Tras los muros de la urba: la seguridad desde abajo en un PAU

¿Cómo experimentan en el día a día las medidas de seguridad los vecinos y vecinas de urbanizaciones cerradas? ¿Cómo es la vida cotidiana en un PAU, entre muros y guardias de seguridad, más allá del estereotipo?

En los últimos años nuestra sociedad ha puesto la mirada sobre los barrios residenciales de urbanizaciones. Construidos en las periferias de las ciudades en diferente momentos urbanísticos, sociales y económicos —y por eso hay que confesar que es sumamente problemático hablar de ellos como conjunto cuando su heterogeneidad es realmente desbordante—, la vida en urbanizaciones cerradas saltó al debate público hace tan solo unos años.

En el caso de Madrid, en la primavera de 2019, los PAU —unos barrios de estas características proyectados en los límites de la ciudad durante la burbuja inmobiliaria—, se convirtieron en el epicentro de los análisis políticos a raíz de los votos que Ciudadanos cosechó durante los comicios electorales celebradas ese mismo año.

Desde entonces hemos asistido a múltiples análisis sobre los PAU en particular y sobre los barrios de urbanizaciones en general, la mayoría articulados sobre una lectura, vamos a decir poco compleja, de sus realidades. Los PAU son descritos como nuevos ensanches sin apenas dotaciones, con calles amplias y vacías, solo transitadas por vehículos, grandes residenciales con servicios privados al interior —piscina, gimnasio, zona de juegos, cancha de baloncesto, pista de pádel—, escasez de relaciones vecinales y una centralidad del control y la seguridad. Pareciera como si la vida en ellos discurriera dentro del pequeño espacio que dibuja esa ecuación: sin problemas, sin contradicciones, sin desequilibrios de poder, sin tensiones ni disputas.

Hemos asistido a múltiples análisis sobre los PAU, la mayoría articulados sobre una lectura poco compleja de sus realidades

El resultado es la construcción de un estereotipo que ha ido creciendo y que poco a poco va ensombreciendo la complejidad de estos barrios; que son muy diversos entre sí, con vecinos y vecinas de diferente condición social, con productos inmobiliarios de distintos precios y categorías, y finalmente con un discurrir de la vida que siempre es mucho más complejo y contradictorio que el espacio monolítico y acotado de un estereotipo.

Urbanización en Valdebebas

En este texto me propongo abordar tan solo una de estas dimensiones, la que se vincula con la presencia de múltiples dispositivos de seguridad en las urbanizaciones. Estas, además de estar construidas sobre el propio cierre que dibuja su arquitectura, suelen contar con varios tipos de cerramientos, circuito de cámaras y seguridad 24 horas. Tras pasar dos años viviendo en el PAU de Carabanchel —en el marco de una investigación etnográfica de cinco años recogida en el trabajo Venir de barrio. Estrategias familiares, espacio y clase en las periferias neoliberales de Madrid—, voy a intentar complejizar las experiencias, los significados y los usos que los vecinos y vecinas le otorgan a los dispositivos securitarios. Es decir, cómo se viven y se usan desde abajo, desde el discurrir de la vida cotidiana en el residencial. Mi objetivo es tejer un pequeño aporte que nos invite a entender, a comprender, porque así se interroga y se cerca al estereotipo.

Aunque sin duda podrán encontrarse similitudes con la vida en otros barrios residenciales, este análisis se contextualiza en el PAU de Carabanchel. Esto es importante por lo siguiente: entre los PAU también se reproduce la histórica brecha socioeconómica entre un noreste de Madrid con mayores rentas y un sureste más empobrecido, de modo que el origen de la mayoría de sus habitantes es trabajador. Y la clase, el origen social —de dónde venimos, cuál es nuestra trayectoria y nuestra historia—, atraviesa de diferentes maneras la forma en la que vivimos y habitamos un barrio y también una urbanización.

