Universidades privadas: reproducción de la desigualdad a golpe de talonario

Los centros de educación superior privados han crecido considerablemente en número, oferta académica y matriculaciones en los últimos años. La necesidad de las élites de reproducir el sistema y mantener sus privilegios es uno de los factores que lo explican, pero el fenómeno responde a más cosas: encarecimiento de la pública, endogamia, obligatoriedad de posgrados, cambios en el paradigma del sistema educativo… y de la propia razón de ser de la universidad

España es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor número de personas menores de 30 años que poseen un título de educación superior. De momento, y aunque la Formación Profesional se abre cada vez más camino, la universidad sigue siendo la opción más elegida entre quienes deciden continuar estudiando después de la etapa obligatoria: en el curso académico que acaba, había casi 1,7 millones de personas matriculadas en estos centros. La inmensa mayoría —1,3 millones— en títulos de grado o ciclo, casi 260.000 en máster y alrededor de 94.000 en doctorado. 

Como en tantas otras cosas, ante una demanda social hay quien vislumbra un negocio. Hasta mediados de los años 90, solo existían en España cuatro universidades privadas, todas vinculadas a órdenes religiosas: la de Deusto (1886), la Pontificia de Comillas (1890), la Pontificia de Salamanca (1940) y la de Navarra (1952). Ahora existen 40, solo diez menos que públicas. Los investigadores apuntan a la Ley Orgánica Universitaria (LOU) impulsada por José María Aznar para encontrar el origen de esta eclosión, pero más allá del punto de partida la realidad es que el libre mercado ha hecho de las suyas y solo en las dos últimas décadas se han puesto en marcha 25 instituciones privadas diferentes. Todos quieren llevarse su parte del pastel: fondos de inversión, bancos, empresarios de renombre, cargos o ex cargos políticos. En los últimos meses, cuatro comunidades han refrendado cinco nuevos campus privados, y la mayoría lo han hecho a pesar de tener informes no favorables a su puesta en marcha y de no cumplir las exigencias del reciente decreto impulsado por el Ministerio de Universidades que busca poner freno a la expansión de universidades privadas, o al menos obligarlas a cumplir una serie de requisitos para ser consideradas como tales.

Hasta mediados de los 90 únicamente existían en España cuatro universidades privadas, en la actualidad son 40, solo diez menos que públicas

En Madrid, la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), que hasta hace unos meses era un centro adscrito a la Universidad Camilo José Cela, se convirtió en la decimotercera institución privada de la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso, que es la que mayor número de centros privados concentra. De hecho, la capital ya tiene más del doble de universidades privadas que de públicas. La UDIT salió adelante a pesar de la existencia de varios informes en contra de distintos organismos autonómicos, aunque eso sí, con una carta de apoyo del expresidente Aznar y altos cargos del Banco Santander y de Telefónica. En Euskadi, Josean Querejeta, máximo accionista de los equipos Saski Baskonia y Deportivo Alavés, logró luz verde para la universidad Euneiz, centrada en estudios sobre deporte, salud y nuevas tecnologías, que comenzará sus andaduras el curso que entra a pesar de que la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco emitió un informe desfavorable. Euneiz es la única de las tres universidades privadas vascas que tiene ánimo de lucro: en su web no pone el precio de los títulos, sino que anima a rellenar un formulario para obtener información, pero se sabe que en el caso de los grados será de al menos 8.000 euros al año; en el de los másteres, como poco 12.000.

Paralelamente, en Andalucía, en el primer trimestre de este año, la Junta autorizó dos nuevos proyectos: la Universidad Fernando III el Santo y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed), esta segunda impulsada por una empresa que fundó Javier Imbroda, consejero de Educación fallecido el 2 de abril, quien dejó su cargo en la compañía justo antes de asumir el puesto público.

Sin embargo, uno de los casos más sonados por la movilización que ha despertado en su contra ha sido el de la Universidad Intercontinental de la Empresa impulsada por Abanca —el banco heredero de las antiguas cajas gallegas— y autorizada por la Xunta de Galicia sin hacer mucho ruido, también con informes desfavorables y con la oposición de los rectores de las públicas, las plataformas por la defensa de la educación y la oposición política. Preguntados por la valoración al respecto de la creación de estas cinco nuevas instituciones, desde el Ministerio de Universidades señalan que “nuestro posicionamiento es el de la legalidad”, haciendo alusión al decreto de creación de universidades: “No es un capricho, son los requisitos mínimos necesarios para que algo pueda llamarse universidad y así asegurar la calidad del conjunto del sistema universitario”. Aluden, no obstante, a la responsabilidad de las comunidades autónomas para “velar por el cumplimiento de la legalidad”.

