La Inspección ha iniciado este lunes una campaña contra los abusos en la contratación en empresas de trabajo temporal, con el envío de “más de 4.600 cartas” tras detectar posibles irregularidades
La Inspección de Trabajo ha desplegado una nueva actuación contra los abusos en la contratación y, en concreto, ha puesto el foco sobre las empresas de trabajo temporal (ETT). Lo anunció el fin de semana la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que adelantó que la campaña se iniciaría este lunes, 27 de marzo. La actuación ya ha comenzado y supone “el envío de más 4.600 cartas”, que afectan a “unas 45.000 relaciones laborales”, responden fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por elDiario.es.
“Esta semana lanzo una nueva campaña desde la Inspección para revisar fraudes en las ETT”, afirmó Yolanda Díaz en un acto de campaña de la Plataforma Sumar a preguntas de una de las intervinientes. “Creo que esto de las empresas grandes o pequeñas ha acabado, aquí la ley la va a cumplir todo el mundo por muy grandes empresas que sean”, afirmó la vicepresidenta segunda.
Las ETT (como Adecco, Randstad y Manpower, entre otras) basan su negocio en poner a disposición de otras compañías trabajadores temporales. Desde la reforma laboral ha caído bastante su peso, ya que la norma ha logrado reducir mucho la temporalidad. Sin embargo, la legislación abrió la puerta a que pudieran firmar contratos fijos discontinuos, indefinidos pero para trabajos estacionales o intermitentes, que han pasado a suponer una gran parte de su actividad a finales de 2022.
En la actualidad hay alrededor de 184.000 personas afiliadas a través de las ETT, según los datos de la Seguridad Social del último mes. Por lo tanto, la lupa de la Inspección de Trabajo sobre unas “45.000 relaciones laborales” es muy relevante, pues se trata de uno de cada cuatro empleos del sector.
La actuación sobre las ETT entra dentro del marco de la “lucha contra el fraude en la contratación” de 2023, explican en Trabajo. Bajo la lupa están las puestas a disposición de empleados a otras compañías cuando se observa una posible irregularidad, ya sea a través de contratos temporales o de fijos discontinuos.
La patronal Asempleo, a la que remiten varias empresas de trabajo temporal para responder sobre la campaña antifraude, señala la “plena implicación y colaboración del sector de las ETT”, aunque lamentan “no haber tenido conocimiento de su contenido a través de los órganos y canales establecidos para la participación institucional de los interlocutores sociales”.
Asempleo apunta además al “fraude que se produce en empresas no autorizadas que realizan cesión ilegal de personas trabajadoras, con vulneración grave de sus derechos, y el empleo no declarado que se produce en el entorno de la economía sumergida”, contra los que consideran que deberían reforzarse las campañas antifraude. Las ETT apuestan por la “temporalidad ordenada y con plenitud de derechos”, insiste la patronal, que recuerda que el sector ya “cuenta con elementos de control tanto por parte de la Inspección de Trabajo, como del propio Ministerio y de los Servicios Públicos de Empleo”.
Fuentes de Adecco explican que de momento no han recibido “ninguna carta” de la Inspección y sostienen que en la compañía hay una “tranquilidad absoluta” ante el procedimiento, ya que anualmente Trabajo vigila el cumplimiento de la legalidad en el sector.
Fraude detectado por el cruce masivo de datos
Aunque la Inspección de Trabajo actúa regularmente en las ETT, como da cuenta en sus informes anuales, en esta ocasión el organismo público ha desplegado una campaña específica ante la existencia de indicios de fraude. Se trata del envío de cartas a empresas ante la detección de presuntas irregularidades, gracias al cruce masivo de datos de su Herramienta de Lucha contra el Fraude.