El control de los límites del grupo

Las urbanizaciones del PAU están proyectadas sobre la lógica del adentro y del afuera, marcando una separación entre lo público y lo privado-cerrado a través de su diseño arquitectónico y del resto de dispositivos securitarios. Esto convierte el acceso a su interior en una cuestión absolutamente relevante, en forma y contenido: solo se puede entrar si tienes permiso, si te han dado acceso. Junto a la puerta principal se ubica la garita de los guardias de seguridad, quienes tienen prohibido abrir si no es bajo autorización de los residentes.

Junto a la puerta principal se ubica la garita de los guardias de seguridad, quienes tienen prohibido abrir si no es bajo autorización de los residentes

Pronto me di cuenta de que no todos los vecinos y vecinas tenían la misma relación con estos dispositivos. Mientras que para la mayoría la presencia constante de un guardia de seguridad infundía tranquilidad y seguridad, para algunas personas cuya posición en la urbanización era subalterna o más inestable, se tornaba un asunto complejo. Recuerdo que, cuando solo había pisado el residencial en un par de ocasiones, al entrar por la puerta el guardia me reconoció al instante. Conocían a todos los habitantes: sus horarios, sus trabajos, rutinas, aficiones, amores y desamores.

Por ejemplo, para algunas mujeres jóvenes que no estaban casadas, no tenían hijos ni vivían con su pareja —es decir, que no cumplían con el perfil mayoritario de los PAU: parejas jóvenes con criaturas pequeñas—, el que siempre hubiera una persona en la puerta cuyo trabajo era precisamente vigilar sus movimientos provocaba una sensación de intimidación y control. Se sentían incómodas cuando sus amigos hombres iban de visita o avergonzadas los días en los que llegaban tarde a casa, como si la masculinidad y la nocturnidad les señalasen con el dedo. Por algunas de ellas, incluso, sobrevolaba el temor a verse envueltas en el estigma de la puta al tener que acudir a su trabajo más arregladas o en horario de noche.

Pude observar cómo el acceso único y la figura de los guardias ejerce sobre algunas mujeres un poder específico de control de género

A través de estas experiencias pude observar cómo el acceso único y la figura de los guardias ejerce sobre algunas mujeres un poder específico de control de género. Para ellas los mecanismos de seguridad del residencial no transmiten seguridad sino que navegan entre la intimidación y la fiscalización. En su caso el residencial genera un marco en el que ciertas normas sociales de género —que tienen que ver con el repertorio de dominación del cuerpo, la vida y la sexualidad de las mujeres— están más presentes, aunque sea en el espacio subjetivo de sus vivencias. Nunca tuve la ocasión de comprobarlo, pero si esto era así para ellas es posible que también lo fuera para otros sujetos. Pienso en los y las adolescentes, en los vecinos y vecinas homosexuales declarados y en los que no, y pienso también en las mujeres mayores que inician una relación sexual o amorosa cuando se supone que ya solo pueden ser madres.

Al interior de las comunidades se producen disputas, desacuerdos y pequeñas y grandes tensiones en torno a los mecanismos de seguridad. Mientras que algunas personas presionan para reforzarlos, otras reman en dirección contraria. Y mientras que unas tratan de cerrar y limitar cuanto sea posible el acceso a los espacios privados de la urbanización, otras desearían que sus bordes fueran más flexibles al ver puestas en cuestión sus prácticas cotidianas.

Al interior de las comunidades se producen disputas, desacuerdos y pequeñas y grandes tensiones en torno a los mecanismos de seguridad

Donde estas tensiones se hacen más evidentes es en el ámbito de los servicios comunes, ya que algunos propietarios y propietarias tratan de limitar al máximo la entrada de personas ajenas a la comunidad: que en las salas de usos múltiples solo puedan celebrarse eventos familiares o actividades exclusivas para residentes, que se clausuren los diferentes accesos a la urbanización para que exista solamente uno, que se reduzca el número de personas que pueden invitarse a la piscina, etc. Esto da lugar a un control social entre vecinos y vecinas, algo tan añejo como la propia historia de la vecindad, pero que en este contexto se apoya especialmente sobre el hacer cumplir la disciplina securitaria.