Un negocio rentable

La torre Caleido, al final del paseo de la Castellana de Madrid, convertida en el primer campus vertical de España por la IE University, acerca una metáfora del mercado de la educación superior: llamativo, en alza y con tintes oscuros. No es de extrañar que cada vez más agentes quieran su propia universidad privada: según el Observatorio Sectorial DBK, en 2020 los ingresos de estas instituciones fueron de casi dos millones de euros, un crecimiento del 7% con respecto al año anterior. El volumen de negocio total de las universidades privadas ascendió a 2.715 millones de euros, enuncia el mismo informe. Hace cuatro años, el fondo de capital de riesgo británico CVC compró la universidad Alfonso X El Sabio de Madrid por 1.100 millones de euros. Un año antes, el fondo de capital riesgo Permira había comprado la Universidad Europea por 770 millones. La atracción de los inversores privados y la acumulación de propuestas de nuevas instituciones privadas responden a una realidad: funcionan.

El volumen de negocio total de las universidades privadas ascendió a 2.715 millones de euros, según el Observatorio Sectorial DBK

Lo demuestran otras cifras. En el año 2015, el porcentaje de alumnos matriculados en universidades privadas en cursos de grado o ciclo era del 13,5%; en 2021 ascendió al 16,75%. Puede parecer un crecimiento poco significativo, pero no es en los estudios de grado donde las privadas encuentran su nicho, sino en el de los másteres. En su artículo El proceso de degradación de la universidad y de su función en la sociedad en España, el investigador Raúl Lorente Campos ya observaba el fenómeno: “Si analizamos la matrícula de alumnos en la universidad en España durante los últimos cursos podemos observar cómo la matrícula de Grado se ha mantenido prácticamente constante, y el crecimiento se ha concentrado en la matrícula de Máster, que se ha incrementado más de un 38% entre el curso 08/09 y el 13/14”. La tendencia continúa al alza tras ese periodo: en el curso 2015/2016 un 32,5% de los estudiantes de másteres estaban matriculados en la privada; en el curso académico 2021/2022 ya suponían el 45,25% del total, a pesar de que solo ofrecen uno de cada cuatro másteres oficiales que se imparten en el país —975 de los 3.735 que existen—. 

Para Vera Sacristán, presidenta del Observatori del Sistema Universitari (OSU), al hablar de las universidades privadas es importante hacer varias distinciones, como si tienen ánimo de lucro o no, pero especialmente si la docencia es presencial o es no presencial. Bajo esa clasificación se perciben importantes diferencias en la oferta académica: las privadas presenciales ofrecen un 49% de estudios de grado, un 44% de máster y un 7% de doctorado; en el caso de las privadas no presenciales, el 70% de su oferta son los másteres. 

La universidad privada absorbe, expresa la docente, a la inmensa mayoría —87%— del estudiantado matriculado en posgrados no presenciales. Para Manuel (nombre ficticio), que ha trabajado como profesor en universidades tanto públicas como privadas, ese ha sido uno de los factores que han determinado el éxito de este tipo de centros: la modalidad online o semipresencial. “Hay una demanda muy importante de gente que prefiere hacerlo a su ritmo, sin tener que desplazarse ni cumplir un horario estricto”, especialmente gente más adulta que a menudo compagina la formación superior con un empleo —los menores de 25 años solo suponen el 13% del alumnado de máster en privadas no presenciales, según los datos del Ministerio— o con la conciliación familiar. 

Más allá de la modalidad, en la privada hay ramas de conocimiento con más peso que otras. El 53% de los estudiantes de grado de universidades privadas están matriculados en títulos de ciencias sociales y jurídicas; el 29% en ciencias de la salud. Las privadas reúnen entre sus filas de matriculados en grados a la mitad de estudiantes de ingenierías y de ciencias que logran concentrar las públicas. Y en el caso de los másteres es más sangrante: siete de cada diez alumnos de posgrados privados cursan títulos de la rama de ciencias sociales y jurídicas. Aquí entra en juego lo que para los investigadores es el quid de la cuestión: es especialmente en estas áreas de conocimiento donde se necesitan los contactos, y es especialmente en los másteres donde se consolida la vía de distinción y de reproducción de las desigualdades sociales. Porque, ¿quién se puede permitir pagar un máster de entre 10.000 y 100.000 euros?