Este tipo de campañas se inauguró en 2018 con Magdalena Valerio al frente de Trabajo y ha aumentado bajo el mandato de Yolanda Díaz. Hasta el momento, la Inspección ha lanzado estos procedimientos contra los abusos en la contratación temporal –de manera muy exitosa, con la conversión de decenas de miles de temporales a indefinidos–, pero también a propósito del uso de contratos parciales ficticios y la infracotización de trabajadoras del hogar, con sueldos por debajo del salario mínimo.
El modus operandi de estas actuaciones consiste en dos fases. La primera, que se inicia con el envío de cartas “informativas” en las que la Inspección de Trabajo comunica a las empresas que ha detectado una presunta irregularidad. El organismo da un plazo de un mes a las compañías para regularizar ‘voluntariamente’ la situación o para justificar que sí están cumpliendo la ley. La segunda fase comienza una vez concluido este plazo, cuando la Inspección verifica cada caso y actúa si las empresas ignoran su aviso o no le convencen sus argumentos.
Este caso es particular, ya que hay dos empresas involucradas, aquella en la que trabaja el empleado puesto a disposición y la propia ETT. En ocasiones, los empleadores acuden de manera recurrente a las empresas de trabajo temporal para cubrir los mismos puestos, que en realidad no son temporales, sino estructurales y que por tanto deberían contar con empleados indefinidos.
Así le ocurría a Diego, carretillero en una fábrica en la Comunidad de Madrid. Antes de la reforma laboral contaba a este medio que para lograr un contrato ‘fijo’ tuvo que pasar varios meses pendiendo de una ETT, con contratos semanales de lunes a viernes. “Para quedarse, hay que aguantar un tiempo como temporal”, resumía.
227.500 temporales convertidos a indefinidos en 2022
La reforma laboral ha desplomado el empleo temporal, pero aún hay vaivenes de trabajadores a comienzos y a finales de semana y también de cada mes, patrones en las cifras de afiliación que el Ministerio de la Seguridad Social “está estudiando”, ha respondido en varias ocasiones el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez.
Hay muchas miradas que se dirigen sobre los contratos fijos discontinuos, que han aumentado mucho en el último año y sobre los que no había apenas conocimiento previo en muchas ocasiones, lo que puede dar lugar a irregularidades, avisan los sindicatos. En UGT han señalado en concreto a las ETT, por posibles infracciones con esta modalidad.
En Asempleo sostienen que los cambios introducidos en la reforma laboral “posibilitan a las ETT” la contratación fija discontinua, “pero limitan su puesta a disposición únicamente para necesidades temporales de las empresas usuarias”.
La patronal añade que “se han abierto mesas de diálogo social con las organizaciones sindicales más representativas para el desarrollo y optimización” de la nueva normativa y que la experiencia del primer año de reforma ha mostrado “la gran capacidad” de las ETT “para facilitar tiempos de trabajo efectivo muy superiores a la media” y la “incorporación permanente de estas personas en las plantillas de las empresas usuarias”, entre otros avances.
Desde el Ministerio de Trabajo han insistido en que la vigilancia contra el fraude y los abusos en la contratación sigue activa, con el lanzamiento de varias campañas y las actuaciones ordinarias de la Inspección. A lo largo de 2022, gracias a la actuación del organismo público, “se convirtieron 27.116 contratos fijos discontinuos en fijos ordinarios” y además “227.485 contratos temporales fueron transformados en indefinidos”, responden desde Trabajo.
La autoridad laboral cuenta ahora con sanciones más elevadas. Ya no se castiga el abuso de contratos temporales con una sola sanción, sino con varias (una por cada trabajador en fraude) y además más cuantiosas, que pueden llegar a 10.000 euros por empleado. Se ha visto un ejemplo de ello en una reciente sanción a Ryanair, que suscribió decenas de contratos temporales “en fraude” unos días antes del despliegue total de la reforma laboral, concluyó la Inspección de Trabajo.
Fuente: Laura Olías en eldiario.es
Foto: Yolanda Díaz | Archivo de congreso.es
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