Piscina y jardines en el interior de una urbanización en el PAU de Carabanchel

Existe entonces una relación entre, por un lado, la comunidad vecinal en cuanto grupo de personas propietarias que se (re)conocen, se relacionan en el espacio de la urbanización y comparten unos servicios privados y, por otro, los mecanismos securitarios como parte de las estrategias de control de esa comunidad —control de su imagen hacia fuera, del comportamiento de sus miembros hacia dentro y de los límites del grupo—. Es decir, que los dispositivos y las lógicas securitarias sirven para evitar que accedan a la urbanización personas y grupos indeseados y al mismo tiempo para gobernar su interior. Constituyen una herramienta que la propia comunidad utiliza para controlarse a sí misma y para mantener el status quo imperante dentro de ella.

El control de accesos consiste no solo en una forma de mantener cerrada la urbanización, sino de mantener bajo control quién entra a la comunidad y por tanto quién forma parte de ella en tanto grupo social restringido. En muchas urbanizaciones existe hasta un código de pulseras de colores para identificar las entradas a la piscina en verano. Este sistema tiene una doble función: al otorgar a cada vivienda propietaria un número limitado de pulseras que puede repartir refuerza el papel de vigilante del grupo en cada miembro de la comunidad —no puedes desperdiciar una pulsera—, y al mismo tiempo, permite reconocer de un solo vistazo a las personas “de fuera”. Quien no lleve pulsera se habrá colado en una propiedad privada y quien la lleve pero tenga un comportamiento inadecuado podrá ser expulsado, convirtiendo a todos los propietarios a su vez en vigilantes de sus propios vecinos —¿quién lo ha dejado entrar?—.

Lo que se dirime en la cuestión del control de accesos es el capital social de la comunidad de propietarios

El estatus de cada miembro y del grupo en su conjunto se pone en juego con cada uno de los individuos a los que se les permite acceder a la urbanización, es decir, al espacio restringido que territorializa la comunidad. Por decirlo en otros términos: lo que se dirime en la cuestión del control de accesos, lo que está en juego, es el capital social de la comunidad de propietarios. Por eso resulta fundamental vigilar los límites del grupo que es finalmente el que ha invertido un determinado capital económico y social. Si se tratase de un espacio abierto y accesible, ¿qué sentido tendría la inversión y el esfuerzo económico y social que realizan sus habitantes?

A través de mecanismos formales e informales —como las normas de convivencia o el mencionado control social entre vecinos y vecinas—, la comunidad y quien ostenta el poder dentro de ella, controla el comportamiento de sus miembros y con él la imagen que se proyecta hacia dentro y hacia fuera. En los portales y en los ascensores de las urbanizaciones se colocan continuamente circulares y notas informativas firmadas por la “Junta de Gobierno”, integrada en cada caso por la empresa administradora de fincas y la presidencia de la comunidad.

Estos carteles que aparecen semanalmente desperdigados por ascensores, portales y tablones funcionan, además de como un medio para trasladar informaciones puntuales, como recordatorios normativos que contribuyen a (re)crear y gobernar la comunidad. Por eso las palabras que más se repiten son “propietarios”, “convivencia”, “cívico” e “incívico” y siempre están redactados en términos de llamadas de atención, prohibiciones y amenazas. Y, como no podía ser de otra manera, es habitual que aparezcan garabateados con diálogos, mensajes burlones o insultos —“cabrones” suele ser el preferido— que dan cuenta de las tensiones y conflictos existentes en la comunidad, como la mala gestión de la empresa administradora o la existencia de propietarios que no están al corriente de los pagos.