Reenganche vs elitismo

Cuando Damián Herrera Cuesta, doctor en Sociología y profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), aborda el fenómeno del auge de las privadas, hace una primera puntualización diferenciando entre dos tipos de instituciones: las de reenganche y las elitistas. Las primeras son aquellas que atraen a un público más amplio, personas cuya primera opción a menudo habría sido la universidad pública pero que por nota de corte u otras circunstancias han quedado excluidas. Las elitistas están enfocadas a reproducir el estatus social de las clases altas, y en sus aulas es difícil encontrar hijos de clase trabajadora.

En ese sentido, el sociólogo alude a una teoría que explicaría el peso de determinadas ramas de conocimiento en las universidades privadas, el negocio de los másteres y la pervivencia de instituciones excluyentes: la teoría de Lucas o de la desigualdad efectivamente mantenida, que viene a decir que las clases altas buscarán siempre mecanismos de diferenciación que mantengan su estatus. “Pueden ser cuantitativos o cualitativos. Por ejemplo, en los 80 no había muchos ingenieros, así que para la burguesía enviar a sus hijos a universidades que les formaran en ese ámbito significaba garantizar la reproducción social; cuando a partir de los 90 esto cambia y empieza a generalizarse más este tipo de estudios, lo que hacen es invertir mucho dinero en que cursen estudios superiores en universidades de renombre”.

En su análisis Quién estudia en la universidad, Herrera pudo demostrar que existía una sobrerrepresentación del alumnado de origen social alto en las universidades privadas. Según datos del Ministerio de 2019, seis de cada diez estudiantes de grado en la universidad privada tenían progenitores —ambos o uno— con ocupaciones altas, y solo un 12% eran hijos de trabajadores con ocupaciones bajas o sin ocupación, porcentaje que se duplicaba en las aulas públicas, lo cual aun así resulta una cifra claramente baja teniendo en cuenta que es la mayoría de la población. Sobre el sistema de becas, para los estudiantes en universidades privadas, las becas que ofrece el Gobierno cubren “solo el precio que fije la comunidad autónoma para ese título u otro con la misma experimentalidad en una universidad pública”. Algunos centros privados ofrecen sus propias becas para estudiantado con menos recursos: sobre ello, Damián Herrera recuerda que entrevistó en una universidad privada a un estudiante cuyos padres tenían trabajos poco remunerados: “El chico debía tener un rendimiento académico superior al de la media de su clase y recuerdo que estaba sometido a una presión brutal”.

De los másteres no existen datos oficiales de composición social de las aulas, pero siendo un mercado más privatizado y con importes elevadísimos no es descabellado pensar que la infrarrepresentación de clase obrera es bastante más acusada. Al final, solo un pequeño porcentaje de la población se puede permitir los altos precios que imponen las instituciones privadas, lo que viene a cerrar y retroalimentar el circuito: “En estos centros conectas con otros individuos de tu grupo social, digamos que haces amistades y te ofrecen la posibilidad de insertarte profesionalmente, lo cual supone una especie de garantía de continuidad del estatus”, confirma Herrera. Vera Sacristán referencia en este punto un informe del OSU liderado por Helena Troiano que fotografió la composición social del alumnado catalán: “En los últimos años ha habido un desplazamiento de la universidad pública a la privada de las clases medias-altas, y eso ahora mismo no es un problema porque los centros públicos tienen un prestigio ganado a pulso, de hecho son las que mejores paradas salen en los rankings, pero sí hay un temor de que exista en el futuro una segregación como la que existe en la actualidad en los centros de enseñanza no universitaria públicos y privados”. 

