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Unidas Podemos y Psoe tienen casi cerrado el acuerdo para derogar los aspectos más lesivos de la ‘ley mordaza’

Enrique Santiago detalla el acuerdo impulsado por Unidas Podemos para derogar la ‘ley mordaza’ que permite “recuperar el pleno derecho” a manifestarse y reunirse

  • El portavoz adjunto del Unidas Podemos y encargado de encabezar las negociaciones con el Grupo Socialista explica en el Congreso los principales cambios que se plasmarán ahora en enmiendas parciales al texto de reforma, entre ellos reducir las multas excesivas y aplicar “criterios de proporcionalidad” para ajustarlas a la “capacidad de ingresos de las personas sancionadas”.
  • Lo acordado incluye también sacar del articulado de la Ley de Seguridad Ciudadana las denominadas ‘devoluciones en caliente’ de personas migrantes, incluidas en su día la derecha, así como otras referencias a temas de extranjería y las devuelve al ámbito legislativo correspondiente.

Unidas Podemos ha dejado prácticamente cerrado el acuerdo con el Grupo Socialista para derogar los aspectos más lesivos de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘ley mordaza’, que impuso el Partido Popular en 2015 durante su etapa de Gobierno. Tal y como ha explicado hoy Enrique Santiago, portavoz adjunto del Grupo Confederal de Unidas Podemos y encargado de encabezar las negociaciones con el PSOE, estos cambios “impulsan” el acuerdo de gobierno de coalición y servirán para “recuperar el pleno derecho” a reunirse y manifestarse “como corresponde a un Estado democrático”.

El acuerdo, que se plasmará en los próximos días en enmiendas parciales al texto base de reforma que está en el Congreso, saca del articulado de la ley las denominadas ‘devoluciones en caliente’ de personas migrantes, incluidas en su día por la derecha, así como otras referencias a temas de extranjería y las devuelve al ámbito legislativo que les corresponde.

Todo ello deberá completarse en una fase de negociación y de desarrollo normativo posterior con una referencia clara y específica a que “cualquier disposición siempre será conforme a lo establecido en los convenios internacionales” suscritos por nuestro país.

Además, se reducirán las multas que se consideren excesivas y se aplicarán “criterios de proporcionalidad” para ajustarlas a la “capacidad de ingresos de las personas sancionadas”, así como a su edad, en el caso de personas más jóvenes.

Enrique Santiago puso el ejemplo de que se busca evitar “casos como los que han padecido pensionistas”, sancionados mientras reclamaban mejoras de sus prestaciones con multas que en ocasiones eran iguales o superiores a su pensión mensual.

En esta misma línea, Unidas Podemos ha insistido en que las posibles sanciones que se den sean “de índole restaurativo” o el resultado de la conciliación “entre la persona autora o la persona o institución ofendida”. En todo caso, en el expediente debe primar la “resocialización por encima de la sanción”, además de que se eliminará la “limitación actual para poder sustituir las sanciones a menores por trabajo social o comunitario”.

Para garantizar el derecho a manifestarse se elimina la obligación de comunicar previamente cualquier manifestación, con más motivo para aquellas donde no haya desórdenes públicos, y se deja este requisito solo para aquellos eventos “previstos y previsibles” con antelación, por lo que dejarán de aplicarse las sanciones que rigen ahora para todas las no comunicadas. Lo mismo pasa con el “derecho fundamental a reunirse de forma pacífica”.

Otra de las novedades tiene que ver con los registros corporales y las identificaciones de personas. Deberá quedar constancia escrita de la motivación que lleva a efectuar los registros y otras comprobaciones en la vía pública, y en estos se “limitaran los desnudos parciales y, si deben realizarse de forma inmediata, se hará en un lugar con la debida garantía de protección de la intimidad”.

Como ya se había adelantado, y atendiendo a las reclamaciones que llevan haciendo desde hace años los profesionales de los medios de comunicación, “no se sancionará la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los agentes del orden o sus familias”.

Las grabaciones de las intervenciones policiales con videovigilancia móvil “deberán hacerse costar en cada atestado de actuaciones en la vía pública”, tal y como establece la Ley de Protección de Datos y deberán ser custodiadas por si son requeridas por la autoridad judicial.

Se incorporan, a su vez, peticiones realizadas por la Federación Española de Naturismo ante el aumento del número de multas a personas nudistas. Se incluyen también en el ámbito animal el concepto de sujetos de protección.

A partir de ahora, como ha detallado Enrique Santiago a los/as periodistas los socios del Gobierno de coalición trabajarán con el PNV -firmante de la proposición de ley que se tramita en el Congreso- para “ampliar el acuerdo” alcanzado, además de con los grupos parlamentarios del bloque de investidura.

Fuente: tercerainformacion.es

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