Cartel en el interior de una comunidad de propietarios en el PAU de Carabanchel

Propietarios y vigilantes

Otra dimensión interesante es el modo en que se organizan las comunidades de propietarios. Cada urbanización cuenta con una administración de fincas, empresas que se dedican a gestionar la globalidad de asuntos financieros, legales y de convivencia que puedan surgir. Y también contratan a empresas de seguridad que se encargan del mantenimiento y control de los dispositivos y de la contratación del personal de vigilancia.

Los guardias de seguridad, siempre hombres y de origen migrante, realizan una gran cantidad de tareas. Además de las funciones como vigilantes —control de las entradas y salidas, rondas nocturnas, observación de las cámaras— es habitual que cumplan también con las de conserjería y mantenimiento: recogen paquetes, atienden las demandas de los residentes, hacen arreglos y reparaciones en la finca, se encargan de sacar los contenedores de basura y de limpiarlos, custodian las llaves de los espacios comunitarios, etc.

Pero cumplen además con otro rol: devienen en mediadores de las relaciones entre vecinas y vecinos. Los habitantes de la comunidad delegan de un modo informal en estos vigilantes la responsabilidad de mantener el orden en la urbanización y de hacer cumplir las normas, y esperan que sean ellos quienes riñan a los niños y niñas cuando hacen travesuras o que llamen la atención a los vecinos que molestan. Cuando alguien hace demasiado ruido o está incumpliendo alguna de las normas de convivencia, el resto en lugar de comunicárselo a su vecino acude al guardia de seguridad para que este actúe como intermediario. Así se convierten en una figura a caballo entre “la policía de la urbanización” y un mediador vecinal.

El suyo es un trabajo que tiende a expandirse en tiempo y en funciones

Del conjunto de trabajadores y trabajadoras que se emplean en los residenciales —socorristas, limpiadoras, jardineros, albañiles, empleadas domésticas, profes particulares de inglés, de pádel o de pilates, etc.— son por tanto los que tienen una relación más estrecha e intensa con la vecindad. El suyo es un trabajo que tiende a expandirse en tiempo y en funciones.

Se pueden identificar al menos dos elementos que caracterizan la relación entre el vigilantes y personas propietarias. Primero, a la jerarquía existente entre propietario y vigilante de su propiedad privada, se le suma una relación de poder que versa sobre la condición migrante de la mayoría de los guardias. Las empresas de seguridad tienen algunas normas muy estrictas para evitar fisuras en el sistema de seguridad y también para cubrirse las espaldas. Por ejemplo, los guardias no pueden abrir la puerta del residencial a ninguna persona que no sea vecina y tienen terminantemente prohibido entrar a las viviendas.

Existe entre algunos residentes un poso de desconfianza sobre ellos por el mero hecho de ser migrantes

Lo interesante es que muchos vecinos interpretan estas normas en otro sentido: como una forma de blindarse ante los posibles actos delictivos. Se vierten sobre ellos estereotipos y especulaciones racistas sobre su virtual contacto con bandas en el caso de los vigilantes de Europa del Este o sobre su pertenencia a clanes familiares en el caso de los latinoamericanos. Existe entonces entre algunos residentes un poso de desconfianza sobre ellos por el mero hecho de ser migrantes y al tiempo la certeza de que este característica les convierte en la mejor mano de obra para desarrollar el trabajo de vigilancia.

El segundo elemento que me llamó la atención fue la existencia de unas relaciones personales ambivalentes entre los guardias y los vecinos y vecinas. Estos últimos tenían muestras de confianza y afecto con algunos empleados —conocían a sus hijos y a su familia, se contaban problemas de salud, compartían charlas sobre sus aficiones, etc.—, al tiempo que les ordenaban y reclamaban la realización de determinadas tareas.