Los másteres de profesorado han sido clave en el crecimiento de la privada porque su demanda se ha disparado: mientras en la UNED cuesta 2.000 euros, en la UNIR el importe asciende a 4.700 y en la CEU a 8.000 euros

También a la cuestión de la escasa presencia de estudiantes de ramas técnicas y puramente científicas en instituciones privadas apunta la experta, aunque no deja de expresar que solo son hipótesis: “Una posible explicación tiene que ver con la red de personas que puedes hacerte estudiando un máster en una escuela de negocios mínimamente reconocida, las conexiones que tendrás en el futuro; en carreras como física, matemática o química, no es tan necesaria una red de colegas con los que entenderse para que tu futuro profesional sea bueno”. De hecho, es en los índices de inserción laboral donde las universidades privadas encuentran su eslogan. Al año de terminar los estudios, la tasa de afiliación de egresados por la privada, tanto en grado como en máster, es de un 10% más que de quienes lo hacen por la pública. Al cabo de cuatro años los índices se igualan, pero tal y como apunta Herrera, “se mide la inserción, pero no la posición social; en determinado periodo de tiempo algunos habrán llegado llegado a directivos y otros probablemente estén en una posición estable pero más intermedia”. Según datos de la Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, los trabajadores a tiempo completo titulados por universidades públicas percibían 120 euros menos al mes que aquellos que se graduaron en universidades privadas. 

Plantillas precarias

El abuso de la figura de profesorado asociado en las universidades públicas y la precariedad en el camino de la carrera investigadora ha sido una de las principales luchas de colectivos universitarios en los últimos años. La proporción de docentes con contrato indefinido es mayor en las universidades privadas que en las públicas, algo que Vera Sacristán achaca a que “el Estatuto de los Trabajadores así lo obliga mientras que la ley de universidades permitía hacer muchos contratos temporales”. En su informe A qué puede llamarse universidad, en el ámbito público el Observatori del Sistema Universitari (OSU) recoge que “entre las universidades públicas, destacan por el bajo porcentaje de personal docente e investigador (PDI) con dedicación a tiempo completo (inferior al 40%, cuando el mínimo exigido actualmente es el 60%) tres de las universidades catalanas: Autónoma de Barcelona (38,0%), Barcelona (39,1%) y Rovira i Virgili (31,6%)”. En otro de los informes elaborados por el organismo sobre la figura del profesorado asociado en centros públicos, se reseña que en el curso 2018/2019, las comunidades autónomas con mayor presencia de profesorado asociado eran Catalunya (44,2% del total del PDI) y Navarra (41,4%). De igual manera, se señala un profundo contrastes entre áreas: donde los departamentos de Ciencias Sociales y Jurídicas hacían mucho mayor abuso de la figura que otras ramas como Ciencias. “Como consecuencia, el 43% del profesorado asociado de las universidades públicas españolas se concentraba en departamentos de Ciencias Sociales y Jurídicas. En algunos de ellos, representaba hasta el 80% del total del personal docente e investigador”. En su contra, las universidades privadas tienen un bajo porcentaje de plantilla docente a tiempo completo, menos del 30% cuando el mínimo exigido actualmente es del 60%. A Manuel, por ejemplo, le llamaron inicialmente de la UCAM para trabajar como colaborador externo, sin un contrato como tal, con el objetivo de que ayudara a una tarea concreta. Posteriormente pasó a ser profesor a tiempo completo, estuvo un total de tres pero no le llegaron a hacer indefinido, después del tercer año dejó la institución. En UNIR, en cambio, desde el primer contacto le hicieron un contrato por horas. El profesor explica que en la institución riojana “van calculando dependiendo del volumen de alumnos que tienen, y van llamando según lo que necesitan, porque además hacen una captación de trabajadores brutal por LinkedIn ya que hay muchísimos doctores en España sin empleo: te ofrecen una cosa concreta y tú aceptas o no”. La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha manifestado su intención de abordar la cuestión y estabilizar plantillas, pero diferentes asociaciones que denuncian la precariedad del personal universitario plantean dudas y reparos alrededor de la forma en la que puede ejecutarse esta reforma. “Las tasas de reposición no son las que en principio se prometen. Además, ahora se abren para competir con otro tipo de perfiles y siguen sin solucionar un importante problema: no garantizan que ese trabajador que ha estado años y años y años contratado forma temporal y precaria finalmente obtenga una vía de estabilización”, apuntan desde Piratas de la Ciencia.

Que el haber pasado por centros de prestigio facilita conseguir trabajo es una evidencia, pero Herrera no tiene claro si pesa más el capital social —las conexiones de grupo que se favorecen en estas universidades— o el capital simbólico —el hecho de haber estudiado en una institución de prestigio—. Esta forma de reproducción de desigualdades se suma a otros fenómenos que han corroborado varios estudios académicos e incluso algunos informes del propio Ministerio de Universidades, como que los universitarios de origen social más bajo son los más propensos a abandonar sus estudios. “Lo que llamamos estudiantes no tradicionales son los primeros en dejarlo; los estudiantes de primera generación, es decir, los primeros en su familia que van a la universidad; las mujeres con cargas familiares; las segundas generaciones migrantes; en definitiva, aquellos que estudian a tiempo parcial y combinan estudio con trabajo”, resume el sociólogo.

