ese tiempo fueron una locura. Los últimos años sí cobré las vacaciones”, recuerda, y denuncia una práctica habitual, según él: “Me consta que todavía siguen haciendo esto en contratos de sustitución por enfermedad: te despiden cuando llega el verano aunque el titular no esté de alta”.

Navamuel afirma que hay facultades donde el porcentaje de profesores asociados es “pornográfico”, ya que puede llegar al 90%, y explica que existen dos tipos de profesor asociado: el “puro y duro”, un profesional de reconocido prestigio “al que se contrata de manera puntual para que transmita su conocimiento; llegan, dan sus clases y se van”. Y el segundo, “el contrato que se le aplica a mucha gente que hace carrera académica, doctorandos o personas que están intentando hacer méritos. Es el falso asociado. Y ahí están el abuso y la ilegalidad. Contratos de dos horas a la semana, seis horas, doce horas, pero en realidad se trabaja la jornada completa. Te obligan a estar dado de alta como autónomo en un epígrafe equivalente a la asignatura que impartes. Si te pagan 500 euros y tienes que pagar 300 de autónomo… Y luego llega junio y te despiden”.

La casuística en torno al profesorado asociado en las universidades es amplia, aunque comparte, en general, unas condiciones laborales muy poco envidiables, en las que no se contempla el derecho a unas vacaciones remuneradas. “La universidad no cuida a los trabajadores, las vacaciones forman parte de ese cuidado, para sanarte, para desconectar. Aunque sepas que en septiembre te volverán a renovar, la situación de precariedad no te permite disfrutar de las vacaciones, incluso teniendo trabajo”, asegura este ex profesor asociado.

“Es muy frustrante organizar viajes para gente que tiene muchísima pasta, se gastan unas cantidades obscenas, y no poder pillarte vacaciones”

El caso de Laura riza el rizo de lo que es trabajar y no poder disfrutar de vacaciones. Es asalariada por cuenta ajena, con un contrato fijo discontinuo por el que trabaja en temporada alta en una agencia de viajes, mientras el resto del año es autónoma y realiza traducciones para varios clientes. Si se tomara vacaciones en esos meses, dejaría de ingresar. “Es muy frustrante organizar viajes para gente que tiene muchísima pasta, se gastan unas cantidades obscenas, y no poder pillarte vacaciones”, dice con rabia. Lo más parecido que recuerda a unas vacaciones en los últimos años son unos días de junio en los que ha teletrabajado para la agencia desde Tenerife.

En 2021 aceptó todos los encargos de traductora que le ofrecían porque no había trabajo en la agencia y tenía miedo por lo que pudiera pasar. Ese verano, ante la cantidad de entregas comprometidas, trabajó de lunes a domingo como traductora e iba a cuidar gatos y regar las plantas a casas de amigas: “Parecía que me iba de vacaciones porque eran otras casas”.

Laura participa en Lucha Autónoma, un colectivo que está dando sus primeros pasos en la organización de la defensa de las personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social. Su acción se mueve entre el enfado por las propuestas de cuotas que va lanzando el ministro José Luis Escrivá y la denuncia del “desamparo evidente” que padecen, desde las “complicaciones a la hora de solicitar bajas hasta la inexistencia de un equivalente al Salario Mínimo Interprofesional en nuestro régimen que asegure unos mínimos de protección social o la posibilidad de negociar colectivamente nuestras condiciones a causa de la actual ley de competencia, a diferencia del resto de personas trabajadoras”, según el manifiesto que difundieron con motivo de la manifestación del 1 de mayo.

Los trabajadores autónomos son el ejemplo más claro de trabajo en el que no existe derecho a vacaciones retribuidas. Solo quienes tienen reconocida la condición de trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE) pueden disfrutar de ellas. Se trata de autónomos que cobran al menos el 75% de sus ingresos del mismo cliente, con el que deben firmar un contrato que, entre otras cuestiones, respete un mínimo de 18 días hábiles de vacaciones al año, según la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

Otro colectivo profesional con dificultades para disfrutar plenamente del derecho a vacaciones es el de las empleadas de hogar: 378.466 afiliadas en el régimen especial en marzo, según los datos del Ministerio de Seguridad Social. Aunque legalmente está establecido que sus vacaciones son 30 días naturales que podrán fraccionarse en dos o más periodos, al menos uno de 15 días consecutivos como mínimo, y que durante ese tiempo la trabajadora no estará obligada a residir en el domicilio familiar o en el lugar a donde se desplace la familia o alguno de sus miembros, la realidad en el interior de las casas no es exactamente así. “Hay una gran mayoría de empleadores que juegan con las vacaciones de las trabajadoras”, critica Carolina Elías, presidenta de la asociación Servicio Doméstico Activo (Sedoac). Entre las fórmulas que utilizan los jefes “para engañarte” cita el impago de las vacaciones cuando no se disfrutan, la imposición de la fecha —“te obligan a tomar las vacaciones cuando a ellos les conviene”—, el descuento como día de vacaciones de una ausencia por cita médica o que las lleven de vacaciones con ellos: “El trabajo se triplica, atiendes a la familia, a los amigos de la familia que llegan para cenas o fiestas, y no hay una compensación económica”. No solo eso, sino que en ocasiones obligan a la trabajadora a pagarse el billete. 