Se producen entonces unos vínculos de confianza, afecto, cercanía e incluso amistad que se generan sobre la base de un desequilibro mediado por un contrato laboral operario-cliente y al mismo tiempo sobre otras diferencias de poder y estatus: por un lado, la relación vecino o vecina y empleado  —no son empleados domésticos pero sí trabajan en el espacio ampliado de la vivienda y por tanto se involucran lógicas de servicio personal—, y por otro, la relación nativo y migrante. Se produce así una suerte de “reciprocidad asimétrica”: se genera un vínculo estable y cotidiano entre individuos que de hecho tienen diferente estatus y poder.

La comunidad de propietarios cumple en ciertos aspectos con la clásica figura del patrón, jugando el papel múltiple de sostenedor, intermediario y aliado

Además, la comunidad de propietarios no es exactamente el jefe de los guardias, sino el cliente, ya que el servicio está externalizado y quien les contrata es una empresa de seguridad. Esto da lugar a un intercambio informal mediante el cual el empleado —el guardia de seguridad— debe mantener contentos a los vecinos y vecinas para que no se quejen a la empresa y le sigan reclamando, y la vecindad por su parte, le devuelve sus favores protegiéndolo frente a la empresa y asegurando así su trabajo año tras año. Lo cual no es óbice para que los vecinos y vecinas actúen en la cotidianeidad como si fueran sus jefes, ordenando y reclamando servicios que en muchos casos están fuera de su desempeño laboral, como portear muebles en las mudanzas. De esta manera la comunidad de propietarios cumple en ciertos aspectos con la clásica figura del patrón, jugando el papel múltiple de sostenedor, intermediario y aliado.

Son la mano de obra que construyó estas urbanizaciones durante el ciclo financiero-inmobiliario y ahora son la mano de obra que las vigila

Con el tiempo descubrí además que muchos de estos hombres habían llegado a España al inicio de los años dos mil para emplearse en la construcción y que tras la crisis de 2008 habían tenido que reubicarse en el sector de la seguridad. Son, de algún modo, la mano de obra que construyó estas urbanizaciones durante el ciclo financiero-inmobiliario y ahora son la mano de obra que las vigila.

Relaciones de poder, tensiones y estrategias en un contexto neoliberal

Durante los últimos años hemos asistido a un bombardeo de imágenes y discursos sobre los PAU madrileños y otros barrios residenciales que han mostrado la realidad de forma algo simplista y caricaturizada. Este breve artículo trata de ofrecer una lectura algo más compleja de la vida en las urbanizaciones cerradas, en concreto sobre cómo los vecinos y vecinas usan y experimentan los dispositivos securitarios que rodean su cotidianeidad.

La mayoría de análisis han pensado los PAU como si el urbanismo y la securitización neoliberal fueran capaces de organizar la ciudad y el espacio de una manera determinante y monolítica, de forma que las personas al habitarlo cayéramos irremediablemente —y aproblemáticamente— en este recipiente, como ovejas en un redil. Esto es: como si el urbanismo de la ciudad y sus entramados de seguridad fueran efectivamente un molde que obligara a tomar su forma a todos los cuerpos que cayeran en él.

Lo interesante aparece cuando nos preguntamos por cómo las personas habitamos esos espacios y nos apropiamos de formas ambivalentes de sus dispositivos de seguridad

Por el contrario, lo interesante aparece cuando nos preguntamos por cómo las personas habitamos esos espacios y nos apropiamos de formas ambivalentes de sus dispositivos de seguridad: aquí aparecen las tensiones por abajo, las disputas, las relaciones de poder, y los distintos usos y significados en función de las diferentes posiciones e intereses. Aparecen igualmente las lógicas neoliberales que se reproducen y perpetúan y al mismo tiempo las prácticas cotidianas que constituyen estrategias. A veces de contestación, a veces de supervivencia, pero casi siempre entre contradicciones que es importante y urgente comprender.
Fuente: Inés Gutiérrez Cueli en elsaltodiario.com

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