Desde su experiencia, Manuel encuentra diferencias sustanciales entre el alumnado tipo de las dos instituciones privadas para las que ha trabajado: la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). En la primera, “al ser online hay mucha gente que ya está trabajando y esa línea de desigualdad se difumina”. Lo que percibía en las aulas de la UCAM, en cambio, era que “se notaba que el 85-90% del alumnado era de familias bien, era una universidad muy conservadora y el alumnado era muy conservador”. Bajo su punto de vista, la endogamia en estos centros es un fenómeno natural: “Los padres de una tenían una empresa, el de otro otra, era algo que salía natural”. Sí subraya, no obstante, “el chiringuito publicitario que tienen montado alrededor de la palabra excelencia que tanto le gusta a la derecha y que tanto cala en la sociedad”.

La experiencia en la privada de Mercedes Saler, miembro de la asociación Piratas de la Ciencia —un colectivo nacido en 2004 para “vehicular la divulgación de la ciencia desde un contexto ciudadano”— es diferente: ella percibía alumnado de todos los orígenes en el aula donde impartía clase, aunque reconoce que el grado era nuevo e impartía docencia en el primer año —parte del alumnado de nuevo ingreso en privada se pasa a la pública en cuanto tiene la oportunidad—. Ambos docentes explicitan que su experiencia laboral en las privadas ha sido satisfactoria: aunque no fuera su destino predilecto, no han encontrado trabas a la hora de hacer su trabajo y “el ambiente es incluso mejor que en la pública porque no hay tanta competitividad”, coinciden.

Aunque a Manuel la clasificación de universidades elitistas y de reenganche le parece acertada, matiza que a su juicio la mayoría de las privadas tienen que tener un poco de ambas cosas para garantizar su subsistencia: “En la UCAM han ido comprando proyectos de investigación sanitaria y tienen a un médico muy famoso que hace experimento muy extraños y muy innovadores y que está siempre en todos los premios. Pero luego necesitan más ingresos, y yo creo que la facultad de Magisterio financia a media universidad, porque si tienes mil alumnos matriculados en másteres de profesorado que cuestan 6.000 euros, echa cuentas. Conozco a mucha gente que no ha podido hacer el máster de profesorado en la pública, pero no conozco a nadie que haya sido rechazado por la UCAM”. 

Andreu, de hecho, personaliza el concepto de reenganche del que habla Herrera Cuesta y corrobora el éxito económico que menciona Manuel en su cálculo rápido. Él cursó un Máster de Profesorado en la Universidad Católica de València solo después de intentarlo dos veces en la pública y no lograrlo; la primera por un error burocrático, la segunda por nota de corte. “Me llamaron de la católica a las 10 de la mañana diciéndome que quedaba una plaza, que si pagaba 300 euros antes de las seis de la tarde era mía”. Aunque asegura que la calidad del título ha dejado mucho que desear, en aquel momento no dudó: “Con la emoción de poder hacer lo que quería y ante la imposibilidad de entrar en la pública, esa misma mañana me quedé con la plaza”. El máster valía 4.000 euros, el doble que en la pública. Sus padres son funcionarios, “no son ricos, pero tienen ingresos estables y se lo podían permitir”. Además, el Ministerio le becó la matrícula —800 euros—. “En clase éramos un grupo de ocho chavales y el resto, alrededor de treinta personas, era gente adulta que ya había ejercido o ejercía en el ámbito profesional. Se notaba que eran personas con recursos”, comparte.

Los másteres de profesorado han sido clave en el crecimiento de las privadas porque su demanda se ha disparado en los últimos años, como títulos que permiten trabajar en docencia o dan puntos en las oposiciones a maestro. En pocos años, los precios de estos másteres se han duplicado y su oferta se ha extendido. Mientras en la UNED cuesta 2.000 euros, en la UNIR el importe asciende a 4.700 y en la CEU a 8.000 euros. Para Guillermo Muñoz, de Piratas de la Ciencia, es en este tipo de dinámicas donde se encuentra uno de los principales errores del sistema: “Es una contradicción que desde el sistema público por una parte exijas másteres como requisito de acceso a concursos profesionales, pero a la vez se reduzca la oferta de plazas de los másteres en las universidades públicas”. 