Elías también cuenta que, incluso en el caso de que la trabajadora pueda disfrutar de los 30 días de vacaciones, la persona a la que recurren para la sustitución no es dada de alta en la Seguridad Social o que, ya en el extremo, sea la propia trabajadora la que deba pagar a su suplente. “Son alucinantes los abusos a los que se llega en estas presuntas fechas de vacaciones para las trabajadoras del hogar”, resume esta trabajadora con más de cinco años de experiencia en el sector, quien se muestra esperanzada de que la ratificación del Convenio 189 por parte del Congreso el 9 de junio suponga cambios reales.

Un derecho con historia

La regulación de vacaciones pagadas se empezó a aplicar en algunos países europeos tras la I Guerra Mundial. Era una reivindicación largamente peleada por los sindicatos y agrupaciones de trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) convocó en 1920 un Congreso Internacional sobre el Tiempo Libre de los Trabajadores en el que se discutió sobre la conveniencia de reducir el tiempo de trabajo. En España, estas reclamaciones se habían planteado puntualmente desde finales del siglo XIX, cuando las organizaciones obreras de las ciudades industriales pedían un número de días al año para que los trabajadores pudieran regresar a sus pueblos de procedencia. La presión de los sindicatos llevaría a los sucesivos gobiernos, tanto liberales como conservadores, a proponer medidas de protección de los derechos de los trabajadores, entre ellas el tiempo de descanso. Los funcionarios fueron el primer colectivo en conseguir las vacaciones pagadas.

“La reivindicación de vacaciones pagadas no fue el elemento central en las reivindicaciones de CNT y UGT a principios de siglo XX, no suele aparecer en sus congresos nacionales, pero otra cosa son las reivindicaciones concretas a nivel de fábrica, donde sí aparece, junto a la reducción de la jornada laboral y a los aumentos salariales. La reivindicación histórica del movimiento obrero es ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas de ocio, y eso lo llevarán al campo reivindicativo con las vacaciones pagadas”, precisa Julián Vadillo, profesor de Historia en un instituto público en Madrid y especialista en movimiento obrero, con varios libros publicados.

El hito definitivo hacia el reconocimiento del derecho a las vacaciones pagadas se produjo durante la Segunda República, cuando el ministro de Trabajo y Previsión, Francisco Largo Caballero, promulgó la Ley de Contratos de Trabajo de 21 de noviembre de 1931. Una norma que, en su artículo 56, contempló por primera vez en la historia de la legislación social española el establecimiento del derecho de los trabajadores a disfrutar de siete días de vacaciones remuneradas al año. Según recuerda Vadillo, CNT, que fue crítica con esa ley de Largo Caballero, se mostró de acuerdo con esta medida pero propuso que se ampliara. Carlos Gutiérrez considera que, aunque parezca un avance limitado visto desde hoy, fue muy sustancial y supuso un gran cambio cultural: “Eso de que los trabajadores, que eran animales para producir, tuvieran tiempo para sí mismos, para el ocio, algo reservado a las clases altas, pudientes, rentistas, burguesas, tuvo que ser un choque cultural enorme. Y no te digo nada cuando las vacaciones se disfrutaron ampliamente y los trabajadores empezaron a aparecer en la playa, uno de los pocos espacios democráticos en los que se comparte lugar. Creo que supuso una reivindicación de los trabajadores como personas que quieren disfrutar la vida”.

La clase obrera va al paraíso en Marina d’Or

Durante la dictadura, la Obra Sindical de Educación y Descanso (OSED), creada en diciembre de 1939, desarrolló una política asistencial de turismo social, con un programa de construcción de residencias y ciudades de vacaciones que perseguía un doble objetivo: por un lado, el adoctrinamiento político de manera soterrada, por medio del control y la organización del tiempo libre de los trabajadores; por otro, ofrecer a la clase trabajadora una oportunidad de disfrutar de vacaciones a precio asequible. Lo hizo mediante la construcción de residencias para hombres y mujeres, por separado, y, especialmente, con la edificación de tres ciudades de vacaciones en Perlora (Asturias), Tarragona y Marbella, enfocadas al turismo familiar. “Algunos historiadores ponen el acento en el carácter de instrumento de control y adoctrinamiento de estos conjuntos, donde los trabajadores estarían sometidos a un fácil y cercano control por parte del régimen —precisamente en sus periodos de asueto estival para evitar posibles episodios de insurrección por parte de la clase obrera—, pero, sin obviar la condición adoctrinadora, quizás sí podría darse por cumplido su objetivo de propiciar el ocio y el descanso de aquellos afortunados que pudieron veranear en estos conjuntos en las décadas de los 60 y 70”, valora Ricardo Carcelén, profesor del Área de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad Politécnica de Cartagena cuya tesis doctoral abordó las ciudades de veraneo de la OSED, quien subraya que la oferta disponible no cubría ni de lejos la demanda existente. Según su investigación, en 1958, con una oferta de 46 residencias y la ciudad vacacional de Tarragona, unos 50.000 trabajadores disfrutaron de las vacaciones estivales en las instalaciones de la OSED. En 1964, con 50 residencias disponibles y los tres conjuntos ya operando a pleno rendimiento, eran 80.000 trabajadores los beneficiarios de estas instalaciones. 