Qué sistema universitario queremos

Hay una idea repetida que engloba y explica la privatización de la educación superior: la deriva de la universidad a que su principal función sea formar trabajadores, servir al mercado. “La idea de universidad asociada al desarrollo empresarial, a entender a los alumnos como clientes, a ponerlos en un contexto de trabajo, es anacrónica hoy en día”, introduce Muñoz. “Se acerca un otoño en el que no sabemos qué va a pasar en cuestiones de energía, de cambio climático…; la universidad debería ser un foco de referencia para poder abordar ese tipo de problemas, y en cambio lo que se está proponiendo continuamente es una universidad más aliada a un sector productivo que para nada da respuestas a todos los problemas que tenemos”. Manuel apunta en esta misma dirección cuando critica la falta de transferencia del conocimiento generado en la universidad a la sociedad y el ombliguismo de la academia, y lamenta que ni la pandemia haya servido para acercar política y ciencia.

Vera Sacristán responde a la pregunta de cuál debería ser el papel de la universidad con un sencillo enunciado: depende de lo que defina el país. La profesora de matemática aplicada explica que hay distintos modelos universitarios en Europa que parten de cómo se concibe la formación: hay países que interpretan que la universidad es una piedra crucial en el progreso científico y tecnológico, en el tejido económico y la mejora de la calidad de vida; países donde las universidades privadas no existen y se considera que quien estudia en la universidad está haciendo su trabajo durante los años formativos y por ello se le paga una beca salario. En el otro extremo, otros Estados apuestan por la idea de que quien sale ganando es el individuo que se lleva la formación, y es por eso que la educación superior se privatiza y la inversión es personal: estudian quienes tienen dinero o quienes se endeudan. Luego hay toda una gama intermedia, un combinado de los dos planteamientos; países en los que no existen las becas salario, pero se cubren las matrículas, o se ofrecen rebajas fiscales a familias con hijos o hijas cursando estudios. “Y lo que hace nuestro país desde hace diez años es evolucionar a un modelo que pone más peso en el interés individual de quien estudia, pero con bandazos, porque primero hubo una gran subida de precios de las matrículas y ahora han bajado”, resume.

Mientras para Mercedes Saler resulta complejo concebir un cambio en el sistema universitario a corto plazo, Guillermo Muñoz expone otro discurso: “Hemos asumido cambios estructurales de Bolonia como si fueran algo completamente estático. Frente a los siglos de existencia de las universidades, tenemos un sistema de dos décadas y resulta que es inmóvil, que es la eternidad, cuando se ha demostrado que no solo es un sistema inoperativo que está generando precariedad, destrozando la calidad de vida de la gente e incluso la razón de ser de las propias de las universidades; sino que tampoco da salida al futuro”. En el punto de la razón de ser de las universidades es en el que aterriza Damián Herrero cuando retoma el tema de la privatización. “La educación es muy importante, y las desigualdades empiezan mucho antes de la universidad, en las etapas más tempranas. Pero, en general, en la educación superior es donde se adquiere el control del lenguaje abstracto, que permite entender la política: expulsar, excluir o segregar a la población de estos niveles de estudio es caminar hacia una sociedad cada vez menos democrática, menos cohesionada y menos igualitaria”. Ahí, dice, está la lucha. “Si la educación se deja en manos privatizadoras, el escenario más distópico puede cumplirse”. 

FRENO A  LA PRIVADA

Desde la llegada del Gobierno de coalición y la creación del Ministerio de Universidades que originariamente lideró Manuel Castells y que en la actualidad encabeza Joan Subirats, la línea de actuación defendida desde el organismo ha sido la de universalizar el acceso a la educación superior, que en los últimos años había experimentado una sustancial subida de precio y excluido a un importante sector de la sociedad. Dentro del paquete de medidas que se han presentado con este objetivo, está el impulso de las becas y ayudas al estudio —contempladas, en palabras del Ministerio, como unas cuantías a las que deben acceder “quienes más lo necesitan, para dar carpetazo de una vez a esta idea de que las becas son premios al mérito, porque no lo son, son un derecho subjetivo”—, la eliminación del sistema de horquillas —que implicaba que los precios de matrículas fueran sustancialmente diferentes según la comunidad autónoma— en grados y másteres habilitantes y la aprobación del citado Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, que exige una serie de requisitos a las instituciones privadas para poder ser consideradas universidades. 

En general, los expertos entrevistados para este reportaje valoran positivamente las políticas puestas en marcha por el Ministerio, a pesar de que el mismo se ha encontrado la oposición de sindicatos estudiantiles o colectivos educativos en determinados aspectos de las legislaciones planteadas hasta la fecha. Desde Piratas de la Ciencia apuntan que hay cuestiones “planteadas de manera demasiado generalista”, como la participación estudiantil o ciudadana, y aspectos que afectan al personal docente e investigador que no garantizan el fin de su precariedad, tantas veces denunciada. Para Vera Sacristán, existe un aspecto en el que todavía no ha metido mano el Ministerio y que respondería a la línea lógica de medidas que se están llevando a cabo: no se ha establecido ninguna regulación de universalización de acceso sobre los precios de los másteres que no son habilitantes o vinculados, y que representan el 85% de la oferta de posgrados en el país, más allá de la aprobación de una congelación de los precios de las primeras y sucesivas matrículas de los másteres no habilitantes. “Dentro de la lógica de lo que ha estado haciendo, ahí hay una política que puede hacer”. 

Cuando el OSU analizó el grado de cumplimiento de las universidades a las nuevas exigencias fijadas por el Gobierno, ninguna de las privadas —y solo doce de las públicas— cumplía todos los requisitos. Algunas suspendían en la parte del personal docente —que también era el talón de Aquiles de la pública por el abuso de la figura de profesorado asociado—, otras en la oferta académica, la mayoría en la obligatoriedad de destinar al menos un 5% del presupuesto de la universidad a la investigación. En ese punto es donde Guillermo Muñoz y Mercedes Saler consideran que se encontrarán las próximas fricciones. “Una matrícula de máster tiene un retorno económico directo, pero el de la investigación es a mucho más largo plazo”, apuntan los miembros de Piratas de la Ciencia.

Ambos perciben como algo “muy tentador” para la universidad privada empezar a ofrecer programas de doctorado muy especializados, pero sostienen que las privadas enfocadas a la expedición de títulos van a encontrar evidente dificultades para poner en marcha un engranaje investigador que requiere mucho tiempo y dinero. “Al Estado el doctorado le interesa porque da prestigio y puede revertir en su estructura; la privada no puede competir contra eso porque es mucho más nueva y tiene menos bagaje”, resume Saler. El requisito de la normativa es dedicar un 5% del presupuesto de la universidad a la investigación: no es mucho. Y tienen cinco años para cumplirlo. Para Vera Sacristán, si la orientación de la universidad es el ánimo de lucro, el doctorado es ”demasiado costoso“ para ellas, pero sí percibe que ”las privadas sin ánimo de lucro puede tener interés en la medida en que les ayude a fomentar relación con empresas innovadoras, con desarrollo tecnológico y les dé vínculos interesantes para su propia oferta académica“. En su opinión, ”una universidad puede tomarse el doctorado en serio en la medida en que crea que la formación doctoral contribuye a la investigación“, pero también se abren otros escenarios: ”Puede ocurrir que las privadas ofrezcan doctorados a quienes no consiguen hacerlos en las públicas, igual que pueden ocurrir desgracias como las que hemos visto muchas veces: del mismo modo que hemos visto títulos de máster fraudulentos, no veo por qué no podemos ver títulos de doctorado fraudulentos“.

Es precisamente sobre la garantía de cumplimiento y buenas prácticas donde tanto Sacristán como los miembros de Piratas de la Ciencia muestran sus principales reparos: el decreto contempla la obligatoriedad de presentar informes anuales y trasladan a los “órganos competentes” de las comunidades autónomas y la Administración General del Estado la responsabilidad de velar por el cumplimiento —y de arrancar la revocación de la licencia en caso de incumplimiento después del plazo que contempla la normativa—, pero no aporta demasiadas especificaciones. Consultado por este medio, el Ministerio de Universidades no ha proporcionado información más allá de lo que recoge el texto aprobado acerca de cómo se va a velar por el cumplimiento de las universidades. Y hasta la fecha la norma ha sido, precisamente, no cumplirla.

Fuente: Lis Gaibar en elsaltodiario.com
Foto: La sede madrileña de la IE University, un rascacielos de 180 metros en Madrid con capacidad para 6.000 personas | Álvaro Minguito

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