“Nunca ha habido tanta necesidad de fomentar un turismo social ordenado como ahora mismo”

“Nunca ha habido tanta necesidad de fomentar un turismo social ordenado como ahora mismo”, opina Manuel Maurín, profesor de Geografía en la Universidad de Oviedo y estudioso de la ciudad de Perlora. Maurín considera que ese modelo de las ciudades vacacionales impulsadas desde lo público se podría actualizar “reciclando las edificaciones y adaptándolas a las nuevas necesidades, conservando el valor patrimonial, su funcionalidad de ocio popular…”. De hecho, este especialista observa un hilo conductor que une experiencias como la de Perlora con otras iniciativas posteriores privadas como Marina d’Or, ciudad de vacaciones en Oropesa del Mar: “Se trata de espacios muy especializados, exclusivamente pensados y diseñados para la función de ocio. Todo está construido con esa finalidad. Otro rasgo común es que están dirigidos a las clases bajas y medias”. Y recuerda que a partir del año 2000 hubo intentos infructuosos para transformar Perlora en una suerte de Marina d’Or asturiana transfiriendo el complejo a la propiedad privada. 

En la ciudad vacacional de Perlora, inaugurada en 1958, también participaron empresas públicas vinculadas a la región, algunas mineras, industriales, de la banca y de servicios. Cogestionaron el espacio, se hicieron cargo cada una de un cupo determinado de los chalés —unos 300 de entre 50 y 60 metros cuadrados, diseñados para alojar a un matrimonio joven con dos o tres hijos, con una capacidad total para 1.500 personas— y los ocuparon con trabajadores de sus plantillas. “En parte esto explica el final de la ciudad de vacaciones de Perlora —señala Maurín—, por el abandono que se produjo cuando estas empresas se fueron privatizando y perdieron el interés por Perlora en las últimas décadas del siglo XX”.

Carcelén cree que hoy sería inviable realizar desde lo público un sistema similar al de las tres ciudades de vacaciones de la OSED, por varias razones: “Estos conjuntos surgieron en un contexto único y privilegiado, en el que las costas españolas casi en estado virginal apenas se encontraban ocupadas —un escenario muy distinto al que aconteció a partir de la segunda mitad de los años 60 en pleno desarrollismo, y que se traduce en el litoral sobreocupado que hoy todos conocemos— y en el que todavía no habían irrumpido en nuestro país ni los turoperadores privados ni los grandes promotores turísticos privados que ampliaron exponencialmente la oferta turística para la clase media española”. 

Maurín, por su parte, apunta que el nuevo fenómeno de turismo masivo —la transformación de las clases trabajadoras en turistas como punto de partida del turismo de masas en España— tuvo lugar en paralelo a este otro dirigido con cierto paternalismo, que acabó arrasado y en el olvido. Eran, explica, modelos distintos con objetivos muy alejados. “En 1963 —ahí fecha el giro este profesor asturiano— se aprueba la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico por Fraga y se apuesta por un modelo de turismo diferente: ya no es ese turismo de descanso, que evidentemente segregaba por una parte a las élites que venían practicando esas actividades desde hacía mucho tiempo, y por otra a la clase trabajadora, con esas características de ayuda y custodia, sino que se entiende como un negocio muy importante para el desarrollo económico. Se produce una urbanización masiva del litoral mediterráneo y ciudades de vacaciones como la de Marbella terminan completamente sepultadas”.

De cara al futuro y a las posibilidades de ampliación del derecho a las vacaciones pagadas, Carlos Gutiérrez señala que hay vías para hacerlo en el marco de la negociación colectiva, aunque sea un derecho que lleva “bastante tiempo estancado”, y fija como caminos a seguir la conciliación y la reducción de jornada. También la distribución de esta última, “porque cuando se distribuye de una forma irregular te coloniza todo el tiempo de vida”. Julián Vadillo no cree que se vaya a retroceder en el derecho a las vacaciones retribuidas: “Si a un currela le dicen que en lugar de 30 días por ley va a tener 15 de vacaciones al año, quizá monte la marimorena”.

Fuente: Jose Durán Rodríguez en elsaltodiairo.com
Foto: David F. Sabadell

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